El Tribunal Supremo de Brasil ha acordado por unanimidad imputar al expresidente Jair Bolsonaro y a siete de sus aliados por los —supuestos— delitos de rebelión e intento de golpe de Estado presentados por la Fiscalía tras los ataques a las instituciones en Brasilia el 8 de enero de 2023.
«Existen pruebas razonables que sustentan la denuncia», ha afirmado el relator del caso en el Supremo, el juez Alexandre de Moraes, quien ha señalado que el expresidente brasileño «conocía, manejaba y discutía el borrador» en el que se redactó el plan golpista, en el que también ha implicado al resto de acusados.
Se trata del exministro de Justicia Anderson Torres, de los antiguos titulares de Defensa Walter Braga Netto y Paulo Nogueira; del exjefe de Gabinete de Seguridad, Augusto Heleno Ribeiro, del exdirector de Inteligencia Alexandre Ramagen; del excomandante de la Marina Almir Garnier Santos; y de quien fue uno de sus aliados y asistentes más estrechos, el coronel Mauro Cid.
Cabe señalar que todos ellos forman parte de una ristra de hasta 34 acusados por diferentes grados de delito, si bien la investigación de la Fiscalía les sitúa como «núcleo crucial» de los episodios violentos de aquel 8 de enero de 2023.
En su argumentación, De Moraes ha mostrado imágenes de los hechos violentos de aquel día y ha refutado la defensa de Bolsonaro que alegaba que los participantes eran personas religiosas y de edad avanzada. «No se ve ninguna Biblia». No fue aquello un «domingo en el parque», ha aseverado el relator del caso.
«La organización criminal siguió todos los pasos necesarios para deponer al Gobierno legítimamente elegido. Objetivo que, buscado con todo el empeño, no se hizo realidad por circunstancias que los denunciados no consiguieron superar: la resistencia del Ejército y medidas de excepción», ha explicado.
Además de De Moraes, otros cuatro jueces han votado a favor de la imputación, son Flávio Dino, Luiz Fux, Cristiano Zanin y Cármen Lúcia Antunes, que en su momento de justificar su decisión ha dicho que es necesario volver atrás, antes del 8 de enero, «para llegar hasta esa máquina que intentó desmontar la democracia».
Después de la imputación de Bolsonaro y sus siete socios, tendrá lugar la fase de instrucción, en la que las partes han de recabar pruebas y tomar declaración a testigos, antes de que el tribunal finalmente tome una decisión. El expresidente brasileño se enfrenta a una pena de hasta 40 años de cárcel por estos delitos.
