EE. UU. retira las sanciones contra otros siete ciudadanos rusos y dos petroleros

El Departamento del Tesoro de EE. UU. ha anunciado este jueves el levantamiento de las sanciones impuestas contra otros siete ciudadanos rusos, dos petroleros y dos empresas turcas, si bien no ha dado más detalles o información sobre los motivos que han llevado a esta retirada.

Entre los afectados se encuentran los ciudadanos rusos Ivan Potanin, hijo de Vladimir Potanin, oligarca que controla el gigante minero Norilsk Nickel, y varis altos cargos de bancos como Novikombank y Sovcombank, entre otros, según ha indicado el Tesoro en un comunicado.

Además, dos buques con bandera rusa han sido retirados de la lista, el Viacheslav Arshinov y el Gennadi Egorov, así como dos compañías con sede en Turquía.

Estas medidas se enmarcan en la retirada parcial de las sanciones anunciadas por el Gobierno estadounidense contra el crudo ruso debido al aumento de los precios del barril de Brent por la tensión derivada del conflicto en Oriente Próximo.

Capturaron en EE. UU. a venezolana ilegal por ser cómplice de miembros del Tren de Aragua

Caracas. – Una venezolana, Giovanna Mercedes Moreno Occhipinti, inmigrante ilegal en Chicago, fue detenida por el departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU., tras ser señalada de presuntamente ayudar en el escape de supuestos miembros de la organización terrorista Tren de Aragua, quienes participaron en un tiroteo ocurrido en Chicago en 2024, donde fueron asesinadas tres personas y otras resultaron heridas.

Moreno Occhipinti, de 32 años, quien se desempeñó ilegítimamente como maestra, fue acusada de conducir el vehículo en el que viajaban los dos sicarios, identificados como Ricardo Granadillo Padilla (26 años) y Edward Martínez Cermeño (25 años). El DHS afirma que la policía de Chicago encontró varias armas en el vehículo de Moreno Occhipinti inmediatamente después del crimen.

Fue arrestada el 5 de diciembre de 2024 por cargos de uso ilegal de armas y delitos relacionados con armas. No obstante, políticos demócratas de Chicago que apoyan la postura de ciudad santuario la liberaron sin notificar al ICE.

El DHS asegura que, aunque los fiscales del condado de Cook en Illinois decidieron no perseguir legalmente a la detenida, el departamento de Investigaciones del DHS logró arrestarla la noche del 13 de mayo de 2026.

Moreno Occhipinti ingresó a EE. UU. en octubre de 2021 bajo el Programa de Exención de Visa, en su condición de ciudadana italiana, y debía salir del país a más tardar el 2 de enero de 2022. Pero se quedó en el país más allá del tiempo legal permitido.

“Esta inmigrante indocumentada, que trabajaba como maestra, estuvo involucrada en un tiroteo masivo en Chicago que dejó tres muertos y varios heridos”, declaró la subsecretaria interina Lauren Bis.

“Si bien la policía de Chicago la arrestó poco después del tiroteo, los políticos que defienden la protección de los inmigrantes indocumentados la liberaron sin notificar al ICE. Bajo la presidencia de Trump y la secretaría Mullin, el DHS está cumpliendo con la labor que los políticos de Illinois que defienden la protección de los inmigrantes indocumentados se niegan a hacer: priorizar al pueblo estadounidense y expulsar a estos peligrosos criminales de nuestras comunidades”, agregó la funcionaria.

“Las acciones de Giovanna Mercedes Moreno Occhipinti fueron calculadas y deliberadas, y provocaron la pérdida de tres vidas”, declaró a su vez, Matthew Scarpino, agente especial a cargo de HSI Chicago. Mientras, se conoció que Granadillo Padilla y Martínez Cermeño, ya habían sido arrestados y deportados anteriormente, al igual que muchos de sus cómplices tras el tiroteo, según indicó el DHS.

Rubio inicia este martes una gira por EAU, Kuwait y Bahréin

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, inicia este martes una gira de dos días por Oriente Próximo, que le llevará a Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahréin, con cuyas autoridades tiene previsto abordar el acuerdo preliminar alcanzado la semana pasada con Irán para el cese de hostilidades desatadas en la zona a finales de febrero.

El portavoz del Departamento, Tommy Pigott, ha anunciado en un breve comunicado que Rubio estará en estos tres países del 23 al 25 de junio, como parte de un viaje en el que «abordará diversas prioridades regionales, entre ellas el memorando de entendimiento con Irán, los esfuerzos para garantizar el tránsito seguro y libre por el estrecho de Ormuz y la importancia de la paz y la estabilidad en la región».

Por otra parte, ha agregado Pigott, el jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto un encuentro en Bahréin con el Consejo de Cooperación del Golfo para «tratar las prioridades comunes en la región».

La gira de Rubio coincide con una visita de Estado que realizará este martes el presidente iraní, Masud Pezeshkian, a Pakistán, a invitación del primer ministro de este país, Shehbaz Sharif, para abordar precisamente el preacuerdo con EE. UU.

EE. UU. levanta sanciones contra el crudo y los petroquímicos iraníes por dos meses

EE. UU. ha emitido este lunes una «autorización para la producción, entrega y venta de petróleo crudo, productos petroquímicos y productos derivados del petróleo de origen iraní» por dos meses, levantando así una larga lista de sanciones en el marco de sus negociaciones con Irán mediadas por Pakistán y Qatar.

Tras enumerar más de una decena de documentos sancionadores contra Irán, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), dependiente del Departamento del Tesoro, ha indicado que «todas las transacciones prohibidas» en los mismos «que sean habituales y necesarias para la producción, venta, entrega o descarga de petróleo crudo, productos petroquímicos o productos derivados del petróleo de origen iraní (…) quedan autorizadas hasta las 0.01 del 21 de agosto de 2026».

Entre las operaciones permitidas durante esos casi dos meses estarían «las transacciones que involucren buques bloqueados» en virtud de las restricciones que suspende esta «Licencia General X», así como la «importación a EE. UU. de crudo» y petroquímicos iraníes.

Por otro lado, el documento establece que «todo pago de fondos adeudados a Irán, al Gobierno de Irán o a cualquier persona bloqueada para la compra» de estas materias «podrá efectuarse en dólares estadounidenses».

El levantamiento de sanciones llega tras la finalización en la madrugada de este lunes de la primera ronda de negociaciones entre Irán y EE. UU. mediada por Qatar y Pakistán.

De hecho, el viceministro de Exteriores iraní y jefe de la delegación de negociaciones técnicas del país, Kazem Qaribabadi, ha apuntado a la publicación de esta licencia en unas declaraciones a la agencia estatal iraní IRNA en las que ha agregado que «se ha acordado que los acuerdos firmados relativos a la liberación de fondos congelados por un monto de USD$ 12.000 millones entrarán en vigor de inmediato», liberaciones que, según ha indicado, se realizarán en dos montos iguales.

Además de esto, Qaribabadi ha ahondado en los grupos de trabajo esbozados al inicio de la jornada por Doha e Islamabad, precisando que se tratará de «cuatro grupos de trabajo: levantamiento de sanciones, programa nuclear, reconstrucción y desarrollo económico, y seguimiento e implementación» del acuerdo.

Adicionalmente a ellos, el responsable iraní ha afirmado que «se ha decidido establecer un punto de contacto entre los Estados miembros del Memorando de Entendimiento para el paso seguro de buques mercantes por el estrecho de Ormuz», así como «una unidad de prevención de conflictos en Líbano integrada por los Estados miembros, Pakistán y Qatar».

Detenidos en EE. UU. otros dos sospechosos de planear un ataque contra la Casa Blanca durante la pelea de la UFC

Las autoridades de EE. UU. han informado de que otras dos personas han sido detenidas por su presunta implicación en un plan para atacar la Casa Blanca durante el evento del 14 de junio de la Ultimate Fighting Championship (UFC), una empresa estadounidense encargada de promover las artes marciales mixtas.

El Departamento de Justicia ha indicado en un comunicado que uno de los acusados, de Washington, habría conspirado para utilizar drones explosivos, mientras que el segundo de ellos, de Misuri, es sospechoso de tener armamento en su poder y habría accedido a desarrollar piezas que luego serían utilizadas para fabricar estos vehículos aéreos no tripulados.

Los sospechosos han sido identificados como William Lee Falkner y Jordan W. Rincker y fueron arrestados el 19 de junio y el 21 de junio, respectivamente, según estas informaciones, que apuntan a que se les imputan cargos de conspiración para cometer asesinato el distrito de Washington, la capital. Ambos han comparecido ya ante la Justicia.

«Las fuerzas del orden siguen haciendo lo que mejor saben hacer: actuar para desarticular y exigir responsabilidades a quienes presuntamente planeaban causar daño en los terrenos de la Casa Blanca el 14 de junio», ha aseverado el fiscal general interino, Todd Blanche.

«Cada día, el FBI y sus socios federales, estatales y locales encargados de hacer cumplir la ley, junto con las fiscalías federales de todo el país, protegen a las comunidades estadounidenses y la seguridad de nuestra nación», ha afirmado, según un comunicado.

«Estas detenciones son el resultado más reciente de la colaboración del FBI con nuestros valiosos socios para identificar y arrestar a quienes presuntamente querían atacar el evento UFC Freedom 250, una amenaza que el FBI y nuestros socios lograron evitar», ha destacado el director del FBI, Kash Patel.

Así, ha aclarado que en poco más de una semana, se ha llevado a cabo «una operación interestatal que no habría sido posible sin los fiscales del Departamento de Justicia, la División Antiterrorista del FBI, el Servicio Secreto y nuestros socios de las fuerzas del orden estatales y locales para detener una vez más un complot potencialmente mortal antes de que los presuntos delincuentes pudieran actuar».

«Esta determinación colectiva demuestra a cualquiera que amenace la vida de los ciudadanos estadounidenses que el FBI y nuestros socios los encontrarán dondequiera que se escondan y que se enfrentarán a la Justicia», ha zanjado.

El propio FBI anunció hace una semana la desarticulación del plan y la detención de otras cinco personas —Tycen Proper, de Ohio; Daniel Eskridge, de Missouri; Abraham Hermosillo Alvarez, de Nebraska, y Bryan Omar Roa y Michael Alan Thomas, de California— de un total de 23 presuntos implicados.

Fuentes cercanas al asunto revelaron entonces que el plan consistía en usar drones cargados de explosivos para atacar edificios cercanos al evento, provocar una evacuación masiva y dirigir a la multitud hacia un equipo de francotiradores previamente apostado. Una segunda fase contemplaba el asalto a la puerta de la Casa Blanca.

EE. UU. sanciona a la nuera del dictador Raúl Castro y a cinco empresas del régimen cubano

El Gobierno de EE. UU. ha impuesto este martes sanciones contra Annalie Lilliam Rueda Cardero, nuera del dictador cubano Raúl Castro, y a cinco empresas por sus vínculos con las actuales autoridades de Cuba, incluidas dos mineras y una entidad bancaria.

El Departamento del Tesoro ha decidido sancionar a Rueda, pareja de Alejandro Castro Espín, afectado por la misma medida a principios de junio junto a su padre y el actual mandatario, Miguel Díaz-Canel, entre otros familiares de altos cargos de la isla.

Los otros sancionados por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés) de EE. UU. son un total de cinco empresas, tres de ellas vinculadas al conglomerado propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba, el Grupo de Administración Empresarial (GAESA).

Se trata de Almancenes Universales, una empresa de logística, almacenamiento y transporte que además controla el tráfico de contenedores en el puerto de Mariel —a unos 45 kilómetros al oeste de La Habana—; Rafin, que presta servicios financiaeros a GAESA; y Banco Financiero Internacional, una entidad bancaria absorbida por el conglomerado militar hace una década que gestiona transacciones con compañías extranjeras que operan dentro y fuera del país caribeño.

Por otra parte, la cartera dirigida por Scott Bessent ha sancionado a Geominera, una empresa pública que depende del Ministerio de Energía y Minas, y a la siderúrgica José Martí, de acuerdo a Washington, el mayor productor de acero «en bruto» de Cuba.

El secretario de Estado, Marco Rubio, ha reiterado en sus redes sociales que GAESA ha sido «el principal vector para que las élites del régimen se apropien de los escasos recursos de la isla, desviándolos hacia la represión, la subversión antiamericana y el espionaje, en lugar de destinarlos a escuelas, centrales eléctricas y necesidades básicas para el pueblo cubano».

En esta línea, ha subrayado que la situación en el país caribeño se deteriora «a medida que el régimen comunista de la isla —corrupto, brutal y antiamericano— sigue dando prioridad a su propio control absoluto por encima de la libertad, las oportunidades y el bienestar básico del pueblo cubano».

El jefe de la diplomacia estadounidense, de ascendencia cubana, ha advertido así que cualquier persona que preste servicios a las entidades incluidas en esta lista «corre el riesgo de ser sancionada» y ha emplazado a compañías extranjeras a que suspendan «inmediatamente» cualquier actividad que lleven a cabo en colaboración con las empresas sancionadas.

Cabe recordar que la Administración Trump ya emitió sanciones a principios de mes contra el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, los Comités de Defensa de la Revolución, la agencia de viajes Amistur Cuba S.A., el Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y la minera La Victoria.

Además, ha impuesto un bloqueo de facto sobre el combustible y ha ido aumentando la presión sobre la isla en un intento por deshacerse de las autoridades comunistas que la dirigen desde 1959.

Dimite el segundo Gobierno de Lituania en tan solo dos años

El Gobierno de Lituania ha presentado este martes su dimisión en bloque para favorecer la formación de un nuevo Ejecutivo tras la última crisis de la coalición, lo que lo convierte en el segundo gobierno en renunciar al cargo desde las elecciones celebradas en octubre de 2024.

La primera ministra, Inga Ruginiene, que llevaba menos de un año al frente de la coalición de controizquierda, pasará ahora a encabezar el Gobierno en funciones, si bien su compañero de filas y líder de los socialdemócratas (LSDP), Mindaugas Sinkevicius, está llamado a convertirse posteriormente en el jefe del Ejecutivo.

Durante un encuentro en Vilna, la capital del país, el Gobierno ha aprobado la correspondiente resolución y ha informado al presidente del país, Gitanas Nauseda, de la decisión tomada. El jefe de Estado, por su parte, ha aceptado la dimisión, por lo que se da por terminado de forma oficial el mandato.

Ahora, el presidente tendrá 15 días para proponer a un candidato al Parlamento para ocupar el puesto de primer ministro, una propuesta que podría darse este jueves, según la cadena de televisión LRT. Hasta que se confirme la composición del nuevo Gobierno, los ministros seguirán en sus cargos de forma interina, de acuerdo con la Constitución del país.

La crisis se ha visto propiciada por la ruptura entre su formación y uno de sus socios en minoría, el populista Amanecer de Nemunas, con el que había exhibido serias discrepancias a la hora de declarar una postura unida sobre los planes de defensa en el marco de la guerra de Ucrania.

Así, todo apunta a que será Sinkevicius, de 45 años, el que se convierta en el próximo primer ministro de Lituania. Mientras, está previsto que Ruginiene vuelva a desempeñar sus funciones anteriores como ministra de Asuntos Sociales en el marco de una serie de profundos cambios ministeriales.

Se prevé que el nuevo Gobierno, que se anunciará en los próximos días, incluya al menos cuatro cambios ministeriales, entre ellos los de Energía, Sanidad y Agricultura, que pasarían a manos de Demócratas por Lituania, la formación de corte progresista que sustituye a Amanecer de Nemunas en la nueva coalición.

Sinkevicius ha defendido la decisión porque es «el camino correcto tanto para el partido como para el país» debido a las enormes discrepancias ideológicas con los tradicionalistas y prácticamente ultraconservadores del Amanecer de Nemunas. Su líder, Remigijus Zemaitaitis, fue condenado el año pasado en un caso pendiente de apelación por incitar al antisemitismo.

La gota que colmó el vaso fue la negativa del partido de Zemaitaitis a respaldar la construcción en Lituania de un campo de entrenamiento militar, como expresión de sus constantes quejas del incremento de gasto en defensa en un país que está dedicando el porcentaje del PIB más alto de la OTAN: un 5,38%.

El Supremo condena a Ábalos a 24 años de cárcel, a 19 a Koldo y a 4 a Aldama pero le libra de entrar por colaborar

El Tribunal Supremo ha condenado al exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE, José Luis Ábalos, a 24 años y tres meses de prisión, a su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses y al empresario Víctor de Aldama a cuatro años y medio por irregularidades en la compra de mascarillas en la pandemia.

Así lo ha decidido por unanimidad el tribunal de la Sala de lo Penal en una sentencia, tras la celebración del juicio contra los tres acusados durante los meses de abril y mayo, que se extendió durante 14 jornadas.

Los magistrados declaran a Ábalos y Koldo culpables de los delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación, mientras que los absuelven de prevaricación, uso de información privilegiada y falsedad.

A Aldama lo condenan por los delitos de organización criminal y cohecho, pero le absuelven de inducción a la prevaricación, aprovechamiento de información privilegiada y falsedad que ha sido objeto de acusación.

Para el tribunal han quedado probados delitos en la adjudicación de 13 millones de mascarillas por parte de entidades de Transportes como Puertos del Estado y Adif a la empresa Soluciones de Gestión, vinculada a Aldama; la remuneración mensual de 10.000 euros para «gastos fijos» de Ábalos, y la contratación de dos mujeres relacionadas con el exministro en empresas públicas, Claudia Montes y Jéssica Rodríguez, a la que la trama pagó el alquiler de un piso.

También ven acreditado el contrato de arrendamiento con opción a compra entre Aldama y Ábalos de un piso en Madrid y el arrendamiento de viviendas en Marbella y La Línea de la Concepción (Cádiz) también con opción de compra por gestiones relacionadas con la emisión de una nota de prensa sobre rescate de Air Europa y para la concesión de una licencia de hidrocarburos.

El tribunal impone a Ábalos 52.500 euros de multa, 45.750 a Koldo y 72.000 a Aldama, a la vez que ordena que el exministro y su exasesor indemnicen a las empresas públicas Ineco y Tragsatec en 34.450 euros y 9.500,54 euros, respectivamente, en concepto de responsabilidad civil, por la contratación a dedo de Rodríguez.

También acuerda decomisar a los tres condenados las ganancias provenientes del delito de cohecho por importe de 430.298 euros: 340.000 euros por los 10.000 mensuales satisfechos por Aldama durante 34 meses, 82.295 euros por la renta del alquiler del piso que disfrutó Rodríguez en la madrileña Plaza de España y 8.000 euros por la renta del chalé de ‘Villa Parra’ en Marbella (Málaga).

La contratación de la ex de Ábalos en empresas públicas fue «enchufismo» y se facilitó que no trabajara

El Tribunal Supremo (TS) enmarca en «prácticas de enchufismo» la contratación de Jéssica Rodríguez, exnovia del exministro de Transportes José Luis Ábalos, en las empresas públicas Ineco y Tragsatec, de las que, según el alto tribunal, cobró 43.950 euros sin ir a trabajar, todo ello después de que Ábalos «activara» su contratación y «facilitara» la «interesada cobertura» para «eludir los controles del desarrollo efectivo de su trabajo».

Así lo señala en la primera sentencia del ‘caso mascarillas’, que ha condenado a 24 años de prisión a Ábalos, a 19 años a su exasesor, Koldo García, y a cuatro años y medio al empresario y presunto conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que no llegará a pisar la cárcel por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos».

El alto tribunal ve probado que Ábalos «activó los mecanismos influyentes para la contratación» de su exnovia y «dispuso de las condiciones para que esta no fuera a trabajar durante todo el desarrollo del plan criminal». Además, «facilitó a la interesada cobertura para eludir o neutralizar los controles del desarrollo efectivo de su trabajo» y «colaboró en la confección falsaria de partes de asistencia», según la sentencia.

La resolución expone, asimismo, que el exministro «transmitió indicaciones para que no se molestara a Jéssica Rodríguez pidiéndole explicaciones sobre el trabajo desarrollado» durante el tiempo que estuvo contratada, primero en Ineco y luego en Tragsatec.

La misión de conseguir trabajo a Jéssica en la mencionada empresa pública fue ejecutada por Koldo García, quien «se encargó de desarrollar todo un conjunto de acciones tendentes a procurar» que la entonces pareja del exministro pudiera «no ir a trabajar» y «sortear» los «controles laborales» por parte de los responsables de las empresas contratantes, de acuerdo a la sentencia.

Unos hechos que, junto a la contratación de Claudia Montes, amiga del exministro, en la empresa pública Logirail, el alto tribunal vincula con «prácticas de enchufismo en la contratación pública, impuestas a partir de la presión que permite al funcionario su particular posición de prevalimiento».

Aldama anima a colaborar con la justicia tras permitirle que no entre en prisión pese a la gravedad de su conducta

El empresario Víctor de Aldama ha animado a colaborar con la justicia tras conocerse la suspensión de su pena en el ‘caso mascarillas’ por su colaboración para descubrir la trama, algo que el Tribunal Supremo (TS) ha premiado pero avisándole de que ello «no reduce la gravedad de los delitos cometidos».

«Espero que los que vienen detrás colaboren», ha aseverado Aldama este lunes a los medios de comunicación a su salida del Supremo después de conocer la sentencia, al tiempo que ha agradecido a la justicia y ha asegurado que «la colaboración en este país sirve».

Aldama ha sido condenado a cuatro años y medio de cárcel, por los delitos de organización criminal y cohecho. Por su parte, el exministro de Transportes José Luis Ábalos ha sido condenado a 24 años y tres meses y su exasesor Koldo García a 19 años y ocho meses por organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación.

Los magistrados aplican al empresario y conseguidor del ‘caso Koldo’ la atenuante analógica de colaboración muy cualificada y suspenden la ejecución de su pena por su «aportación realizada al descubrimiento de los delitos», según la sentencia, aunque lo condicionan, entre otras cosas, a que no vuelva a delinquir.

Acuerdan la suspensión de la pena de cárcel por un plazo de cinco años y que comparezca semestralmente ante el alto tribunal para informar de las actividades laborales, mercantiles o empresariales que desarrolle, justificándose convenientemente, a fin de «comprobar que el condenado observa la norma».

Igualmente, el empresario deberá realizar «trabajos en beneficio de la comunidad durante un año», que, «de manera simbólica, reparen el mal causado a la sociedad española», indican.

El Supremo explica que el beneficio otorgado a Aldama por su colaboración con la justicia «no reduce la gravedad de los delitos cometidos contra los intereses generales ni disculpan, por tanto, de la obligación de establecer un riguroso marco suspensivo de ejecución de las penas impuestas que responda a los fines que justifican la propia suspensión».