Durante años nos han dicho que debemos preocuparnos por quienes acumulan riqueza, que los empresarios ganan demasiado dinero, que nadie debería tener tanto, que hay que poner límites a la riqueza. Sin embargo, casi nadie habla de algo mucho más peligroso: la acumulación de poder. Resulta curioso que existan personas convencidas de que un empresario no debería acumular tanta riqueza, pero consideren perfectamente normal que un político pase treinta o cuarenta años viviendo del presupuesto público; nos preocupa la concentración de capital, mas no la concentración de poder. Y la historia demuestra que el poder suele ser mucho más peligroso.

Un empresario arriesga su patrimonio; un político administra el patrimonio de todos. Uno pone en juego su dinero; el otro decide sobre recursos que no le pertenecen. Aun así, la sospecha suele dirigirse hacia quien produce riqueza y no hacia quien administra impuestos.

La consecuencia está a la vista: hemos normalizado ver políticos rodeados de privilegios que jamás aceptaríamos en cualquier otro empleado. Camionetas blindadas, escoltas, choferes, asistentes, viajes, restaurantes exclusivos, propiedades millonarias, patrimonios que crecen de manera sorprendente al ocupar cargos públicos. Lo observamos una y otra vez y nunca nos detenemos a preguntar algo elemental: ¿de dónde salió ese dinero?

La historia latinoamericana está llena de ejemplos. Fidel Castro construyó un régimen basado en la condena de la riqueza privada, pese a que la revista Forbes estimaba su fortuna en alrededor de 900 millones de dólares. Cristina Fernández de Kirchner fue condenada por corrupción y la justicia argentina ordenó el decomiso de cientos de millones de dólares en bienes vinculados a sus causas judiciales. En Venezuela, mientras millones de personas enfrentaban escasez, apagones, inflación y pobreza extrema, las autoridades acumulaban denuncias internacionales por corrupción, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito.

Los nombres cambian, las banderas cambian, los discursos cambian; la tentación del poder permanece. Lo verdaderamente preocupante no es que alguien tenga dinero. Lo preocupante es que quienes viven de recursos públicos terminen acumulando fortunas imposibles de explicar con los ingresos que ellos mismos reportan. Más grave todavía es que muchos ni siquiera cumplen con las responsabilidades básicas para las que fueron elegidos.

La función principal de un gobierno no es repartir favores. No es regalar dinero. No es inaugurar obras con su nombre. No es aparecer en conferencias de prensa. La función de un gobierno es garantizar seguridad, justicia e igualdad ante la ley. Y precisamente ahí es donde demasiados gobiernos fracasan.

Millones de ciudadanos viven con miedo a la delincuencia. Miles enfrentan procesos judiciales lentos, costosos e injustos. La impunidad sigue siendo la regla para innumerables delitos. No obstante, quienes deberían resolver esos problemas suelen vivir protegidos por los privilegios que el ciudadano común jamás tendrá. El privilegio más escandaloso no siempre es económico: es jurídico.

A diferencia de una persona común, que puede pasar años intentando demostrar su inocencia o reclamando justicia, muchos políticos cuentan con fueros, influencias, estructuras partidistas y redes de protección que los mantienen alejados de las consecuencias que enfrentaría cualquier otro ciudadano.

La igualdad ante la ley debería ser el principio más sagrado de una república. Cuando la ley es más indulgente con el gobernante que con el gobernado, deja de existir justicia: lo que existe es privilegio.

Hemos desarrollado una extraña costumbre de tratar a los políticos cual celebridades. Los seguimos. Los defendemos. Los justificamos. Los convertimos en figuras de admiración. Les aplaudimos por hacer aquello para lo que fueron contratados. Aplaudir a un político porque cumple con su trabajo es tan absurdo como aplaudir a un cajero automático porque entrega el dinero que nos pertenece. No está haciendo un favor: está cumpliendo una obligación.

No debería sorprendernos que la calidad de la clase política siga deteriorándose. Para dirigir una empresa se exigen resultados, experiencia, referencias y capacidad demostrada; para dirigir un país parece bastar con la popularidad.

Cada vez es más común ver a influencers, celebridades, actores, deportistas o personajes mediáticos ocupar cargos públicos únicamente gracias a su nivel de reconocimiento. La fama ha reemplazado al mérito, la popularidad ha reemplazado a la capacidad y el populismo ha reemplazado a la responsabilidad.

Ninguna empresa seria entregaría su dirección a alguien solo por ser famoso. Sin embargo, millones de personas están dispuestas a entregar el destino de una nación bajo ese mismo criterio. Si algunos creen que la riqueza debe tener límites, también deberían preguntarse si el poder debería tenerlos.

¿Por qué una persona puede pasar cuarenta años viviendo de la política? ¿Por qué consideramos normal que alguien construya una carrera entera alrededor del presupuesto público? La vieja frase sigue vigente: “los políticos son como los pañales; deben cambiarse con frecuencia y por la misma razón”.

El poder prolongado rara vez mejora a las personas. Con demasiada frecuencia las convence de que las instituciones les pertenecen, de que los recursos públicos son suyos y de que las reglas existen para los demás. Las sociedades libres no se construyen vigilando obsesivamente a quienes generan riqueza: se construyen vigilando a quienes ejercen el poder. El dinero puede comprar comodidad. El poder puede comprar impunidad. El dinero puede perderse. El poder puede utilizarse para manipular leyes, proteger aliados, castigar adversarios y administrar recursos que pertenecen a millones de personas.

La pregunta no es cuánto dinero tiene una persona. La pregunta es cuánto poder estamos dispuestos a tolerar que acumule alguien antes de olvidar que trabaja para nosotros.

El día que dejemos de admirar a los políticos y empecemos a evaluarlos con un rigor semejante al de cualquier empleado; el día que exijamos resultados en lugar de discursos; el día que la ley trate igual al gobernante que al ciudadano; el día que entendamos que el presupuesto público no es propiedad de quienes lo administran, sino de quienes lo financian, habremos dado un paso enorme hacia una sociedad más libre. Pues el mayor privilegio nunca ha sido la riqueza: el mayor privilegio siempre ha sido el poder sin límites.