Caracas. – El ilegítimo parlamento chavista designó este jueves, a Larry Devoe como fiscal general y a Eglée González Lobato como defensora del pueblo, ambos cargos vinculados a la gestión interina, que por ahora, controla Delcy Rodríguez.
Devoe, quien venía desempeñándose como fiscal general encargado, fue ratificado oficialmente en el cargo, consolidando así su continuidad al frente del Ministerio Público. Mientras, González Lobato, fue nombrada en el cargo tras una decisión adoptada durante sesión ordinaria la ilegal AN del narcorégimen.
Ambos abogados asumen sus cargos en sustitución de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, respectivamente, quienes renunciaron a sus funciones el pasado febrero en el marco de la implementación de la ley de amnistía.
En 2019 el gobierno canadiense sancionó a Devoe y otros 42 personas consideradas «miembros del régimen de Maduro».Devoe estuvo al frente del estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en la materia.
Por su parte, González Lobato es doctora en Ciencias, especialista en Derecho Administrativo y profesora universitaria. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en áreas como el derecho público, la gobernanza democrática, los procesos electorales y el fortalecimiento institucional, perfil que ya la había posicionado entre los aspirantes al cargo en semanas recientes.
El narcorégimen pretende dar por finalizado el proceso para cubrir ambas vacantes, tras la fuerte pugna dentro de las filas de la narcorevolución que se dio, luego que Estados Unidos exigiera nombras nuevos representantes en los distintos organismos del sistema criminal chavista.
Caracas. – Las falles eléctricas que constantemente se producen en el estado Lara, se han tornado insoportables para la población, llegando a afectar en estos momentos a 26 sectores en cuatro municipios, así como a causar pérdidas a más de 100 comerciantes en esa entidad.
Los municipios Iribarren, Palavecino, Jiménez y Torres son los más afectados, con interrupciones que superan las seis horas en varias zonas, con cortes diarios y fluctuaciones constantes, además de fallas en transformadores.
El más reciente balance del observatorio ciudadano «Activos por la Luz» correspondiente al pasado 6 de abril, se registraron un total de 24 cortes de energía que afectaron a 23 sectores de la entidad. Esta cifra refleja la magnitud de una crisis que mantiene en vilo a las comunidades larenses, donde las interrupciones se han vuelto una constante diaria.
El municipio Iribarren concentró la mayor presión con 16 de estos cortes, mientras que en Palavecino se reportaron otros 7 y uno adicional en Andrés Eloy Blanco.
El impacto acumulado de estas 24 interrupciones sumó un total de 85 horas con 13 minutos de oscuridad para los habitantes de los sectores afectados. Con una duración promedio de tres horas y 42 minutos por cada bajón, la jornada resultó extenuante para el comercio y las labores del hogar.
De hecho, más de 100 comerciantes de la carrera 28, en el centro de Barquisimeto, denunciaron pérdidas por las graves fallas en el suministro eléctrico tras la avería de los transformadores que surten a la zona, exigiendo a Corpoelec una solución al problema que se ha extendido durante un mes.
La interrupción del servicio afecta la actividad y genera pérdidas económicas de varios centros comerciales y locales independientes, indicaron los vendedores de la zona.
Los comerciantes aseguraron que la situación le ha generado gastos extras porque los que cuentan con plantas eléctricas deben destinar cerca de 10 dólares diarios para comprar el combustible que requiere para su funcionamiento.
Caracas. – El Consejo Nacional Electoral (CNE) del narcorégimen, se negó este pasado miércoles, a recibir una misiva en la cual se solicita la renuncia de la directiva de ese ente, a fin de facilitar un proceso que lleve a unos nuevos comicios generales.
La carta fue enviada por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), cuyo vocero principal, el exchavista Nicmer Evans, explicó que intentaron entregar la carta al CNE con esta y otras peticiones, pero se negaron a recibirla.
“El cronograma que estamos proponiendo incluye el hecho de la fase inicial, de la necesidad de la sustitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral, a partir de un proceso transparente”, dijo Evans.
Otro de los puntos, prosiguió, es una propuesta de un cronograma electoral que puede desarrollarse “en no menos de 10 meses”.
También, Saverio Vivas, portavoz del grupo, relató que la experiencia estuvo marcada por la incertidumbre y la falta de respuestas claras. Según explicó, lo habitual en cualquier organismo público es recibir comunicaciones oficiales, independientemente de su contenido, para luego evaluarlas internamente. En este caso, la negativa fue directa.
«Me parece totalmente irracional; si cualquiera de nosotros dirige una correspondencia a una institución, lo lógico es recibirla y sellarla, pero pretendieron lavarse las manos», criticó.
La iniciativa busca facilitar un proceso que genere confianza y contribuya a una transición política. El documento incluía un informe técnico con recomendaciones para organizar los comicios en condiciones adecuadas.
Por su parte, Evans indicó que, aunque los ciudadanos desean elecciones inmediatas, las condiciones actuales no permiten un proceso a corto plazo. A su juicio, un evento con garantías podría desarrollarse hacia finales de 2026 o el primer trimestre de 2027.
Caracas. – Delcy Rodríguez, encargada del narcorégimen chavista, anunció este pasado miércoles un «aumento responsable» de los salarios de los trabajadores a partir del próximo 1 de mayo, alocución en la que también admitió los «errores» y «engaños» de los ilegítimos gobiernos chavistas que la preceden.
Destacó que sería el primer paso de un camino de recuperación que definió como «sostenido, prudente y responsable». No obstante, Rodríguez no precisó las cifras ni las modalidades bajo las cuales se ejecutará el aumento.
«Los avances que tenemos que dar para proteger a los más vulnerables, los avances que tenemos para acompañar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras debe ser responsable y sostenible», comentó.
«Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable…en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», agregó.
El salario mínimo base en Venezuela se sitúa en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar, aunque muchos empleados públicos ganan más a través de bonificaciones y otros pagos que pueden elevar sus ingresos mensuales hasta unos 120 dólares.
Igualmente, en su mensaje pidió que se corrijan los errores del pasado. «Los reconocemos, los corregimos y pido no repetir. Y por eso yo primero que nada quiero dirigir este mensaje hacia el futuro. Hacia una Venezuela que debe estar definitivamente libre de bloqueos, libre de sanciones», aseveró.
También, reiteró su llamado a levantar las sanciones estadounidenses contra Venezuela, cuyas relaciones con Washington se han estrechado desde el operativo que depuso a Maduro. Desde entonces, Rodríguez ha colaborado con Washington y ha buscado expandir la presencia privada en los sectores petrolero y minero de Venezuela.
En este sentido, aseguró que la recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero «que son del pueblo de Venezuela se destinarán inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería que permita y garantice dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras».
Andrea Peña, politóloga egresada de la Universidad de Carabobo (UC) con un diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública de la UCAB. Además, posee conocimiento de primera instancia con proyectos sociales en comunidades vulnerables.
“Con el pasar de los años, Venezuela ha transitado de una confrontación ideológica a una geopolítica de necesidad.”
Andrea Peña
Con el pasar de los años, Venezuela ha transitado de una confrontación ideológica a una geopolítica de necesidad, operando hoy bajo un esquema donde su motor económico —petróleo— está anclado a la seguridad energética de Occidente, mientras su brújula política intenta mantener el rumbo hacia los BRICS+.
Por esta razón, la política exterior de Venezuela ha entrado en una fase que desafía las etiquetas tradicionales del siglo XX. Ya no estamos ante el choque de bloques ideológicos, sino ante lo que el boletín especializado «Warrior Diplomacy» describió el pasado 22 de marzo como «el fin de la inocencia multilateral». En este nuevo orden fracturado, Venezuela ha dejado de buscar la «independencia» retórica para abrazar una soberanía híbrida, negociada barril a barril entre Washington y las aspiraciones del Sur Global.
El andamiaje legal de una nueva era
La columna vertebral de este cambio no es un discurso, sino un documento técnico: la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.978, publicada el 29 de enero de 2026. Al reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el Estado venezolano ejecutó una maniobra de realismo puro. Al permitir que empresas privadas asuman el control operativo total (Art. 1) y comercialicen directamente el crudo (Art. 40), Venezuela no solo busca capital; está cediendo parcelas de gestión a cambio de estabilidad.
La base de esta transformación es la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.978, publicada el 29 de enero de 2026. Esta reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos desmonta el modelo de control estatal vigente desde 2001. Los puntos clave de la nueva ley permiten:
Gestión Privada: Las transnacionales ahora pueden ejercer el control técnico y operativo total de los campos petroleros (Artículo 1).
Comercialización Directa: Los socios privados tienen derecho a vender su producción directamente en el mercado internacional (Artículo 40).
Seguridad Jurídica: Se autoriza el uso de tribunales y arbitrajes extranjeros para dirimir conflictos, una concesión histórica a los mercados de capitales occidentales.
Esta «soberanía bajo administración» se complementa con la aceptación de arbitrajes internacionales, una concesión que el modelo de 2001 habría considerado una contradicción, el fin del monopolio estatal, pero que en 2026 es el único lenguaje que entienden los mercados de capitales.
La paradoja del flujo: Entre el Golfo de México y los BRICS
Los datos de JP Morgan de enero de 2026 son contundentes y exponen la «paradoja de alineación múltiple» que define al país. Mientras la narrativa oficial apunta hacia los BRICS+, la logística petrolera ha girado 180 grados de regreso a Occidente.
Con 286.000 barriles por día (bpd) enviados a EE. UU. En enero, frente a una caída de las exportaciones a China a solo 156.000 bpd, Venezuela se ha convertido en el «estabilizador necesario» de un mercado occidental sacudido por la crisis en el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, este retorno al mercado estadounidense viene con un «cordón sanitario» legal: la Licencia General 52 (GL52) emitida por la OFAC el 18 de marzo. Este documento es el ejemplo perfecto del pragmatismo actual: permite la entrada de dólares y tecnología estadounidense, pero veta explícitamente cualquier cooperación con socios de los BRICS (China, Rusia o Irán) dentro de esos proyectos. Venezuela opera, literalmente, en un sector energético segregado por licencias extranjeras.
¿No alineación o necesidad extrema?
¿Es esto una claudicación o una estrategia maestra? El CEBRI Journal, en su análisis sobre la «No Alineación Activa» (ANA), ofrece una interpretación más matizada. Venezuela parece estar utilizando su renovada relevancia energética para Occidente como un escudo que le permita, simultáneamente, negociar su entrada a los BRICS+.
La apuesta es clara: usar el petróleo para pacificar la relación con Washington mientras se busca en los BRICS un contrapeso en inversión de infraestructura y tecnología que no esté sujeta a los dictámenes del Tesoro de EE. UU. Es un juego de equilibrio sobre una cuerda floja financiera.
Venezuela en 2026 no es un puente por elección, sino por necesidad. La soberanía ya no se mide en términos de control absoluto, sino en la capacidad de gestionar dependencias mutuas. El país ha entendido que, en un mundo en guerra por los recursos, ser un «proveedor confiable» para Occidente es la única vía pertenecer al nuevo orden del Sur Global.
Referencias Bibliográficas:
Gaceta Oficial 6.978 (Reforma de Hidrocarburos, 29/01/2026).
JP Morgan Oil Report (Flujos de exportación, 01/2026).
OFAC License GL52 (Departamento del Tesoro EE. UU., 18/03/2026).
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha acusado este martes a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de atentar contra la soberanía del país latinoamericano tras unos comentarios en los que ha calificado al exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas de «preso político».
«Ahora que intentan reinventar al ‘preso político’, quiero ser enfático: esto constituye un atentado contra nuestra soberanía y una violación al principio de no intervención, consagrado en el artículo 19 de la Carta de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y en el Derecho Internacional», ha indicado en redes sociales.
Noboa ha afirmado que Ecuador «ha esperado años para ver a los corruptos responder ante la justicia». «Hoy, desde afuera, quieren vender el cuento de los ‘presos políticos’ para tapar lo evidente: en la cárcel hay un corrupto que debe responder ante Ecuador», ha dicho.
El mandatario ha señalado que Glas está en la cárcel «por asociación ilícita en el caso Odebrecht», así como por «cohecho en el caso Sobornos 2012-2016», y por desvío de dinero «en el caso Reconstrucción de Manabí» tras el terremoto de 2016, que dejó más de 670 muertos.
En respuesta, el guerrillero socialista Gustavo Petro ha replicado a Noboa y ha reiterado nuevamente que Glas es «un ciudadano colombiano y preso político», asegurando que «dejar morir a una persona de hambre, estando bajo el cuidado de un gobierno, es un delito de lesa humanidad».
«Solicito a los organismos internacionales de Derechos Humanos velar por sus derechos. Su estado de salud compromete ya su vida porque, al estar prisión, no le han dado el suficiente alimento y sufre ya una severa desnutrición y pérdida de masa muscular», ha argüido.
Cabe señalar que esto se produce después de que Petro afirmase horas antes en redes sociales que en «América no debe haber presos políticos». «Pedí que no hubiera presos políticos en ningún país de América. Es indudable que Jorge Glas es un preso político», señaló.
El que fuera vicepresidente de Rafael Correa en 2013 y con Lenín Moreno en 2017 cumple dos sentencias de prisión por cohecho y asociación ilícita en los casos Obedrecht y Soborno. Sobre él pesa además una condena de primera instancia a trece años de cárcel por el caso Reconstrucción de Manabí.
Tras haber cumplido parte de una pena conjunta por delitos de corrupción, Glas pudo acceder a un régimen de prelibertad con ciertas condiciones, hasta que en diciembre de 2023 ingresó en la embajada de México. En abril de 2024, fue sacado por la fuerza de esa sede diplomática, pese a haber recibido asilo del Gobierno mexicano, entonces presidido por Andrés Manuel López Obrador.
Después de su detención, el exvicepresidente fue trasladado a la cárcel de máxima seguridad conocida como La Roca, en el suroeste del país y en 2025 fue condenado a 13 años de prisión por un presunto delito de peculado en el ya mencionado caso ‘Reconstrucción de la provincia de Manabí’.
La candidata de Fuerza Popular (FP) y varias veces aspirante a presidenta de Perú, Keiko Fujimori, se sitúa en cabeza con el 14,5% de la intención de voto para las elecciones de este domingo, según las últimas encuestas publicadas.
Fujimori, hija del expresidente Alberto Fujimori, se erige en la candidata mejor posicionada dentro un escenario electoral marcado por una profunda fragmentación del voto, en el que los peruanos tendrán que escoger entre 35 aspirantes, una situación inédita en la siempre convulsa vida política del país andino.
El gran número de candidatos ha hecho que los indecisos lideren un tercio del electorado. Alrededor de nueve millones de peruanos todavía no saben a quién otorgarán su voto este domingo. Lo que está claro es que ninguno obtendrá mayoría absoluta, por lo que los votantes están abocados a una segunda cita el 7 de junio.
El segundo con más predilección entre los votantes es Carlos Álvarez, candidato del conservador también País para Todos, un presentador de televisión conocido por sus imitaciones en programas de humor, quien ha experimentado un remarcable crecimiento electoral hasta situarse con el 10,9% de la intención de voto.
Esta tendencia contrasta con el estancamiento de Rafael López Aliaga, exalcalde de Lima y aspirante por Renovación Popular, que se queda con un 9,9% de los votos, después de haber estado superando en ocasiones el 13%, según marca el últimos sondeo elaborado por la encuestadora Datum para el diario ‘El Comercio’.
El resto de encuestas que han salido publicadas en las últimas horas, antes de que se imponga a partir de este lunes el silencio electoral tal y como marca la legislación peruana, coinciden en situar de manera destacada a Fujimori en cabeza, seguida por estos dos candidatos, a quienes les separan apenas unas décimas.
En base a este escenario, el futuro presidente de Perú no contará con el respaldo de una mayoría en el Parlamento, lo que ha venido sucediendo desde 2016, por lo que se avecinan dificultades para avanzar en su agenda política.
Tendrá que lidiar, esta ocasión, con un Congreso bicameral, en estas elecciones regresa el Senado tras su desaparición en la década de 1990, menos fraccionado que en años anteriores, después de que se hayan endurecido aún más los parámetros de representación, lo que pone en riesgo la representación de millones de electores.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha expresado este lunes su respaldo al exasesor británico y presentador de la cadena de televisión Fox, Steve Hilton, en su carrera para convertirse en gobernador del estado de California, una cita electoral que tendrá lugar a finales de este año.
Hilton, que cuenta con la doble nacionalidad, trabajó en el pasado como asesor para el ex primer ministro británico David Cameron, antes de mudarse en 2012 a California.
«Conozco y respeto a Steve Hilton, que se presenta como gobernador a California. Con ayuda federal y un gran gobernador, California puede ser mejor incluso que antes. Tiene mi completo y total apoyo», ha afirmado Trump en un mensaje difundido a través de redes sociales.
Según la ley de California, los dos candidatos más votados en las primarias del 2 de junio pasarán a las elecciones de noviembre, independientemente de su partido. Las encuestas muestran que los candidatos republicanos, Hilton y Chad Bianco, el sheriff del condado de Riverside, están muy igualados frente a los candidatos demócratas: Eric Swalwell, Katie Porter y el multimillonario activista Tom Steyer.
Andrea Peña, politóloga egresada de la Universidad de Carabobo (UC) con un diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública de la UCAB. Además, posee conocimiento de primera instancia con proyectos sociales en comunidades vulnerables.
“En 2026, la geopolítica de Haushofer no es un fantasma del pasado, sino un espejo de las tensiones actuales. La transición de un mundo regido por leyes internacionales a uno dictado por la necesidad biológica y geográfica de los Estados-organismo valida la preocupación de Cairo (2012) sobre la vigencia del pensamiento determinista.”
Andrea Peña
A diferencia de la Geografía Política tradicional, que a menudo se limita al análisis descriptivo, la Geopolitik alemana de entreguerras se concibió como una «ciencia del Estado» (Staatswissenschaft). Según Cairo (2012), esta disciplina no solo estudiaba las relaciones externas, sino todas las actividades estatales bajo un prisma ultradeterminista. En el contexto de 2026, donde las fronteras digitales y físicas vuelven a ser el centro del conflicto, los conceptos de Rudolf Kjellén y Karl Haushofer recuperan una relevancia analítica fundamental para entender por qué los Estados actúan más como organismos en competencia que como entidades legales estáticas.
Uno de los aportes centrales que Cairo (2012) destaca de la obra de Kjellén, El Estado como forma de vida (1916), es la crítica a una Ciencia Política dominada por juristas. Para la escuela de Haushofer, era imperativo «recubrir el esqueleto legal con carne y sangre socio-geográfica» (Cairo, 2012, p. 338).
El Estado-Organismo en 2026
Según la visión haushoferiana, la ley debe estar subordinada al poder del Estado (Cairo, 2012), y en el presente año vemos cómo las grandes potencias justifican acciones unilaterales basándose en «intereses de seguridad vital», priorizando su supervivencia biológica-estatal sobre los tratados internacionales. Esto es la primacía del poder por encima de cualquier cosa.
Asumismo, la Geopolítica clásica sostiene que el medio influye directamente en la acción política, y hoy, esto se traduce en la lucha por el control de las tierras raras y los semiconductores, elementos que se han convertido en la nueva «carne y sangre» que permite al organismo estatal funcionar en la era digital.
El Espacio Vital (Lebensraum) y el Sentido del Espacio (Raumsinn)
El concepto de Lebensraum, popularizado por Friedrich Ratzel y radicalizado por Haushofer, definía el espacio vital como el ámbito necesario para la subsistencia y seguridad de un pueblo (Cairo, 2012). Para Haushofer, un Estado sano es aquel que posee un Raumsinn (sentido del espacio) desarrollado. Aquellos que no lo poseen están condenados a «decaer y morir”.
También, Cairo señala que, para esta escuela, el espacio vital no coincide necesariamente con las fronteras jurídicas, sino con la extensión de la cultura o el grupo étnico. En 2026, este razonamiento es visible en la proyección de poder sobre «áreas de influencia» naturales. El control de rutas marítimas críticas y el despliegue de infraestructuras en terceros países (como los corredores bioceánicos) son formas modernas de asegurar un Lebensraum económico y tecnológico que garantice la invulnerabilidad del Estado.
Oekopolitik y la Nueva Autarquía Tecnológica:La Búsqueda de la Autosuficiencia en 2026
Dentro de la estructura de la Ciencia Política que Cairo (2012) describe, la Oekopolitik es el campo que examina los recursos económicos con un objetivo claro: alcanzar la autarquía. La autarquía, definida como la forma óptima de vida del Estado en el terreno económico, es hoy el motor de la desglobalización.
En la teoría de la escuela de Múnich, la Oekopolitik es la disciplina que busca la autarquía para garantizar que el Estado no sea vulnerable a bloqueos externos (Cairo, 2012). En 2026, esta búsqueda de independencia ya no se limita al trigo o al carbón, sino que se ha trasladado a la infraestructura intangible y la energía de transición.
Cabe señalar que los Estados actuales han redescubierto que la dependencia externa es una debilidad biológica y Proteccionismo Estratégico, las políticas de nearshoring y la creación de ecosistemas industriales cerrados son la versión del siglo XXI de la Oekopolitik de Kjellén. Como señala Cairo (2012), la Geopolítica prescribe el actuar político basado en las condiciones geográficas; en 2026, la «geografía» incluye la ubicación de los servidores de datos y las minas de litio.
En la actualidad tenemos la soberanía de datos y los tratados de energía:
La plena implementación del Reglamento de Datos de la Unión Europea (UE) y las leyes de localización de datos en potencias como India y China. Estas leyes funcionan como una frontera física, pues, al exigir que los datos estratégicos residan en servidores locales, el Estado intenta asegurar su «área natural» de influencia digital. Es una forma de autarquía que impide que el «metabolismo» informativo del Estado dependa de decisiones tomadas en centros de poder extranjeros (Silicon Valley o Beijing).
La economía geopolítica de 2026 está dictada por el control de la energía limpia para evitar la decadencia del organismo estatal. El Acuerdo Estratégico de Hidrógeno Verde 2026 entre el bloque de la UE y el Cono Sur (Chile-Argentina), por ejemplo, no es solo un contrato comercial, sino una medida de Oekopolitik pura, ya que asegura corredores energéticos estables (el Estado-organismo europeo intenta «extraer su sustento de la tierra», incluso si es tierra ajena mediante infraestructura propia, para evitar la muerte por inanición industrial, una preocupación central en el determinismo de Ratzel y Haushofer (Cairo, 2012)).
Las Panregiones: El Orden Multipolar de los Grandes Espacios
Haushofer propuso la creación de Panregiones (Panregionen), grandes espacios económicos integrados en ejes Norte-Sur que garantizaban la autosuficiencia de las potencias dominantes. Y este diseño de Haushofer parece prefigurar la estructura multipolar de 2026: Bloques Regionales, la formación de bloques como el RCEP en Asia o la integración profunda de la Unión Europea bajo criterios de «autonomía estratégica» refleja la búsqueda de estos «grandes espacios económicos» (Grosswirtschaftsraum) mencionados en el texto (Cairo, 2012) y Ejes de Poder, estos bloques no solo buscan el comercio, sino la creación de áreas de seguridad donde la influencia de potencias rivales sea nula, emulando el modelo de panregiones que buscaba evitar conflictos directos mediante la delimitación de esferas de influencia exclusivas.
En 2026, la geopolítica de Haushofer no es un fantasma del pasado, sino un espejo de las tensiones actuales. La transición de un mundo regido por leyes internacionales a uno dictado por la necesidad biológica y geográfica de los Estados-organismo valida la preocupación de Cairo (2012) sobre la vigencia del pensamiento determinista. La búsqueda de autarquía económica, el control del espacio vital y el desarrollo de un sentido del espacio estratégico siguen siendo, cien años después, los pilares de la supervivencia estatal.
Referencias Bibliográficas
Cairo, H. (2012). La Geopolítica como “ciencia del Estado”: el mundo del general Haushofer. Geopolítica(s). Revista de estudios sobre espacio y poder.
Unión Europea. (2026). Reporte sobre la implementación del Reglamento de Datos y Autonomía Estratégica. Oficina de Publicaciones de la UE.
Consejo Ártico. (2026). Protocolo sobre Extracción de Minerales Críticos y Seguridad Regional. Estocolmo.
El secretario de Guerra del gobierno de Trump, Pete Hegseth, anunció el jueves que estaba poniendo fin a la política de que las instalaciones militares de los Estados Unidos sean «zonas libres de armas».
Hegseth firmó un decreto en el que se indica que los comandantes de las bases militares deberán permitir que los miembros del servicio soliciten permiso para llevar sus armas de fuego de posesión privada mientras están fuera de servicio. La medida rige independientemente de las regulaciones de armas de fuego impuestas por los estados en los que se ubican las bases militares.
«Nuestras instalaciones militares se han convertido en zonas libres de armas, dejando a nuestros miembros del servicio vulnerables y expuestos. Eso termina hoy«, sentenció Hegseth al hacer el anuncio de cambio de la política.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth.
La ley estaba vigente desde 1992
«Nuestra gran república se basa en una idea simple, pero audaz«, comentó Hegseth, diciendo que los EEUU fueron construidos en base a la idea de que los derechos fueron otorgados al pueblo por Dios en lugar de por el gobierno. «Hace 250 años, la Guerra Revolucionaria se libró para asegurar nuestros derechos dados por Dios. La Segunda Enmienda a nuestra Constitución consagra el derecho de todos los ciudadanos a portar armas para protegerse a sí mismos, a sus familias y a sus compatriotas», agregó el jefe del Pentágono.
Hegseth luego pasó a señalar que los uniformados estadounidenses están bien entrenados en el uso de armas de fuego y que no deberían tener prohibidos el ejercicio de sus derechos simplemente porque estuvieran en una instalación militar. «Nuestros combatientes defienden el derecho de los demás a portar armas; ellos mismos deberían poder hacerlo», consideró.
El alto funcionario citó ataques recientes contra instalaciones militares, argumentando que si a los miembros del servicio entrenados se les permitiera armarse, tales amenazas podrían neutralizarse de forma más rápida. «En estos casos, los minutos son toda una vida», explicó defendiendo la nueva medida.
Que las bases militares sean zonas libres de armas fue una medida que se estableció en febrero de 1992. La misma restringió la portación de armas al «personal del Departamento de Defensa que participa regularmente en tareas de aplicación de la ley y seguridad». Donald Trump, durante su primera campaña presidencial en 2015, se pronunció en contra de la política y dijo que la eliminaría cuando llegue a la Casa Blanca.
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