“(…) ese recurso, en las manos adecuadas, podría sacar a Venezuela de la pobreza en tiempo récord. Pero hoy no existen ni las instituciones, ni los políticos y ni la sociedad preparada para semejante tarea. Y mientras eso no cambie, seguiremos atrapados en (…) la maldición de haber tenido demasiado petróleo y no haber sabido qué hacer con él.”
Orlando Fuenmayor S.
Este tema siempre pone a temblar a un sector del país que, sin saber muy bien de dónde lo sacaron, jura que una intervención —o invasión, para darle más sazón— de Estados Unidos tendría como único propósito robarnos el petróleo. El oro negro. El tesoro maldito. Pero… ¿De pana es así? ¿Es nuestro petróleo tan valioso como para justificar una movilización militar en el Caribe? Aquí podríamos amanecer discutiendo: los socialistas defendiendo esa fantasía hollywoodense y los pro–capitalistas sin perder el sueño si mañana aterrizan marines en La Guaira.
Pero si nuestro petróleo es tan importante, surge una pregunta incómoda: ¿Por qué, desde 1958, ningún gobierno socialista logró convertir a Venezuela en un país de primer mundo? Y ojo, no hablo solo del chavismo, porque el modelo ya venía fallando antes de que se pintaran las paredes de rojo. Desde antes de la “era democrática”, cuando caudillos como Gómez o Pérez Jiménez lograron, —sí— pacificar y construir, pero también dejaron una estela de corrupción tan gruesa que sus retiros parecían catálogos de lujo gratuitos. Y ellos jamás volvieron a trabajar… por razones obvias.
Entonces, después de más de 140 años sacando petróleo del subsuelo, ¿Qué aprendimos? Quizás que, si hubiésemos escuchado a gente como Uslar Pietri y “sembrado el petróleo”, y traducido ese concepto a algo tan sencillo como diversificar la economía, hoy no estaríamos contando las reservas como quien cuenta maldiciones familiares.
¿Cuál fue el privilegio de nacer en esta tierra petrolera? Ninguno. Al contrario: la mentalidad del venezolano fue moldeada para creer que todo debía ser gratis. Subsidios, regalos, bonificaciones… como si el país fuese un papá millonario al que nunca se le iba a acabar la plata.
El Estado venezolano engordó tanto que ya no se distingue dónde termina el gobierno y dónde comienza el Estado. Son la misma criatura, una especie de Leviatán tropical. Y mientras tanto, la historia se repite: así como los nativos americanos descubrieron el petróleo en Estados Unidos para que luego llegara el hombre blanco a quitárselos, nosotros tuvimos petróleo… y logramos arrebatárnoslo a nosotros mismos. Peor aún: lo hemos usado para autodestruirnos en cámara lenta.
¿Y qué tiene de atractivo tener petróleo hoy? No somos Dubai. Ni de cerca somos una potencia como Estados Unidos. Dependemos de gasolina importada de Rusia e Irán. Los socialistas quebraron el parque petrolero, y con el cuento de las sanciones tienen a medio país viviendo en miseria mental y económica. Mientras tanto, el milagro de Singapur —ese que tanto se menciona— no se construyó con petróleo, sino con instituciones eficientes, disciplina y cero tolerancias a la corrupción. Algo que aquí suena a mitología escandinava.
Pero lo peor de todo es que aún hoy muchos venezolanos insisten en la idea de que “nos toca una parte del petróleo”. Como si cada barril viniera con un cupón. Imaginan repartir ganancias al estilo Noruega, sin mencionar que los noruegos tuvieron que cambiar su propio modelo porque la repartición indiscriminada de dinero casi les revienta la economía.
Ese petróleo maldito ha servido para comprar voluntades en la región, financiar campañas políticas y desestabilizar países enteros. Ha sido el combustible de proyectos macabros y de liderazgos que jamás debieron existir.
¿De quién es la culpa? Del sistema; de los políticos; y sí, también de la gente.
Porque ese recurso, en las manos adecuadas, podría sacar a Venezuela de la pobreza en tiempo récord. Pero hoy no existen ni las instituciones, ni los políticos y ni la sociedad preparada para semejante tarea. Y mientras eso no cambie, seguiremos atrapados en esta profecía que se cumple sola: la maldición de haber tenido demasiado petróleo y no haber sabido qué hacer con él.
María José Salinas, comunicóloga y especialista en relaciones públicas. Desde hace más de siete años impulsa las ideas de la libertad con una visión emprendedora, además de promover el empoderamiento femenino a través de proyectos y espacios de liderazgo. Su trabajo combina estrategia, comunicación y una defensa auténtica del individualismo y la acción personal, siendo líder del capítulo Guanajuato, México, de Ladies of Liberty Alliance (LOLA)
“No se trata de victimizarnos ni de convertir el debate en una guerra de géneros. Se trata de reconocer una realidad: la normalización del escarnio estético constriñe voces, daña personas y empobrece la conversación pública. Recuperar espacio para la discusión de ideas implica, necesariamente, recuperar la posibilidad de que las mujeres opinen, piensen y existan sin tener que pagar con su dignidad.”
María José Salinas
Acabo de terminar el nuevo libro de Gloria Álvarez, “Cómo defender la libertad y no suicidarte” en el intento, una obra que, en su recorrido por la defensa del individuo y la libertad, toca con honestidad temas que muchas veces se silencian: entre ellos, el costo emocional que pagan las mujeres por ocupar espacio público. Pocas horas después, un comentario en redes ilustró con brutal claridad el problema: que la portada “enseña demasiado”, que “parece para abrir un OnlyFans” o que quedaría “como póster en un taller mecánico”. No era una crítica al contenido; era una reducción instantánea de una autora con trayectoria a un objeto.
Lo notable no es solo el ataque: es la respuesta de Gloria. Ella no responde con insultos ni con victimismo; responde con ironía, argumentos y propuestas. Responde desde la dignidad intelectual. Esa forma de devolver la discusión al plano de las ideas es, en sí misma, una defensa de la libertad: no ceder el debate a la grosería ni a la trivialización.
Si bien, este fenómeno no se queda en los espacios académicos o políticos; llega con igual fuerza al entretenimiento. Mi amiga Sofía Rivera Torres, actriz y conductora, lo vive en carne propia. Después de convertirse en madre, ha recibido comentarios crueles sobre su cuerpo. A diferencia de otros, ella ha elegido no polemizar públicamente: sigue trabajando, saliendo en cámara y ejerciendo su oficio con profesionalismo. La admiro mucho por eso. Me duele la crueldad: ninguna mujer debería ser agredida por haber dado vida, ni por el proceso natural de su cuerpo.
Un ejemplo más: Maite Perroni, actriz y cantante mexicana, conocida internacionalmente por su participación en RBD, ha denunciado la presión estética que enfrentan las mujeres tras la maternidad. Su caso lo confirma: la exposición y la agresión no distinguen popularidad ni éxito.
Y esto no son anécdotas sueltas. Los datos muestran que la violencia digital y el acoso por apariencia son fenómenos generalizados y con consecuencias reales. En México, el Módulo sobre Ciberacoso (MOCIBA) reportó que 21% de la población usuaria de internet vivió alguna forma de ciberacoso en 2024; la desagregación por sexo mostró que 22.2% de las mujeres que usan internet reportaron haber sido víctimas frente a 19.6% de los hombres.
En el terreno académico, estudios recientes han documentado el impacto específico del ciberacoso relacionado con la apariencia (appearance-related cyberbullying) sobre la salud mental de adolescentes y jóvenes: mayor insatisfacción corporal, riesgo de trastornos alimentarios y síntomas ansiosos o depresivos asociados. Un metaanálisis y revisiones sistemáticas conectan la victimización en línea con mayores niveles de depresión, ansiedad y estrés entre víctimas, lo que nos recuerda que la violencia estética no es “solo comentarios” sino un riesgo real para la salud psicológica.
Además, hay evidencia de que el miedo a ser atacadas condiciona la participación pública femenina. Encuestas y análisis recientes muestran que las mujeres se sienten significativamente menos cómodas expresando opiniones políticas u opiniones en línea: en algunos estudios solo alrededor del 24% de las mujeres dijeron sentirse cómodas expresando posturas políticas en redes, frente a casi 40% de los hombres. Ese auto-silenciamiento es un problema democrático: si una parte de la población opta por callar por miedo, el debate público empobrece.
¿Por qué persiste esta violencia estética? Hay varios factores que se combinan: una cultura en la que todavía se sexualiza y vuelve un objeto el cuerpo femenino; el anonimato y la impunidad que ofrecen las plataformas digitales; y la normalización de estándares irreales de belleza impulsados por filtros, algoritmos y economías de la atención. A eso súmale que no solo existen ataques masculinos: muchas agresiones provienen de cuentas femeninas y de redes de acoso que reproducen los mismos estereotipos desde adentro. Esto vuelve el fenómeno más complejo y culturalmente enraizado.
El costo es alto: además de los efectos en salud mental, la violencia estética tiene consecuencias en la participación pública de las mujeres en su carrera, en su posibilidad de ser escuchadas, en la calidad del debate público y en la autoestima colectiva de generaciones que están creciendo creyendo que lo digital es la realidad. Si las jóvenes interiorizan que su valor es la apariencia y no la capacidad de pensar, persuadir o crear, estamos perdiendo capital humano y libertad.
Entonces, ¿Qué hacer? No busco aquí soluciones simplistas, pero sí urgentes:
Promover educación digital y afectiva que enseñe a distinguir crítica útil de humillación;
Responsabilizar a plataformas y a agentes públicos para reducir la impunidad (medidas de moderación y denuncia que funcionen);
Fomentar normas profesionales y periodísticas que no reduzcan a una persona a su cuerpo;
Crear redes de apoyo y protocolos para víctimas que atiendan salud mental y protección digital;
Y, desde la cultura, cambiar el estatus de la burla estética: que insultar por apariencia deje de ser “normal” .
Mujeres como Gloria, Sofía y Maite muestran distintos modos de resistir: responder con argumentos, mantener la rutina profesional o alzar la voz por la dignidad. Ninguna de estas respuestas es perfecta ni única; todas son válidas. Lo que sí es innegable es que la libertad esa que Gloria defiende con pasión no se limita a espacios institucionales: se juega también en el terreno de lo cotidiano, en la batalla por poder existir sin que el cuerpo sea la sentencia.
No se trata de victimizarnos ni de convertir el debate en una guerra de géneros. Se trata de reconocer una realidad: la normalización del escarnio estético constriñe voces, daña personas y empobrece la conversación pública. Recuperar espacio para la discusión de ideas implica, necesariamente, recuperar la posibilidad de que las mujeres opinen, piensen y existan sin tener que pagar con su dignidad.
Cuando la sociedad deje de medir cuerpos y empiece a medir ideas, habremos ganado un pedazo de libertad.
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(Nota: las ideas expresadas son netamente del autor y no necesariamente representa la posición de ContraPoder 3.0)
Roymer A. Rivas B., un simple estudiante comprometido con la verdad, lo demás no importa.
“(…) En este marco es que se erige el iusreologismo, como un sistema de pensamiento relativo a la naturaleza de esa cosa que llamamos “Derecho”, y que en última instancia es una teoría crítica y dinámica del Derecho que, groso modo, postula que la realidad jurídica (…) es la integración evolutiva constante de tres dimensiones fundamentales: lo fáctico, (…) lo axiológico (…) y lo normativo. Además, el rasgo distintivo que se concibe es la Historicidad (…) como el marco estructural —u horizonte de sentido— que envuelve y media la convergencia dialéctica de las tres dimensiones.”
Roymer A. Rivas B.
En el presente texto pretendo dilucidar los errores y/o los límites de una de las creencias que prácticamente sostiene toda la estructura filosófica de lo que hoy es el libertarismo, en sus diferentes vertientes —se entiende que hay matices allí, pero a efectos prácticos se tomaran todos los diversos matices que separan entre sí a quienes se identifican en mayor o menor medida con la corriente libertaria y se tratarán como si fueran una misma cosa o línea de pensamiento—. El punto central a tratar es el iusnaturalismo, que supone la existencia de derechos trascendentes y anteriores a los que emite algún órgano director —Estado—. En adición, dado que la crítica común de mis queridos detractores liberales dogmáticos es la de señalarme una supuesta adherencia al iuspositivismo, entendido como el rechazo al vinculo que existe entra la moral y la norma, siendo ésta normalmente la que emite un poder centralizado para enmarcar la conducta humana en la cosmovisión de quienes emiten dichas leyes, independientemente de si son reprochables o no, me veo en la necesidad de ir contra dicha concepción, también.
Si bien, aclaro que esto es un manifiesto, por lo que no pretende ser un texto exhaustivo o riguroso. Entiendo perfectamente que el tema amerita dicha rigurosidad, pero eso requiere una extensión innecesaria para el fin que me propongo ahora, contando, además, de que el tema es apenas un inciso —profundo y extenso— en toda la estructura de lo que nosotros llamamos Creativismo Filosófico —destacando Ilxon Rojas, más que yo, al momento de tratar éstos temas en concreto—. Trabajamos en ello, y con el tiempo van a ir saliendo textos —han salido algunos, de hecho, aunque no de forma sistemática ni estructurada, y éste texto puede contar como uno más de ese conjunto—. Ergo, me reservaré citas —que comúnmente abundan en mis ensayos—. Pero, ¿Cuál es el fin? Pues, uno muy simple: cambiar las reglas del juego cuando se debaten temas de libertad, optimizando su defensa y, con ello, blindando de críticas que comúnmente —y correctamente, en buena medida— se le hacen cuando toca hablar de temas del Derecho, con D mayúscula, es decir, de Filosofía del Derecho, que es la base de comprensión de esas pautas que terminan por enmarcar la conducta humana. Siendo más específico, dejar sin argumentos a quienes pretenden encasillarme en doctrinas que mutilan la realidad, de las la gran mayoría, por no decir todos, son seguidores, para obligarlos a tratar las premisas con las que defiendo mi postura con razonamientos adecuados.
¿Significa lo anterior que yo no estoy equivocado? En lo absoluto. Puedo estarlo. Pero, en definitiva, los argumentos con los que pretender demostrar que lo estoy son absurdos que sólo reafirman mi posición. No somos nosotros los que tienen que demostrar que ustedes yerran, porque para eso no se necesita mucho rigor, más bien son ustedes los que han de demostrar que todo el entramado filosófico que groso modo trataré aquí está equivocado. Con total respeto, aunque esto constituye una declaración de guerra filosófica, yo los desafío a ello.
El iusnaturalismo y los liberales
Difícilmente encuentre un liberal que no fundamente su defensa de la libertad en los —supuestos— “derechos naturales”. La tradición desde Platón y Aristóteles, pasando por Tomás de Aquino, la escuela de Salamanca, la ilustración, la modernidad, y llegando hasta Juan Ramón Rallo, con sus diferentes matices, es que existen derechos inherentes en el ser humano, llegando algunos incluso a afirmar que hacen ser al humano lo que es: es decir, que el humano es humano en tanto y en cuanto tiene derechos intrínsecos. Esto se traduce en una mezcla entre el concepto de Derecho con la misma naturaleza humana.
Un inciso importante que se debe hacer es que, si bien es cierto que en el pasado se concebían los derechos naturales como unos concebidos por alguna divinidad, desde la llegada de Rothbard y su ética para la libertad, yendo en paralelo con Rand y su moral objetiva, y encontrando su más fuerte defensa en la ética de la argumentación de Hoppe, muchos han dado un giro para defender los derechos naturales como unos aprehendidos de alguna manera por la razón. Todo ello en contraposición del iuspositivismo, que es el enemigo natural de los liberales, en cuanto tienden a defender las normas del poder centralizado, y el liberalismo se opone a dicho poder[1].
En otras palabras, los liberales se apegan a una tradición que sostiene que las leyes no son creadas por ningún gobierno o autoridad, sino que derivan de la misma naturaleza humana y la razón, siendo, a priori: (i) universales, porque pertenecen a todos los seres humanos en todo tiempo y lugar; (ii) inalienables, porque no pueden ser transferidos, vendidos[2] o arrebatados legítimamente; y (iii) anteriores y superiores al derecho positivo. ¿Cuáles son éstos derechos? El derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad —o a la vida, libertad y felicidad, dependiendo de a quien le pregunte, porque la propiedad tiende a verse como algo indisociable de la libertad, o incluso lo que hace posible todas las demás… tome el que más le guste, me es indiferente, porque todos están equivocados—.
Naturalmente, todo ello funge como un presupuesto filosófico para la doctrina del Estado limitado y la soberanía del individuo —e incluso otra aberración más como el constitucionalismo liberal, que de liberal tiene lo que yo tengo de astronauta, independientemente de su origen—. La existencia de derechos inalienables significa que el poder del Estado[3] no es absoluto y que éste sólo debe estar sometido a la defensa de los mismos, dando cuentas, además, a los individuos, a quienes no debe violentar su esfera privada. Si algún Estado incumple su misión fundamental de proteger los derechos naturales, o peor aún, los viola —que, a juicio de los anarquistas, es siempre—, los ciudadanos tienen derecho a desobedecer y, en última instancia, derrocarlos.
El iuspositivismo y los liberales
Partiendo de esta concepción, se entiende que los enemigos naturales sean los iuspositivistas, dado que defienden un sistema de normas jurídicas escritas y promulgadas que han sido —a su juicio— cálidamente creadas por una autoridad competente —parlamento, monarca, cuerpo judicial— dentro de una comunidad política —principalmente el Estado—. A diferencia del derecho natural, que se enfoca en leyes universales, el derecho positivo pretende ser: (i) fáctico y vigente, porque existe y tiene validez aquí y ahora, independientemente de si es considerado moralmente justo o injusto; e (ii) histórico y variable, porque su contenido cambia según el lugar, la época y las decisiones de la autoridad creadora. Si bien, señalo que “pretende serlo” porque, en realidad, con todos sus procedimientos formales —establecidos por el propio sistema— termina por cargarse con toda la historicidad y los hechos, bien entendidos, que hacen ser al Derecho lo que es.
Hacia un concepto de Derecho con sentido: tridimensionalismo jurídico crítico
No obstante, ambas tradiciones yerran al momento de abordar esa realidad que llamamos Derecho, por cuanto la reducen a los respectivos elementos que cada uno pretende analizar y vender como si fuera el absoluto del Derecho. A la luz de estos errores, llega el tridimensionalismo jurídico crítico —que no es, valga la redundancia, el tridimensionalismo jurídico tradicional sostenido en Miguel Reale y Carlos Fernandez Sessarego, un poco más en el primero que en el segundo, aunque ambos, evidentemente, son influencias directas—. Si bien, a mi me gusta más llamarlo: Derecho reológico[4], por lo cual sería un iusreologismo —o Realismo Jurídico Reológico[5]—.
Básicamente, lo que llegamos a decir es que el Derecho tiene tres dimensiones: lo factico —hechos, y que, en el caso de Sessarego, habla de “Vida”—, lo axiológico —valores—, y lo normativo —ley formal, lógica, racionalizada, expresado en lenguaje y plasmado en códigos—. En este sentido, se rescata el tridimensionalismo jurídico tradicional, pero nos distanciamos de ello por cuanto, unos u otros, priman la norma o la vida por sobre las demás dimensiones —como si acaso pudiesen desvincularse la una de la otra, o estructurarse jerárquicamente—, o incluso parten de un concepto de la naturaleza humana y la libertad bastante viciada. No conforme con estas distancias, a estás tres dimensiones en conjunto se les enmarca en la historicidad —evolución en el tiempo de la institución—, que es donde surgen los horizontes de sentido del Derecho —y, por consiguiente, de la comprensión humana sobre el tema—.
¿De qué trata cada dimensión y su respectivo marco? El hecho refiere a que el Derecho es un fenómeno histótico-cultural que ocurre en un tiempo y lugar determinado, es decir, se despliega en la interacción de la comunidad; el valor trata de los significados de las estimaciones que hacen los miembros de la comunidad a los hechos concretos en donde se desenvuelven —su entorno, interno y externo—, y tiene que ver con la moral; y lo normativo alude a la formalización de las leyes que surjan de lo anterior y que muchas veces es necesario expresar con palabras para tratar temas concretos —y es lo que da paso a la coacción legítima—. La historicidad media cada una de las dimensiones porque, a priori, sólo la interacción humana en el tiempo es lo que hace converger las dimensiones y las introduce en el campo del sentido para el ser humano, aprehendiéndolas por ensayo y error, moldeando su conducta. Es una dinámica evolutiva donde lo fáctivo se consolida y presiona para convertirse en norma —no siempre consiguiéndolo, y tampoco es necesario que siempre lo consiga—, lo axiológico inspira y orienta la creación de la norma, y ésta llega para probar en la realidad si es eficiente y/o justa para solucionar problemas concretos que surjan en la convivencia, con el objeto de mantener la confianza en las interacciones humanas.
Los errores del iusnaturalismo y el iuspositivismo
La constatación, aplicación, observancia y efectividad real del Derecho sólo llega en la conjunción de sus tres dimensiones. El iusnaturalismo falla al sobrevalorar la dimensión axiológica a expensas de las dimensiones fácticas y normativas, las cuales subordina a la primera. Por si fuera poco, siquiera parte de una comprensión cabal de los valores, porque para ellos es algo estático, aprehensible por la razón, y no algo dinámico que se debe a la misma naturaleza de las relaciones humanas, donde prima la relatividad de los valores —no en el sentido de escepticismo extremo, sino uno contextual y evolutivo que está mediado siempre por la intersubjetividad, que es, de facto, la característica prima facie de la dimensión axiológica—. Claro, esto la sumerge en dificultades para traducir de forma unívoca tales derechos en normas, porque desprecia la certeza jurídica en absoluto —ni el mismo Hayek, siendo, a mi juicio, el pensador más grande de la Escuela Austriaca hasta el momento, estaba de acuerdo con ello—. Adicionalmente, ignora que el Derecho tiene vigencia y efectividad en el mundo real —no metafísicas absurdas, sino una responsable científicamente— para ser considerado como tal: Derecho.
Asimismo, el iuspositivismo falla al relegar la dimensión fáctica al campo de la política, enfocándose sólo en la validez formal —norma—, sin reparar, aunque diga hacerlo, en los hechos que hacen posible y empujan a la creación de la norma, sostenida en la acción humana, mediada siempre por valores. Aunque se pueden rescatar ciertas cosas puntuales del iuspositivismo, en lo que compete a la norma, cometen el error garrafal de reducirlo a ello.
El iusreologismo: el sistema de pensamiento relativo a la naturaleza de la cosa Derecho
En este marco es que se erige el iusreologismo, como un sistema de pensamiento relativo a la naturaleza de esa cosa que llamamos “Derecho”, y que en última instancia es una teoría crítica y dinámica del Derecho que, groso modo, postula que la realidad jurídica no puede ser reducida a una única dimensión —ni axiológica, ni normativa—, sino que es la integración evolutiva constante de tres dimensiones fundamentales: lo fáctico —el hecho histórico-cultural y la interacción comunitaria—, lo axiológico —los valores y las estimaciones morales relativas y dinámicas de la comunidad— y lo normativo —la ley formal, lógica, racionalizada y codificada—. Además, el rasgo distintivo que se concibe es la Historicidad —evolución en el tiempo de la institución, el ensayo y error— no como una dimensión adicional, sino como el marco estructural —u horizonte de sentido— que envuelve y media la convergencia dialéctica de las tres dimensiones. Esto es: el proceso de tensión, conflicto y superación constante en la interacción de lo fáctico, lo axiológico y lo normativo hace ser, y al mismo tiempo impulsa su evolución, a un sistema con identidad propia que llamamos “Derecho” —las tres dimensiones y su marco no son una suma o yuxtaposición de partes, sino un todo—. En este marco, el Derecho se entiende como un sistema en flujo permanente cuya finalidad es moldear la conducta humana y mantener la confianza en las interacciones mediante un proceso de prueba y ajuste.
Un verdadero estudio del Derecho debe partir de la integración evolutiva de la norma, el hecho y el valor a lo largo del tiempo, porque el Derecho no es una realidad unidimensional, como lo pintan desde el iusnaturalismo y el iuspositivismo, sino que es multidimensional. Y sólo comprendiendo bien la naturaleza humana —sistema humano— y la naturaleza de la sociedad —sistema sociedad— es que se pueden abarcar estos temas cabalmente —o al menos hasta el cenit de lo que nos permite el conocimiento hoy—.
¿Quieren textos para, en mayor o menor medida, comprender el asunto? Por ahora, hasta que se publiquen los tratados del Creativismo Filosófico, en sus diferentes vertientes, pueden aproximarse leyendo lo siguiente:
Lean sobre el tridimensionalismo jurídico: Carlos Reale y Carlos Fernández Sessarego —o sus estudiosos, pero ellos son la base—.
Lean la teoría egológica del Derecho: Carlos Cossio, en donde se presenta el Derecho como “conducta en interferencia intersubjetiva”, siendo, no la norma, sino la conducta humana el objeto de estudio del derecho —algo que comparte con el tridimensionalismo jurídico tradicional, al menos por el lado de Sessarego—.
Lean a los libertarios Bruce Benson —justicia sin estado— y Bruno Leoni.
Lean a Hayek, los procesos espontáneos y su obra magna sobre el asunto aplicado al Derecho: Legislación y libertad. Y léanla bien —estúdienla—.
Lean a César Martínez Meseguer y la teoría evolutiva de las instituciones sociales, que trasciende a Hayek sobre el tema, especialmente el método de estudio para abordar el estudio de las instituciones a lo largo del tiempo.
Conversen con Ilxon Rojas, o, en su defecto, conmigo.
Pero, sobre todo, pongan en tela de juicio sus dogmas. La ciencia y la defensa de la libertad nunca han avanzado con dogmas, más bien todo lo contrario. Y hoy el liberal, lamentablemente, se ha quedado rezagado con teorías de los siglos XVIII, XIX y XX que, aunque fueron funcionales en el momento, y se avanzó con el conocimiento que se tenía, en definitiva, no sirven para abordar los asuntos que competen a la libertad con rigurosidad. Empero, se necesita humildad intelectual para hacer todo ello.
[1] Un simple inciso que no compete al tema: aquí hablamos de poder político concentrado, pero también cabe el económico.
[2] Yo quisiera ver cómo van a evitar esos liberales que yo me entregue a la esclavitud de forma voluntaria, sin apelar a la coacción y sin intentar minusválidar mi voluntad. Allí se les acaba todo el discurso moralista entorno a la voluntad y la libertad.
[4] Apelando a la terminología de la herramienta “Reología filosófica” que desarrolla el grupo de “Filosofía fundamental”, encabezado por el profesor Sierra-Lechuga. Si bien, que lo tengamos de referencia no significa que adhiramos a absolutamente todos sus postulados.
[5] Que no es el Realismo jurídico norteamericano.
Por Pedro González —Handinator— (X: @tepinunpasen).
La discusión sobre una posible intervención estadounidense en Venezuela no es un tema menor. Para algunos, representa una amenaza a la soberanía; para otros, la única salida frente a un régimen que ha convertido al país más sensual y vibrante de Suramérica en un páramo de miseria, corrupción y exilio. Yo, grotescamente, me ubico en el segundo grupo: apoyo la invasión si no se logran negociaciones reales para la salida de quienes hundieron a Venezuela en el abismo.
La tiranía y sus desgracias
La historia reciente está marcada por nombres que simbolizan la degradación del Estado. Walid Makled, el “héroe de la patria” y jefe de inteligencia Hugo “El Pollo” Carvajal —hoy enjuiciado en EE. UU. por narcotráfico—, y el caso de corrupción de Tareck El Aissami, que supera los USD$ 3.200 millones. Hasta hace apenas cuatro años era presentado como ejemplo de la “revolución” —o mejor dicho, la robolución—, ocupando todos los puestos de poder hasta llegar a la vicepresidencia.
Y por si fuera poco, el presidente de Energía y Minas y de Petróleo durante casi todo el mandato de Chávez, otro símbolo de cómo se saqueó la riqueza nacional. Nunca se dieron cuenta… o más bien se hicieron los pendejos. Y ahora, cuando el sistema ya no les funciona, resulta que “vamos con todo”.
Miseria maquillada de revolución
Estos personajes no solo robaron, también dejaron en pañales a los viejos partidos AD y Copei, que parecían insuperables en su corrupción. Provocaron el mayor exilio de compatriotas en la historia, y hoy, mientras piden clemencia, se olvidan de cómo violaron derechos humanos, de cómo respondieron con misiles a opositores que pedían rendirse y entregarse a la justicia.
Quien no conozca la historia de Venezuela podría pensar, como dice Alfredo Jalife, que el país nació “cinco minutos para las doce”. Pero la verdad es que arrastra décadas de jóvenes masacrados, torturados, y una población sometida a la violación sistemática de sus derechos.
Más pendejo, imposible
Y aquí viene lo grotesco: los robolucionarios y su cuerda de borregos, incapaces de dar una explicación coherente a tanta miseria, repiten como bobos drogados que todo es culpa del “bloqueo” y de las sanciones. Más pendejo, imposible.
Porque sin temor a equivocarme, Chevron y varias empresas europeas siguen comprando y explotando recursos petroleros. ¿Cuál bloqueo? ¿Acaso no tienen a China, la fábrica del mundo, como socio? ¿Y qué pasa con los rusos y los iraníes? ¿O es que el negocio consiste únicamente en pagar por armamento obsoleto adquirido en la gestión del galáctico Chávez?
Por favor, amigos del madurismo, llamemos las cosas por su nombre: eso se traduce en dos categorías, enchufado privilegiado o borrego ignorante. Y claro, con una alta interconexión de neuronas atrofiadas por la mala alimentación: poca proteína, casi ninguna carne, y toneladas de carbohidratos refinados importados con sobreprecios y comisiones de la claptocracia. Dinero que jamás se invierte en desarrollar la agricultura o la ganadería nacional, porque la corrupción es más rentable que producir.
La ignorancia como arma
En este contexto, me declaro traidor. Traidor para una parranda de ignorantes que no tienen ni idea de historia, estadísticas o geopolítica, y que repiten como zombis lo que sus amos cubanos, rusos e iraníes les dictan. Se llenan la boca hablando de independencia y libertad, cuando en realidad son esclavos de un juego perverso que mantiene al 85% de los venezolanos en pobreza, mientras apenas un 15% puede comprar las tres comidas diarias.
Más tonto no se puede ser: seguir celebrando esta fiesta macabra sin ver la crudeza del conflicto, sin entender que la verdadera decisión es elegir qué collar ponerse. El del amo americano, o el del amo ruso-cubano-iraní.
Mi elección
Yo ya decidí. Prefiero el collar con el símbolo del águila y los dólares, antes que seguir encadenado a quienes convirtieron a Venezuela en un país de exiliados, corruptos y verdugos. Porque la libertad, aunque imperfecta, siempre será mejor que la miseria maquillada de revolución.
Queridos compañeros y compañeras despedidos en 2002-2003:
Después de 22 años de lucha, por primera vez existe un mecanismo legal, rápido y seguro para que cada uno de nosotros reciba una compensación justa: el Fondo Fiduciario Petrolero (en inglés, “Qualified Settlement Fund” o QSF).
¿Qué es el Fondo Fiduciario Petrolero y cómo funciona?
Es un fideicomiso creado por orden directa de un juez federal de Estados Unidos y funciona como una cuenta bancaria blindada y exenta de impuestos que se alimenta con un porcentaje (entre 3% y 5%) del dinero que se obtenga por la venta de CITGO/PDV Holding.
En cuanto el juez firme la orden, pasará lo siguiente:
El dinero entra al Fondo automáticamente al cierre de la venta.
Un administrador neutral —independiente del gobierno venezolano y de los acreedores— se encarga de repartir.
Los pagos comienzan en meses, no en años.
¿Quiénes pueden cobrar?
Cualquier persona despedida injustamente entre diciembre 2002 y abril 2003, o sus herederos directos, sin importar dónde viva hoy:
Venezuela.
Colombia.
España.
Estados Unidos.
Panamá
Cualquier parte del mundo.
Sólo necesitas:
Copia de tu cédula o pasaporte.
Constancia de despido —carta de despido, lista Tascón, nómina vieja, o declaración jurada con dos testigos—.
Formulario sencillo que se llenará en línea o por correo.
Lo mejor es que ¡No necesitas abogado caro ni viajar a EE. UU.!
¿Cuánto dinero recibiría cada uno?
Hemos sometido a la consideración de las Cortes USD$ 3.5 millones por víctima, pagados en cómodas cuotas durante varios años.
¿Por qué es realista esa cifra?
La venta de CITGO moverá entre USD$ 7.000 y 8.000 millones.
Si el juez reserva solo el 5% —USD$ 365 millones— para el Fondo, y lo repartimos entre 23.000 personas, el promedio supera los 15 millones de bolívares por víctima al cambio actual.
Con intereses, reinversiones y posibles aumentos en el valor final de la venta, llegar a los 3.5 millones de dólares por persona en cuotas es totalmente alcanzable y está respaldado por precedentes.
Precedentes que ya funcionaron:
Deepwater Horizon —derrame del Golfo de México—: fondo de 20,000 millones de dólares, pagos en menos de 6 meses.
9/11: Donde se siguen pagando víctimas inclusive de enfermedades relacionadas con el ataque.
Otros casos de masas de víctimas —incendios en California, accidentes aéreos— usan exactamente este mismo mecanismo.
¿Cómo llega el dinero a tus manos?
Transferencia bancaria directa a tu cuenta en dólares.
Cheques enviados por correo certificado.
Oficinas de cobro en Colombia, España y EE. UU. para quien no tenga cuenta bancaria.
Todo sin impuestos en la mayoría de los países gracias a los tratados.
Un mensaje final Nuestro:
“Durante 22 años nos han negado todo.
Hoy tenemos en nuestras manos la herramienta legal para que cada despedido y cada familia reciba lo que le corresponde.
El Fondo Fiduciario Petrolero no es una promesa política: es una orden judicial que nadie podrá detener.
Pronto llegará el día en que abran su cuenta y vean el primer depósito.
Paola B. Condori Fernández, estudiante de Economía y Derecho, analista e investigadora económica en el Centro de Estudios POPULI y líder del capítulo de LOLA Santa Cruz – Bolivia. Su enfoque académico y de análisis económico aporta una perspectiva joven, crítica y rigurosa en temas regionales y socioeconómicos.
“(…) los países que garantizan mayores niveles de libertad económica —esto es: un Estado limitado, instituciones sólidas y mercados competitivos— son los que han alcanzado los mayores avances en bienestar e inclusión femenina.”
Paola B. Condori Fernández
La búsqueda de la igualdad de género ha sido uno de los ejes más persistentes en la agenda global de desarrollo. Sin embargo, gran parte de las políticas implementadas en las últimas décadas se han centrado en la igualdad de resultados, priorizando cuotas, subsidios o mandatos regulatorios que, aunque bienintencionados, con frecuencia generan distorsiones económicas y reducen los incentivos al mérito.
Frente a este paradigma intervencionista, la evidencia empírica sugiere un patrón distinto: los países que garantizan mayores niveles de libertad económica —esto es: un Estado limitado, instituciones sólidas y mercados competitivos— son los que han alcanzado los mayores avances en bienestar e inclusión femenina.
El Fraser Institute, a través del informe Women, Economic Freedom and Prosperity around the World 2025, dirigido por Rosemarie Fike, demuestra que la libertad económica y la igualdad de género evolucionan conjuntamente. Las mujeres prosperan cuando el entorno institucional les permite acceder libremente a la propiedad, el crédito y el empleo, sin barreras legales ni discriminación institucional. Más adelante se analiza las variables utilizadas en este estudio con los actuales datos del índice de Libertad Económica 2025.
Índice de Disparidad de Género e Índice de Libertad Económica
El Índice de Disparidad de Género (GDI), elaborado por Fike (2025), evalúa si las mujeres pueden ejercer los mismos derechos que los hombres en 17 áreas, que van desde la libertad de movimiento hasta la propiedad privada. En 2022, 69 países lograron un puntaje perfecto de 1, lo que significa que hombres y mujeres gozan de plena igualdad legal en materia económica. En el extremo opuesto, 35 países, principalmente en Medio Oriente y África subsahariana, aún mantienen severas restricciones legales, como la obligación de autorización masculina para abrir cuentas bancarias o poseer propiedades —en Sudán, por ejemplo, el GDI apenas alcanza 0,35—.
La tendencia global, no obstante, es positiva. Entre 1970 y 2022, el promedio mundial del GDI ha aumentado de 0,68 a 0,87, lo que implica un avance sostenido hacia la igualdad jurídica. Este progreso se ha visto acompañado por un fuerte vínculo con la Libertad Económica, porque los países con un mayor índice de libertad presentan mayores ingresos, esperanza de vida más larga, menor mortalidad materna y una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral.
Según Fike y Hall (2024), la libertad económica genera condiciones para la inclusión femenina mediante tres canales:
Incentivos de mercado, que penalizan la discriminación y premian la productividad.
Seguridad jurídica, que permite a las mujeres acumular capital y participar formalmente en la economía.
Acceso a mercados abiertos, que amplía las oportunidades laborales y empresariales.
Esperanza de vida al nacer
La esperanza de vida femenina constituye un indicador sintético del bienestar económico y social. En los países más libres, las mujeres viven en promedio 82,6 años, mientras que en los menos libres apenas 69,5 años, según datos del Banco Mundial. Esta diferencia de 13 años refleja los beneficios indirectos de las instituciones de mercado: mayores ingresos per cápita, mejor acceso a servicios de salud y menor mortalidad materna.
Independencia Financiera
La autonomía financiera —medida por la proporción de mujeres con cuentas bancarias o acceso a medios de pago— es uno de los indicadores clave de libertad económica individual. Según datos del Fraser Institute y del Banco Mundial:
En las economías más libres, el 97,3% de las mujeres posee una cuenta bancaria.
En las menos libres, solo el 40% tiene acceso a servicios financieros básicos.
La brecha de casi 60 puntos porcentuales refleja el rol central del acceso al sistema financiero y del respeto a la propiedad privada, porque, sin capacidad para administrar sus propios recursos, la independencia económica femenina queda fuertemente limitada.
Como señalan Lawson, Miozzi y Tuszynski (2024), “los derechos de propiedad y el acceso al sistema financiero son prerrequisitos para la emancipación económica y la reducción de la desigualdad de género”.
Fuerza Laboral
En las economías menos libres, solo 40–45% de las mujeres en edad de trabajar participa en el mercado laboral. En las más libres, esta cifra aumenta a 75–80%, y la brecha con los hombres se reduce de 22,9% a 11,7% (Fike & Hall, 2024).
La calidad del empleo también mejora en entornos más libres:
76% de las trabajadoras tiene educación postsecundaria —frente al 61% en economías restrictivas—.
Los ingresos nacionales brutos per cápita de las mujeres son 7,3 veces mayores en el cuartil superior de libertad económica.
Esto muestra que la libertad institucional no solo aumenta la participación laboral femenina, sino que mejora la calidad del empleo, permitiendo que las mujeres compitan en sectores formales, innovadores y de mayor productividad.
El caso de Bolivia
En el Economic Freedom of the World Report 2025, Bolivia se ubica en el puesto 116 de 165, con un puntaje de 6,05/10, un retroceso respecto al año anterior (6,13), colocando al país en el tercer cuartil, junto a economías caracterizadas por altos niveles de intervención estatal y debilidad institucional. De este modo, aunque el marco jurídico boliviano reconoce la igualdad formal entre hombres y mujeres, su aplicación práctica enfrenta importantes limitaciones, creando en buena medida un escenario de inseguridad jurídica, informalidad e inestabilidad normativa que restringen la libertad económica general y, en consecuencia, la autonomía femenina.
Algunos indicadores ilustran esta situación:
Esperanza de vida femenina: 71 años, muy por debajo del promedio del cuartil superior (82,6).
Acceso financiero: solo 53,4% de las mujeres posee una cuenta bancaria, 30% menos que en las economías más libres.
Fuerza laboral: alrededor del 80% participa en actividades económicas, pero el 85% lo hace en el sector informal, sin seguridad social ni estabilidad.
Conclusiones
Muchos países aún confunden igualdad legal con igualdad impuesta. Pretenden alcanzar la paridad mediante cuotas, subsidios o intervenciones que, en la práctica, distorsionan los incentivos económicos. Pero los datos muestran que los entornos más libres son los que generan la igualdad más genuina: aquella que surge del mérito y la libre elección.
Por ejemplo, Europa y Asia Central alcanzaron un GDI promedio de 0,94, mientras que América Latina y el Caribe llegan a 0,92. En contraste, la región de Medio Oriente y Norte de África (MENA) permanece rezagada con un 0,61, reflejando estructuras jurídicas que aún subordinan la libertad femenina a normas patriarcales. En definitiva, los datos del Fraser Institute ratifican lo que la teoría económica ya intuía: cuanta más libertad económica tiene una sociedad, más libres y prósperos son los individuos.
Bibliografía
Fike, R. (2024). Economic Freedom and Gender Norms. Fraser Institute.
Fike, R., & Hall, J. (2024). Economic Freedom vs. Gender Equality Mandates. Fraser Institute.
Fraser Institute. (2025). Women, Economic Freedom and Prosperity around the World 2025.
Gwartney, J., Lawson, R., Mitchell, M., Feldmann, H., & Murphy, R. (2025). Economic Freedom of the World: Annual Report 2025. Fraser Institute.
Lawson, R., Miozzi, V., & Tuszynski, M. (2024). Economic Freedom and Growth, Income, Investment, and Inequality: A Quantitative Summary of the Literature. Southern Economic Journal.
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(Nota: las ideas expresadas son netamente del autor y no necesariamente representa la posición de ContraPoder 3.0)
Oriana Aranguren estudia Ciencias Fiscales, mención Aduanas y Comercio Exterior, y es cofundadora del capítulo Ladies of liberty Alliance (LOLA) Caracas, desde donde se promueve el liderazgo femenino en el movimiento libertario. También, es Coordinadora Nacional de EsLibertad Venezuela.
“(…) la humanidad progresa más cuando tiende la mano que cuando aprieta el puño. La economía de la paz nos dice que el vecino próspero no es una amenaza, sino una oportunidad. Aceptar esa realidad podría ser la clave para un futuro más seguro, justo y verdaderamente libre de la amenaza de la guerra.”
Oriana Aranguren
En el capítulo 3 de la obra “Paz, amor y libertad”[1], titulado: “La economía de la paz: por qué tener vecinos más ricos es una muy buena noticia”, el economista Emmanuel Martin presenta una reflexión potente sobre la relación entre la prosperidad económica y la paz, cuestionando la noción intuitiva —pero errónea— de que en la sociedad los ganadores solo pueden existir a costa de perdedores.
¿Es inevitable el conflicto en un mundo de recursos limitados? ¿O puede la cooperación económica convertir la aparente suma cero en un juego de suma positiva para todos? Este ensayo analiza las ideas clave del capítulo —apoyado en las palabras del propio autor— y desarrolla nuevas perspectivas desde enfoques económicos, filosóficos, históricos y éticos. Veremos cómo la interdependencia económica puede fungir como fundamento de la paz, sin dejar de considerar matices contemporáneos y dilemas que surgen en el complejo escenario internacional actual.
Ganancia mutua vs el mito de la suma cero
Una de las premisas centrales que Emmanuel Martin desmonta es la creencia de que la riqueza de unos proviene necesariamente de la pobreza de otros. Según esta visión simplista —heredera del pensamiento mercantilista clásico— la economía sería un pastel de tamaño fijo donde, si alguien toma una porción mayor, los demás recibirán menos. En este sentido, describe cómo muchas personas aún creen que por cada beneficio hay una pérdida equivalente para otro, lo que implicaría que el progreso de unos implica forzosamente el empobrecimiento de otros[2]. No obstante, con una lógica aplastante, destaca que, si este fuera el caso, el conflicto sería un destino ineludible. En sus palabras: “Si ese fuera el único modelo posible de prosperidad, el conflicto social sería omnipresente, y la guerra sería inevitable”[3], porque, en un mundo así, la desconfianza y la rivalidad estarían justificadas; la prosperidad ajena sería vista con recelo, incluso con hostilidad, pues se asumiría que cada ganador conlleva un perdedor.
Afortunadamente la realidad económica desmiente esa fatalidad. Existen formas de prosperidad que no implican la pérdida de otros, y ello queda demostrado con la experiencia histórica, donde se observa un “ganar-ganar” en diversos ámbitos: la riqueza global se ha multiplicado y, aunque —señala el autor— persisten desigualdades[4], más personas que nunca viven mejor que sus antepasados[5]. Esto muestra que muchos han podido prosperar simultáneamente, sin condenar a otros a la miseria. De hecho, el progreso tecnológico y el aumento de la productividad han hecho posible romper el techo de la escasez, porque hoy la humanidad en su conjunto produce mucho más de lo que jamás produjo, permitiendo elevar el nivel de vida medio en casi todas las regiones del mundo. Entonces, lejos de ser un juego de suma cero, la economía moderna puede ser un juego de suma positiva donde todos ganan[6].
Este reconocimiento económico tiene un correlato ético importante, a saber: elimina la presunción de que la única manera de enriquecerse es explotando o despojando al prójimo. Si aceptamos que es posible crear riqueza nueva mediante el ingenio, el trabajo y el intercambio libre, entonces la guerra y el saqueo dejan de ser herramientas “necesarias” para prosperar y se revelan como lo que realmente son: tragedias costosas e inmorales[7]. En palabras del economista clásico Jean-Baptiste Say, citado por Martin, “La guerra cuesta a una nación más que lo que efectivamente gasta; le cuesta, además, todo lo que hubiera ganado de no haber habido guerra”[8]. Es decir, el costo de la guerra no se limita al gasto militar, sino que también abarca toda la riqueza que se deja de crear debido al conflicto, por lo cual es en sí misma un juego de suma negativa por excelencia, en el que todos pierden recursos y oportunidades[9].
Producción, intercambio y enriquecimiento recíproco
Para proponer una alternativa al sombrío paradigma de suma cero, Martin rescata la visión de Jean-Baptiste Say sobre la naturaleza productiva y cooperativa del ser humano. En una economía de intercambio, todos somos simultáneamente productores y consumidores[10]. Say definía producir como “otorgar valor a las cosas dándoles utilidad”[11], y subrayaba el papel crucial del emprendimiento en este proceso creador de riqueza[12], ya que cada nuevo producto o mejora en la eficiencia libera recursos y abarata bienes, lo que a su vez incrementa el poder adquisitivo de la sociedad en general[13]. Así, innovación y ahorro van de la mano: producir más con menos costo permite que los recursos ahorrados se destinen a satisfacer otras necesidades, generando un círculo virtuoso de crecimiento[14]. Incluso actos sencillos —como reorganizar un proceso para hacerlo más rápido, o acercar un producto de donde abunda a donde escasea— crean valor para otros y expanden la riqueza total.
Esta lógica conduce a la célebre Ley de los Mercados de Say, que Martin explica como el fundamento teórico del desarrollo económico autosostenido[15]. Simplificando, la idea de Say es que toda producción genera ingresos equivalentes que se pueden gastar en otros productos. Citando a Say, “es la producción la que abre la demanda de productos”, de modo que “los productos se intercambian por productos”[16]. En otras palabras, cada productor, al enriquecer a otros con lo que ofrece, los convierte en potenciales compradores de la producción de los demás, creando así una especie de “efecto bola de nieve”, en el que el crecimiento de un sector o nación se traduce en más demanda para otros sectores o naciones[17]. Martin lo expresa con meridiana claridad: “Me hago más rico proporcionando más utilidad a mi vecino, y mi vecino se hace más rico proporcionándome más utilidad”[18]. Cuando ambos somos más ricos, cada uno puede ahora comprar más del otro, cerrando un círculo virtuoso.
Este juego de suma positiva del intercambio voluntario constituye el núcleo de la “economía de la paz” a la que alude Martin. En contraste con la lógica depredadora, aquí el éxito ajeno es buenas noticias para uno mismo. Como resume el autor: “En los intercambios voluntarios, el hecho de que mis clientes sean más ricos es una buena noticia para mí. Si, por el contrario, se empobrecen, no es una buena noticia en absoluto, sino mala”[19]. Dicho de otro modo, queremos socios prósperos, no socios arruinados. Esta afirmación, que parece casi contradictoria bajo la lente del nacionalismo económico o de la envidia, es en realidad profundamente racional, porque, por ejemplo, un panadero prospera si sus clientes tienen ingresos para comprar pan, o un ingeniero encuentra más proyectos si las empresas de su entorno crecen y requieren sus servicios.
En suma, la prosperidad es contagiosa en una economía interconectada. Ya para 1750 Montesquieu había observado que “el efecto natural del comercio es conducir a la paz”, pues crea incentivos para la cooperación mutua y suaviza las costumbres violentas[20]. En la misma línea, Kant sostenía que “el espíritu de comercio, tarde o temprano, se apodera de todos los pueblos y no puede coexistir con la guerra”[21]. La lógica es sencilla: si el bienestar de otros me beneficia a mí, buscaré mantener con ellos relaciones pacíficas y fructíferas, en lugar de hostiles.
He de destacar —antes de cualquier tipo de acusación de ello— que esto no se trata de un idealismo ingenuo, sino de un realismo bastante claro. La historia económica moderna ofrece múltiples ejemplos de esta interdependencia benéfica. Por ejemplo: tras la Segunda Guerra Mundial, Europa encontró en la integración económica —la Comunidad Europea del Carbón y del Acero primero, y luego la Unión Europea— un antídoto contra la guerra, pues, al entrelazar las economías de Francia, Alemania y otros países previamente rivales, hacer la guerra dejó de ser “rentable”. Y más recientemente se popularizó la “Teoría de los Arcos Dorados” de Thomas Friedman, según la cual ningún país con un McDonald’s entraría en guerra con otro, ya que alcanzar cierto nivel de desarrollo y clase media volvería a la población reticente al conflicto[22]. Si bien es cierto que la invasión rusa de Ucrania en 2022 —ambos países con abundantes cadenas de comida rápida— contradijo esa regla simplista, el mensaje inicial queda claro. Además, el caso de Ucrania y Rusia en sí mismo refuerza la tesis de Martin, puesto que el ataque bélico trajo enormes pérdidas económicas tanto para Rusia como para Ucrania y sus vecinos, demostrando que la guerra destruye riqueza para todos. Basta con preguntar, sugiere Martin, a un suizo de Zúrich o a un sueco de Estocolmo a qué atribuyen la prosperidad de sus sociedades, y probablemente responderán que “no se destruyeron en dos guerras mundiales”[23], porque fue la paz lo que permitió la inversión, la planificación de largo plazo y la colaboración, mientras que la guerra los empuja a la aniquilación. La paz, en suma, “es la primera condición” del mutuo “enriquecimiento económico” entre naciones[24].
La prosperidad del vecino como beneficio propio
Una de las contribuciones más valiosas del texto de Martin es trasladar estas ideas al plano internacional. Si dentro de un país entendemos que la prosperidad de una región beneficia al conjunto, ¿Por qué a menudo no aplicamos la misma lógica entre países? Martin, apoyándose de nuevo en las enseñanzas de Say, rompe la falsa división entre economías “agrícolas”, “manufactureras” o “comerciales” para enfatizar su complementariedad[25], porque el éxito de un sector se traduce en más mercado para los demás. Citando a Say, “la posición de una nación con respecto a sus vecinos es análoga a la relación de una de sus provincias con las restantes; a una parte le conviene que la otra prospere, con la seguridad de que se beneficiará de su opulencia”[26]. En otras palabras, tener vecinos ricos es una excelente noticia, del mismo modo que para una provincia interior lo es tener una ciudad próspera en las cercanías, o para el campo es ventajoso que florezca un mercado urbano que demande sus productos.
Esta perspectiva desmonta prejuicios muy arraigados en la política internacional, en donde, históricamente, las naciones han desconfiado del crecimiento ajeno, temiendo que la riqueza de un vecino se traduzca en poder militar o influencia a su costa. Sin embargo, la economía de la paz sugiere lo contrario: cuanto más integrado está un país en redes de comercio, inversión y producción con sus vecinos, más gana con su prosperidad y más pierde si éstos colapsan. Bien decía, o así se le atribuye, Frédéric Bastiat: “When goods do not cross borders, soldiers Will”, es decir, si las mercancías no cruzan las fronteras, los soldados lo harán[27].
Un ejemplo contemporáneo de ello es la estrecha interdependencia entre las economías de China y Estados Unidos. A pesar de sus rivalidades geopolíticas, ambos países son mercados cruciales el uno para el otro, y millones de empleos y empresas dependen de que el flujo comercial continúe. Cuando en años recientes surgieron confrontaciones comerciales —aranceles y represalias proteccionistas— quedó en evidencia que ambas partes sufrían pérdidas: exportadores agrícolas estadounidenses perdieron mercados, fabricantes chinos enfrentaron caídas de demanda, los consumidores de ambos lados pagaron precios más altos, confirmando así las palabras de Say y Bastiat, quienes comprendieron que cerrar las puertas al comercio siembra enemistad y miseria, mientras que abrirlas crea amistades de conveniencia que, con el tiempo, pueden convertirse en amistades genuinas cimentadas en la confianza.
Es importante señalar, no obstante, que la interdependencia económica no garantiza automáticamente la armonía política, ya que existen factores extraeconómicos —ideologías, cuestiones de seguridad, ambiciones de poder— que pueden empujar a los gobiernos a la confrontación, incluso a costa de arruinar negocios prósperos. El citado caso de la guerra en Ucrania demuestra que un gobierno dispuesto a asumir costos descomunales puede romper la paz a pesar de los lazos comerciales. Pero, como ya mencioné, incluso en estos casos extremos, la explicación de Martin encuentra una vindicación irónica: el altísimo precio económico que Rusia está pagando por la invasión —sanciones internacionales, colapso de importaciones clave, fuga de inversiones, destrucción de valor humano y físico— podría verse como la confirmación ex post facto de que la guerra empobrece a todos, incluso a los supuestos vencedores.
En contraste, los países que históricamente han privilegiado el comercio y la diplomacia por sobre la conquista han cosechado dividendos de paz. Un ejemplo claro es Japón, que, tras ser devastado en la segunda guerra mundial, renunció a la agresión militar y se enfocó en el comercio global, convirtiéndose así —en pocas décadas— en la segunda economía del mundo, sin disparar un bala. Asimismo, Corea del Sur pasó de ser uno de los países más pobres a una potencia industrial gracias a que se adoptaron políticas de comercio internacional[28], mientras su contraparte aislada, Corea del Norte, permanece en la miseria y la beligerancia. Estos contrastes éticos e históricos refuerzan la tesis de que la riqueza fundada en el intercambio pacífico es más sostenible y humana que la fundada en la coerción.
El espejismo del proteccionismo y las causas del conflicto
Ahora bien, si la interdependencia económica es tan beneficiosa, ¿Por qué persisten políticas que la obstaculizan? Martin explora en su capítulo cómo las barreras comerciales y el proteccionismo suelen justificarse con la misma mentalidad de suma cero que alimenta los conflictos. La idea de fondo del proteccionismo es: “no necesitamos a los extranjeros, podemos producir todo puertas adentro; si compramos bienes de fuera, ‘ellos’ ganan y ‘nosotros’ perdemos”. Pero esta visión de la autosuficiencia total no solo es económica y tecnológicamente inviable en el mundo moderno, sino que además es autodestructiva. Say ya ridiculizaba esa postura con la siguiente analogía: imponer aranceles a las importaciones para estimular la producción interna es como “si, en la puerta de cada casa, se impusieran derechos de importación a los abrigos y calzados con el loable propósito de forzar a los residentes a fabricarlos por sí mismos”[29]. El proteccionismo, en el fondo, equivale a hacernos la guerra a nosotros mismos, porque encarece los productos, limita la variedad, frena la innovación y genera ineficiencias.
A nivel internacional, el proteccionismo históricamente ha sido origen de tensiones que a veces derivaron en guerras abiertas. Martin señala que la obsesión con la “balanza comercial” —es decir: exportar mucho, importar poco— es una “herencia destructiva del pensamiento mercantilista” que “ha sido la causa de demasiadas guerras”[30]. En efecto, en siglos pasados, las potencias coloniales libraron guerras por mercados y recursos, creyendo que debían asegurarse un excedente comercial a cualquier costo, bajo la errónea premisa de que la riqueza mundial era estática. Y las llamadas “guerras comerciales” actuales —disputas arancelarias, sanciones económicas, vetos tecnológicos—, aunque no implican enfrentamiento armado directo, minan las bases de la confianza internacional y pueden ser antesala de conflictos mayores.
Martin advierte que a menudo estas políticas proteccionistas se emprenden “para proteger los intereses de unos pocos, que son lo suficientemente astutos para que el público confunda sus intereses especiales con los intereses de toda la nación”[31]. Aquí reluce un aspecto ético y político crucial, a saber: el nacionalismo económico puede ser manipulado por élites o grupos de presión que presentan sus ganancias privadas como si fueran el bien común —por ejemplo: un sector industrial ineficiente puede clamar por aranceles “para salvar empleos nacionales”, cuando en realidad busca mantener sus privilegios a costa de encarecer los bienes para todos—. Este “saqueo mutuo” —como lo llamaría Bastiat— genera resentimientos entre naciones y suele desencadenar represalias, cerrando un círculo vicioso de empobrecimiento; en cambio, el libre comercio unilateral que proponía Say —abrir nuestros mercados sin exigir concesiones a cambio— refleja una ética de tratamiento igualitario a todos los pueblos como potenciales amigos. Say desconfiaba incluso de los tratados comerciales exclusivos, porque crear clubes privilegiados implica discriminar a terceros, y eso siembra animosidad[32]. Por tanto, su postura era radical para su época —y quizás también para la nuestra—: abogar por la libertad comercial con todas las naciones, por convicción moral y pragmática de que así se cimenta una paz duradera y se desarrolla un país.
Por si fuera poco, el capítulo de Martin ilustra vívidamente el choque entre estas ideas liberales y la realpolitik imperial de su tiempo mediante la figura de Napoleón Bonaparte. Napoleón, cuyo afán de conquista sumió a Europa en continuas guerras, fue un férreo adversario del libre comercio. De hecho, cuando Jean-Baptiste Say publicó su tratado de economía política en 1803 defendiendo el libre mercado, Napoleón, ya entonces cónsul vitalicio, exigió que modificara sus conclusiones para apoyar el proteccionismo y la intervención estatal. Sin embargo, y como es de esperarse, Say se negó a traicionar sus ideas y pagó un precio personal la ser expulsado del órgano legislativo — Tribunat— y censurado; incluso su próspera fábrica textil en las afueras de París fue arruinada en 1812 por las políticas prohibitivas del emperador[33]. En carne propia, Say, sus trabajadores y sus familias “experimentaron las consecuencias prácticas de las malas ideas”[34].
Este episodio histórico refleja cómo el afán de poder de los gobernantes puede imponerse sobre las ganancias mutuas de los pueblos. En su momento, Napoleón veía en el comercio un juego de suma cero, y quería asfixiar la economía británica con su bloqueo continental, aunque ello empobreciera también a Europa continental, mientras que pensadores como Say veían el comercio como un vínculo de paz. La colisión entre ambos enfoques no pudo ser más dramática. Si bien, a largo plazo, la historia dio la razón a Say, porque Napoleón fue derrotado y su imperio se derrumbó, mientras que las ideas de cooperación económica, en mayor o menor grado, quizá con algunas reservas, sobreviven y forman la base del orden internacional del último siglo.
Paz, libre comercio y florecimiento humano
En última instancia, Emmanuel Martin nos invita a reconsiderar las bases económicas de la paz. Su argumento, respaldado por la teoría clásica y la evidencia histórica, es que la paz y el libre comercio se refuerzan mutuamente en un círculo virtuoso. La paz permite que el comercio y la creación de riqueza florezcan; a su vez, las relaciones comerciales densas hacen menos probable la guerra, por lo cual la prosperidad deja de verse como un arma de dominación y pasa a ser un bien compartido. Martin lo expresa de la siguiente manera: “La paz es, obviamente, la primera condición del mutuo enriquecimiento económico entre naciones. La guerra destruye, mutila y marchita vidas humanas; arrasa con la riqueza, genera hambre y desperdicia recursos escasos. Las guerras son juegos de suma negativa”[35].
Más allá del lenguaje económico, hay un mensaje ético claro: la guerra no solo siega vidas y propiedades, sino que viola la dignidad humana al retrotraernos a la ley del más fuerte, mientras que la cooperación en libertad dignifica a las personas como agentes creativos capaces de mejorar su condición sin perjudicar a otros. En palabras de Say, cuando las naciones caen en las garras de la beligerancia, las únicas “ventajas de la victoria” que pudieran aducirse “son por completo ilusorias”, reservadas apenas a los gobernantes, mientras “los ciudadanos en general no reciben beneficio alguno”[36]. Para la gente común, por el contrario, “el mayor beneficio posible es la libertad absoluta de intercambio, que difícilmente pueda disfrutarse si no hay paz”[37].
La afirmación anterior, escrita hace dos siglos, resuena hoy con fuerza, en la medida en que la libertad para intercambiar bienes, ideas y servicios se convierte en una condición indispensable para que las sociedades prosperen material y culturalmente. Y dicha libertad solo puede ejercerse plenamente en un entorno de paz y respeto mutuo.
Cabe aclarar, no obstante, que ver la interdependencia económica como fundamento de la paz no significa ignorar los otros pilares de una convivencia pacífica, como la diplomacia, el respeto a los derechos humanos o la existencia de instituciones justas. Pero la economía crea un terreno común de interés que trasciende diferencias culturales o ideológicas, porque todos quieren alimentarse, vestirse, progresar, y el comercio canaliza esos deseos universales en interacciones constructivas. Como recuerda Wendy McElroy, al comentar las Cartas filosóficas, Voltaire describe la bulliciosa Bolsa de Londres en el siglo XVIII como un espacio donde “judíos, musulmanes y cristianos realizan transacciones como si profesaran una misma religión: la de la búsqueda del beneficio mutuo”[38]. El comercio enseña a cooperar en la diversidad y, a largo plazo, tiende puentes incluso entre potenciales enemigos. Cuando esas conexiones económicas se rompen, suele aflorar la incomprensión y el recelo que alimentan conflictos. Por eso es tan importante preservar y ampliar los lazos comerciales internacionales bajo reglas equitativas. Al final de su capítulo, Martin reafirma con énfasis que la paz y la libertad económica se necesitan mutuamente para lograr, no solo crecimiento material, sino el auténtico florecimiento humano. “La paz y el libre comercio se reafirman mutuamente para producir no solo el desarrollo económico, sino también la riqueza genuina y el florecimiento del ser humano”[39], concluye. Esta idea enlaza la prosperidad con una noción más amplia de bienestar, porque ya no se trata sólo de acumular bienes, sino de crear las condiciones para que las personas puedan desarrollar sus proyectos de vida en plenitud. La paz, cimentada en vínculos económicos saludables, permite dedicar energías y recursos a la educación, la ciencia, la cultura y la mejora social, en lugar de malgastarlos en destrucción. En una época donde nuevamente se escuchan cantos de sirena nacionalistas y proteccionistas en distintas latitudes, las lecciones de Emmanuel Martin, siguiendo la línea de clásicos como Say, son un oportuno recordatorio de que la humanidad progresa más cuando tiende la mano que cuando aprieta el puño. La economía de la paz nos dice que el vecino próspero no es una amenaza, sino una oportunidad. Aceptar esa realidad podría ser la clave para un futuro más seguro, justo y verdaderamente libre de la amenaza de la guerra.
[1] Tom G. Palmer. 2014. Paz, amor y libertad. Publicado por Atlas Network, Cato Institute y Students For Liberty.
[4] Aunque el autor lo señala en un sentido negativo, como si fuese algo a “corregir” o “solucionar”, lo cierto es que eso no representa un problema. Ya intelectuales como Enrique Ghersi, en Perú, y Roymer Rivas, en Venezuela, entre muchos otros, han destacado que la desigualdad no es un problema, en cuanto todas las personas son desiguales por naturaleza, y el debate no debe girar alrededor de “las causas de la pobreza”, sino en “¿Cuál es el marco institucional necesario para generar riqueza?”, ya que la pobreza no tiene causa, pero la riqueza sí. Al respecto, puede consultar: Roymer A. Rivas B. 2022. Las causas de la pobreza y la desigualdad, un debate sin sentido. Publicado en el portal de ContraPoder News. En: https://contrapodernews.com/las-causas-de-la-pobreza-y-la-desigualdad-un-debate-sin-sentido/ (Cit. 17/11/2025).
[6] Uno más uno puede ser igual a tres, metafóricamente hablando.
[7] De hecho, ya Ludwig von Mises destaca en su obra “Liberalismo” es la cooperación entra las personas lo que hace grande a las sociedades, al permitir que cada individuo vea aumentada la probabilidad de éxito en la consecución de sus metas en la vida. Contrario a lo que señalan sus críticos, que recurren a la caricatura y parten de la incomprensión, si es que acaso lo han leído seriamente alguna vez, no es la “competencia” —visto como la guerra, el conflicto— lo que hace crecer a los países, sino la cooperación. En concreto, Mises dice: “Human society is an association of persons for cooperative action. As against the insolated action of individuals, cooperative action on the basis of the principle of the division of labor has the advantage og greater productivity.” (Ver: Ludwig von Mises. 1985. Liberalismus: in the classical tradition. Tercera edición en inglés. Publicado por The Foundation for Economic Education, Inc. Pág. 18.)
Lourdes N. Romero L., líder y defensora de las libertades individuales, económicas y de los principios democráticos en Bolivia y Latinoamérica. Coordinadora local de SFL Bolivia, cofundadora de LOLA Bolivia y Líder Regional para LOLA LATAM. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con formación especializada en democracia, liderazgo, libertad y comunicación política mediante programas acreditados por OEA, KAS y ACEP
“(…) Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.”
Lourdes N. Romero L.
I. Un acceso histórico a la presidencia y a un gabinete técnico
Rodrigo Paz tomó posesión de la presidencia el 8 de noviembre, en un acto caracterizado por la aparatosidad de la forma y por un mensaje claro de ruptura. Después de dos décadas de cuota sectorial y de repartición de ministerios, Paz presentó un gabinete «meritocrático», constituido por técnicos y exautoridades que se comprometieron a trabajar 24/7 para afrontar la gravísima crisis económica y recomponer un Estado debilitado y quebrado.
La invocación de la «capitalización humana» y el registro de la cuota sectorial lograron seducir, por un lado, a los sectores medios y empresariales, y, por otro lado, esa misma estrategia disparó la crítica entre movimientos sociales, evistas y masistas, que se sintieron apartados del poder y marginados en el nuevo esquema.
En sus primeras manifestaciones, Paz afirmó que la «descentralización de recursos» (modelo 50/50) sería la solución al problema de la desigualdad territorial. Señaló tres ejes en su arranque: (i) apertura internacional, (ii) capitalismo para todos y (iii) el fin del «Estado tranca», sistema que impidió el funcionamiento de la gestión pública durante años.
II. Crisis económica: urgencia y cautela
La herencia que le toca asumir es de alta complejidad: “una crisis muy profunda” según refiere el equipo que nuevos asumen el gobierno. La falta de combustibles, de dólares y de empleo son la norma casi diaria y la gente tiembla ante un ajuste similar al aplicado en Argentina. Paz, sin embargo, deja de lado los recortes drásticos del gasto y no aplica ajustes fiscales a corto plazo. El objetivo que sostiene su equipo es la de abastecer el mercado, estabilizar las variables básicas y recuperar la confianza social a través de una gestión eficaz y sin corrupción. La gran incógnita, sin embargo, será la capacidad del Gobierno para sacrificar hacia el Congreso unificado y sin mayoría propia, y adelantar las reformas de primera ayuda antes de los cambios estructurales de su programa liberal.
III. Reformas judiciales y convocatoria a Cumbre de Justicia.
Uno de los anuncios más importantes ha sido la futura realización de una “Cumbre de Justicia” en Sucre sobre la agenda de la independencia judicial y para acabar con la cooptación política del sistema judicial boliviano.
Paz dice que su gestión no interferirá en el trabajo de los jueces y fiscales y que buscará el respaldo internacional para hacer la igualdad ante la ley, y acabar con la impunidad, pero sin persecuciones políticas en contra de los adversarios. Es un primer gesto hacia una distancia con la judicialización del anterior y hacia la recomposición institucional a través de acentos derivados de amplios consensos sociales y políticos. Es decir, recomposición institucional a través de amplios consensos sociales y políticos.
IV. Primeras reacciones de los sectores sociales y primera prueba
Las satisfacciones que tiene el nuevo gabinete de Paz y la línea liberal de éste son mixtas. Las organizaciones tradicionales del MAS, una parte de las cuales son los grupos indígenas como los sindicatos u organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, han empezado a hacer protestas, reivindicando la participación, el respeto a las conquistas laborales incluso reclamando la transparencia de los contratos de litio y de energía.
Las redes sociales hacen crecer las expectativas por la apertura diplomática —EE. UU. anunció hace un par de días el regreso de su embajador tras 17 años de ruptura—, en tanto que continúan también los temores por los recortes y por la pérdida de derechos.
El vicepresidente Edman Lara, en esta composición, mantiene un perfil más bajo, mientras que su «agenda dura» en seguridad hace nacer los debates en los círculos progresistas y académicos.
V. Sociedad de la vigilancia: tensión entre esperanzas y prudencias
No obstante, aun habiendo empezado con un elevado nivel de aprobación de la población, lo destacable es que la dificultad del escenario requerirá una continua vigilancia de la ciudadanía. Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.
La democracia boliviana es, si bien frágil, resiliente. Pero necesitará del compromiso cotidiano de la ciudadanía para que el nuevo ciclo no se traduzca en la reiteración de viejas decepciones.
VI. Conclusión
Bolivia atraviesa sin duda alguna el periodo más transformador de los últimos veinte años, si bien es preciso establecer que se enfrenta a retos y expectativas desmesurados. Las próximas semanas se dibujan de manera especial para calibrar la resistencia del nuevo ecosistema y la fuerza de las reformas que se deben llevar a cabo y la resistencia de la propia sociedad civil.
La independencia judicial, la efectiva descentralización y el capitalismo para todos son retos que requieren de la atención de los procesos políticos, que, por otro lado, constituyen compromisos.
La pregunta del importante boliviano vuelve a resonar: ¿Podremos esta vez seguir exigiendo y defendiendo la transparencia, la inclusividad y la libertad sin caer en el tedio o hacia el autoritarismo?
Por Mauricio Hernández, coordinador local de EsLibertad Venezuela.
Los Estados religiosos o teocracias, cuyo origen podemos rastrear hasta la antigua civilización de Mesopotamia, son regímenes de gobierno cimentados en normas divinas, donde sacerdotes y príncipes detentan el poder. Estos sistemas se caracterizan por dos cosas: (i) las leyes se fundamentan en doctrinas de fe y la autoridad clerical se fusiona con la estatal en una misma jurisdicción y (ii) los gobernantes no son mandatarios seleccionados por la regla del hombre (el voto), porque se establece que son la representación de los dioses, o un puente de comunicación entre ellos, por lo cual se les otorga un estatus intocable e incuestionable en sus decisiones. Por ello, la naturaleza dogmática de las teocracias abre un amplio abanico de posibilidades para generar autoritarismos y, con ello, la vulneración de los derechos humanos y la libre expresión, pues, al ser un sistema que aplica una directriz total a la sociedad, mediante la toma de control absoluto de los poderes del Estado, provoca una falta de pluralidad en religiones e ideologías políticas y éticas, llegando a un punto en el que el gobierno se vuelve irrevocable por vías democráticas.
A lo largo de su historia, ninguna Teocracia se ha implantado de manera democrática o espontánea, sino que se han establecido en el mundo a través de la evolución de sistemas religiosos preexistentes y revoluciones que han instaurado gobiernos basados en la interpretación de textos sagrados. Desde sus inicios, han demostrado ser sistemas burdos que solo responden a los intereses y creencias de un grupo limitado de individuos. En 1979, por ejemplo, durante la Revolución Islámica de Irán, se convocaron manifestaciones para derrocar al monarca Mohammad Reza Pahlaví, pero no pasó mucho tiempo para que se instaurara un autoritarismo fundamentalista en la nación, dirigido por Jomeini, quien estableció un consejo de clérigos e impuso la Sharia como base del marco legal del país, llevando a cabo una fuerte ola represiva contra quienes manifestaban opiniones contrarias.
Además, las teocracias proclaman un supuesto mensaje de salvación para, más tarde, convertirse en un sistema que atenta directamente contra la democracia y los derechos fundamentales de los seres humanos. Bas De Gaay Fortman, en su artículo «Teocracia, Democracia y Secularización: ¿Hay espacio para el acuerdo?», define que la democracia se fundamenta en los principios de universalidad, dignidad humana, igualdad, debido proceso y la sacralidad de la vida humana. Sin embargo, estos son valores ausentes desde el primer momento en este tipo de regímenes. Sirva como ejemplo lo que el mismo Fortman relata sobre el parlamento holandés: la cámara del parlamento se estaba debatiendo cambiar la constitución holandesa por una islámica y la preocupación ante una amenaza teocrática por la introducción de la Sharia, y de entre más del 7% de los miembros de la cámara de origen islámico, ninguno abogó por el cambio. La conciencia democrática de esos miembros era suficiente para saber que si se implementaba, estarían en peligro inminente la libertad de su nación.
Otro aspecto a considerar son los sistemas jurídicos en las teocracias. Al estar basados en los principios religiosos y las doctrinas de la fe dominante, abren la puerta a un sistema imbuido en una moral eclesiástica, la cual, si se aplica interpretando los textos sagrados de forma literal, termina por reprimir, censurar y controlar a los ciudadanos, sometiéndolos a un yugo dictatorial. Un ejemplo muy claro de un sistema así es el de Irán, donde la libertad de expresión está restringida por decisiones legislativas. Desde 1979, su constitución se ha mantenido, pero con muchos cambios, introduciendo la Sharia como base legal y el Consejo de Guardianes como un ente que la supervisa y protege su cumplimiento, llegando a ser el órgano gubernamental con más poder en Irán.
Asimismo, existen normas que restringen las libertades de asociación y la libre expresión, así como otras tan imprecisas que conducen a abusos. El código de procedimiento para tribunales se convierte en un medio clave para la violación de esos derechos. Como ejemplo, hay disposiciones legales que prohíben actividades relacionadas con el periodismo o el discurso público que no son reconocidas como delitos penales. Naturalmente, las leyes religiosas a menudo resultan discriminatorias e infringen las normas internacionales de los derechos humanos —es evidente que las leyes islámicas someten a las mujeres, rebajándolas a un estado de pertenencia—.
En este marco, tanto la fe cristiana como la islámica se autoproclaman como absolutas e infalibles, y atacan a quien esté dispuesto a refutarlas; ambas prohíben la manifestación de los ideales de libertad de todas las formas posibles; los evangélicos conservadores discriminan y agreden a las personas homosexuales, y en el Medio Oriente incluso son asesinadas. Por esta razón, no puede existir un Estado pacífico si la religión tiene una injerencia tan directa en él.
Una vez que se establecen en el gobierno, las teocracias manipulan la constitución y sobreponen su sistema de creencias y sus textos como base legal, y su la interpretación de estos textos sagrados es un factor de peligrosidad para una sociedad, ya que actúan como una guía absoluta de comportamientos que en su mayoría son discriminatorios e inhumanos, derivando en una dicotomía entre el bien y el mal, sin matices. Como ya expresé, esto desemboca en un control total del sistema judicial y procesal penal, abriendo la puerta a la toma de decisiones arbitrarias y a la violación de derechos fundamentales, como el derecho a la libertad, la libre expresión y la libre asociación, privando de seguridad y resguardo a los ciudadanos y propiciando una inestabilidad política y social en los Estados donde se orquestan.
Estos casos de abusos son numerosos en todos los países que pertenecen a este círculo. Por ejemplo, el 9 de enero de 2024, el tribunal penal especializado de Arabia Saudita condenó a Manahel al-Otaibi, una influencer fitness y activista a favor de los derechos de las mujeres, a 11 años de prisión por cargos relacionados con su vestimenta y opiniones expresadas en internet —como pedir el fin de las tutorías masculinas en Arabia Saudita—. La condena se hizo pública semanas después de haber sido dictada la sentencia —algo inaceptable en un sistema judicial justo—.
En resumen, la interpretación y aplicación de estas doctrinas en la política son un factor de riesgo para las sociedades y la democracia. El fundamentalismo busca imponer a la fuerza sus ideales mediante la opresión y la imposición de normas restrictivas a la libertad de expresión y los derechos naturales de los seres humanos. Se hacen con el poder de forma abrupta a través de revoluciones y, una vez establecidos y asegurados de que su revocación sea casi imposible, comienzan el proceso de sumisión de la sociedad y las reformas religiosas para convertir la estructura del Estado a la imagen y semejanza de sus respectivos textos sagrados.
Si entendemos que los grupos religiosos son comunidades cuyo conocimiento se basa únicamente en fundamentalismos incuestionables, entonces podemos asumir que la religión no debería tener incidencia en la política más allá de ser vista como un conjunto de individuos que se reúnen para llevar a cabo actividades recreativas. Caso contrario, al validar a estos entes como parte importante de la política de un país, no solo se está atribuyendo prioridad a un colectivo en específico, sino que también se estaría abriendo un debate sobre lo que se supone que está bien o mal, y estos juicios sólo estarán fundamentados en una moral imbuida en intransigencia.
Referencias bibliográficas
Bas De Gaay Fortman. 2008. Teocracia, Democracia y Secularización: ¿Hay espacio para el acuerdo?. Utrecht, Holanda. Publicado por la Universidad de Utrecht. Puede acceder presionando aquí.
Visto sin precedentes en nuestra historia, tengo que seguir explicando mi estrategia judicial (triangular) para lograr la reivindicación del Holocausto Petrolero Venezolano.
I. El Reloj de Arena de la GL-5: 20 de diciembre de 2025
La Licencia General 5S (GL-5S) de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) expira el 20 de diciembre de 2025. Desde enero de 2019, esta licencia ha sido el único salvavidas que permite transacciones limitadas con PDVSA y sus filiales estadounidenses (PDVH y CITGO). Sin ella, cualquier transferencia de acciones de PDVH —el activo central de la subasta de $28.000 millones en el caso Crystallex v. Venezuela (D. Del. 17-mc-151-LPS)— queda bloqueada por las Órdenes Ejecutivas (Gobierno USA) 13850 y 13884.
Entre los efectos de esta decisión de la administración Trump; Los bonistas 2020 ($2.300 millones) pueden “preservar” derechos, pero no ejecutar (votar acciones, embargar CITGO).
La venta dirigida por el Juez Stark, Sin renovación de licencia: Vuelta al bloqueo total. Cualquier cierre de subasta requiere licencia específica (60-90 días de trámite).
Efecto inmediato: La “certeza” de Amber ($5.800 millones) de apoderarse de Citgo se evapora. La recomendación del Maestro Especial Pincus queda sin efecto legal.
II. La Desaparición de Stark: Un Juez Atrapado en su Propia Telaraña.
El juez Leonard P. Stark ha insistido en que la “certeza” justifica ignorar la ley de Delaware (§ 324: “venta al postor más alto”). Su razonamiento: los bonistas 2020 podrían bloquear el cierre. (Nota: El autor ha intervenido el juicio de los bonistas en protección de las víctimas).
Stark no puede ordenar una venta que OFAC bloqueará. Cualquier orden suya post-expiración será írritay no aplicable.
Nuestra moción de recusación (D.I. 2516 + suplemento 06/11) gana fuerza, porque: según 1- Flagrante Conflictode Interés (ex-Secretario de Stark en bufete WilmerHale, firma de Pincus)
2-Apariencia de favoritismo a los grandes acreedores(80 % de fallos a favor de Conoco/Elliott).
La expiración de la licencia OFAC GL-5 prueba la NEGLIGENCIA de Stark ante el colapso del proceso.
III. Ventana Marzo-Junio 2026: ¡Nuestro Fondo Fiduciario (QSF) Nace de las Cenizas!
La expiración de la OFAC GL-5S no congela la subasta; la reconfigura.
Asumamos que la oferta de Gold Reserve ($7.900 millones) se impone, estos serían sus resultados:
1- Pago a acreedores mayores (Desaparecida la GL-5S no requiere licencia para distribución de fondos)
2- la oferta Gold Reserve / Dalinar ofrece un excedente de $2 Billones para “otros acreedores” (Holocausto Petrolero, deuda laboral por alter ego, no corporativa)
Por virtud del escrutinio de la OFAC y resultados de nuestra lucha en las cortes se crearía el QSF (Fondo Calificado de Liquidación): que incluirá 5 % del excedente = $395 millones para las 23.000 víctimas. Adjudicados dentro de ventana Marzo-Junio 2026: Tiempo suficiente para: (1) aprobación de Licencia OFAC específica (60 días). (2) Audiencia QSF ante juez neutral (post-recusación de Stark) (3) Distribución fiduciaria (según jurisprudencia Vaca v. Sipes, 386 U.S. 171).
Nuestro litigio basado en la estrategia de Ataque Triangular lo hace posible:
1- Recusación → logramos un Juez imparcial.
2- Mandamus Nos hemos unidos al máximo postor Marginado Gold Reserve (3d Cir. 25-2519 + unión 25-2789) Buscamos → Orden de venta al postor más alto.
3- La Expiración GL-5 → Elimina el “riesgo bonista” y pone FIN a las jugadas de Stark – Pincus.
IV. Licencia OFAC: Mi Solicitud Está Favorita.
Como es de conocimiento de la opinión pública y el país en general, presentamos nuestra petición OFAC el 31 de octubre de 2025 (VENEZUELA-EO13850-2025-1395693-1) solicitando:
1. Licencia específica para intervenir como acreedores en transferencia de activos PDVH (CITGO) a nuevo dueño.
2. Carve-out (Apartado Monto Venta) humanitario para el fondo – QSF (23.000 víctimas).
Evidentes las Siguientes Ventajas:
• Precedente: OFAC ha otorgado licencias para ventas judiciales (Crystallex 2023).
• Política: Administración Trump 2.0 favorece máxima presión a Maduro — pero con reparación a víctimas.
• GL-5 expirada: Urgencia humanitaria (Velásquez Rodríguez, CIDH) pesa más que “eficiencia” favoreciendo a acreedores poderosos.
V. Conclusión: De la Purga al Resarcimiento
Stark quiso un banquete para los poderosos. La GL-5, al expirar, rompe la mesa.
Mi lucha —recusación, mandamus, QSF— no depende de Stark, ni de las infamias del Contubernio, ni de la ambición devaluada del sindicalismo insepulto y rastacuero, ni el egoísmo de las élites políticas ni de bloqueos judiciales.
Depende de ley federal (§ 324), sanciones (OFAC) y justicia transnacional (UDHR Art. 25).
A que apuntamos hacia Marzo-Junio 2026:• $395 millones en manos de un consejo administrador fiduciario independiente.
• 23.000 familias resarcidas por el Holocausto Petrolero.
• Precedente: Las víctimas débiles pueden vencer a los titanes.
¡No más cena para élites! La Familia Petrolera Recobra su Dignidad y Rol Activo para Venezuela!
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