La reforma judicial impulsada en Italia por el Gobierno de Giorgia Meloni ha superado este jueves su último trámite parlamentario con el visto bueno del Senado, la Cámara Alta, aunque la introducción de estos cambios en la Constitución necesitará ahora de que la ciudadanía lo avale mediante referéndum en 2026.
La coalición de Gobierno ha solventado el último trámite en el Senado con 112 votos a favor, 59 en contra y nueve abstenciones.
«Hoy, con la aprobación en cuarta y última lectura de la reforma constitucional sobre la justicia, damos un paso importante hacia un sistema más eficiente, equilibrado y orientado a los ciudadanos», ha resaltado Meloni, al celebrar en redes sociales lo que ha descrito como «un hito histórico».
«Ahora, la palabra la tendrán los ciudadanos», ha añadido la primera ministra, que ha vuelto a defender la controvertida propuesta bajo el argumento de que «una Italia más justa es también una Italia más fuerte». No en vano, se trata de una de las medidas estrellas del actual Ejecutivo, compartido por tres partidos conservadores.
La reforma establece una separación entre las carreras de jueces y fiscales e implica al Parlamento en la designación de los miembros de los órganos de gobierno de la judicatura, en detrimento del papel que ostentan actualmente las principales corrientes ideológicas, entre otras modificaciones.
El líder de la Liga, Matteo Salvini, ha abogado tras la votación por dejar «la política y las corrientes fuera de los tribunales» y ha recalcado que, con estos cambios, el Ejecutivo demuestra que cumple sus promesas. «Ahora nos prepararemos para ganar el referéndum», ha apostillado.
En cambio, la oposición, encabezada por el Partido Democrático y el Movimiento 5 Estrellas, ha exhibido durante el debate pancartas en los que clamaba contra los «poderes plenos» que, según entienden, aspira a tener el Gobierno sobre el sistema judicial.
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