Caracas. – El teniente coronel del Ejército Igbert Marín Chaparro enfrenta desde este lunes 7 de septiembre un nuevo juicio, ante un ilegítimo tribunal con competencia en delitos de terrorismo, pese a que el pasado 9 de septiembre de 2025 cumplió ya la condena de 7 años y 6 meses, que le había sido injustamente impuesta por presunta instigación a la rebelión.

La ONG Realidad Helicoide informó sobre el inicio del proceso y denunció que se trata de una nueva causa utilizada para impedir la excarcelación del militar venezolano.

“Inicia un nuevo juicio penal contra el teniente coronel Igbert Marín Chaparro. Una maniobra que denuncia su defensa para no liberarlo tras haber cumplido íntegramente su injusta condena original”, señaló la organización en una publicación difundida este lunes.

Enfrentará una segunda causa mientras permanece recluido en el Internado Judicial El Rodeo I, en condiciones que su familia y defensores de los derechos humanos describen como infrahumanas. La audiencia será telemática: él asistirá a su juicio desde prisión mientras su familia y abogados estarán presentes en sala en el Palacio de Justicia.

“Le imputan presuntos delitos de terrorismo alegando que, estando totalmente incomunicado y bajo custodia del Estado en la sede de la DGCIM en Boleíta, dibujó un plano desde su celda para capturar a altos funcionarios de la administración y atentar contra la sede del CNE”, sostuvo Realidad Helicoide. La familia considera contradictoria esta versión debido a las condiciones de aislamiento en las que se encontraba el militar.

Asimismo, la hermana del oficial, Ignell Marín Chaparro, ha denunciado que las autoridades abrieron la nueva causa cuando correspondía ejecutar su libertad. Las denuncias realizadas por sus familiares, indican que Marín fue llevado a una audiencia nocturna el 1 de febrero de 2024, sin contacto con sus abogados ni allegados, y los defensores del Foro Penal solo pudieron juramentarse formalmente en julio de 2026.

La ONG también alertó, que el nuevo proceso podría derivar en una condena de hasta 30 años de prisión para el teniente coronel. “Pretenden imponerle la pena máxima de 30 años de prisión mediante este nuevo proceso judicial”, afirmó Realidad Helicoide.

Ante el inicio del proceso, Realidad Helicoide exigió el respeto de las garantías judiciales y pidió que se permita al militar ejercer plenamente su derecho a la defensa. “Exigimos garantías de debido proceso, justicia y la libertad inmediata para el teniente coronel Igbert Marín Chaparro”, expresó la organización.

Caracas. – Decenas de residentes de Maracaibo, capital del estado Zulia, protestaron la noche de este pasado jueves frente a la residencia oficial del gobernador chavista de esa entidad, Luis Caldera, para exigir respuestas ante los prolongados cortes de electricidad que afectan a distintas comunidades de la ciudad.

“Que salga Caldera, aquí estamos afuera”, fue el grito de los maracuchos que reclamaban para que el funcionario del PSUV diera la cara por la crisis eléctrica, que ha afectado la entidad y el resto del país durante décadas.

“Tienen todos los meses diciendo que llegaron transformadores, que van a arreglar”, comentó uno de los vecinos indignados. “Él está ahí tranquilito, ve, con planta y no paga luz, nada”, apuntó el ciudadano frente a uniformados de la Policía del estado Zulia.

La protesta también se dio en el municipio Valmore Rodríguez -Costa Oriental Lago-, donde los manifestantes sonaron sus cacerolas en plena vía pública por ya sumaban nueve horas sin electricidad. Los ciudadanos cuestionaron que a diario se quedan entre 4 y 7 horas sin electricidad, mientras que en la residencia del gobernador chavista siempre hay servicio eléctrico.

Los reclamos reflejaron el malestar de comunidades que aseguran convivir con racionamientos prolongados y sin información clara sobre la duración de las interrupciones o los trabajos necesarios para estabilizar el servicio.

Una mujer aseguró que su sector acumula 16 días sin electricidad y que, según le informaron, deben reunir 4.000 dólares para instalar un nuevo transformador. «¿De dónde nosotros vamos a tener para poner un transformador?», cuestionó.

Entre los manifestantes también estaban vecinos del sector Las Corubas, quienes tienen 30 días sin electricidad por la avería de un transformador. “Tienen todos los meses diciendo que llegaron transformadores, que van a arreglar”, denunció uno de los afectados durante la protesta.

Otros denunciaron que los cortes eléctricos deterioran su calidad de vida y les impide hacer sus tareas cotidianas. “Llego del trabajo y no puedo descansar porque se va la luz”, dijo una manifestante.

Caracas. – Un rehén político del narcorégimen chavista, Jovanny González, quien había recibido libertad condicional y debía acudir a citaciones judiciales pese a su estado crítico de salud debido a un cáncer avanzado, falleció este pasado miércoles sin haber podido recibir su libertad plena.

González padecía un cáncer metastásico en fase avanzada, según informó la ONG Fundehullan Venezuela en sus redes sociales. Había sido excarcelado bajo medidas cautelares de presentación periódica ante los tribunales.

Según la ONG, tanto el sistema de justicia como el Ministerio Público no adaptaron estas obligaciones a su condición médica, lo que, a su juicio, vulneró sus derechos a la vida, la salud y a no ser sometido a tratos inhumanos o degradantes.

Durante las semanas previas a su muerte, la ONG y varios de sus allegados solicitaron medidas humanitarias y su inclusión prioritaria en procesos de amnistía. Las peticiones buscaban atender su situación médica y evitar que tuviera que acudir a las citaciones judiciales, pero no prosperaron.

González era asistente parlamentario en el Consejo Legislativo del estado Barinas. Fue secuestrado de manera arbitraria el 2 de mayo de 2017 por funcionarios del SEBIN en la capital del estado llanero, en el marco de las protestas antigubernamentales de ese año. Le imputaron, sin pruebas, los supuestos delitos de posesión ilícita de armas de guerra, tráfico ilícito de municiones, uso indebido de prendas militares, agavillamiento y resistencia a la autoridad.

Caracas. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, exconcejal que fue asesinado bajo custodia del narcoestado chavista en octubre de 2018.

La elevación del caso ante la instancia se produce, tras concluir que la Narcotiranía incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con su secuestro, tortura y muerte.

La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y ordene, entre otras medidas: la reparación integral (material e inmaterial) mediante compensación económica y satisfacción; un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares; una investigación seria y en plazo razonable que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables (incluida la cadena de mando) y garantice la participación de la defensa familiar.

En el comunicado de prensa emitido por la comisión, Albán, de 56 años, era dirigente opositor, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del SEBIN sin orden judicial.

Según información aportada por los familiares de Albán, el 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el fiscal general, Tarek William Saab, informó públicamente que Albán presuntamente se había suicidado en la sede del SEBIN, versión que fue ampliamente cuestionada por las múltiples irregularidades en el caso.

La familia del dirigente opositor denunció torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Por la muerte de Albán solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas mínimas que al poco tiempo los dejaron en libertad.

Tras analizar el caso, la CIDH concluyó en su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25 que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración. El organismo también determinó que fue sometido a torturas y posteriormente ejecutado extrajudicialmente mientras se encontraba bajo custodia del narcoestado chavista.

La CIDH indicó que los peticionarios que llevaron el caso ante el organismo señalaron que, antes de su muerte, se había abierto contra Albán un proceso penal por presunto terrorismo y otros delitos, que nunca pudieron comprobar.

También señaló que solo fueron procesados dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas posteriormente reducidas que los dejaron en libertad.