Hace poco se hizo público el caso de corrupción donde supuestamente solo se perdieron tres mil millones de dólares —3.000mll $— en criptomonedas, sorprendiendo a todo el país por la cantidad de dinero perdido que pudo haber solucionado varios problemas de infraestructura del país en cuanto al sistema educativo o a sistema de salud se refiere, por solo citar dos ejemplos. No obstante, la cifra malversada en realidad asciende a más de cinco veces la cifra que impactó a Venezuela; en concreto, a más de dieciséis mil millones de dólares —16.000mll $—.
En este artículo, fundamentado en datos totales y parciales de la investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre el caso, se expondrá brevemente la trama de corrupción que giró en torno a este hecho en específico.
Todo comenzó con el comunicado de la policía anticorrupción el viernes 17 de marzo de 2023, cuando la policía anticorrupción informa oficialmente otro caso de corrupción que tiene como protagonista a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), donde buques cargados con millones de barriles de petróleo salieron de los muelles de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos cargamentos entrara a las arcas de la petrolera estatal.
Desde entonces, Tarek William Saab ha dado declaraciones en los medios asomando parte del modus operandi, mencionando que entre octubre y noviembre de 2022 comenzó a ser investigada una red de altos funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), “quienes se valieron de sus cargos para ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo, paralelas a Pdvsa”. Para ese entonces, se anunció la detención de 21 personas, y Tarek El Aissami emitió un comunicado donde abandonaba su cargo en PDVSA.
Saab reconstruye los hechos diciendo que se asignaron cargas de crudo a la SUNACRIP y a particulares, “incumpliendo normativas de contratación, sin ningún control administrativo, ni garantías”. Una vez realizada la transacción, los pagos correspondientes nunca llegaron a la petrolera, valiéndose del uso de criptomonedas para lavar el dinero y de un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, adquiriendo con los activos digitales bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. Si bien, no revelan más detalles al respecto, pues, hasta el momento solo se sabe que supuestamente se han emitido más de 50 órdenes de aprehensión y siquiera se sabe dónde se encuentra El Aissami, desaparecido de la vida pública desde su última publicación en twitter.
Para comprender mejor el asunto hay que recordar que, después de las sanciones contra PDVSA por parte de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en inglés), el gobierno buscó la manera de eludir las mismas. Para ello, las operaciones comenzaron a ser menos transparentes y riesgosas de lo habitual. Algo que, por cierto, varios organismos internacionales venían denunciando desde hace un tiempo.
El informe de Transparencia Venezuela destaca que “las sanciones internacionales incentivaron las prácticas de corrupción en la exportación de crudo, generando oportunidades de participación para empresas comercializadoras (traders) dispuestas a asumir el riesgo de ser sancionadas, transando el crudo venezolano con descuentos de 30% y más en el mercado asiático. Una de las principales estrategias seguidas por el gobierno venezolano fue acudir a sus aliados Rusia e Irán, también sancionados, para aprender sobre las rutas usadas por estos para evadir las medidas norteamericanas. Incluso, para apoyarse en ellos con el objeto de vender y cobrar su petróleo.”
Tan solo en el año 2019, PDVSA transportó millones de barriles de petróleo gracias a negocios con las empresas rusas Rosneft Trading SA y TNK Trading International S.A. Además, comenzó a hacer más uso del “sistema financiero ruso como una vía para evadir los bancos occidentales”. Según medios internacionales, desde Rusia se enviaban a Venezuela aviones con “millones de dolares y euros en efectivo como pago por petróleo y otros conceptos”. Desde entonces cobrando en efectivo y abriendo las puertas para comenzar a cobrar en criptomonedas.
Sin embargo, en 2020 las empresas rusas son sancionadas, viéndose obligadas a separarse de los chanchullos con Venezuela, siendo necesario para PDVSA a partir de allí “acudir a nuevos clientes para seguir exportando el petróleo. Aunque con algunos de esos nuevos clientes había comenzado a operar desde 2019, desde 2020 la relación con ellos se incrementó.”
Este mismo año, el narco-dictador Nicolás Maduro declara “emergencia energética” y crea la “Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí Rodríguez Araque”, que aunque tenía como objetivo impulsar la comercialización de la industria petrolera, con Tarek El Aissami a la cabeza, solo sirvió como medio para seguir oscureciendo las actividades, siendo caldo de cultivo para auspiciar aún más el desfalco de los activos de la nación.
El Aissami fue “uno de los principales artífices de la estrategia de vender petróleo venezolano incrementando el uso de una red de traders o intermediarios” y, por si fuera poco, desde entonces cobró mayor fuerza el que Pdvsa acudiera a un centenar de intermediarios recién registrados, dirigidas por personas “afines al chavismo” y con “jurisdicciones opacas como las de Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos”, por lo que “no contaban con experiencia en el negocio energético”. En toda esta trama se encuentran involucradas personas y empresas mexicanas, colombianas, árabes, rusas, chinas, españoles, entre otros.
Con todo este entramado, el petróleo venezolano se vendía por dos esquemas, por concesión —petróleo a cambio de bienes o servicios— o por consignación —se daba petróleo a crédito—. Pero en buena parte de los casos nunca llegaban los bienes, servicios, o el dinero de las cuentas por cobrar.
Un caso conocido es el de Alex Saab, actualmente preso en EE. UU., quien para el año 2020, junto al mexicano Joaquín Leal Jiménez “idearon un programa de venta de “petróleo por alimentos” que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela. Saab y Leal, en colaboración con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de Pdvsa, aproximadamente 40% de las exportaciones de petróleo de Pdvsa.”
Además, en suma, y según la cita del informe al medio de investigación Armando.info, que “accedió a un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el coronel Antonio Pérez Suárez”, la empresa petrolera icono de Venezuela “traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”, es decir, que nunca entraron a las arcas venezolanas y se pedía borrar dichas transacciones de los asientos contables de PDVSA. A estos miles de millones se le suman otros 3.600 millones de dólares que son potencialmente incobrables, según fuentes internas de la industria.
Teniendo en cuenta que entre 2020 y los primeros meses de 2023 PDVSA generó aproximadamente unos 27.650 millones de dólares —considerando que se aplicaban descuentos de entre el 25% y el 40%—, esto implicaría que 16.600 millones de dólares permanecen impagos —cerca del 60%—. Para tener una idea de lo que esto representa, tenga en cuenta que el total operativo de las reservas internacionales de Venezuela ascendía para el 31 de enero de 2023 a 5.066 millones de dólares —el BCV dice que 9.977 millones, pero esta cifra incluye los derechos especiales de giro del FMI, a los cuales no tiene acceso—, es decir, que la cantidad perdida en el entramado de corrupción es más de tres veces las reservas internacionales actuales, sin tener en cuenta los descuentos —si tenemos en cuenta un descuento general de entre el 25% y 40%, estamos hablando que debieron entrar a las arcas venezolanas aproximadamente entre 37.000 y 46.000 millones de dólares, haciendo que la cantidad perdida en realidad ascienda a entre 25.950 y 35.000 millones, es decir, más de 5 o 7 veces las reservas internacionales—. Para cereza del pastel, hay que recordar que en el año 1998 las reservas internacionales ascendían a 14.848 millones de dólares, por lo que la cantidad perdida es muchísimo más que incluso uno de los picos de reservas del país en su historia.
Sin embargo, a pesar de la magnitud del caso, a tres meses después de iniciadas las detenciones y presentaciones ante los tribunales, solo se conoce la identidad de algunos implicados mencionados por el fiscal Tarek William Saab, “no hay detalles sobre el papel en el esquema de los señalados, ni en qué consistió el mecanismo exactamente ni mucho menos hay certeza de los montos involucrados. El procesamiento judicial también es un secreto bien guardado.” En los medios del Estado solo se ha desplegado imágenes donde se muestra a los detenidos con “bragas naranjas”, algo que es poco usual en el país y que sirve como distracción de circo para hacer creer que se “lucha contra la corrupción”, cuando muy probablemente las acciones tomadas responde más a diferencias internas que a motivos honestos. De hecho, “el silencio se acentuó, incluso en los portales cercanos a la línea gubernamental que filtraban información desde el mismo gobierno dejaron de informar.”
Si realmente se lucha contra la corrupción, todo el proceso de transacciones realizaras por PDVSA fuesen públicos, como deben ser por ley. Empero, hasta ahora no se ha perseguido a la alta directiva de la empresa estatal —que, por cierto, siquiera se sabe quiénes son en su totalidad—, ni se han revelado datos relevantes de todo el entramado de corrupción.
Para terminar, cabe destacar que estos datos solo son una punta del iceberg de todo el festín que se ha dado el gobierno del PSUV, con total o parcial impunidad, a costa de la nación y la integridad de sus habitantes.
