Amnistía Internacional exigió liberación plena de rehenes políticos en Venezuela

Caracas. – La organización de derechos humanos y movimiento global Amnistía Internacional emitió un comunicado, este pasado miércoles, en el cual exigió la liberación inmediata de todos los ciudadanos secuestrados arbitrariamente en Venezuela por razones políticas, y advirtió que las recientes excarcelaciones no significan necesariamente el fin de la persecución, mientras centenares de personas permanecen tras las rejas.

De acuerdo con datos recopilados por organizaciones como Foro Penal y Justicia, Encuentro y Perdón desde el pasado 14 de agosto han sido excarceladas alrededor de 80 personas. Entre las medidas de libertad condicional que se han concedido bajo medidas humanitarias se encuentran las de Emirlendris Benítez y María Auxiliadora Delgado, privadas de libertad desde agosto de 2018 y marzo de 2019, las cuales se les mantiene vigente la condena impuesta en 2022 tras procesos judiciales sin garantías.

En este sentido, la organización enfatizó que una persona excarcelada que permanece bajo un mecanismo arbitrario de un juicio penal o de medidas cautelares abusivas no ha recuperado plenamente su libertad, citando como ejemplo los casos de defensores de derechos humanos y presos de conciencia como Javier Tarazona, Rocío San Miguel y Carlos Julio Rojas. 

También, denunció la falta de transparencia del Estado sobre las custodias de las personas encarceladas por motivos políticos y es así que, Amnistía Internacional y la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) explicaron con profunda preocupación la situación en la prisión el Rodeo I ya que se habían registrado informes recientes donde se habla de presuntas torturas, desaparición forzada y malos tratos hacia los reclusos.

“Continúa sin conocerse la suerte y el paradero de Jorgen Guanares desde su presunta detención el 2 de agosto de 2024; Juan Carlos Marrufo, detenido arbitrariamente desde el 19 de marzo de 2019, necesita atención médica urgente; y Damián Rojas, Roberto Pérez, Renny González, Jonathan Delgado y centenares de personas más siguen detenidas arbitrariamente”, detalló Amnistía Internacional.

Amnistía Internacional, en el mismo comunicado, publicó una carta modelo de llamamiento dirigido al recientemente designado por el narcorégimen interino como fiscal general, Larry Davoe, mediante la cual manifestó que el reencuentro de las personas recientemente liberadas de la detención arbitraria con sus seres queridos “debió haberse producido hace tiempo”.

Finalmente, solicitó junto a OVP. que se garantice el acceso efectivo a los centros de reclusión del país a los equipos internacionales de protección de los derechos humanos, específicamente a la Misión de Determinación de los Hechos de la ONU y a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, con el propósito de que puedan ver de primera mano el estado de salud, evaluar las condiciones de reclusión y hacer el debido seguimiento a las denuncias de violaciones de derechos humanos a nivel nacional.

Trump firma una orden para cambiar el nombre del lago Ontario por lago América

El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado este jueves una orden ejecutiva para cambiar el nombre del lago Ontario por el de lago América, como ya planteó hace días, en medio de la crisis comercial con Canadá por la intención de Washington de aplicar aranceles a sus vecinos del norte.

«Como ya sabéis, tomamos algo llamado ‘golfo de México’. Lo cambiamos. Y ahora se conoce habitualmente como el ‘golfo de América. Tenemos un golfo y un lago. Ahora solo nos falta un océano. Quizá tengamos que cambiar el nombre del Atlántico o del Pacífico. Quizá cambiemos los dos», ha declarado tras rubricar el decreto en presencia de los periodistas en el Despacho Oval.

El presidente ha justificado su decisión reiterando sus acusaciones a los dirigentes del país vecino. «Nos han tratado muy mal. Son gente desagradable», ha incidido, antes de señalar que los canadienses «quieren ser tratados como un estado, pero no son un estado».

Así, ha cumplido con sus declaraciones de este martes, cuando apuntó a dar este paso alegando que no pensaba «seguir haciendo muchos negocios con Ontario». «Se creen con derecho a todo y no podemos permitirlo», ha dicho ahora sobre las autoridades canadienses.

El Ejecutivo de Mark Carney decidió entonces no responder a una medida «deliberada», según indicó su ministro de Comercio, Dominic LeBlanc.

Este jueves, el primer ministro canadiense ha recordado a Trump que el nombre del lago Ontario «tiene más de 400 años de antigüedad, y es anterior tanto a la Confederación de Canadá como a la Declaración de Independencia de EE. UU.»

En sus redes sociales ha atribuido la orden del presidente estadounidense a los numerosos «cambios» del país. «Sabemos que EE. UU. está cambiando. Sus relaciones comerciales, su política exterior, sus monumentos nacionales, sus hidrónimos», ha dicho.

En este sentido, Carney ha asegurado que «los canadienses también saben que dar nombre a la realidad significa llamarlo ‘lago Ontario’: entonces, ahora y siempre».

Cabe señalar que el anuncio llega en pleno choque entre Washington y Ottawa por el fracaso de las recientes negociaciones comerciales entre ambos países que supusieron la entrada en vigor de aranceles del 50% sobre productos canadienses y cuando Trump sostiene que elevará hasta el 50% los aranceles sobre automóviles, camiones, componentes automovilísticos y acero de origen canadiense a partir del 1 de enero de 2027.

El Gobierno de Canadá, por su parte, ha respondido anunciando un paquete de medidas arancelarias que entrarán en vigor a partir del 8 de septiembre, entre los que se incluyen gravámenes entre el 15% y el 50% a productos derivados del acero y el aluminio, así como artículos básicos como lácteos, pescado o marisco procedentes del país vecino.

Colombia y EE. UU. refuerzan su cooperación contra el crimen organizado con una reunión en el Pacífico

Las autoridades de Colombia y EE. UU. han conversado este jueves sobre el refuerzo de la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico y crimen organizado, en el marco de un encuentro en Tumaco, ciudad sita en la costa del océano Pacífico, fronteriza con Ecuador.

En el mismo ha participado el comandante del Comando Sur del Ejército estadounidense (SOUTHCOM), el general Francis Donovan, junto al ministro de Defensa colombiano, Jorge Mora, quien ha señalado, en un mensaje en redes, que el propósito de la reunión es «fortalecer la cooperación en seguridad y defensa» entre ambos países, después de que Bogotá haya entrado a formar parte de la Coalición de las Américas Contra los Cárteles (A3C), impulsada por Washington.

«Por instrucción del presidente Abelardo de la Espriella, fortalecemos alianzas y consolidamos una respuesta firme y coordinada para proteger la seguridad de nuestros países», ha precisado Mora, tras aseverar que la entrada de Colombia en la citada alianza «permitirá articular esfuerzos regionales contra el narcotráfico y el crimen organizado».

Concretamente, ha precisado la cartera de Defensa colombiana, se ha puesto sobre la mesa el intercambio de información, conocimiento del territorio y experiencias operacionales en aras de «avanzar hacia una mayor interoperabilidad» entre las fuerzas de ambos países, mejorando así la capacidad de respuesta «frente a las redes criminales que utilizan el Pacífico como corredor para sus actividades ilícitas».

Sobre este encuentro se ha pronunciado el propio Donovan, quien ha asegurado que «bajo la bandera de la A3C» ha sido consolidada «una estrategia unificada para dar caza a los líderes de los cárteles, desarticular su logística y privarles de forma permanente de cualquier refugio seguro».

Lo ha hecho tras referirse a la frontera entre Colombia y Ecuador como «un cuello de botella geográfico que los cárteles violentos llevan mucho tiempo explotando», así como un «importante corredor para el tráfico de cocaína por parte de algunas de las organizaciones más violentas del mundo».

Conocida como ‘la perla del Pacífico’, la zona de Tumaco es considerada como uno de los puntos calientes de la actividad de bandas criminales y organizaciones al margen de la ley dedicadas al narcotráfico, las cuales aprovechan la posición estratégica del lugar al ser fronterizo con Ecuador.

Nepal eleva a 644 los turistas desaparecidos, 517 de ellos extranjeros

Las autoridades de Nepal han elevado este jueves a 644 los turistas desaparecidos, 517 de ellos extranjeros, en las inundaciones registradas el miércoles a causa de una fuerte crecida del río Bhotekoshi en el distrito de Rasuwa, próximo a la frontera con China, que deja al menos 270 muertos.

La Junta de Turismo de Nepal ha actualizado el balance de turistas desaparecidos, entre los que destacan 127 de nacionalidad nepalí, mientras que el mayor número es de 178 personas de origen indio.

Además, hay 65 estadounidenses, 53 ucranianos, 51 malasios, 35 australianos, 33 británicos y 25 canadienses, ocho alemanes y ocho rusos, entre los desaparecidos, que provienen de 33 países distintos.

De todos modos, el balance es mayor porque no incluye a ciudadanos chinos, país limítrofe con Nepal, y cuyas autoridades han confirmado que en torno a un centenar de nacionales se encuentran desaparecidos.

Cabe señalar que el balance hecho público por Nepal incluye a tres desaparecidos de nacionalidad española, si bien el Ministerio de Exteriores de España eleva a cuatro los nacionales sin localizar en las devastadoras inundaciones.

Borrego de la semana 241: María Corina Machado, la «líder» de la opoficción venezolana

Esta semana, la dirigente política María Corina Machado fue calificada como el «borrego de la semana» debido a sus recientes posturas y acciones públicas, las cuales reflejan una profunda desconexión con la ciudadanía y una falta de coherencia en su discurso. Esto responde a dos factores centrales: sus declaraciones sobre los procesos electorales en el país y sus vínculos con figuras cuestionadas de la política tradicional.

El primer motivo central se encuentra en sus recientes declaraciones, en las que afirmó de manera categórica que los venezolanos no aceptarán ninguna elección en la que ella no participe como candidata. Esta aseveración incurre exactamente en el mismo patrón visto previa al 28 de julio de 2024, fecha para la cual sentenció que «sin mí no hay elecciones», para luego terminar respaldando e impulsando el proceso electoral sin estar inscrita en la contienda. Esta imposibilidad de sostener sus fijaciones públicas deja al descubierto una línea política fluctuante y poco seria.

El segundo factor determinante es la incoherencia de su pretendida diferenciación frente a la política tradicional. A pesar de haberse posicionado bajo el argumento de representar una alternativa distinta, la reciente circulación de un video en redes sociales la muestra manteniendo una conversación telefónica de absoluta familiaridad y confianza con Carlos Ocariz. Esta cercanía expuesta con un dirigente salpicado por el caso «Cuaripano» y ampliamente repudiado por el electorado desmiente la distancia que afirma tener respecto a los vicios de la vieja dirigencia.

No conforme con esto, se recuerda que María Corina Machado ha desaparecido, prácticamente, de la luz pública, por lo que estas posturas erráticas y compromisos tras bastidores confirman que la dirigente apela a discursos contundentes que luego es incapaz de cumplir o mantener, desnudando la desconexión de su estrategia frente al país. En suma, su conducta recurrente en la que sus declaraciones públicas difieren de sus acciones reales provocan que la opinión pública evalúe críticamente el incumplimiento de sus compromisos políticos.

Programa 785: María Corina hace el ridículo nuevamente y polémicas deportaciones hacia Liberia

En el marco de la coyuntura migratoria regional, la organización Veppex envió una carta formal al presidente de Colombia, Abelardo de la Espina, en respuesta a sus recientes declaraciones sobre el combate a la delincuencia y la inmigración irregular. La misiva resalta que en Colombia residen aproximadamente 2.800.000 venezolanos, de los cuales cerca de 500.000 no han logrado regularizar su situación migratoria. Desde la organización se enfatizó la necesidad de evaluar cada caso de manera individual, recordando que la crisis en Venezuela no se ha resuelto del todo y solicitando que no se criminalice la migración ni se proceda a deportaciones masivas de personas que no hayan cometido delitos.

Ante este panorama, el ministro del Interior colombiano, Rodrigo Lara, aclaró que los ciudadanos bajo esquemas de protección o en condición legal no tendrán inconvenientes, postura que los analistas esperan sea extendida a quienes aún no han podido regularizarse para evitar replicar las medidas punitivas adoptadas en EE. UU. Asimismo, se respaldó la posición oficial de respetar los procesos de aquellos migrantes que han cumplido los trámites legales y cuentan con estatus de refugiados o de admisión.

En la sección del Borrego de la semana se cuestiona las posturas de María Corina Machado, quien, en recientes declaraciones y actuaciones públicas, afirmó que la ciudadanía venezolana no aceptará un proceso electoral en el que ella no sea candidata, personalizando la dinámica política de forma idéntica a lo ocurrido previo al 28 de julio de 2024, cuando proclamó que sin su participación no habría elecciones para luego respaldar el evento sin estar inscrita.

A esto se suma la difusión de un video en redes sociales en el que mantiene una conversación telefónica en términos de alta confianza con Carlos Ocariz, dirigente que genera un profundo rechazo popular asociado al caso «Cuaripano». En este marco, se advierte la desconexión política de la dirigente, quien actualmente permanece ausente de la luz pública tras haber asumido posturas contradictorias que no ha podido sostener en el tiempo.

Sumado a esto, se suman las secciones En polémica, que aborda el tema de las deportaciones de los venezolanos en EE. UU.; Desmantelando a la izquierda, que aborda el tema de las redes digitales y blanqueamiento de Alejandro Betancourt; y el corrupto en la mira también es Alejandro Betancourt.

EE. UU. deportó a Venezuela al excoronel Rafael Quero Silva, acusado por torturar manifestantes

Caracas. – EE. UU. deportó a Venezuela al excoronel de la GNB, Rafael José Quero Silva, señalado de participar en la detención y tortura de decenas de ciudadanos durante el narcorégimen de Nicolás Maduro.

Quero Silva fue detenido por el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) el 27 de febrero de 2025, en Miramar, Condado Broward al sur de Florida, y además enfrenta cargos por narcotráfico en una corte federal de Nueva York. Según ICE, ingresó a EE. UU. en 2016, pero no abandonó el país conforme a las condiciones de su admisión.

De acuerdo con informes citados por ICE, el exmilitar supervisó en 2013 la tortura de al menos 74 manifestantes en Barquisimeto, quienes habrían sido sometidos a golpes, descargas eléctricas, amenazas y otros abusos. La agencia estadounidense informó que desde 2003 ha deportado a 1,178 presuntos violadores de derechos humanos y criminales de guerra.

La deportación fue realizada el pasado 19 de agosto, en cumplimiento de una orden de expulsión emitida por un juez de inmigración del Departamento de Justicia. «El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) expulsó a Venezuela a Rafael José Quero Silva —un extranjero indocumentado con antecedentes penales y conocido violador de los derechos humanos que participó en la detención y tortura de disidentes políticos durante el régimen de Maduro», informó esa agencia gubernamental este miércoles en el comunicado.

También se conoció que el exmilitar había aparecido como extra interpretando a un agente policial en la producción televisiva en español Mi Familia Perfecta, transmitida por Telemundo en 2018. Tras ser identificado, víctimas y activistas proporcionaron información a las autoridades estadounidenses. El caso posteriormente derivó en investigaciones y en la detención migratoria de Quero Silva.

La demanda sostiene que algunos de los afectados fueron golpeados y que otros resultaron heridos por disparos. Uno de los demandantes recibió un disparo en el abdomen, mientras que otro fue alcanzado por proyectiles a corta distancia, de acuerdo con los documentos judiciales citados por medios estadounidenses.

Los denunciantes también han relatado amenazas, humillaciones y otros abusos físicos y psicológicos durante su detención. Una de las víctimas afirmó que las experiencias sufridas llegaron a generarle pensamientos suicidas.

Removieron sorpresivamente gigantografías de Chávez y Bolívar del Palacio de Justicia

Caracas. – Las gigantografías con los rostros de Hugo Chávez y Simón Bolívar que durante años estuvieron instaladas en la fachada del Palacio de Justicia de Caracas, ubicado en el extremo oeste de la avenida Bolívar, fueron removidas sorpresivamente por el narcorégimen interino de Delcy Rodríguez.

Las gigantografías con los rostros de Hugo Chávez y Simón Bolívar que durante años estuvieron instaladas en la fachada del Palacio de Justicia de Caracas, ubicado en el extremo oeste de la avenida Bolívar.

El cambio modifica de forma significativa la imagen de la sede del Poder Judicial, cuya estructura estuvo durante años marcada por las grandes representaciones de Chávez y Bolívar en uno de los puntos más transitados del centro de Caracas.

Las imágenes representaban, a juicio de analistas, así como de ciudadanos comunes y corrientes, una especie de indicativo del poder de la Narcotiranía chavista, además de ser también unas especies de demarcaciones territoriales.

Lo cierto es que la sustitución de las gigantografías se suma a otras medidas adoptadas durante los últimos meses por el narcochavismo interino y que han supuesto modificaciones en elementos de la simbología tradicional asociada a la tiranía.

Entre estos cambios, destaca el reemplazo progresivo del color rojo por tonos azules en espacios y elementos vinculados con instituciones públicas y programas gubernamentales.

Asimismo, fue retirada la iconografía del Salón “Néstor Kirchner”, ubicado en el Palacio de Miraflores y habilitado durante la gestión de Chávez en homenaje al expresidente izquierdista argentino.

Los cambios en la imagen de las principales sedes gubernamentales ocurren, en medio de una etapa de transformaciones impulsadas por el interinato de Delcy Rodríguez, que ha incorporado nuevas denominaciones, colores y elementos gráficos en su comunicación institucional.

Un ala radical del chavismo se basa en estos cambios provocados por Rodríguez, para acusar a su cúpula de traicionar y abandonar el fatal legado que dejó Chávez tras su muerte.

Comando Sur detonó una narcolancha frente a costas venezolanas

Caracas. – El Comando Sur de EE. UU. informó este miércoles la eliminación de cuatro narcoterroristas en un ataque realizado el martes contra una embarcación que transportaba drogas, en el mar Caribe frente a las costas venezolanas, y la cual estaba señalada por operar en rutas de narcotráfico.

La acción se enmarcó en la operación «Lanza del Sur» y responde a las actividades de la Fuerza Operativa Conjunta del Hemisferio Occidental, integrada por los 18 miembros de la Coalición Contra los Cárteles de las Américas, también llamado Escudo de las Américas.

El general Francis L. Donovan indicó en el comunicado enviado por el Comando Sur, que coordinó la operación, además de asegurar haber contado con inteligencia previa que confirmaba la actividad ilícita del buque.

En el comunicado, el importante componente militar estadounidense (SOUTHCOM), que opera en América Central, Sudamérica y el Caribe, detalló que se trató de un “ataque cinético letal contra una lancha rápida” identificada en rutas tradicionales de tráfico de drogas, tras confirmar mediante inteligencia la participación activa de la embarcación en actividades de narcotráfico.

“La operación ha resultado en la muerte de cuatro narcoterroristas”, añadió el comunicado.Imágenes en blanco y negro que acompañaban la publicación mostraban una embarcación desplazándose por el agua antes de una gran explosión.

Cabe recordar que las fuerzas armadas estadounidenses lanzaron en septiembre del año pasado la operación «Escudo del Sur», y el presidente Donald Trump sostuvo que su país está en guerra contra los carteles de la droga que operan en América Latina, operaciones que aún se mantienen para Venezuela.

En ese marco, más de 200 presuntos narcotraficantes han muerto en ataques en el océano Pacífico oriental y el mar Caribe, según estadísticas manejadas por agencias noticiosas internacionales, desde el inicio de las operaciones militares a finales de 2025.

CIDH elevó ante la Corte IDH caso por secuestro y asesinato de Fernando Albán

Caracas. – La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) el caso de Fernando Alberto Albán Salazar, exconcejal que fue asesinado bajo custodia del narcoestado chavista en octubre de 2018.

La elevación del caso ante la instancia se produce, tras concluir que la Narcotiranía incurrió en violaciones de derechos humanos relacionadas con su secuestro, tortura y muerte.

La CIDH solicitó a la Corte IDH que declare la responsabilidad internacional del Estado y ordene, entre otras medidas: la reparación integral (material e inmaterial) mediante compensación económica y satisfacción; un programa de rehabilitación y atención psicológica y psicosocial para los familiares; una investigación seria y en plazo razonable que esclarezca los hechos, sancione a todos los responsables (incluida la cadena de mando) y garantice la participación de la defensa familiar.

En el comunicado de prensa emitido por la comisión, Albán, de 56 años, era dirigente opositor, fundador del partido Primero Justicia y concejal del Municipio Libertador del Distrito Capital. El 5 de octubre de 2018, al regresar de Nueva York, donde había asistido a la Asamblea General de la ONU, fue detenido en el aeropuerto de Maiquetía por funcionarios del SEBIN sin orden judicial.

Según información aportada por los familiares de Albán, el 8 de octubre de 2018, mientras sus abogados esperaban su presentación ante un tribunal, el fiscal general, Tarek William Saab, informó públicamente que Albán presuntamente se había suicidado en la sede del SEBIN, versión que fue ampliamente cuestionada por las múltiples irregularidades en el caso.

La familia del dirigente opositor denunció torturas, desaparición forzada y ejecución extrajudicial. Por la muerte de Albán solo se procesó a dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas mínimas que al poco tiempo los dejaron en libertad.

Tras analizar el caso, la CIDH concluyó en su Informe de Admisibilidad y Fondo N.º 320/25 que la detención de Albán fue arbitraria y constituyó una desaparición forzada de corta duración. El organismo también determinó que fue sometido a torturas y posteriormente ejecutado extrajudicialmente mientras se encontraba bajo custodia del narcoestado chavista.

La CIDH indicó que los peticionarios que llevaron el caso ante el organismo señalaron que, antes de su muerte, se había abierto contra Albán un proceso penal por presunto terrorismo y otros delitos, que nunca pudieron comprobar.

También señaló que solo fueron procesados dos funcionarios del SEBIN por incumplir sus deberes de custodia, con penas posteriormente reducidas que los dejaron en libertad.