El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha señalado este lunes que tomará una decisión «muy pronto» sobre un futuro apoyo a la defensa de Taiwán, uno de los principales puntos de discordia con China y que está abordando, ha asegurado, con el dirigente de este país, Xi Jinping.
«Estoy hablando con él al respecto. Hemos mantenido una buena conversación y tomaremos una decisión muy pronto», ha sostenido en declaraciones a la prensa desde el ‘Air Force One’.
Cabe recordar que Trump, que no ha dado más detalles, ha hecho estas declaraciones antes de la reunión prevista entre los dos dirigentes en abril en China, que en los últimos años ha intensificado su presión política y militar sobre la isla.
Dichas palabras llegan además días después de formalizar con las autoridades taiwanesas un acuerdo comercial por el que Washington rebajará al 15% desde el 20% el arancel aplicado a las importaciones de la isla, que eliminará a su vez los gravámenes para las exportaciones estadounidenses y se compromete a adquirir más de USD$ 44.000 millones en petróleo y gas natural licuado (GNL) de EE. UU.
Asimismo, sus comentarios se producen después de que Trump y Xi mantuvieran una conversación telefónica a principios de febrero que el magnate neoyorkino calificó de «excelente». Sin embargo, según la versión china de la llamada, EE. UU. debe «tratar con prudencia la cuestión de la venta de armas a Taiwán».
El presidente de China, Xi Jinping, ha anunciado este sábado que su país suspenderá todos sus aranceles a las importaciones de los 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas a partir del próximo 1 de mayo.
«A partir del 1 de mayo de 2026, China implementará plenamente medidas de cero aranceles en 53 países africanos con los que mantiene relaciones diplomáticas», ha hecho saber la Presidencia china en un comunicado recogido por la agencia oficial de noticias del país, Xinhua.
«Ante una situación internacional compleja y volátil, China está firmemente comprometida con la salvaguardia de la paz mundial, la promoción del desarrollo común y la construcción de una comunidad de destino común para la humanidad», cita la agencia oficial china sobre el mensaje trasladado por Xi al presidente angoleño, João Lourenço, presidente rotatorio de la Unión Africana, y al presidente de la Comisión de la Unión Africana, Mahmud Alí Yusuf.
«Durante el último año, la Unión Africana ha unido y liderado a los países africanos en el impulso activo del proceso de integración, salvaguardando firmemente los derechos e intereses legítimos de África, y su estatus e influencia internacionales han seguido creciendo», ha aplaudido el presidente chino.
Xi por último, ha garantizado China seguirá impulsando la firma de un acuerdo de asociación económica común para el desarrollo y ampliará aún más el acceso al mercado de los productos africanos exportados a China mediante la modernización del «canal verde» y otras medidas.
«Estas nuevas medidas de China para ampliar la apertura de alto nivel brindarán, sin duda, nuevas oportunidades para el desarrollo africano y para que China y África persigan conjuntamente su sueño de modernización», ha añadido el mandatario.
«China», ha remachado el presidente Xi, «está dispuesta a trabajar con África para impulsar la amistad histórica, profundizar la cooperación mutuamente beneficiosa, fortalecer el entendimiento y la afinidad mutuos, y escribir juntos un nuevo capítulo en la comunidad de destino China-África, un futuro compartido para todos, en la nueva era».
Joanna Guerra, abogada por la Universidad del Valle de México y filosofa por la Universidad Nacioanal Autónoma de México, con maestrías en Educación y en Arte por la Universidad Privad de Irapuato y por la Royal London University, doctora en Educación por el IEXPRO, con estudios en Cienias de la Complejidad en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y otros complementarios en la Universidad de Harvard y el Dartmouth College en EE. UU.
“(…) Cuando un país no crece, quien paga el costo no son los polìticos, sino las personas que no encuentran empleos bien remunerados, que migran por falta de oportunidades y los inversionistas o emprendedores que prefieren llevar su capital a otros mercados.”
Joanna Guerra
La madre de todos los acuerdos es un tratado de libre comercio entre la India y la Unión Europea, que desde ya exalta el poder transformador del libre comercio. Mientras tanto, de este lado del mundo, México decrece de manera constante y, peor aún, la incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC incrementa la volatilidad y aprieta el cinturón de una economía atrapada en el modelo estatista de la Cuarta Transformación.
¿Qué es la Madre de Todos los Acuerdos? Es un tratado que, despuès de dos décadas de negociación, logró que la India y la Unión Europea acordaran reducir aranceles en más del 96 % del comercio bilateral. El sector automovilístico es uno de los más relevantes: los aranceles se reducirán del 110 % al 10 % y, en cinco años, desaparecerán los gravámenes sobre componentes, beneficiando tanto a productores como a consumidores en ambos paìses.
En alimentos, vinos, aceite de oliva y productos procesados se contemplan reducciones drásticas, mientras que algunos sectores sensibles —como la carne y el azúcar— permanecen protegidos. Por su parte, la India obtiene la eliminación inmediata de aranceles en el 70 % de las líneas que representan el 90.7 % de sus exportaciones, especialmente textiles, calzado, joyería y juguetes.
Los acuerdos comerciales, ya sea entre personas o entre naciones, se basan en la confianza, la buena fe y el Estado de derecho. En términos simples: reglas claras, árbitros confiables y certidumbre para todos los jugadores. La Madre de Todos los Acuerdos beneficiará a más de dos mil millones de personas porque existe la voluntad de generar prosperidad, mejorar su calidad de vida, crear empleos y fortalecer la competitividad.
Justo al otro lado del mundo, México no comparte ni el dinamismo ni la certeza jurídica que hoy exhiben la India y la Unión Europea. El crecimiento anual del país fue de apenas 0.7 %, el peor resultado desde la pandemia. El Banco de México y diversos analistas proyectan que la economía solo crecerá entre 0.3 % y 1.3 % en 2026, muy por debajo del promedio histórico cercano al 2 % previo a 2019. La pregunta es inevitable: ¿por qué otros países sí logran crecer con reglas claras y nosotros no?
Desde 2018, el gobierno de la 4T adoptó un modelo que privilegia la centralización del poder y la intervención estatal. Se cancelaron proyectos particualres relacionados con energías limpias, se reforzaron las empresas estatales y monopolicas de Pemex y la CFE, se recortó el presupuesto de reguladores autónomos… y todas estas acciones envian señales de incertidumbre para la inversión privada. Todo ello mientras se construyeron obras faraónicas de dudosa calidad: un aeropuerto internacional con nula conectividad; trenes sobre suelo blando que se descarrilan y enfrentan fallas operativas y refinerías que no alcanzan los mìnimos prometidos.
A esto se suman reformas judiciales y electorales que permiten favoritismos y sentencias tendenciosas. El mensaje està claro y es alarmante: en México las reglas pueden cambiar según la voluntad política del momento. Lo cual crea un entorno que frena la innovación, anula la competencia y reduce la productividad.
El problema no es solo económico, es humano. Cuando un país no crece, quien paga el costo no son los polìticos, sino las personas que no encuentran empleos bien remunerados, que migran por falta de oportunidades y los inversionistas o emprendedores que prefieren llevar su capital a otros mercados. Entonces, el estancamiento no es una abstracción, es una condena silenciosa a la mediocridad.
Mientras México se repliega en un supeestado, la India diversifica socios y entiende que el comercio no es una amenaza, sino una herramienta de desarrollo. El acuerdo con la Unión Europea no solo amplía mercados, más bien envía una señal contundente de estabilidad, previsibilidad y apertura al mundo.
México, por el contrario, parece conformarse con su dependencia casi absoluta del mercado estadounidense, justo cuando ese vínculo enfrenta tensiones, revisiones y riesgos políticos. Apostar todo a un solo socio comercial, mientras se deteriora el Estado de derecho interno, es una estrategia frágil y peligrosa. El crecimiento sostenido requiere instituciones fuertes, reglas estables, competencia abierta y respeto a la propiedad privada. El desarrollo no se decreta desde Palacio Nacional ni se construye a base de compadrazgos.
Fortalecer el Estado de derecho, abrir el sector energético a la inversión privada, reducir la carga regulatoria, respetar los contratos y comprometerse con acuerdos comerciales ambiciosos no es “entregar la soberanía”, es ejercerla de manera inteligente. La verdadera soberanía no consiste en mencionarla, sino en ofrecer prosperidad a los ciudadanos.
La política no debería ser un obstáculo para el desarrollo y debemos recordar que los países que abrazan el comercio, respetan a sus ciudadanos, polìticos e inversionistas son los que prosperan Mientras las dos mayores democracias del mundo —India y la Unión Europea— apuestan por el comercio y la apertura, México corre el riesgo de quedarse atrapado en una narrativa ideológica que no genera crecimiento ni bienestar.
La ONG Amnistía Internacional (AI) ha denunciado este miércoles que las autoridades de Corea del Norte han castigado durante décadas el consumo de programas de televisión surcoreanos con humillaciones públicas, trabajos forzados e incluso ejecuciones, penas que se han impuesto con mayor frecuencia a quienes no han podido pagar sobornos para eludirlas.
Amnistía ha llevado a cabo 25 entrevistas con personas que han escapado de Corea del Norte entre 2012 y 2020, recabando testimonios sobre castigos extremos —como humillaciones públicas, años en campos de trabajo e incluso ejecuciones— impuestos por ver programas de televisión de Corea del Sur, una conducta extendida en la población, según varios testimonios, pero que viola leyes de cultura que prohíben los medios de comunicación extranjeros, según ha indicado la ONG.
«Las autoridades penalizan el acceso a la información violando el Derecho Internacional y después permiten que los funcionarios se aprovechen de quienes temen el castigo. Se trata de represión sumada a corrupción, que perjudica sobre todo a quienes no poseen riquezas o conexiones», ha denunciado la directora adjunta de Amnistía Internacional para la región, Sarah Brooks.
La introducción de la Ley contra el Pensamiento y la Cultura Reaccionarios de 2020, que, ha recordado AI, define los contenidos de Corea del Sur como «ideología podrida que paraliza el sentido revolucionario del pueblo», permite que persistan estos severos castigos. La nueva ley dispone entre cinco y 15 años de trabajo forzoso por ver o poseer series, películas o música de Corea del Sur, y prescribe duras condenas, incluida la pena de muerte, por la distribución de «grandes cantidades» de estos contenidos o por organizar proyecciones en grupo.
En este contexto, varios de los entrevistados por la organización han apuntado a la posibilidad de eludir las sanciones más graves si se podía pagar. «Se captura a la gente por el mismo acto, pero el castigo depende totalmente del dinero», ha explicado Choi Suvin, de 39 años, que salió de Corea del Norte en 2019. «La gente que no tiene dinero vende sus casas para reunir 5.000 ó 10.000 dólares (4.200 ó 8.500 euros) con los que pagar para salir de los campos de reeducación». Amnistía ha señalado que esas cifras pueden suponer los ingresos de varios años para la mayoría de las familias de Corea del Norte, por lo que sólo están al alcance de las más ricas.
La ONG ha criticado que «la aplicación arbitraria y discriminatoria de las leyes es sistemática». «Funcionarios que muy probablemente también consumen medios de comunicación surcoreanos detienen y enjuician a otras personas por una conducta idéntica», ha agregado, replicando las palabras de una persona entrevistada, que ha asegurado que «las personas trabajadoras lo ven abiertamente, los funcionarios del partido lo ven orgullosos, los agentes de seguridad lo ven en secreto, y la Policía lo ve de manera segura». «Todo el mundo sabe que todo el mundo lo ve, incluso quienes llevan a cabo las operaciones represivas», ha añadido.
Con todo, AI ha apuntado a un posible cambio en lo que ha calificado como el «sistema de sobornos», aludiendo a las palabras de Kim Gayoung, de 32 años, que salió de Corea del Norte en junio de 2020 y que ha explicado a la organización humanitaria que el líder norcoreano, Kim Jong Un, comenzó a ordenar campañas de «represión intensiva» a finales de la década de 2010, presionando a los funcionarios norcoreanos para demostrar resultados en la aplicación de la ley y reduciendo así la eficacia de los sobornos.
«Estos testimonios muestran cómo Corea del Norte está aplicando leyes distópicas que significan que ver un programa de televisión de Corea del Sur puede costar la vida, salvo que se pueda pagar», ha subrayado Brooks.
El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado este lunes que eleva del 15 al 25% los aranceles impuestos a Corea del Sur en represalia a los retrasos en la ratificación del acuerdo comercial pactado por ambos gobiernos.
«El Legislativo de Corea del Sur no está cumpliendo con el acuerdo con EE. UU. (…). Por consiguiente voy a aumentar los aranceles sobre automóviles, madera, farmacia y otros del 15 al 25%», ha informado Trump en redes sociales.
El dirigente estadounidense ha resaltado el «gran acuerdo» negociado con el presidente Lee Jae Myung y anunciado el 30 de julio de 2025. «Reafirmamos los términos (del acuerdo) cuando estuve en Corea el 29 de octubre. ¿Por qué no lo ha aprobado el Legislativo coreano?», ha apelado Trump.
Cabe señalar que el acuerdo alcanzado incluye inversiones surcoreanas en EE. UU. por valor de USD$ 150.000 millones, así como nuevos contratos comerciales en construcción naval, energía nuclear, minerales críticos, gas natural licuado y aviación, el área más beneficiado gracias a la compra por parte de Korean Airlines de más de 100 aviones Boeing por valor de USD$ 36.200 millones.
Asimismo, Corea del Sur comprará anualmente a EE. UU. 3,3 millones de toneladas de gas natural licuado (LNG) durante una década a partir de 2028 y Hyundai Motor Group incrementará sus inversiones en EE. UU. hasta los USD$ 26.000 millones hasta 2028, USD$ 5.000 millones más que el acuerdo desvelado en marzo de este mismo año.
Las autoridades de EE. UU. y Corea del Sur han mostrado este lunes su compromiso a reforzar la cooperación en materia nuclear entre los dos países con la vista puesta en el desarrollo de nuevos submarinos que utilicen este tipo de energía para propulsarse, un anuncio que se ha producido durante la visita del secretario adjunto de Defensa estadounidense, Elbridge Colby, a territorio surcoreano.
Allí, Colby ha mantenido un encuentro con el ministro de Defensa de Corea del Sur, Ahn Gyu Back, en lo que ha supuesto la primera visita de Colby al país —importante aliado de EE. UU.—, desde que llegó al cargo. En este sentido, ha reafirmado la importancia de «contener» a Corea del Norte, según recoge el citado ministerio en un comunicado.
Las partes han abordado, además, cuestiones de interés común, como «la capacidad operativa conjunta en tiempos de guerra», además de otros asuntos relacionados con la seguridad en la región.
Ahn ha destacado, en este sentido, que las partes gozan de una gran relación bilateral, la cual ha «alcanzado un punto de inflexión» a lo largo del último año, por lo que han apostado por desarrollar una mayor cooperación en materia de defensa, tal y como recoge el texto.
«Colby se ha comprometido a seguir reforzando dicha cooperación y ha defendido la adquisición de este tipo de submarinos por parte de Corea del Sur, al que considera un aliado modelo de Washington», ha sostenido.
Por último, el ministro surcoreano ha destacado la importancia de mantener una «postura sólida de defensa conjunta» frente a Corea del Norte, algo «fundamental para salvaguardar la paz y la estabilidad en la península de Corea».
El Partido Unión para la Solidaridad y el Desarrollo (USDP, en inglés) ha proclamado este lunes su victoria en las elecciones convocadas por la junta militar que gobierna Birmania desde el golpe de Estado de febrero de 2021 y que han suscitado numerosas críticas a nivel interno y externo por considerar que se trata de un intento por parte del Ejército de consolidar su poder.
Las elecciones, que se han celebrado en tres rondas diferentes, han permitido al USDP hacerse con 193 de los 209 escaños de la Cámara Baja y 52 de un total de 78 asientos de la Cámara Alta, según se desprende de los resultados referentes a las dos primeras fases y anunciados por la citada formación, que habla ya de una «mayoría».
Teniendo en cuenta que el 25% de los escaños están reservados para representantes militares y que dicha formación se ha hecho con la gran mayoría de los votos, todo apunta a que el Parlamento quedará bajo el control de la junta, según informaciones del portal de noticias Myanmar Now.
Se estima que la participación ha sido de un 55%, lo que supone una significativa caída desde el 70% registrado en elecciones anteriores. Esto se debe al boicot protagonziado por los principales grupos opositores y la guerra civil abierta en el país desde la asonada militar de 2021.
Malasia, que se encontraba el año pasado al frente de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático —de la cual forma parte Birmania—, ha señalado que el bloque no apoya la celebración de estas elecciones y tampoco sus resultados.
Sin embargo, el líder de la junta, Min Aung Hlaing, ha afirmado que «independientemente de contar o no con el reconocimiento de la comunidad internacional, la población ha votado, y es necesario el reconocimiento».
Así, ha insistido en que las elecciones se han desarrollado «con libertad» y «sin coacción». «Cuenta con apoyo popular», ha añadido. En este sentido, ha descartado las críticas vertidas contra las elecciones y, más concretamente, con al última fase, celebrada el domingo, tal y como ha recogido el diario ‘Democratic Voice of Burma’.
«Independientemente de que la comunidad lo reconozca o no, no entendemos su perspectiva. Es justo el reconocimiento al voto de la población lo que necesitamos», ha insistido.
Cabe señalar que esta última fase de las elecciones se ha visto afectada por el conflicto a medida que avanzan los bombardeos por parte de la junta y los ataques perpetrados por grupos rebeldes que buscan avanzar en varias partes del país.
Muchos de estos ataques han llevado al cierre de algunos centros de votación, lo que ha repercutido directamente sobre la participación. Así, al menos nueve estados y regiones han sufrido ataques, entre ellos Rangún, Shan, Kachin, Karen, Sagaing, Bago y Mandalay.
El jueves pasado, al menos 22 personas murieron en ataques perpetrados por el Ejército en la localidad de Bhamo, en Kachin, en unos bombardeos que han sido criticados por grupos de defensa de los Derechos Humanos por considerar que se llevaron a cabo de forma «preventiva» antes de la última cita electoral.
La mano derecha del presidente chino, Xi Jinping, en el Ejército, el vicepresidente de la Comisión Militar Central, el general Zhang Youxia, y el jefe de Gabinete del Departamento del Estado Mayor de la comisión, el general Liu Zhenli, han sido acusados de «pisotear y socavar el sistema de responsabilidad del presidente de la Comisión Militar Central», esto es el propio presidente chino, y de «fomentar graves problemas políticos y de corrupción» en el seno del Ejército.
En un editorial del Diario del Ejército Popular de Liberación, órgano de comunicación del Ejército, se acusa a ambos dirigentes de «socavar el liderazgo absoluto del Partido sobre el Ejército» y se añade que «amenazaron su propia base de gobierno, dañaron gravemente la imagen y el prestigio de la Comisión Militar Central y afectaron gravemente la base política e ideológica para la unidad y el progreso de todos los oficiales y soldados».
Pekín anunció este sábado una investigación por «graves violaciones disciplinarias» contra dos de los más altos cargos de la cúpula del Ejército. El caso de Zhang es especialmente importante por dos motivos: se trata del oficial uniformado de mayor rango en el Ejército chino y es miembro del Politburó del Partido Comunista, el núcleo del poder. La Comisión Militar Central es, cabe recordar el máximo órgano de mando militar de China y está encabezada por Xi Jinping.
La publicación del órgano oficial insiste en que la investigación y «castigo» contra Zhang y Liu «rectificarán aún más la situación política, eliminarán el veneno ideológico y las malas prácticas y revitalizarán la organización», en este sentido subraya que este caso consolida y profundiza los resultados de la «rectificación política, promoviendo el renacimiento del Ejército Popular de Liberación».
Así las cosas, señala que la corrupción «es un obstáculo para el desarrollo del Partido y del país» y su lucha es «una batalla crucial que no podemos permitirnos perder». Concluye que bajo el «firme liderazgo» del Comité Central del Partido, con Xi Jinping a la cabeza, «el Ejército Popular erradicará con seguridad todos los fenómenos negativos y corruptos y seguirá siendo una fuerza heroica».
Según informaciones de ‘The Wall Street Journal’ el alto cargo del Ejército chino estaría en el centro de la polémica por haber facilitado información a EE. UU. sobre el programa de desarrollo de armas nucleares a cambio de sobornos.
Los dos generales han sido objeto de una deliberación preliminar por parte del Comité Central del Partido Comunista de China, que en último término ha decidido abrir una investigación en firme contra ambos, declarados «sospechosos de graves violaciones de la disciplina y la ley», sin dar más detalles.
Cabe señalar que esta expresión suele ser un eufemismo para hablar de prácticas de corrupción, como lleva ocurriendo desde 2012, el comienzo oficioso de una gran iniciativa contra estos delitos en el seno del Ejército chino por orden del presidente Xi, y que se extendió a las altas esferas en 2023, cuando comenzaron las investigaciones a la estratégica división de cohetes.
Xi lleva reemplazando desde entonces a mandos militares porque entiende que estos casos están ralentizando gravemente la evolución del Ejército chino, esencial para adquirir un papel dominante en el Indo-Pacífico y garantizar una reunificación con Taiwán para 2049.
El Gobierno de Malasia ha presentado este lunes un proyecto de ley para limitar a diez los años de mandato del primer ministro, lo que supone un máximo de dos mandatos de cinco años cada uno, según ha anunciado el jefe de Gobierno del país, Anwar Ibrahim, que busca sacar adelante un paquete de reformas institucionales.
«Todo el mundo tiene un límite de mandato, así que el jefe de Gobierno no podrá estar al frente del país más de diez años. Esto se aplica a todos y es mejor dejar esto resuelto para las próximas generaciones», ha dicho durante un discurso ante la nación.
Así, ha explicado que el proyecto de ley pasa ahora a manos del Parlamento para su votación. El texto, ha puntualizado, también incluye medidas para reforzar la separación de poderes y afectará también a la Fiscalía General y a la Defensoría del Pueblo.
La medida llega ahora en pleno aumento de las críticas contra el Gobierno malasio por la falta de avances en las reformas prometidas previamente por el primer ministro, que ha destacado la importancia de «permanecer unidos» frente a la oposición.
Cabe señalar que Malasia carece de límites de mandato para los primeros ministros, que pueden mantenerse en el cargo de forma indefinida siempre y cuando cuenten con el apoyo de los diputados. En 2019 ya se presentó una propuesta para recortar a dos los mandatos y evitar el abuso de poder, si bien el texto no contó con los apoyos suficientes para salir adelante.
Las autoridades de Corea del Sur han descartado este lunes reformar la Constitución del país para reconocer a Corea del Norte como Estado independiente en el marco de las medidas puestas en marcha por el presidente surcoreano, Lee Jae Myung, que apuesta por una mejora de las relaciones entre los dos países.
El Ministerio de Unificación surcoreano ha rechazado así que Lee esté tratando de adoptar políticas encaminadas a la revisión de la Carta Magna, si bien el mandatario sigue apostando por reducir de forma significativa las tensiones con el país vecino.
El portavoz del Ministerio, Yun Min Ho, ha asegurado que desde el Ministerio «no se ha propuesto revisar la Constitución para reconocer a Corea del Norte como Estado». «Nunca se ha propuesto esto», ha dicho, según informaciones de la agencia de noticias Yonhap.
Asimismo, ha criticado a los medios de comunicación que han estado informando de la existencia de esta supuesta propuesta de enmienda constitucional y ha alertado de que se trata de «información falsa» o «distorsionada».
Cabe señalar que la Constitución surcoreana define actualmente toda la península de Corea como territorio soberano de Corea del Sur y no reconoce a Corea del Norte como Estado. Este tipo de informaciones han comenzado a salir a la luz a raíz de un encuentro celebrado recientemente entre altos cargos rusos y surcoreanos, que han abordado la cuestión nuclear en la península de Corea.
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