Hace poco, en el marco de la intensificación de las políticas migratorias del Gobierno de EE. UU., el país inició el traslado de migrantes no nacionales hacia Liberia. Las operaciones arrancaron con la llegada de un primer vuelo al Aeropuerto Internacional Roberts, cerca de Monrovia, transportando a un grupo inicial de 20 personas, entre las que se encuentran ciudadanos de Venezuela, Cuba y Colombia.
Cane señalar que este movimiento inaugura formalmente un pacto bilateral que contempla la recepción de hasta 1.200 deportados de terceros países durante el próximo año. El mecanismo se fundamenta en los acuerdos de «terceros países seguros», una vía utilizada por Washington para gestionar la expulsión de extranjeros en situaciones donde existen barreras legales o políticas para la repatriación directa a sus naciones de origen.
El despliegue de estas medidas ha generado la atención de organizaciones de derechos humanos e instancias jurídicas, que advierten sobre la opacidad con la que se están llevando a cabo estas deportaciones hacia territorios con los que las personas no poseen vínculos culturales ni familiares.
En este marco, a través de un comunicado, la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresa su profunda preocupación ante el inicio de las deportaciones desde Estados Unidos hacia Liberia y exige respuestas sobre los ciudadanos venezolanos afectados por la medida.
El comunicado en concreto expresa:
Miami, Florida
21 de agosto de 2026
La Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio (VEPPEX) expresa su profunda preocupación ante el inicio de las deportaciones desde Estados Unidos hacia Liberia, un país con el cual las personas trasladadas no necesariamente mantienen vínculos familiares, culturales o jurídicos.
El 20 de agosto de 2026 llegó a Liberia un primer grupo de 20 personas deportadas desde Estados Unidos. Las autoridades liberianas confirmaron que entre ellas había ciudadanos venezolanos, cubanos y colombianos. Sin embargo, hasta el momento no se ha informado cuántos eran venezolanos, cuáles eran sus condiciones migratorias ni si alguno contaba con protección bajo la Convención contra la Tortura (CAT), withholding of removal, solicitudes de asilo pendientes, permisos de trabajo u órdenes de supervisión.
VEPPEX considera especialmente preocupante que personas protegidas contra su devolución al país de origen puedan ser enviadas a un tercer país sin que se conozcan públicamente las garantías jurídicas, humanitarias y migratorias que recibirán.
La protección concedida bajo la Convención contra la Tortura no debe ser burlada mediante una deportación indirecta que termine exponiendo a la persona a tortura, persecución o devolución posterior a Venezuela.
Por estas razones, VEPPEX solicita formalmente al Departamento de Seguridad Nacional, al Departamento de Estado y al Gobierno de Liberia:
- Informar cuántos venezolanos fueron incluidos en el primer grupo de 20 deportados.
- Aclarar, respetando la privacidad de los afectados, cuál era su situación migratoria y si contaban con CAT, withholding of removal, asilo pendiente u otra protección concedida por las autoridades estadounidenses.
- Publicar los términos esenciales del acuerdo mediante el cual Liberia aceptará hasta 1.200 personas deportadas desde Estados Unidos durante los próximos doce meses.
- Garantizar que toda persona reciba notificación previa del país al cual será enviada y una oportunidad efectiva de expresar temor de persecución o tortura antes de su traslado.
- Garantizar acceso inmediato a abogados, familiares, atención médica, organismos internacionales y procedimientos de protección o asilo en Liberia.
- Confirmar que los deportados no serán sometidos a detención arbitraria y que tendrán libertad de movimiento y claridad sobre su derecho a trabajar y permanecer legalmente en Liberia.
- Ofrecer garantías escritas de que ningún venezolano será devuelto directa o indirectamente a Venezuela mientras exista riesgo de tortura, persecución o represalias.
- Permitir que ACNUR, la Organización Internacional para las Migraciones y organizaciones independientes supervisen las condiciones en las cuales permanecerán las personas trasladadas.
VEPPEX respeta la facultad de Estados Unidos para aplicar sus leyes migratorias. Sin embargo, esa facultad debe ejercerse respetando el debido proceso, las decisiones de los tribunales y el principio internacional de no devolución.
Enviar a venezolanos a un país distante, sin vínculos personales y sin garantías públicas suficientes, no puede convertirse en un mecanismo para eludir las protecciones que les fueron concedidas frente al peligro que enfrentarían en Venezuela.
VEPPEX también solicita al Congreso de Estados Unidos la apertura de una investigación y la celebración de una audiencia para determinar los criterios utilizados en estas deportaciones, conocer el contenido del acuerdo con Liberia y verificar el cumplimiento de las obligaciones estadounidenses bajo la Convención contra la Tortura.
Nuestra organización iniciará un proceso confidencial de documentación de casos de venezolanos deportados o amenazados con ser enviados a terceros países. Invitamos a familiares, abogados y personas afectadas a comunicarse con VEPPEX para registrar cada caso y facilitar su canalización ante organizaciones jurídicas y organismos internacionales.
Los venezolanos no pueden ser convertidos en un colectivo sospechoso ni quedar atrapados entre la imposibilidad de regresar a Venezuela y la deportación hacia países desconocidos.
VEPPEX continuará denunciando toda medida que vulnere el debido proceso, la dignidad humana y la protección internacional de los venezolanos en Estados Unidos.
José Antonio Colina
Presidente de VEPPEX
Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio
En Dios Confiamos
