Omar Ramírez Rondón, estudiante de economía en la ULA y Coordinador Nacional de EsLibertad Venezuela
“… Los principales partidos que dirigieron el país el siglo pasado, eran apristas —una corriente de inspiración marxista (…)—, o socialcristianos (…). En la práctica, ambos partidos emborracharon al país de petrodólares y bajo el espejismo del «ta’ barato, dame dos», ocultaron una crisis que explotó en su rostro y que terminó con el ascenso del golpista..”
Omar Ramírez Rondón
La revolución bolivariana no es la única responsable de los problemas en Venezuela, y debemos dejar de fingir que es así.
La crisis estructural en Venezuela no apareció en el 99, si bien se agravó en estos últimos 27 años, problemas como la inflación, la pobreza, la corrupción, la debilidad institucional, el clientelismo y el «enchufe» no son de este siglo en Vzla. De hecho, resolver estos problemas fue bandera de la campaña de cierto comandante difunto del batallón de paracaidistas que en el largo plazo solo los terminó de agravar.
En línea con lo anterior, es necesario recordar que muchas personas que hoy recordamos como «adalides» de la democracia y que debieron defenderla, fueron precisamente copartícipes del ascenso del Comacate al poder. No pregunten a ningún fan de la clase política del siglo pasado quiénes lucharon por lograr y aplaudieron el sobreseimiento.
Las nacionalizaciones ‘a las patadas’, el financiamiento del déficit vía inflación/emisión monetaria, la traba a la iniciativa privada, el modelo mono-rentístico dependiente exclusivamente del petróleo y el constante aumento de deuda, no son inventos de este siglo.
Existen y se han aplicado en el país desde el siglo pasado. El socialismo del siglo XXI las profundizó y acompañó de un ánimo socialista más claro y de un carácter totalitario, pero no se las inventó.
Lo más cercano a un programa ‘liberal’ de gobierno que ha habido fue el gran viraje de CAP, programa que ciertos personajes aún dentro de su partido se esforzaron en sabotear, y que aunque hoy sea demonizado, cualquiera que abra un libro de texto de macroeconomía, entiende lo necesario que eran dichas reformas en el país, aunque se puede criticar cómo se manejó a nivel político, eran las medidas necesarias, y al hacer política económica, los sentimientos poco importan, importan los resultados y evitar la resaca de continuar cometiendo errores.
Los principales partidos que dirigieron el país el siglo pasado, eran apristas —una corriente de inspiración marxista, cuyas tesis las planteó Raúl Haya de la Torre—, o socialcristianos —a ver si dejamos de decir que en el siglo pasado gobernó la ultraderecha—. En la práctica, ambos partidos emborracharon al país de petrodólares y bajo el espejismo del «ta’ barato, dame dos», ocultaron una crisis que explotó en su rostro y que terminó con el ascenso del golpista.
Esto lo advirtieron voces como Renny Ottolina o Carlos Rangel, ambos marginados por el mainstream del momento pero cuyas advertencias hoy suenan más a profecías cumplidas.
No va sobre demonizar, ni tampoco de desconocer las cosas rescatables, ni sobre echar culpas o sobre vivir con odio, pero sí sobre no olvidar para evitar repetir errores, y de entender que si eso ya nos llevó a una crisis como la de este siglo, nos va a volver a llevar allá tarde o temprano.
Venezuela no será rica por tener petróleo, sino si sus instituciones y componente humano dan la talla. Podemos hacerlo mucho mejor que los últimos 70 años.
Joanna Guerra, abogada por la Universidad del Valle de México y filosofa por la Universidad Nacioanal Autónoma de México, con maestrías en Educación y en Arte por la Universidad Privad de Irapuato y por la Royal London University, doctora en Educación por el IEXPRO, con estudios en Cienias de la Complejidad en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y otros complementarios en la Universidad de Harvard y el Dartmouth College en EE. UU.
“(…) Cuando un país no crece, quien paga el costo no son los polìticos, sino las personas que no encuentran empleos bien remunerados, que migran por falta de oportunidades y los inversionistas o emprendedores que prefieren llevar su capital a otros mercados.”
Joanna Guerra
La madre de todos los acuerdos es un tratado de libre comercio entre la India y la Unión Europea, que desde ya exalta el poder transformador del libre comercio. Mientras tanto, de este lado del mundo, México decrece de manera constante y, peor aún, la incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC incrementa la volatilidad y aprieta el cinturón de una economía atrapada en el modelo estatista de la Cuarta Transformación.
¿Qué es la Madre de Todos los Acuerdos? Es un tratado que, despuès de dos décadas de negociación, logró que la India y la Unión Europea acordaran reducir aranceles en más del 96 % del comercio bilateral. El sector automovilístico es uno de los más relevantes: los aranceles se reducirán del 110 % al 10 % y, en cinco años, desaparecerán los gravámenes sobre componentes, beneficiando tanto a productores como a consumidores en ambos paìses.
En alimentos, vinos, aceite de oliva y productos procesados se contemplan reducciones drásticas, mientras que algunos sectores sensibles —como la carne y el azúcar— permanecen protegidos. Por su parte, la India obtiene la eliminación inmediata de aranceles en el 70 % de las líneas que representan el 90.7 % de sus exportaciones, especialmente textiles, calzado, joyería y juguetes.
Los acuerdos comerciales, ya sea entre personas o entre naciones, se basan en la confianza, la buena fe y el Estado de derecho. En términos simples: reglas claras, árbitros confiables y certidumbre para todos los jugadores. La Madre de Todos los Acuerdos beneficiará a más de dos mil millones de personas porque existe la voluntad de generar prosperidad, mejorar su calidad de vida, crear empleos y fortalecer la competitividad.
Justo al otro lado del mundo, México no comparte ni el dinamismo ni la certeza jurídica que hoy exhiben la India y la Unión Europea. El crecimiento anual del país fue de apenas 0.7 %, el peor resultado desde la pandemia. El Banco de México y diversos analistas proyectan que la economía solo crecerá entre 0.3 % y 1.3 % en 2026, muy por debajo del promedio histórico cercano al 2 % previo a 2019. La pregunta es inevitable: ¿por qué otros países sí logran crecer con reglas claras y nosotros no?
Desde 2018, el gobierno de la 4T adoptó un modelo que privilegia la centralización del poder y la intervención estatal. Se cancelaron proyectos particualres relacionados con energías limpias, se reforzaron las empresas estatales y monopolicas de Pemex y la CFE, se recortó el presupuesto de reguladores autónomos… y todas estas acciones envian señales de incertidumbre para la inversión privada. Todo ello mientras se construyeron obras faraónicas de dudosa calidad: un aeropuerto internacional con nula conectividad; trenes sobre suelo blando que se descarrilan y enfrentan fallas operativas y refinerías que no alcanzan los mìnimos prometidos.
A esto se suman reformas judiciales y electorales que permiten favoritismos y sentencias tendenciosas. El mensaje està claro y es alarmante: en México las reglas pueden cambiar según la voluntad política del momento. Lo cual crea un entorno que frena la innovación, anula la competencia y reduce la productividad.
El problema no es solo económico, es humano. Cuando un país no crece, quien paga el costo no son los polìticos, sino las personas que no encuentran empleos bien remunerados, que migran por falta de oportunidades y los inversionistas o emprendedores que prefieren llevar su capital a otros mercados. Entonces, el estancamiento no es una abstracción, es una condena silenciosa a la mediocridad.
Mientras México se repliega en un supeestado, la India diversifica socios y entiende que el comercio no es una amenaza, sino una herramienta de desarrollo. El acuerdo con la Unión Europea no solo amplía mercados, más bien envía una señal contundente de estabilidad, previsibilidad y apertura al mundo.
México, por el contrario, parece conformarse con su dependencia casi absoluta del mercado estadounidense, justo cuando ese vínculo enfrenta tensiones, revisiones y riesgos políticos. Apostar todo a un solo socio comercial, mientras se deteriora el Estado de derecho interno, es una estrategia frágil y peligrosa. El crecimiento sostenido requiere instituciones fuertes, reglas estables, competencia abierta y respeto a la propiedad privada. El desarrollo no se decreta desde Palacio Nacional ni se construye a base de compadrazgos.
Fortalecer el Estado de derecho, abrir el sector energético a la inversión privada, reducir la carga regulatoria, respetar los contratos y comprometerse con acuerdos comerciales ambiciosos no es “entregar la soberanía”, es ejercerla de manera inteligente. La verdadera soberanía no consiste en mencionarla, sino en ofrecer prosperidad a los ciudadanos.
La política no debería ser un obstáculo para el desarrollo y debemos recordar que los países que abrazan el comercio, respetan a sus ciudadanos, polìticos e inversionistas son los que prosperan Mientras las dos mayores democracias del mundo —India y la Unión Europea— apuestan por el comercio y la apertura, México corre el riesgo de quedarse atrapado en una narrativa ideológica que no genera crecimiento ni bienestar.
Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, teórico del Creativismo Filosófico, lo demás no importa.
“(…) es necesaria la prudencia, la sensatez. Y éstas dictan que la convocatoria a elecciones en el corto plazo es un riesgo sistémico que podría invalidar los avances logrados con la remoción de una parte de la cúpula chavista. Con ello, la prioridad inmediata debe ser —aquello que la oposición debría estar exigiendo— la desarticulación de las estructuras mafiosas que aún operan dentro —o con el favor del— Estado, la reforma de los órganos electorales y judiciales, y el establecimiento de un marco de justicia transicional que no sacrifique la verdad en nombre de una estabilidad superficial.”
Roymer A. Rivas B.
El pasado 3 de enero, las fuerzas estadounidenses logran capturar y extraer al tirano genocida que sometía al país, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, generando un cambio en el escenario político venezolano que estaba estancado en ciclos de fracasos orquestados por la falsa oposición. Durante años, esa “oposición” fue incapaz de resolver, por medios civiles y militares, el conflicto con los criminales que no dudaban en infundir terror a la población que se encuentra, aún hoy, sumergida en la miseria. La incapacidad de la MUD, la PUD, y del mismo movimiento de Vente Venezuela que encabeza María Corina Machado (MCM) —que, aunque se haya vendido como separada de los movimientos anteriores, en realidad es, si acaso no por completo, en buena medida parte de ellos—, para fracturar la cadena de mando militar durante años contrasta con la celeridad del operativo estadounidense, que logró en menos de un mes lo que no se había logrado en 27 años.
El 3 de enero es capturado el tirano; el 4 de enero es trasladado al Metropolitan Detection Center en Brooklyn —comenzando la fase judicial contra el llamado “Cartel de los Soles”—; el 5 de enero el TSJ chavista declara a Delcy Rodríguez, jerarca del chavismo en todos estos años, como presidente interina; el 8 de enero se anuncia y comienzan las liberaciones de los presos políticos[1] —quienes han sufrido todo tipo de torturas y/o desmanes a manos del régimen—; el 28 de enero el Secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, presenta un plan de 3 fases ante el Senado, estableciendo, groso modo, la hoja de ruta de la tutela del país norteamericano a Venezuela; el 31 de enero llega la enviada de EE. UU. a Caracas, Laura Dogu, para supervisar los asuntos en el país; el 6 de febrero se aprueba en primera discusión en la Asamblea Nacional (AN) chavista la Ley de amnistía para los presos políticos[2]; y hoy, 8 de febrero, se libera un número importante de presos políticos[3], con la promesa de Jorge Rodríguez de, supuestamente, liberarlos a todos antes del viernes 13 de febrero. Todo ello, nuevamente, gracias a la presión estadounidense, no a la oposición.
Venezuela, los políticos de carrera y los estadistas de transición
En este escenario, han salido de la clandestinidad diversos actores políticos para, a mi juicio, intentar brillar, tener cámaras, de cara a una posible transición hacia la democracia en el país. Otros, que han seguido ciegamente a MCM —como activistas, no como periodistas ni ciudadanos con pensamiento crítico—, han exigido elecciones en este proceso, porque, supuestamente, es MCM y Edmundo González quienes tienen la legitimidad para liderar una transición en el país[4]. No obstante, como siempre, esas posturas solo muestran su inmadurez e irresponsabilidad política, demostrando, a su vez, que no están a la altura de lo que necesita el país en este momento para salir adelante, bajo la tutela de EE. UU. Es lamentable que esa “oposición” no entienda que se carecen de las precondiciones institucionales necesarias para un proceso justo y se ponga a exigir elecciones cuando ellos no fueron los agentes de cambio que logró la salida de Maduro —porque ese rol fue asumido por una potencia extranjera, lo cual altera radicalmente la dinámica de negociación y otorga a EE. UU. la prerrogativa de decidir quién tiene le “respeto y apoyo” suficiente para liderar los cambios necesarios en el corto plazo, apuntalando a una transición política en el mediano o largo plazo—.
El presidente Donald Trump, junto a Marco Rubio, han sido explícitos al señalar que no consideran como la líder natural del proceso actual que atraviesa el país a MCM, no porque no cuente con el apoyo de buena parte de la población —es obvio que sí lo tiene—, sino porque no cuenta con el apoyo del poder real, fáctico, dentro del país, es decir: el control de las armas. Contrario a lo que han intentado sostener la comisión de MCM sobre un supuesto apoyo a su causa del 80% de los militares venezolanos, ni ella ni ningún otro personaje tuvo el apoyo real de quienes tienen las armas dentro del país[5]. Así pues, a EE. UU. no le queda de otra que llevar a cabo en Venezuela una estabilización pragmática donde la prioridad no sea la democracia plena, sino la seguridad energética y la eliminación de la influencia de Cuba, Rusia, China e Irán en el hemisferio, al mismo tiempo que desmantela poco a poco al chavismo desde adentro, quedando la oposición venezolana, esa que en gran medida ha sido copartícipe de la desgracia del país, por cuanto ha sido funcional al chavismo —han sido el opuesto que su opuesto necesita para poder existir—, como observadores o socios menores en una estructura de poder dominada por EE. UU.
Con todo, la oposición venezolana tiene una oportunidad de oro para reivindicarse y comenzar a estar a la altura de lo que exigen las circunstancias en Venezuela, en aras de la reconstrucción del país. Pero eso no se logrará apelando a un institucionalismo ingenuo, es decir, creyendo que las reglas del juego —elecciones— funcionan incluso cuando los jugadores que controlan el tablero —el ejército, la burocracia, la justicia— siguen siendo los mismos, no pudieron hacerlo en el pasado, y no podrán hacerlo ahora, siquiera con EE. UU. dentro del país. Si jamás tuvieron un plan concreto, certero, para desmantelar y salir del chavismo, no pueden pretender ser oportunistas y beneficiarse de algo que ellos no consiguieron.
En contextos como el venezolano, primero es el poder, después es el voto, y esa es una lección que sus egos no les dejan aprender, porque son políticos de carrera que solo saben moverse en procesos electorales, no estadistas de transición que entienden que primero hay que demoler toda la estructura que mantuvo y sigue manteniendo al chavismo atornillado en el poder y que, de no cambiar, de seguro los hará volver con el tiempo. Es lamentable que la prisa de estos “opositores” —que les encanta calificar a quienes piensan distinto a ellos de “chavistas”, proyectando su propia condición existencial— sea más por ocupar un cargo, aunque sea vacío de poder real, antes que cimentar y construir todo lo necesario para la plena libertad de Venezuela. Dicho de otro modo, absolutamente nadie puede pedir administrar aquello que no fuimos capaces de conquistar por nuestros propios medios, porque no ejercemos poder real, así de simple —una lección de realismo político—. Esa oposición jamás tuvo un plan concreto, certero, para desmantelar y salir del chavismo, así que no pueden jugar en un tablero que exige de fuerza para poder participar en el juego. Si tienen un plan para reconstruir Venezuela, no lo sé, para el mediano plazo, ya con elecciones y con la estructura chavista desmantelada, espero sinceramente que sí[6] porque, de haber elecciones limpias, muy seguramente MCM será la próxima presidente de Venezuela, pero ese momento no ha llegado.
Aquellos que piden elecciones inmediatas, o en el corto plazo, ignoran por completo las lecciones históricas de transiciones fallidas como la de Irak o la Primavera Árabe, donde no hubo una reconstrucción de la capacidad del Estado para hacer frente al aumento de la violencia y luchar contra los liderazgos criminales locales. No comprenden que una transición genuina hacia la democracia requiere, como prerrequisito, la recuperación del monopolio legítimo de la fuerza y la reforma profunda del sistema judicial, entre otros, que actualmente domina el PSUV. Sin éstas garantías, cualquier resultado electoral sería vulnerable al sabotaje por parte de los remanentes del régimen o a la manipulación mediante el uso de recursos públicos que, aunque ahora son controlados indirectamente por cuentas en Qatar, siguen fluyendo a través de los canales burocráticos establecidos por el chavismo.
La oposición venezolana debería apuntar a la responsabilidad política, haciendo en el camino un mea culpa, en lugar de seguir enfrascados en el mismo pensamiento infantil, a veces adolescéntrico, que nos llevó a vivir lo que hemos vivido en estos años de chavismo. La urgencia en este momento es un cambio estructural, de reinstitucionalización, desmantelar grupos armados que conservan capacidad real para arremeter contra la población, enfrentar la crisis humanitaria y estabilizar una economía que debe más de USD$ 170 000 millones. Eso, nos guste o no, si queremos una transición responsable, debe ser con la participación de aquellos que durante años cometieron atrocidades, porque, aunque humillados, conservan las armas[7]. En suma, el fin es evitar el caos derivado de un colapso total del Estado, mientras se asegura el control de los recursos y se reestructuran las instituciones de la nación.
Sobre lo que debería estar haciendo la oposición venezolana
Ahora bien, si convocar elecciones es imprudente, ¿Qué debería hacer quienes se llaman a sí mismo “oposición” en Venezuela? Pues, aquello que no han hecho desde que comenzó todo este proceso y que, curiosamente, nadie se ha animado a exigir en público, a saber: resistencia y presión civil, sirviendo de auditores y reconstructores en la reconstrucción de las instituciones. En este marco, yo me hago varias preguntas:
¿Por qué MCM, o cualquier otro dirigente de algún partido político en Venezuela, no han hecho un llamado a todos los medios de comunicación nacionales a desafiar la censura, hablando de cosas que durante años les ha dado miedo hablar, a causa de la represión chavista? En un marco donde Marco Rubio ha dicho que dentro de 3 o 5 meses el fin es lograr cambios significativos en las libertades en el país, primando la libertad de expresión, esto obligaría al régimen que preside Delcy Rodríguez a tomar una de dos decisiones costosas: o ceden el espacio, quitando el cerco informativo, o censuran abiertamente, contradiciendo la narrativa de “normalización” y “reconciliación” que ellos mismos han intentado vender a EE. UU. y que éste, en buena medida, ha creído y vendido. Sin libertad de expresión, no puede haber normalización posible.
¿Por qué no han llamado a una movilización general por los presos políticos, pidiendo acompañar a todos los familiares en vigilia frente a los centros de reclusión y torturas del régimen? Movilizar a la gente pacíficamente para acompañar a las familias expondría, con más ahínco, la discrepancia numérica entre lo que dice el chavismo que ha liberado y las contabilizaciones de excarcelaciones reales de ONGs en el país. Muchos han salido a denunciar las acciones del chavismo con respecto a los presos políticos, acompañando a las familias en los lugares donde se encuentran, principalmente promovido por organizaciones civiles, pero ha sido por cuenta propia, no por un liderazgo político unificado que pretende gobernar un país y dirigir una transición.
¿Por qué no han exigido la reconstrucción institucional, antes que fechas electorales? ¿Por qué no se han exigido condiciones específicas, una hoja de ruta institucional, para desmantelar el TSJ, el CNE y el aparato represivo del régimen? O sea, ¿Por qué no se han centrado en presionar políticamente y negociar con EE. UU. para, según lo permitan las circunstancias, destituir magistrados y rectores chavistas, en aras de la estabilización que busca EE. UU., argumentando que, sin ello, cualquier “estabilización” sería efímera?
¿Por qué la oposición no se ha concentrado en demostrar que la estabilidad petrolera que busca EE. UU. es insostenible sin estabilidad social, documentando y presentando directamente al equipo de Marco Rubio todas las mentiras de quienes encabezan hoy la dictadura, para demostrar que el interinato de Delcy es un fraude que eventualmente colapsará, poniendo en riesgo los intereses estadounidenses?[8] Esto es lo único que los hará convertirse, a la vista de EE. UU., en gestores competentes el proceso venezolano.
¿Por qué la oposición no se ha organizado para auditar las cuentas públicas y ver dónde termina el dinero de los ingresos petroleros que ahora van a un fideicomiso para la ayuda humanitaria?
¿Por qué, al saberse de la Ley de amnistía que se pretendía aprobar en la AN, esa oposición no preparó su propia Ley y la presentó a la misma AN, para evitar que quedaran actores civiles y militares disidentes al régimen fuera de la misma, listando con nombre y apellido a los cientos de presos que debían ser liberados? ¿Por qué no invitaron a un debate público al respecto?
En suma, la oposición, si quiere al menos reivindicarse un poco de tantos años de fracasos y mostrar un cambio real en su comportamiento, debe dejar de pedir elecciones y comenzar a exigir, de forma inteligente, la demolición de estructuras que impiden elecciones reales, usando la movilización de calle —acompañando a las víctimas encerradas por el régimen— y haciendo denuncias mediáticas —desafiando la censura— para obligar al chavismo a decidir si seguirá sometiendo a la ciudadanía pacífica o, por el contrario, cederá, aunque sea un poco, en su sistema dictatorial —que, hasta el momento, sigue vivo y operativo, aunque gestionado por EE. UU., porque es eso, el chavismo no ha sido desmantelado, solo está siendo gestionado—.
Conclusión: hacia una transición responsable en Venezuela
El escenario en Venezuela cambió desde el 3 de enero y, teniendo en cuenta que la transición en el país no será, como no lo ha sido en ningún lugar, un proceso lineal hacia la democracia, sino un experimento de ingeniería política bajo condiciones de máxima presión externa, es necesaria la prudencia, la sensatez. Y éstas dictan que la convocatoria a elecciones en el corto plazo es un riesgo sistémico que podría invalidar los avances logrados con la remoción de parte de la cúpula chavista. Con ello, la prioridad inmediata debe ser —aquello que la oposición debría estar exigiendo— la desarticulación de las estructuras mafiosas que aún operan dentro —o con el favor del— Estado, la reforma de los órganos electorales y judiciales, y el establecimiento de un marco de justicia transicional que no sacrifique la verdad en nombre de una estabilidad superficial.
La Venezuela de hoy, 08 de febrero de 2026, se encuentra en un equilibrio precario. Aunque ha sido extirpada en su cabeza, el cuerpo del Estado sigue infectado por décadas de corrupción y control ideológico. Por ello, la reconstrucción requerirá paciencia, una supervisión internacional rigurosa que no se limite al petróleo, y una clase política local que, por una vez en su historia, entienda que el respeto de sus socios internacionales no se pide de rodillas en una embajada, sino demostrando capacidad real de ejercicio del poder —más de cara al futuro—. Si realmente queremos un cambio en el país, este 2026 debería ser el año de la consolidación de las instituciones básicas, y no el año del retorno triunfal a las urnas, porque solo así se garantiza que la próxima vez que los venezolanos voten, su decisión sea definitiva y respetada por todos los actores, internos y externos.
Excurso: el riesgo de un protectorado estadounidense, ante la incapacidad local de gobernar
Sumado a lo anterior, algo que no veo a muchos reflexionar es que, ante la incapacidad de gobierno de los diversos sectores políticos del país, todos putrefactos, existe el riesgo latente de que la población venezolana pase de la opresión chavista a una forma de protectorado estadounidense que, si bien garantiza la estabilidad económica y el suministro de bienes básicos, cercena nuestra capacidad para elegir su nuestro futuro como nación[9], pudiendo, incluso, hasta perder partes, o su totalidad, de nuestro territorio. Y esto no se trata de una cuestión “antiamericana”, todo lo contrario, a ellos, por razones cuales sean, hay mucho que agradecer, pero la sensatez me obliga a reflexionar acerca de la supervivencia de la soberanía en Venezuela. La historia ha sido cruel con los vacíos de poder: cuando una dirigencia local es incapaz de someter a sus propios tiranos y de administrar su propio caos, el “aliado” que viene al rescate no lo hace como un invitado, sino como un síndico de quiebra. Los venezolanos del presente estamos presenciando el riesgo de que nuestro país pase de ser una colonia cubana, rusa, china e iraní a ser una especie de enclave gestionado desde Washington, donde las decisiones de nuestro territorio —desde el Esequibo hasta las reservas estratégicas y decisiones políticas futuras— se tomen desde un despacho que, dicho sea de paso, no habla español.
Entonces, ¿Por qué no somos responsables políticamente y se hacen las cosas que se deben hacer, dejando la frivolidad de llevar a cabo una campaña electoral y concentrándonos en construir país? Es curioso, porque esa oposición venezolana que durante años, por acción u omisión, fue servil al chavismo, ahora debe ser servil a una potencia extranjera por pura incapacidad operativa. Es lo que tenemos, y a través de ello hay que aprender a reconstruir y erigir todo lo necesario para que prevalezca la libertad. Si la oposición se muestra incapaz de articular un plan de reconstrucción que vaya más allá de lo que espera EE. UU. para Venezuela, el país quedará condenado a ser una nación tutelada —y nuestra historia, junto a otras ajenas, también nos enseñan que eso no termina bien—. Como ciudadanos —ya no como “opositores” de cualquier ideología o movimiento político, sino como “ciudadanos”, y unos bien informados, refiriendo a Alfred Schütz—, hemos de estar a la altura de las circunstancias, tener la talla moral y el coraje de demoler un sistema que nos destruyó, erigiendo las instituciones necesarias para evitar que sea un país extranjero quien tenga que venir nuevamente a solucionar nuestros problemas, haciendo el trabajo sucio por nosotros. De lo contrario, seguiremos siendo lo que la oposición venezolana ha demostrado ser hasta ahora, esto es: espectadores de lujo en un teatro de nuestra propia irrelevancia, creyendo que somos los protagonistas.
[1] Cabe señalar que el régimen no ha liberado a todos, a pesar de que dijo que serían liberados “un número importante de ellos”, y que se está trabajando en una Ley de amnistía.
[2] Aunque nunca se dijo, sino hasta tiempo después, qué se estaba aprobando. De hecho, hay indicios de que la ley se hizo incluso después de su aprobación en la AN, mostrando toda la improvisación del chavismo, en un contexto en el que intentan sobrevivir, doblándose para no romperse. Al respecto, ver: Giasuppe Gangi [@ggangix]. 2026. Encontré esto en la Ley de Amnistía. Publicado en YouTube. En: https://www.youtube.com/watch?v=GcxqDnaqxFI (Cit: 08/02/2026).
[3] Hasta el momento de escribir este artículo, la ONG Foro Penal había confirmado la liberación de 383 —y no los 400, 00 u 800 que había dicho la tiranía—, y con las liberaciones que ocurren justo en este momento de seguro pasará los 400. Ver: ContraPoder News. 2026. Foro Penal confirma 383 liberaciones de rehenes políticos. En: https://contrapodernews.com/foro-penal-confirma-383-liberaciones-de-rehenes-politicos/ (Cit: 08/02/2026).
[4] He aquí la primera contradicción: dicen —correctamente— que Edmundo y MCM son los ganadores de las elecciones presidenciales del 28 de julio del 2024 en Venezuela, que el chavismo no reconoció, pero, en lugar de pedir la validación de dichas elecciones —que EE. UU. ya dijo que no reconoce por considerarlo un proceso viciado, por cuanto se jugó con las reglas del chavismo—, piden nuevas elecciones. En todo caso, sirva este inciso como comentario curioso, porque, aún si pidieran lo primero, igual mostrarían inmadurez e irresponsabilidad política, en vista de lo que aquí explico.
[5] Eso por no decir que muchas veces, cuando se presentaron a sus manos movimientos de sublevación en contra del chavismo, intentaron evitarlo por diversos medios, cuando no directamente dieron la información a aquellos a quienes decían oponérseles. De hecho, a la misma MCM se le presentaron militares a su disposición para ir contra el chavismo por las armas, pero ella los rechazó y dijo que no reconocería ningún alzamiento, porque “ese no era el camino” —de seguro sí lo era ponerse a orar a cuanta cantidad de santos existen para salir por fuerzas místicas y sobrenaturales, con el poder del amor, del chavismo, o hablando con tiktokers o “influencers”, porque eso fue lo que hizo en los últimos 3 años—.
[6] Aunque, dado el historial, sería cuestión de ver para creer.
[7] Comprendiendo esto, aceptándolo amargamente, entonces el trabajo de la oposición debería ser el mismo que ha llevado a cabo la sociedad civil organizada, a saber: preguntarse cómo evitar que esa participación chavista se convierta en impunidad, y denunciar lo que se vea como un reciclaje de la tiranía, bajo un nuevo nombre, o quizá nuevos personajes.
[8] Al respecto de este punto, es cierto que MCM ha hecho algunos comentarios al respecto, pero esto no ha sido el foco de su acción como sí lo ha sido pretender regresar al país y pedir elecciones, aunque la Casa Blanca no está de acuerdo con ello. El fin concreto ha sido presentarse ella y su equipo como los necesarios y capaces para administrar la transición, en lugar de ser apoyo logístico en un juego de realismo político que ellos no supieron jugar en el pasado y, hasta el momento, tampoco han mostrado interés en aprender a jugarlo.
[9] Hasta qué punto esto sería bueno o malo, es un debate para otro día. Pero, de ser el caso, estaríamos hablando del mayor fracaso de la historia venezolana, y todo producto de la incapacidad de esa dirigencia política de desmantelar al régimen y, en el camino, siendo serviles a ellos.
Valentina Gómez es economista (UCAB), fundadora Impulsa Tu Economía, y coordinadora local senior de EsLibertad Venezuela. En todos sus espacios, aprovecha cada oportunidad para reflexionar sobre las ideas de la libertad y empoderar a quienes le rodean.
“…El éxito del comercio venezolano ante una situación así dependerá de la rapidez con la que las empresas logren absorber esta nueva demanda y de su capacidad para ofrecer precios competitivos en un mercado que dejará de vivir de remesas para vivir del trabajo local.”
Valentina Gómez
¿Te has preguntado qué pasaría si retornan los 2.8 millones de venezolanos en Colombia y cómo afectará a tu negocio?
En un principio, Colombia recibiría el impacto del choque económico y social tras un evento de gran magnitud. Estudios de la OIM (2024-2025) afirman que los venezolanos en Colombia aportan más de 529 millones de dólares anualessolo en impuestos (principalmente IVA por consumo). Su salida dejaría un hueco inmediato en las arcas del Estado.
Los comerciantes sentirían la caída de sus ventas, principalmente en Bogotá donde se concentra la mayor cantidad de venezolanos (21%). Industrias como la construcción, la agricultura (recolección de cosechas) y el sector servicios (restaurantes y hoteles) sufrirían una falta de personal inmediata. Los sueldos tendrían que subir para atraer trabajadores locales. El único punto donde el país sentiría un alivio, es en el Gasto Público Social.
Ahora, los comerciantes venezolanos tendrían que prepararse para un aumento de consumo. Debido a que el mercado venezolano sumaría casi 3 millones de bocas que alimentar, vestir y movilizar, es un reto grande; para lograr el éxito, será imperativo que fortalezcan sus inventarios y optimicen su logística.
En el sector de víveres y aseo, los supermercados experimentarán una rotación nunca antes vista. La clave estará en la reposición: si la industria nacional no acelera, la importación estratégica será la única vía para evitar la escasez.
Fuente: Elaboración propia.
El país también debe estar preparado para recibir nuevamente a los venezolanos. Si el retornado no se inserta rápidamente en el mercado laboral productivo, su capacidad de compra podría reducirse frente a la que tenía cuando enviaba dinero, afectando principalmente a los productos no esenciales (maquillaje, spas, cines…)
El éxito del comercio venezolano ante una situación así dependerá de la rapidez con la que las empresas logren absorber esta nueva demanda y de su capacidad para ofrecer precios competitivos en un mercado que dejará de vivir de remesas para vivir del trabajo local. Deben tener la certeza de que el retorno masivo es inminente y que solo los preparados sobrevivirán al cambio.
Andrea Ruiz, internacionalista de la Universidad Central de Venezuela y coordinadora local senior de EsLibertad Venezuela
“(…) la diplomacia deja de ser un espacio para la construcción de una comunidad global y pasa a ser una herramienta de gestión de riesgos, donde cada Gobierno busca expandir su soberanía y asegurar su supervivencia en un sistema internacional anárquico y competitivo.”
Andrea Ruiz
El paradigma internacional que predominó desde la posguerra, más específicamente desde 1945 ha sido el Multilateralismo, siendo las Naciones Unidas (ONU) el nuevo organismo intergubernamental diseñado para promover la cooperación entre los distintos Gobiernos, el diálogo y evitar el conflicto a través del derecho internacional. La seguridad pasó a ser colectiva y todos los Gobiernos independientemente de su poder político, económico y militar contaban con voz y voto de decisión sobre los asuntos globales. Este sistema internacional fue impulsado y promovido por Estados Unidos, convirtiéndose en el nuevo hegemón del tablero internacional.
En este escenario comenzaron a surgir nuevo actores internacionales que en mayor a menor medida tienen influencia en la política y economía internacional, estos van desde Organismos Internacionales, Organismos Regionales, Organismo de seguridad colectiva como la OTAN, Empresas Transnacionales, Sociedad civil, Actores (personas) influyentes, entre otros. Asimismo, comenzaron a surgir nuevas potencias económicas como China, India, Alemania, Japón y Brasil, mientras que Rusia[1] surge como una potencia militar. Convirtiéndose la tecnología, los recursos energéticos (hidrocarburos), las tierras raras y el comercio internacional en factores claves para la política exterior de los Gobiernos, utilizando los mismos como método de presión para conseguir su interés nacional.
Durante el último año hemos visto el colapso del multilateralismo, en palabras del Primer Ministro de Canadá Mark Carney en su discurso en el Foro Económico Mundial en Davos, “estamos frente a la ruptura del orden mundial, del fin de una ficción agradable y del comienzo de una realidad dura, en un entorno geopolítico en que las principales potencias, comenzando por la principal [—refiriéndose a Estados Unidos—], actúan siempre que pueden sin límites ni restricciones.”[2] En donde las Naciones Unidas ha perdido la capacidad de solucionar los conflictos armados y las guerras actuales, vemos que los Estados permanentes del Consejo de Seguridad (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) utilizan su derecho al veto del voto para su propio beneficio nacional, limitando de esta forma la capacidad de actuar de la Organización.
En este nuevo escenario resurge el realismo político (Realpolitik), una corriente que entiende la política como una constante lucha de poder en la cual los Estados utilizan sus recursos (económicos, militares y políticos) para aumentar su poder e influencia, priorizando el nacionalismo, los intereses y la seguridad nacional, por encima de los intereses colectivos o globales[3]. Aquí existe la cooperación y las alianzas entre los diferentes Gobiernos, sin embargo, ya no es una cooperación basada en la búsqueda del bien común, sino que se convierten en acuerdos estrictamente transaccionales. De esta forma, las alianzas se vuelven pragmáticas —en donde ningún aliado es permanente, pues los aliados de hoy pueden ser los enemigos de mañana si el equilibrio de poder así lo requiere—.
Así, la diplomacia deja de ser un espacio para la construcción de una comunidad global y pasa a ser una herramienta de gestión de riesgos, donde cada Gobierno busca expandir su soberanía y asegurar su supervivencia en un sistema internacional anárquico y competitivo. Por lo que, tácitamente se acepta que las potencias predominantes ordenan el tablero geopolítico a su conveniencia, pues ya no existe un equilibrio internacional capaz de limitar su accionar.
Por otro lado, la seguridad colectiva era un compromiso internacional, donde cualquier amenaza a un Estado debía de ser solucionada a través del diálogo, acuerdos, arbitraje y mediante los organismos internacionales o regionales, siendo Estados Unidos la potencia encargada de vigilar la seguridad mundial y el mediador universal de solucionar los conflictos y desacuerdos internacionales. En el realpolitik la seguridad pasa a ser una cuestión nacional, en donde los Gobiernos ya no confían en la estabilidad y el compromiso de los acuerdos y tratados internacionales, sino que ahora confían es en el fortalecimiento de su fuerza militar nacional y de su avance tecnológico.
Política exterior de Trump
Desde el primer mandato de Trump podemos ver como comienza a resurgir poco a poco el realpolitik, si analizamos sus acciones de política exterior en base a esta corriente en donde se utiliza el poder económico, político y militar para el beneficio nacional vemos que con el eslogan de “America first”, la política exterior estadounidense pasó de promover la cooperación internacional a ser aislacionista y a buscar el beneficio nacional, la protección de su industria y de sus fronteras, caracterizándose por llevar a cabo acciones unilaterales pragmáticas en los asuntos internacionales, donde los acuerdos multilaterales y los organismos internacionales pasaron a ser obstáculos para la maximización de la soberanía nacional estadounidense.
Durante su primer mandato presidencial Trump busco incrementar la producción y los ingresos de la industria estadounidenses, por lo que revirtió numerosas regulaciones ambientales, se retiró del Acuerdo de París[4], promulgó una serie de aranceles sobre varios países, siendo China el mayor país afectado por los mismos, dando inicio a la guerra arancelaria que actualmente sigue vigente afectando al comercio internacional y sirviendo como un método de presión sobre los demás Gobiernos para lograr sus objetivos nacionales. Asimismo, Trump promovió el nacionalismo implementando una política migratoria rígida en donde el flujo migratorio pasó a ser una “amenaza” a la soberanía e integridad territorial.
Además, Trump también se retiró de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de las negociaciones de la Asociación Transpacífica, del Plan de Acción Integral Conjunto (JCPOA)[5], demostrando que no existen aliados ni enemigos permanentes, por lo cual durante este primer mandato Trump se reunió tres veces con el presidente Norcoreano Kim Jong Un para intentar llegar a un acuerdo sobre la desnuclearización de Corea del Norte, pero no tuvo éxito.
Con respecto al continente asiático, las acciones de política exterior estadounidense más relevantes fueron los Acuerdos de Abraham, que beneficio a Israel al normalizar las relaciones económicas y diplomáticas con varios países Árabes, reconociendo a Jerusalén como capital del país. Con ello, la administración israelí firmo un acuerdo con Arabia Saudita para la venta de armas, retiro las tropas estadounidenses del norte de Siria, permitió que Turquía realizara la ocupación de la zona, apoyó la intervención de Arabia Saudita en Yemen contra los hutíes, e impuso sanciones económicas a Irán.
En este segundo mandato, Trump ahora con el eslogan de Make America Great Again (MAGA) empezó a utilizar la doctrina Monroe “América para los Americanos” en su política exterior buscando aumentar su influencia y poder en la región, por lo que dejando a un lado la cooperación internacional y la diplomacia Trump llevo a cabo una serie de acciones unilaterales que priorizan la seguridad nacional estadounidense, como lo es la guerra contra las drogas y el terrorismo que llevo al desplegué naval de sus tropas en el Caribe donde autorizó el uso de la fuerza para el ataque contra “las narcolanchas”, buscando evitar la expansión de grupos terroristas en la región.
Asimismo, designó a distintos grupos entre ellos el Tren de Aragua, el Cartel de los Soles y el Clan del Golfo como Organizaciones terroristas extranjeras que amenazan la seguridad nacional estadounidense por lo que dictó una serie de sanciones económicas y aranceles como método de presión a Venezuela y a distintos líderes de dichas organizaciones. Incluso designó al Gobierno venezolano como un “narco-estado” lo que le permitió llevar a cabo una operación militar el 3 de enero de 2026 contra el dictador venezolano Nicolás Maduro, que terminó en su captura y extracción a los Estados Unidos para ser juzgado por narcotráfico, convirtiendo el combate contra las drogas y el narcotráfico en un factor geopolítico clave.
Al convertirlo en un factor geopolítico le permite a Trump reafirmar los intereses estadounidenses en la región, controlar los recursos estratégicos clave y reducir la influencia de China, Rusia e Irán que ahí en la región. Por otro lado, Trump continua con una política proteccionista en donde vuelve a utilizar los aranceles comerciales como método de diplomacia y presión para el beneficio nacional, en donde impuso aranceles tanto a países “no amigos de EE. UU.” como a sus países aliados, siendo otra vez China el país al que le impuso más aranceles, para reducir su influencia global, buscando a su vez controlar la producción de microchips y de la tecnología. Estos aranceles afectan al mercado internacional, y a su vez también ocasiona que la bolsa de valores internacional fluctúe.
Por otro lado, continúo con una política migratoria rígida buscando controlar las migraciones ilegales, imponiendo incluso sanciones económicas a México y otros países latinoamericanos para que actúen como muros periféricos para frenar la migración, utilizando el control de las fronteras como método de presión geopolítica, además de establecer una política de deportaciones masivas lo que ocasionó una tensión de las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y varios países Latinoamericanos, en donde los derechos humanos son desplazados por el levantamiento de sanciones arancelarias.
No conforme con esto, en la administración Trump, EE. UU. también se retiró de 66 organizaciones internacionales, incluyendo tanto tratados sobre el cambio climático como diversos organismos de la ONU, pues considera que estas son un obstáculo al promover agendas globales sobre los intereses estadounidenses, e incluso presionó a los países miembros de la OTAN a que aumentaran su gasto de defensa, esto ha llevado a una militarización acelerada de Europa, que ahora busca una «autonomía estratégica» ante la incertidumbre del apoyo estadounidense, además de que las tensiones entre Europa y Estados Unidos ha ido aumentando con las presiones políticas y económicas que ha ejercido Trump pues quiere comprar Groenlandia.
Cabe destacar que Trump ha buscado un acercamiento político con Putin para acabar la guerra Rusia-Ucrania, en donde ha reducido su gasto de financiamiento militar a Kiev impulsando a Europa a que asuma una colaboración económica y militar más activa en dicho conflicto. Del mismo modo, gracias a la presión política que ejerció Trump puso fin al conflicto armado entre Israel y Palestina. Y también, ha presionado a Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para consolidar un bloque de seguridad regional que asuma la responsabilidad de mantener el orden, permitiendo que las tropas estadounidenses se retiren del área gradualmente.
Esta política exterior aislacionista de Trump debilitó la posición que tenía Estados Unidos como el hegemón del tablero internacional, permitiendo que nuevas potencias como China y Rusia puedan reclamar sus propias esferas de influencia, consolidando un paradigma tripolar.
El surgimiento del paradigma Tripolar
A inicios de 2026 hemos visto el colapso del multilateralismo bajo el surgimiento del paradigma tripolar liderado por Estados Unidos, Rusia y China, este nuevo orden se basa en la gestión de las esferas de poder y el control de recursos tecnológicos y estratégicos. China expande su poder e influencia a través de la geoeconomía, utilizando la Ruta de la Seda y el control de las cadenas de suministros en Asia y África convirtiéndose en su esfera de poder, además establece alianzas con el Sur Global. Mientras que Rusia reafirma su presencia mediante la fuerza militar y los recursos energéticos (hidrocarburos), consolidando un bloque euroasiático desestabilizando el orden occidental a través de su guerra contra Ucrania. Por su parte, Estados Unidos reafirma su influencia en el continente Americano.
En este nuevo paradigma, la seguridad nacional de estas tres potencias pasa a ser la agenda internacional: mientras Estados Unidos libera una guerra contra las drogas en el Caribe por cuestiones de seguridad nacional, Rusia se fue a la guerra con Ucrania para defender su frontera de la influencia de Occidente y la OTAN, es decir, una guerra por en donde se debate su seguridad nacional, y China aumenta la presión militar en su Mar del Sur pues no es solamente el plan de “una sola China”, sino que Taiwán es un competidor económico de China en la producción de microchips y además es aliado de Estados Unidos, lo que es una amenaza para su seguridad nacional.
Además, China y Estados Unidos se encuentran en una carrera por el control de las tierras raras, de la tecnología, de la IA y del comercio internacional, pues quien controle esos recursos, dicta las reglas en el tablero internacional. Por ende comenzamos a ver cómo las potencias medias empiezan a tener un papel fundamental al comenzar a actuar como puentes entre Rusia, China y Estados Unidos, pues las instituciones multilaterales se han quedado sin capacidad real para resolver los problemas actuales, en donde las decisiones internacionales se toman en conversaciones bilaterales entre las tres esferas de poder.
[3] De Jalisco, E. C., & Medina-Núñez, I. (2019). El concepto Realpolitik en la ciencia política. Espiral Estudios Sobre Estado y Sociedad, 26(76), 281-290. https://doi.org/10.32870/eees.v26i76.7023
Valentina Gómez es economista (UCAB), fundadora Impulsa Tu Economía, y coordinadora local senior de EsLibertad Venezuela. En todos sus espacios, aprovecha cada oportunidad para reflexionar sobre las ideas de la libertad y empoderar a quienes le rodean.
“… el mercado inmobiliario no se mide en recuerdos, sino en oportunidades. Aferrarse a un precio del pasado es decidir, voluntariamente, perder el futuro.”
Valentina Gómez
Para comprender el conflicto psicológico detrás del dueño de un inmueble en Venezuela hoy en día, es obligatorio hablar de psicología. La Economía Conductual nace de la combinación entre Economía y Psicología, como una respuesta a la necesidad de entender por qué los seres humanos actuamos de forma irracional. Es así como descubrimos una serie de sesgos cognitivos y factores sociales o emocionales que nublan esa racionalidad de la que tanto alardeamos.
Los seres humanos (Homo Sapiens) tenemos la capacidad de tomar decisiones lógicas —haciendo honor al latín sapiens: ‘hombre sabio’—, pero no siempre elegimos ese camino porque estamos profundamente ligados a nuestras emociones. Comprender esto no es solo una herramienta útil para tu vida personal, es clave para el éxito de tu negocio.
El anclaje es uno de los factores más comunes que nos ocurre e inconscientemente nos hace tomar decisiones con información errónea, pasada. Las expectativas positivas en Venezuela hicieron que inmediatamente el Venezolano, esperanzado, que ha estado esperando que el precio de su casa recupere el valor real, se anclara a la posibilidad de volver a esos números.
En el 2012, por ejemplo, según la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV) y registros históricos de portales como Conlallave y TuInmueble de la época: Los precios promedios de los apartamentos de 100mts2 en zonas de clase media (el cafetal) oscilaban entre $150,000 y $250,000.
En zonas de Valencia/Maracay: Las casas en zonas exclusivas (como Guataparo o El Castaño) tenían precios de entre $120,000 y $220,000.
¿Cuándo cayeron los precios de las casas en Venezuela?
Según registros de la Cámara Inmobiliaria, entre 2012 y 2020, los precios en Venezuela cayeron entre un 70% y un 80% en términos reales. Ejemplo: Un inmueble que en 2012 se vendía en $200,000, para el año 2019-2020 podía estar valorado en apenas $40,000 o $50,000.
¿Cómo afecta al anclaje?
El cliente que valoro o compro su casa en el 2012 tiene este 200k grabado en el cerebro. Hoy su casa vale 50.000$ lo que lo hace sentir que “perdió” 150.000$. Pero realmente ese precio se devaluó. No perdió ese dinero hoy, es como intentar vender un BlackBerry al precio de un iPhone 15 solo porque «en su momento costó mucho». Pero la gente dice “dólar es dólar” como si el dólar no se devaluará como cualquier otra moneda.
Es muy fácil de verlo ¿Con 100$ compras hoy lo mismo que hace 4 años?
Si tu casa volviera a costar 200.000$ la verdad es que en términos reales no vale lo mismo porque con esos 200.000$ no logras comprarte la misma cantidad de cosas que años anteriores.
A todo esto ¿Cuando vender tu propiedad? Cuando tengas un destino para ese dinero; bien sea una inversión, mudarse a una ciudad con mejores oportunidades o porque la casa genera muchos gastos y es mejor una casa más pequeña.
¿Cuando NO vender? Si la casa está alquilada y la renta que recibes es alta en comparación con el valor actual de mercado, no vendas. Ejemplo, Si la casa vale $50,000 pero te genera $500 al mes de alquiler, tienes un rendimiento del 12% anual. Es muy difícil encontrar otra inversión segura que te dé ese porcentaje.
Si el país o la zona acaba de pasar por una crisis terrible, apenas se ven los primeros signos de mejora (caso Venezuela) y no piensas utilizar ese dinero para una inversión, NO VENDAS.
Elaboración propia.
En conclusión, el mercado inmobiliario no se mide en recuerdos, sino en oportunidades. Aferrarse a un precio del pasado es decidir, voluntariamente, perder el futuro. El dólar de 2012 ya no existe. Su poder de compra se ha desvanecido. Aceptar la realidad del mercado actual no es perder, es recuperar el control de tu capital para ponerlo a trabajar donde pueda crecer.
En la madrugada del 3 de enero de 2026, Caracas se despertó con el rugido de helicópteros y explosiones que no eran fuegos artificiales de Año Nuevo atrasado. Nicolás Maduro, el hombre que se había proclamado invencible, fue sacado a rastras de su guarida por fuerzas especiales estadounidenses en la Operación Determinación Absoluta. Lo metieron en un avión rumbo a Nueva York, junto a Cilia Flores, para enfrentar cargos de narcoterrorismo, tráfico de cocaína y posesión de armas que harían sonrojar a cualquier capo del Caribe. Trump, desde Mar-a-Lago, lo celebró como si hubiera capturado al último dinosaurio rojo: “Vamos a gobernar el país hasta que hagamos una transición segura, adecuada y juiciosa”. Palabras textuales. No era una broma.
Venezuela, que durante décadas se vendió como el faro antiimperialista del continente, amaneció convertida en estado vasallo de Washington. No fue un golpe de la oposición, ni una rebelión popular, fue la entrega final de una soberanía que ya había sido hipotecada mucho antes: primero a La Habana, después al Foro de São Paulo y sus designios regionales. El chavismo, que se jactaba de resistir al “imperio”, terminó siendo el mejor aliado de Trump para limpiar la casa. Porque el régimen no solo perdió el control territorial: perdió la narrativa de la resistencia. Su presencia global en el mercado de narcóticos —esa red que financiaba desde colectivos hasta alianzas con carteles y grupos malignos del planeta— se volvió el pretexto perfecto para que EE. UU. entrara con botas y drones. Maduro no fue derrocado por demócratas; fue extraditado por narcoindictments que databan de 2020. Ironía suprema: el antiyanqui terminó en jaula federal gringa.
Y aquí viene lo más amargo para quienes soñaban con una primavera caribeña. La oposición, esa que marchó, votó y sufrió, quedó fuera del juego. Desplazada, marginada, sin un solo asiento en la mesa de la transición. ¿Por qué? Porque durante años optó por la genuflexión estratégica: “proteger espacios”, capitulaciones, conchupancias y negociados que la convirtieron en un actor decorativo. Ni el Premio Nobel de la Paz regalado a María Corina Machado pudo torcer la percepción en Washington. Trump la descartó con desdén: “No tiene el apoyo ni el respeto necesario dentro del país”. La Casa Blanca prefirió tratar con los que controlan el territorio, el ejército y el petróleo: los mismos chavistas de siempre, ahora con cara de arrepentidos. Delcy Rodríguez asumió como interina, y el mensaje es claro: el poder no se negocia con los que piden, sino con los que pueden entregarlo.
Porque el poder es de quien puede. Y aquí, el chavismo mutó de piel con una capacidad camaleónica que no se veía en el Caribe desde el post-asesinato de Chapita Trujillo. Bajo órdenes mudas de la Casa Blanca, el régimen exorcizado a la americana inició los reparos a sus transgresiones humanas. Presos políticos liberados a cuenta gotas: primero unos pocos estadounidenses, luego decenas, cientos según anuncian, en una amnistía que huele a pragmatismo más que a justicia. ¿Los demás reparos? Está por verse. Lo que sí es cierto es que el cambio político esperado por la oposición —ese en el que pagarían las “deudas” acumuladas— se quedó en Narnia. La transición no llegó con banderas azules y blancas; llegó con dólares verdes y contratos petroleros.
La familia petrolera, quizá la más dañada por esta orgía represiva y delincuente ahora en fase de “sanación”, encuentra al fin un camino de reparación. No en Caracas, sino en las cortes de Estados Unidos, a través de un inédito fondo fiduciario (QSF) que administra activos de PDVSA embargados. Es la ironía final: el expolio chavista termina pagando indemnizaciones bajo supervisión yanqui, mientras los damnificados —trabajadores despedidos, jubilados robados, empresas expropiadas— reclaman su parte en dólares contantes.
Verdades veredes, Sancho amigo. Esta no es la transición que soñamos, sino la que el poder real impuso. El chavismo no cayó; se recicló. La oposición no ganó; se evaporó. Y Venezuela, una vez más, es el patio trasero donde se negocian soberanías ajenas. Queda en la habilidad organizativa de los grupos afectados —víctimas de la represión, ya no los trabajadores petroleros que nos adelantamos a las realidades – , pero quedan los exiliados, los torturados, los violados de toda índole alzar la voz y reclamar sus daños. Porque si no lo hacen ellos, nadie lo hará por ellos. Ni Delcy, ni las guacamayas ni menos los interinos
La historia no termina aquí. Solo cambia de disfraz.
Paola Piotti, abogada, activista por la libertad y líder del Capítulo de Lola Tarija en Bolivia
“Los nuevos niños ricos de la revolución, esa que no implica para ellos perder patrimonio ni comodidad, son distintos. Se distinguen de sus antepasados caviar —reniegan de ellos— porque los consideran anticuados y elitistas, mientras ellos son de barrio.”
Paola Piotti
Desde el rooftop del barrio bohemio de moda, un grupo discute las injusticias del sistema capitalista. Esperan el pedido de su tabla de sushi fusión andino –porque les gusta reivindicar los productos nacionales- y beben cerveza artesanal libre de gluten, mientras coordinan sus agendas para la próxima marcha frente a la embajada americana.
Eligieron una mesa en la terraza por comodidad, ninguno de ellos tiene cambio y no les gusta la idea de decirle que no a las personas que piden una moneda mesa por mesa. Consuelan sus corazones con el pensamiento de que el resultado de esa reunión ayudará mucho más a los mendigos que cualquier moneda que puedan darles hoy. O al menos eso se repite entre brindis y consignas.
No están ahí para derrumbar el sistema; están ahí para criticarlo mientras lo disfrutan a sus anchas. Lo hacen desde cargos públicos, asesorías estatales, fondos concursables para proyectos y algunos con documentales sentimentales, todos financiados con impuestos, en suma, dinero ajeno.
Durante años, se criticó a la izquierda caviar -aquel grupo de izquierdistas de clase alta, educados en buenas universidades, con salones privados para la presentación de sus libros, viajes humanitarios y discursos perfectos sobre justicia y consciencia social- incluso desde los propios sectores populares de la izquierda. Bajo esa crítica fue gestándose una versión más antipática de ellos: la izquierda sushi, los herederos simbólicos de la revolución, los portadores de una conciencia de clase performática y mucho más intagrameable.
Los nuevos niños ricos de la revolución, esa que no implica para ellos perder patrimonio ni comodidad, son distintos. Se distinguen de sus antepasados caviar —reniegan de ellos— porque los consideran anticuados y elitistas, mientras ellos son de barrio. Aborrece la ostentación clásica del caviar, y reivindican su consciencia social a través del consumo “limpio”, consumen lo orgánico porque está lejos de los agro tóxicos capitalistas, compran ropa de fibras naturales porque no contribuirán a la producción del fast-fashion, y juzgan a todo a quien no sigue esas pautas de vida. Llaman cultura a su lujo. Se consideran rebeldes dentro de los círculos privilegiados que frecuentan porque alternan ocasionalmente una tarde pádel en el country con una visita ocasional a una exhibición de arte en un barrio carenciado.
No buscan justificar el dinero de sus padres, lo disfrutan y lo utilizan para denunciar el sistema que los hizo posibles. Son moralistas en público y hedonistas en privado. Critican la misma acumulación de capital que les permitió aprender a criticarla en los costosos cursos de sociología en Europa. Para la izquierda sushi las marchas son eventos sociales, la causa es contenido para redes y el mundo se transforma un hagshtag a la vez.
Son ilustrados. Han tenido el tiempo necesario para leer, no sólo a Marx y Hegel, sino a pensadores cada vez más nicho, cada vez menos accesibles para el común. Exigen de sus adversarios políticos una amplia bibliografía antes de debatir, no por interés genuino, sino por arrogancia intelectual. No son capaces de dimensionar los riesgos de sus consignas, ni reconocen el efecto real de sus ideas y conquistas. Dicen defender una voz que raramente escuchan y se indignan cuando alguien expone su propio consumo sofisticado y privilegios de clase. Por ello, la izquierda sushi no es una contradicción del sistema, es uno de sus subproductos más rentables, porque los nuevos revolucionarios abogan por la repartición de la riqueza, que empieza en la ajena y termina en el límite de la propia. Parece que muy dentro suyo, el capitalismo no los incomoda tanto, lo que les molesta es no poder controlarlo.
Desde esa misma terraza en la que comen, debaten y conviven sin ver la calle, juzgan al resto, especialmente a su blanco favorito: el pobre de derechas. Se sienten con la superioridad moral para explicarle al trabajador cómo funciona el mundo, y exigirle renuncias que él jamás podría permitirse. De hecho, marchan en horario de oficina, porque ninguno de ellos necesita estar en una en ese momento; denuncian a quienes hablan desde sus privilegios, mientras ellos hacen lo mismo, incapaces de reconocer los propios; han encontrado en su doctrina un consuelo: “No existe consumo ético en el capitalismo”, mientras continúan con el brunch y envían sus aplicaciones a la maestría anticolonial de la Universidad de Cataluña.
Sueñan con cambiar el mundo desde puestos bien remunerados en ONGs, o con la publicación de su compendio de poesía antiimperialista, pero tampoco parecen muy afectados porque los cambios no se materialicen con la rapidez que esperan. Tienen una red de seguridad financiera que los sostiene y previene su caída.
Asimismo, su relación con el Estado no termina en proyectos o becas, porque lo han domesticado y convertido en su red de seguridad personal, como recordatorio vivo de que dependen de lo que predican destruir. Es su herramienta favorita para sociabilizar la culpa y garantizar su moral sin incomodarse.
Para colmo, la izquierda Sushi, heredera de la intelectualidad caviar, domina el arte del teatro de la cercanía y la sensibilidad, dentro de la burbuja que sus privilegios les asegura. Su revolución es simbólica, los riesgos son ajenos, y sus consignas inquebrantables. Y aunque esta descripción pueda despertarles indignación, ese sentimiento no será más que la prueba irrefutable de haberse reconocido en estas palabras.
Julián Ramírez, asesor en Relaciones Internacionales y Geopolítica, politólogo e Internacionalista por la Universidad Sergio Arboleda, con formación de posgrado en Estrategia y Geopolítica en la Escuela Superior de Guerra
“El centralismo judicial prometió igualdad; entregó indiferencia. Las regiones, con todas sus tensiones, ya están buscando soluciones. El deber del Estado no es aplastarlas: es encauzarlas.”
Julián Ramírez
En Colombia, la desconfianza hacia el aparato judicial ha dejado de ser un murmullo para convertirse en un clamor colectivo. Para el ciudadano común, el sistema parece moverse entre rebajas de pena, libertades anticipadas y vencimientos de términos que, en la práctica, se perciben como premios a la impunidad. Mientras tanto, en las orillas del Estado, allí donde la institucionalidad llega tarde o no llega, resurgen formas comunitarias de resolución de conflictos que, con todos sus matices y riesgos, a menudo producen más orden que el propio ordenamiento jurídico. Este contraste, incómodo pero innegable, revela un divorcio profundo: por un lado, el lenguaje solemne de la ley; por otro, la experiencia cotidiana de una justicia que, ante la ausencia estatal, termina resolviéndose por mano propia. Y esto no ocurre solo en la periferia rural, sucede, de manera cada vez más visible, en el mismísimo corazón del centralismo: Bogotá.
Cabe señalar que no se trata de negar los avances normativos ni de idealizar la informalidad. Se trata de admitir que el modelo centralista luce exhausto. Colombia es un país pluricultural y plurirregional, sin embargo, ha pretendido administrar justicia con una plantilla única, diseñada desde y para un centro que con frecuencia desconoce las periferias. La imagen es tosca, aunque útil: tratamos de vestir un cuerpo continental con un traje europeo de talla estándar; el resultado es torpeza, parálisis y frustración generalizada.
Nuestro sistema, diseñado bajo parámetros homogéneos, ignora la diversidad de legitimidades que conviven en el territorio. En Bogotá, por ejemplo, se debaten protocolos de justicia restaurativa en seminarios bienintencionados; en contraste, comunidades afro del Chocó han practicado durante generaciones formas eficientes de reparación y reintegración, y en la Amazonía los pueblos indígenas sostienen nociones de justicia profundamente vinculadas al entorno y a la recomposición del tejido social, no al mero castigo.
La pregunta es inevitable: ¿Por qué insistir en un único modelo cuando el país exhibe realidades tan disímiles? No se trata de un elogio a la informalidad por sí misma, sino de un llamado a reconocer lo que ya funciona y a integrarlo dentro de un marco constitucional que lo regule y lo potencie.
Álvaro Gómez Hurtado habló de la “presencia diferenciada del Estado” para describir una nación donde la autoridad no llega igual a todas partes. En vastas zonas rurales, esta realidad se expresa en un dato crudo: cuando a un campesino le usurpan su tierra, su primer recurso no es un juzgado; acude a quien ejerce autoridad efectiva en el territorio. Durante décadas, en numerosos municipios, esa autoridad ha sido un comandante guerrillero o un jefe paramilitar.
¿Por qué ocurre esto? Porque al intentar resolverlo por vías institucionales, se le exigirían escrituras, planos y folios en una Colombia con altísimas tasas de informalidad en la propiedad. El pleito se eterniza, la violencia escala y la convivencia se rompe. En cambio, le guste o no al observador, el actor armado resuelve en horas lo que el despacho judicial tramitaría en años. No es un ideal: es la expresión brutal de un vacío estatal. La respuesta no puede ser romantizar la violencia, pero tampoco negar el fenómeno: sin justicia accesible y oportuna, la gente busca juez donde lo haya.
Este mismo patrón se replica en contextos urbanos. En barrios como Ciudad Bolívar, Kennedy o Bosa, cuando la delincuencia se desborda, los vecinos no esperan pasivamente, sino que forman “vigías” o “frentes de seguridad”, aplican castigos expeditivos a presuntos vándalos o ladrones y, en casos extremos, recurren a la llamada “limpieza social”. No se trata de anécdotas aisladas, sino de la expresión urbana del mismo vacío que, en el campo, alimenta a los “comandantes”. Aquí, el juez de facto no es un actor armado, sino la turba enardecida o grupos organizados de vecinos desesperados.
Hay ejemplos que el debate oficial suele soslayar por su carga polémica. En zonas de Urabá y del norte de Córdoba, comunidades han ejercido sanciones ejemplares contra agresores violentos: desde trabajos comunitarios hasta mecanismos de vigilancia social y reparación directa a las víctimas. No es un sistema perfecto —ninguno lo es— y conlleva riesgos de arbitrariedad. Aun así, para muchas de estas comunidades, los resultados son tangibles: menos extorsión, mayor seguridad nocturna y disuasión efectiva.
En Castilla, corregimiento del norte de Córdoba, un delincuente reincidente fue juzgado públicamente y condenado a reparar caminos vecinales. Meses después, la comunidad reportaba una sensación de mayor seguridad; el sancionado, bajo supervisión social, se había reincorporado a labores productivas. ¿Garantiza esto la ausencia de abusos? No. ¿Muestra que la comunidad, cuando se organiza, puede generar orden donde el Estado ha sido errático? Indiscutiblemente sí.
La diversidad jurídica no implica caos. Nigeria reconoce sistemas consuetudinarios junto a tribunales estatales. Guatemala admite la justicia maya en ámbitos comunitarios. Incluso en Somalia, tras el colapso estatal, el derecho consuetudinario (Xeer) mantuvo cierta paz local en territorios huérfanos de gobierno central. No se trata de copiar modelos, sino de aceptar un principio elemental: la unidad nacional no exige uniformidad absoluta.
Por ello, vale la pena discutir sin eufemismos un federalismo judicial por regiones culturales —Andina, Caribe, Pacífica, Amazonía, Orinoquía e Insular— con autonomía regulada para adaptar procedimientos, sanciones y prioridades. No es carta blanca, sino elasticidad responsable.
La Constitución como techo y piso: derechos fundamentales inamovibles.
Asambleas legislativas regionales con competencia en materia penal y penitenciaria.
Cortes regionales con jueces formados en prácticas locales.
Coordinación interregional para criminalidad transfronteriza.
Sistemas penitenciarios diferenciados, con énfasis en penas alternativas donde el encarcelamiento masivo ha fracasado.
Polémicas que debemos enfrentar
“¿No legitima esto la justicia por mano propia?” No. Se trata de dotar de marco jurídico a prácticas comunitarias que ya existen, evitando excesos y garantizando derechos.
“¿No habrá disparidades intolerables?” Las hay hoy, solo que clandestinas y sin control. Un federalismo judicial serio visibiliza, regula y somete a estándares mínimos esas diferencias.
“¿No se abrirá la puerta a castigos degradantes?” Cláusulas pétreas deben prohibir torturas y tratos crueles. La autonomía no es sinónimo de barbarie.
Conclusión: la justicia no espera al Estado
El centralismo judicial prometió igualdad; entregó indiferencia. Las regiones, con todas sus tensiones, ya están buscando soluciones. El deber del Estado no es aplastarlas: es encauzarlas. Como dijo Alirio Pineda, campesino de la Sierra Nevada, con sabiduría sencilla: “Durante siglos nos han dicho cómo debemos resolver nuestros conflictos, pero quienes nos lo dicen no resuelven los suyos”.
El debate está servido. Negarlo es condenarnos a repetir los mismos errores, mientras el clamor por justicia continúa creciendo en la periferia de un Estado que aún no decide escuchar.
Génesis N. Rodríguez G., economista de la UCV, coordinadora local de EsLibertad Venezuela
“Invertir en educación y salud no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia inteligente para fomentar el crecimiento y el bienestar general de la sociedad venezolana.”
Génesis N. Rodríguez G.
Hablar de la Educación en Venezuela para mi implica tener que describir ciertas personalidades de las maestras y maestros que marcaron mi infancia, y también mi juventud. Son tantos los héroes y heroínas que me enseñaron valores, principios y a materializar mis sueños, por más irreales que parecían, que tendría que escribir un artículo especial a cada uno. Por ello, solo quiero darles las gracias a los que ayudaron en mi formación profesional e intelectual, sobre todo a esos que me hicieron porras, creyeron en mi en todo momento y me ayudaron a salir adelante en los días difíciles, grises y tristes.
Pero volviendo al tema que nos compete, a partir de 2010, podemos decir que la educación venezolana empezó a pasar por diversas trasformaciones debido a innumerables factores, los sueldos de los maestros en Venezuela han estado sujetos a diversos cambios debido a la crisis económica y política que ha afectado al país. Desde ese año, Venezuela ha experimentado una hiperinflación severa que ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios. Esto ha afectado significativamente los ingresos de los maestros y profesores, y me parece una completa irracionalidad que el año pasado recibieran la cantidad de 12 bolívares como un bono denominado “hallaquero”. Y es allí donde echo la mirada al pasado, por ahí en el 2007, cuando cursaba el sexto grado de primaria y escuchaba las tertulias de mis maestras, que mencionaban la nueva marca de vehículo que iban a pedir al concesionario como regalo del niño Jesús; en contraste, hoy esa cantidad no les alcanza siquiera para pagar un pasaje de transporte público.
Entonces, me pregunto ¿De qué manera le estamos retribuyendo a los que forman profesionales, seres humanos comprometidos con el avance y crecimiento del país? Y es que a pesar de los aumentos salariales ocasionales y las reformas educativas implementadas por el Gobierno en el sector educativo, estas no siempre han resultado en mejoras significativas para los salarios y las condiciones laborales de los docentes, los sueldos de los educadores han permanecido muy por debajo de lo que se considera suficiente para cubrir las necesidades básicas. Debido a la situación precaria de los salarios, ha habido numerosas protestas por parte de los educadores que exigen mejores condiciones laborales y salarios dignos, todo esto ha generado un impacto de la migración, donde muchos profesionales de la educación han emigrado en busca de mejores oportunidades laborales en otros países, lo que ha llevado a una escasez de maestros en algunas áreas.
Amartya Sen, al referirse a “la pobreza de renta y la pobreza de capacidades”, destaca la importancia de diferenciar entre la falta de recursos económicos y la carencia de habilidades y oportunidades. Sin embargo, ambas dimensiones están intrínsecamente conectadas, ya que el ingreso es un medio fundamental para desarrollar capacidades. A medida que una persona adquiere más habilidades y conocimientos, es probable que su productividad aumente, lo que a su vez puede llevar a un incremento en sus ingresos. Esta relación sugiere que mejorar las capacidades de los individuos puede ser un camino efectivo para combatir la pobreza económica. Por ejemplo, al fortalecer la educación básica y el acceso a servicios de salud, no solo se mejora la calidad de vida de las personas, sino que también se les brinda una mejor oportunidad para generar ingresos y escapar de la pobreza. Una mayor cobertura en estos ámbitos aumenta las probabilidades de que incluso aquellos en situaciones vulnerables logren superar las dificultades económicas.
Por ello, es crucial que se reconsideren y reformen las políticas económicas en el país. La implementación de servicios sociales robustos podría facilitar que todos los sectores de la comunidad accedan a oportunidades económicas, promoviendo así un desarrollo más inclusivo y sostenible. Invertir en educación y salud no solo es un imperativo moral, sino también una estrategia inteligente para fomentar el crecimiento y el bienestar general de la sociedad venezolana.
La India es ejemplo de que invertir en educación, asistencia sanitaria y reforma agraria ayuda notablemente al crecimiento económico, específicamente tomamos de ejemplo el estado de Kerala donde es notable a diferencia de otros estados de la India los cambios positivos en poner en práctica los recursos humanos de la mano siempre con una estrategia económica complementaria. De hecho muchas economías asiáticas entran en esta lista, primero Japón y después Corea del Sur, Taiwán, Hong Kong y Singapur, más tarde China —posterior a la reforma—, Tailandia y otros países del Este y Sureste Asiático.
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