La mitad de los 50 estados de EE. UU. han demandado este lunes al presidente del país, Donald Trump, y a su Administración por los nuevos aranceles globales del 10% al 12,5% sobre las importaciones procedentes de la mayoría de sus socios comerciales, argumentando que son «igual de ilegales» que los previamente declarados inconstitucionales por el Tribunal Supremo.
«Los aranceles impuestos por el Representante Comercial de EE. UU. (USTR, en inglés) son tan amplios que contradicen sus propios objetivos declarados y ridiculizan la ley utilizada para justificarlos», reza la demanda, impulsada por Oregón, Arizona y California y suscrita por otros 22 estados, todos ellos gobernados por demócratas.
Esta nueva ronda de gravámenes —decretada a finales de julio, horas antes de la expiración de otro arancel global temporal del 10%— se remite a la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974, que autoriza este tipo de medidas en respuesta a prácticas comerciales desleales que se consideren restrictivas del comercio nacional. La Administración cita una investigación propia de varios meses sobre prácticas de trabajo forzoso en el extranjero.
«Los estados demandantes se oponen al trabajo forzoso en todas sus formas y apoyan la protección de los trabajadores en todo el mundo. Pero la Administración no puede usar el trabajo forzoso como pretexto para continuar con su plan arancelario ilegal», señala la demanda, presentada este lunes ante el Tribunal de Comercio Internacional de EE. UU. en Manhattan.
En la misma, los estados sostienen que el USTR, Jamieson Greer, no está siguiendo los procedimientos y requisitos establecidos legalmente, por lo que los aranceles deben ser anulados y los estados, alegan, deben recibir el reembolso de los depósitos que hayan pagado.
La demanda da lugar a un enfrentamiento ya habitual, en el que coaliciones separadas de estados y pequeñas empresas se enfrentan en una batalla legal con la Administración Trump por la tercera ronda de aranceles impuesta por el presidente.
Cabe señalar que Trump está tratando de reconstruir un muro arancelario derribado en febrero, cuando el Tribunal Supremo dictaminó que sus aranceles globales, impuestos en virtud de la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional (IEEPA), eran ilegales. En los meses transcurridos desde entonces, las autoridades aduaneras han tenido que hacer frente a las solicitudes de devolución presentadas por miles de empresas que pagaron los aproximadamente USD$ 166.000 millones recaudados en concepto de gravámenes.
Tras el citado fallo, Trump impuso aranceles globales del 10% al amparo del artículo 122 de la Ley de Comercio. Un tribunal comercial los declaró ilegales, pero se permitió que siguieran en vigor durante el proceso de apelación, hasta que expiraron el mes pasado.
Los últimos aranceles, por su parte, han sido objeto ya de otras acciones legales. En una de las primeras demandas presentadas por dos pequeñas empresas —el importador de especias Burlap and Barrel Inc y el minorista de relojes Collective Horology LLC—, sus abogados alegaron que los nuevos aranceles no reflejaban la «investigación específica por país» que el Congreso esperaba cuando aprobó la sección 301.
Las empresas, que presentaron el caso como una propuesta de demanda colectiva que abarcaría a todos los importadores registrados que pagarán los nuevos aranceles, argumentaron que el representante comercial no explicó «cómo las prácticas concretas de cada economía suponen una carga o restringen el comercio de EE. UU., en lugar de basarse en afirmaciones generalizadas sobre los efectos del trabajo forzoso y los insumos procedentes del trabajo forzoso en las cadenas de suministro globales».
