Servicio Geológico estadounidense rectificó epicentro del segundo terremoto ubicándolo en Catia La Mar

Caracas. – El Servicio Geológico de los Estados Unidos (USGS) corrigió este pasado martes, la ubicación del epicentro del segundo terremoto de magnitud 7.5, determinando que se originó a 17 kilómetros al oeste de Catia La Mar, estado Vargas, y no en Yumare, Yaracuy, como ese organismo había dicho el 24 de junio.

«M 7,5 – 17 km al O de Catia La Mar, Venezuela. La ubicación del sismo principal se actualizó con más datos y un análisis más preciso el 28/07/2026 UTC. Es probable que la incertidumbre en la ubicación real sea mayor que los 6 km calculados, ya que las llegadas iniciales quedaron ocultas por un sismo precursor.

Este terremoto fue el segundo de un doblete. Un sismo precursor de magnitud 7.2 ocurrió 30 segundos antes del sismo principal de magnitud 7.5″, precisó el organismo estadounidense en su página web.

El 24 de junio, la Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (Funvisis) indicó que el segundo movimiento telúrico ocurrió a las 6:05 de la tarde, tuvo una magnitud de 7.5, una profundidad de 10.0 kilómetros, con «epicentro: 10.450 N -68.510 O 28 km al noroeste de San Felipe», Yaracuy. No se descarta, como lo hizo la instancia estadounidense, que en su momento igualmente Funvisis brinde su pronunciamiento al respecto.

Hay que resaltar, que el USGS explicó que las llegadas iniciales de las ondas sísmicas del evento principal quedaron ocultas por ese primer movimiento, por lo que fue necesario incorporar datos adicionales y realizar un análisis más detallado para precisar la ubicación de su epicentro.

La corrección confirma que el doble terremoto del 24 de junio tuvo dos epicentros distintos. Mientras el primer sismo de magnitud 7.2 se localizó en el estado Yaracuy, el segundo, de mayor intensidad, ocurrió frente a la costa central venezolana.

Francisco Garcés, ingeniero de profesión y presidente de la Comisión Presidencial para la Evaluación de Habitabilidad de Infraestructuras, difundió en sus redes digitales la información del USGS, expresando al respecto: «El servicio Geológico de Estados Unidos ha hecho una corrección del epicentro del segundo sismo de magnitud 7.5 colocando a 17 km de Catia La Mar».

ONG denuncia que van 37 presos muertos bajo custodia del interinato chavista

Caracas. – Tras la muerte de un recluso en el estado Anzoátegui, la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció un alarmante incremento de muertes en las cárceles, bajo custodia del actual interinato chavista de Delcy Rodríguez, contabilizando al menos 37 fallecidos entre abril y julio de 2026.

Este lunes, la ONG reportó la muerte de Luis Felipe Moreno Moreno, quien permanecía recluido en el Centro Penitenciario Agroproductivo de Barcelona, estado Anzoátegui.

De acuerdo con el OVP, el hombre murió por causas relacionadas con su estado de salud en el Hospital Universitario Dr. Luis Razetti de Barcelona, luego de ser trasladado desde el centro penitenciario.

Por ello, la ONG exigió a las autoridades una investigación sobre las condiciones de atención médica dentro de los centros de reclusión y pidió respuestas sobre las medidas adoptadas para garantizar la vida y la integridad de las personas privadas de libertad.

También, a finales de julio de 2026 OVP denunció la muerte consecutiva de dos reclusos, uno por tuberculosis y otro por diarrea aguda, lo que elevó la alerta internacional.

“Exhortamos al gobierno venezolano a adoptar de manera urgente las medidas necesarias para detener las constantes muertes de presos y presas por enfermedades prevenibles y tratables que, de haber recibido atención médica oportuna, no habrían terminado cobrando sus vidas”, señaló el OVP en un comunicado difundido en redes sociales.

Asimismo, criticó que las medidas adoptadas en años recientes, para intervenir las prisiones más importantes del país, solo empeoraron la situación al dejar a medias muchas medidas, que había prometido aplicar.

“La política anunciada con amplio despliegue mediático terminó dejando cárceles hacinadas, familias separadas por traslados arbitrarios y promesas de rehabilitación que nunca se concretaron”, cuestiona el OVP.

Los defensores de los derechos de los reclusos indican que “lejos de solucionar el hacinamiento y el deterioro del sistema”, las llamadas “intervenciones penitenciarias” ordenadas por el régimen chavista “dispersaron a la población reclusa por distintos estados sin resolver las causas estructurales que siguen poniendo en riesgo la vida de quienes permanecen bajo custodia del Estado”.

El OVP advirtió que las muertes bajo custodia evidencian la necesidad de fortalecer la atención sanitaria dentro del sistema penitenciario.

La organización sostuvo que muchas enfermedades pueden agravarse cuando no existe diagnóstico, tratamiento o seguimiento médico adecuado, una situación que afecta especialmente a la población penitenciaria.

“Cada muerte bajo custodia constituye un recordatorio de que el abandono institucional sigue siendo una de las principales causas de muerte dentro de las cárceles venezolanas”, afirmó el organismo.

AN del 2015 intenta convencer sobre alcances del diálogo a partir del 1 de agosto

Caracas. – En un esfuerzo por precisar la hoja de ruta y responder inquietudes públicas, la Asamblea Nacional electa en 2015 —encabezada por la exdiputada Dinorah Figuera— empleó medios digitales para aclarar el alcance del diálogo, que a partir del 1 de agosto mantendrá con representantes del narcorégimen interino chavista.

La aclaratoria surgió tras el pronunciamiento conjunto realizado por María Corina Machado y Edmundo González Urrutia, quienes se desmarcaron de la iniciativa y solicitaron explicaciones sobre sus objetivos, metodología y cronograma.

Acompañado de una serie de imágenes, para visualizar mejor los objetivos que tendrían planteados, en el mensaje que acompañó la publicación, el ya caducado parlamento del 2015 señaló: “El diálogo entre la AN 2015 y el régimen interino busca un acuerdo para recuperar las instituciones y lograr que el voto del pueblo venezolano elija”.El mensaje recordó que el proceso comenzará el 1.º de agosto. Asimismo, afirmó que la iniciativa fue promovida por el secretario de Estado de EE. UU., Marco Rubio, y el Departamento de Estado.

La AN de 2015 sostuvo que el diálogo pretende alcanzar un acuerdo para restablecer las instituciones y propiciar una transición democrática. Además, aseguró que existen “razones para tener esperanza”, al considerar que hay voluntad política para avanzar en ese proceso.

En este sentido, la directiva presidida por Figuera destacó el beneplácito formal otorgado por la Casa Blanca a la agenda conjunta acordada con la representación del régimen chavista, tras las reuniones de coordinación sostenidas a mediados de año con Jorge Rodríguez.

También, expone que el objetivo prioritario de las delegaciones es pactar las condiciones técnicas y políticas que aseguren la convocatoria de elecciones libres, justas y verificables, garantizando la participación de todos los sectores políticos de la nación.

La publicación incluye además la captura de un comunicado de prensa del Departamento de Estado de EEUU, fechado el 16 de julio de 2026, en el que Washington celebra los anuncios hechos un día antes por la AN 2015 y por el Gobierno interino venezolano sobre una 2agenda conjunta” que entrará en vigor el 1 de agosto para “promover la estabilidad, la democracia y la recuperación nacional” del país.

El texto agrega: “Hay razones para tener esperanza. Hay voluntad política y un país que quiere caminar unido hacia la libertad”. No obstante, este mecanismo inicia con recelo desde distintos sectores políticos, marcado principalmente por el pronunciamiento público de Machado y González, quienes afirmaron no haber participado en la estructuración de esta negociación y condicionaron cualquier respaldo futuro a avances medibles.

https://twitter.com/AsambleaVE/status/2081499906271777079

María Corina y Edmundo González no intervendrán en diálogo del #1Ago, pero tampoco lo obstaculizarán

Caracas. – En un comunicado conjunto, María Corina Machado y Edmundo González, aclararon este pasado domingo que no tomarán parte en las negociaciones, que se llevarán a cabo con el narcorégimen interino chavista, a partir del próximo 1 de agosto.

En el texto, difundido por redes sociales, la Premio Nobel de la Paz y el presidente electo en 2024, afirmaron que no forman parte del nuevo mecanismo de diálogo anunciado entre el chavismo y miembros de la Asamblea Nacional electa en 2015. No obstante, aseguraron que no se convertirán en un obstáculo para iniciativas, que produzcan avances verificables hacia una transición política en Venezuela.

Indicaron que evaluarán cualquier proceso con base en condicionantes claves: la recuperación de las instituciones democráticas, la liberación total de los presos políticos, garantías reales para todos los actores sin exclusión, la fijación de un cronograma electoral presidencial oportuno y el pleno respeto a la soberanía popular.

En el mensaje dirigido a la ciudadanía venezolana y a la comunidad internacional, instaron a los impulsores de este nuevo mecanismo, de esta mesa de diálogo, a informar al país sobre los objetivos, métodos y sus cronogramas. Además, aclararon que no participaron en el «diseño, construcción y funcionamiento» de esa vía de diálogo, encabezada por el presidente del Parlamento, el chavista Jorge Rodríguez, y la exdiputada opositora Dinorah Figuera.

En el texto, la dirigente política y el exparlamentario convertido en candidato presidencial en 2024, quienes recientemente se reunieron con la mayor coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática (PUD), para evaluar ese venidero diálogo, anunciaron, sin dar detalles, que volverán a Venezuela para «acompañar al pueblo, recorrer el país y construir» un acuerdo nacional para la reconstrucción.

“Vamos a volver a Venezuela, a acompañar al pueblo al que nos debemos, a recorrer el país y a construir el Gran Acuerdo Nacional para la Reconstrucción de la República”, señala el comunicado.

Finalmente, hicieron un llamado a la unidad nacional, a acompañar a las familias afectadas por la tragedia reciente y a mantener la defensa de la voluntad ciudadana, asegurando que continuarán actuando “con la verdad por delante”.

Venezuela: entre las Islas y el Plan Marshall

Por Leroy Garrett.

El régimen de relación entre Estados Unidos y la República de las Islas Marshall se sustenta en un Pacto de Libre Asociación (COFA) firmado en 1983 y vigente desde 1986. Bajo este acuerdo, las Islas Marshall son un Estado soberano e independiente, con gobierno propio, presidente, constitución y asiento en la ONU. Sin embargo, ceden a Washington la autoridad total sobre su defensa y seguridad a cambio de asistencia económica periódica, derechos migratorios amplios (viaje, residencia, estudio y trabajo en Estados Unidos sin visa) y la posibilidad de enrolarse en las Fuerzas Armadas estadounidenses. El pacto también incluye compensaciones históricas por las pruebas nucleares realizadas en Bikini y Enewetak entre 1946 y 1958, y garantiza a Estados Unidos el uso estratégico de instalaciones como el atolón de Kwajalein.

Este modelo de soberanía condicionada no es una anomalía. Es una de las formas más claras en que Washington ha estructurado relaciones de poder con territorios de alto valor estratégico.

El Plan Marshall, por su parte, fue el instrumento visionario que, entre 1948 y 1952, reconstruyó la Europa occidental devastada por la guerra. No fue solo dinero. Fue un vehículo de contención del comunismo y de restablecimiento de prosperidad y libertades públicas. Contó con un liderazgo político efectivo y responsable: Clement Attlee y Ernest Bevin en el Reino Unido, Vincent Auriol, Georges Bidault y Robert Schuman en Francia, Konrad Adenauer en la naciente República Federal Alemana, Alcide De Gasperi en Italia, Paul-Henri Spaak en Bélgica, entre otros. Tras haber pulverizado el fascismo, estos hombres asumieron la tarea de reconstruir sin el lastre de las viejas élites derrotadas ni el contagio de las fuerzas que amenazaban desde el Este.

Venezuela, hoy, se encuentra en una encrucijada análoga, aunque con una diferencia decisiva: produce el petróleo suficiente para autofinanciar su propio Plan Marshall. No necesita limosnas. Necesita algo que no tiene: un equipo de conducción nacional incuestionable, ajeno al cáncer politiquero que ha destruido al país durante un cuarto de siglo.

La cuestión venezolana demanda la atención de Washington no por caridad, sino por interés estratégico. Venezuela es un enclave de suministro de petróleo al cual Estados Unidos no estará dispuesto a ceder ni a dejar nacionalizar o intervenir por rivales globales nunca más. 

Acerca de no volver a ser el país libérrimo que fuimos hasta 1999, ese es el precio que los venezolanos pagamos por el chavismo.

La oportunidad de una independencia absoluta fuera del chavismo fue asfixiada por la vergüenza llamada interinato. Ese experimento, que pretendió ser transición y terminó siendo una prolongación de la crisis, demostró que la oposición tradicional no estaba preparada para gobernar ni para romper de verdad con el sistema que decía combatir.

Sería un gesto de buena voluntad por parte de los Estados Unidos —y de realismo estratégico— que el Departamento de Estado descartara tanto a la oposición colaboracionista como al chavismo residual, y promoviera la selección de un equipo de dirigentes comprometidos con la reconstrucción, inicialmente sostenidos, si fuera necesario, por el poder estadounidense. Cualquiera sea el modelo de asociación que luego impere —COFA, protectorad de facto, o un arreglo más sofisticado—, la selección de ese liderazgo no es una decisión exclusivamente venezolana. Y no necesita serlo.

Lo que Venezuela requiere no es otra ronda de negociaciones entre los mismos actores que han fracasado. Requiere un equipo de conducción nacional ajeno a los bandos, con autoridad real y con el respaldo suficiente para imponer el orden mínimo sin el cual ninguna reconstrucción intentada será viable.

De ser así, enhorabuena.

Trump reivindica la libertad de expresión tras el intento de asesinato que obligó a aplazar la Cena de Corresponsales

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha aprovechado su regreso a la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca para recordar el intento de ataque que provocó la suspensión de su anterior edición y ha defendido que la violencia política «no cambiará» el sistema democrático estadounidense, al tiempo que ha destacado las medidas de seguridad adicionales adoptadas por su Administración.

Trump ha asegurado que la reanudación del evento representa una respuesta al episodio ocurrido meses atrás, que ha calificado como un «ataque» contra la democracia estadounidense. «El intento de asesinato masivo en el Washington Hilton fue un asalto contra nuestra propia democracia», ha defendido ante periodistas, políticos y miembros de su Gobierno.

El mandatario ha señalado que aquella noche evidenció la necesidad de reforzar la protección de las autoridades y ha agradecido la actuación del Servicio Secreto y de los cuerpos de seguridad presentes en el acto. En particular, ha elogiado al agente Víctor Gonzales, quien resultó herido durante la intervención contra el atacante.

«En este país creemos en la libertad de expresión. Resolvemos nuestras diferencias no con balas, sino con debates abiertos y firmes», ha declarado Trump, insistiendo en que ningún agresor armado debe alterar el funcionamiento político del país.

Asimismo, ha reivindicado también la capacidad de respuesta de EE. UU. frente a las amenazas internas y ha presentado el regreso de la cena como un símbolo de resistencia institucional.

«El espectáculo debe continuar», ha sentenciado, recuperando una frase que, según ha explicado, había utilizado tras el ataque para defender la celebración del acto.

Programa 781: Trump juega con María Corina y Delcy Rodríguez y la CIA confirma fraudes electorales en Venezuela

Esta semana, la noticia del día gira en torno a un reportaje de un medio neoyorquino que asegura que el presidente de EE. UU., Donald Trump, recurre de manera reiterada a la amenaza del posible regreso de María Corina Machado (MCM) a Venezuela cada vez que Delcy Rodríguez intenta actuar de forma independiente o apartarse de los lineamientos dictados por la Casa Blanca. De acuerdo con lo reflejado en dicho reporte, las advertencias de Washington no se centran en la apertura de nuevas investigaciones ni en la reactivación de los expedientes judiciales vigentes por narcotráfico contra la funcionaria, sino específicamente en facilitar el retorno de MCM al país. Asimismo, la publicación señala que, en las oportunidades en las que Machado habría estado lista para regresar al país, ha sido la propia Delcy Rodríguez quien ha ejecutado todas las acciones necesarias para impedirlo.

Aunque el origen y la veracidad absoluta del reporte deben tomarse con reserva por tratarse de filtraciones de prensa, se analiza que la dinámica descrita resulta verosímil dado el estilo político de quien se encuentra en la Casa Blanca. No obstante, no se descarta que estas interacciones respondan a un tono de ironía, bromas o sarcasmo entre las partes, en consonancia con reportes previos de medios como The New York Times sobre intercambios informales y envío de fotografías entre funcionarios chavistas y representantes de Washington.

En cuanto al impacto sustancial del eventual retorno de Machado, se cuestiona qué alcance real o poder de maniobra mantendría en la práctica más allá del revuelo mediático, recordando las narrativas construidas en torno a su salida del país —que incluyeron versiones sobre misiones especiales de la CIA, costillas rotas, piernas gangrenadas, pérdida de cabello y auxilio de guerrillas colombianas— y planteando que, de poseer dicho poder, por qué continúa esperando para actuar.

En contraposición, se evalúa la postura del régimen, el cual rechaza su ingreso no por percibir una amenaza inminente, sino como una demostración de autoridad e imposición territorial («no me da la gana»), aunque supeditada a las presiones directas de EE. UU., tal como ocurrió en episodios previos donde voceros del chavismo debieron rectificar anuncios electorales —como Diosdado Cabello o quienes negaban futuros procesos— tras instrucciones expresas de Washington para designar nuevos poderes comiciales e institucionales.

Convocan a familiares con infantes desaparecidos a identificar cuerpos de 38 niños en Vargas

Caracas. –  Familiares de niños y adolescentes desaparecidos durante los sismos del pasado 24 de junio, fueron convocados por el interinato chavista, para lograr la identificación de 38 cuerpos de infantes, que permanecen bajo resguardo del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en el estado Vargas.

El llamado fue realizado por el ilegítimo ministerio de interior y justicia, el cual informó que los familiares deberán acudir a la sede temporal del Senamecf instalada en el complejo de Bolipuertos Los Silos, en la citada entidad costera.

Según el comunicado oficial, el procedimiento busca realizar las labores de reconocimiento “con el respeto y la sensibilidad que la situación amerita”.

Quienes tengan menores desaparecidos, deberán presentarse para participar en un proceso de verificación fotográfica y en pericias antropológicas y odontológicas. Además de las evaluaciones forenses, las autoridades continúan realizando tomas voluntarias de muestras de ADN para comparar perfiles genéticos y facilitar la identificación de las víctimas.

Actualmente se encuentran 38 cuerpos de niños y adolescentes que no han sido reclamados por sus familiares, y según el comunicado del ente chavista, el objetivo es «lograr la identificación de las víctimas mediante comparaciones científicas de perfiles genéticos y brindar certeza y paz a las familias».

El más reciente balance oficial sitúa en 5.398 el número de fallecidos como consecuencia de los terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 el 24 de junio. El gobierno reporta 16.740 heridos, 17.907 damnificados, 856 edificaciones con daños y 190 inmuebles colapsados.

Pese a ello, las autoridades aún no han divulgado cifra de desaparecidos.

Una madre increpó a Jorge Arreaza en Playa Grande: «¿Tus hijos están completos, verdad? Los míos no»

Caracas. – Un episodio igual de penoso como el vivido por Nicolás Maduro Guerra sufrió el ilegítimo diputado chavista Jorge Arreaza, cuando este pasado miércoles fue increpado por familiares de víctimas y desaparecidos del terremoto en el estado Vargas.

Las personas le denunciaron que aún no han podido rescatar a sus seres queridos, y aseguran que las autoridades les impiden realizar labores de búsqueda por el riesgo de colapso de las estructuras.

Sin embargo, fue el reclamo contundente de una madre hacia Arreaza lo que se difundió como pólvora encendida en las redes sociales.

«Mi hija cumplió años el sábado y yo no sé si ella está allí (bajo los escombros). ¿Tus hijos están completos, verdad? Gracias a Dios. Los míos no», cuestionó la progenitora.

«Me falta mi hija, yo lo entiendo, pero entiéndeme a mí… Tu familia está completa, la mía no, Jorge», insistió la mujer.La mujer reclamó al funcionario del narcorégimen interino la falta de apoyo de las autoridades, para recuperar los cuerpos de las personas que vivían en una de las torres del urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi, en la urbanización Playa Grande.

Ante los reclamos, Arreaza, acompañado de un equipo de trabajo, carente de argumentos ante las denuncias que le planteaban, solo atinó a proponer a los presentes, tímidamente, llegar a un consenso para reducir los riesgos a las personas que continúan buscando a sus familiares entre los escombros.

Dos sismos consecutivos de magnitudes 7,2 y 7,5 en la escala de Richter sacudieron al país suramericano la noche del miércoles 24 de junio.Las regiones más afectadas por los dos potentes movimientos telúricos son: Vargas, Caracas, Miranda, Aragua, Falcón y Carabobo.Sin embargo, Vargas es la región más devastada por los terremotos, y es considerada la ‘zona cero’. Parroquias específicas como Caraballeda, Catia La Mar y Macuto sufrieron daños masivos.

Estados Unidos desplegará 3.000 técnicos para asumir un control temporal de Venezuela

Caracas. – El Gobierno de Estados Unidos analiza un plan preliminar para desplegar unos 3.000 técnicos y establecer una administración temporal en Venezuela. La medida buscaría dirigir la reconstrucción y preparar elecciones democráticas tras los terremotos ocurridos el 24 de junio.

Según reveló este jueves el diario español ABC, citando fuentes conocedoras de las discusiones internas en Washington, el proyecto está todavía en una fase preliminar, y además de 3.000 personas, contempla una inversión inicial próxima a los 3.000 millones de dólares.

No se trataría de un contingente militar ni de una fuerza de combate. Una parte importante del equipo procedería del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, acompañada por especialistas civiles en infraestructuras, urbanismo, logística, comunicaciones, energía y ordenación territorial.

Su misión sería participar en la recuperación de carreteras, puertos, aeropuertos, redes eléctricas, sistemas de abastecimiento de agua y edificios públicos dañados por los seísmos. También asumirían tareas de coordinación de la ayuda y de planificación de las prioridades para reconstruir las zonas más afectadas.

El plan plantea una estructura administrativa de carácter temporal que permita garantizar la continuidad de los servicios esenciales, evitar un vacío institucional y preparar unas futuras elecciones democráticas.

El medio señala que las conversaciones en Washington también incluyen la definición del papel que desempeñarían distintos actores políticos venezolanos durante la transición.Durante semanas, el equipo de Donald Trump ha analizado distintas fórmulas para asumir un mayor control sobre la transición venezolana.

El propio presidente ha llegado a bromear en público con la posibilidad de convertir Venezuela en el Estado número 51 de Estados Unidos, una hipótesis que no forma parte de los planes reales examinados por su Administración.

Una fuente consultada por ABC compara el modelo, con todas las cautelas, con los acuerdos de libre asociación que EE.UU. mantiene con las Islas Marshall y otros pequeños Estados del Pacífico. La comparación es únicamente política y funcional. Aquellos acuerdos fueron negociados entre países soberanos y regulan materias como la defensa, la financiación y la libre circulación. Venezuela se encuentra en una situación constitucional, territorial e institucional completamente distinta.

El plan continúa en discusión y no ha sido aprobado ni anunciado públicamente por la Casa Blanca. Tampoco existe una fórmula jurídica cerrada ni un acuerdo definitivo sobre quién dirigiría esa administración, durante cuánto tiempo estaría vigente o qué instituciones venezolanas conservarían sus competencias.

No obstante, la propuesta ha provocado algunas resistencias dentro de la Administración Trump. Washington busca establecer una presencia estadounidense amplia, con responsabilidades concretas y capacidad de supervisión, pero sin anexionarse Venezuela ni integrarla formalmente en Estados Unidos. Sería una tutela temporal y limitada, vinculada a la emergencia, la reconstrucción y la transición política.

El primer movimiento visible de esa nueva arquitectura se produjo esta semana con el anuncio de una mesa de trabajo entre las dos asambleas nacionales que reclaman autoridad en Venezuela: la elegida en 2015, reconocida por EE.UU. y por una parte de la oposición como la última institución legislativa legítima, y la controlada por el chavismo.

ABC también reseña que el Departamento de Estado ha reiterado su respaldo al eventual regreso de Machado al país y sostiene que el objetivo final de Washington es crear las condiciones necesarias para la celebración de elecciones libres, una vez se restablezcan las capacidades institucionales y de infraestructura afectadas por la crisis.

Hasta el momento, la Casa Blanca no ha anunciado oficialmente la puesta en marcha de este proyecto ni ha confirmado los detalles expuestos por el diario español.