Caracas. – Luis Alfredo Carrillo, alias “Gocho”, integrante del «Tren de Aragua» implicado en el asesinato del militar disidente venezolano Ronald Ojeda, será extraditado a Chile, luego que la Corte Suprema de Colombia autorizara este pasado jueves su envío ante la justicia del país austral.
Las autoridades chilenas solicitaron su extradición en abril por asociación ilícita y secuestro con homicidio. Además, se le atribuye haber formado parte de la célula criminal «los Piratas de Aragua» dedicada al tráfico de estupefacientes y lavado de activos.
Se trata del sexto miembro de la organización que aterrizará en la capital austral. Otros cinco ya desembarcaron transferidos por EE. UU.
Alias «Gocho» cumplió ya ocho meses detenido en Colombia, por parte de funcionarios de la Policía Nacional en la localidad de Chiscas, quienes lo apresaron durante un operativo en el departamento de Boyacá.
Carrillo ya contaba con circular roja de Interpol. Fue capturado el 5 de febrero por su presunta participación en el secuestro y asesinato del militar venezolano. Además, también en Chile estuvo vinculando a delitos de secuestro, trata de personas, tráfico de migrantes, explotación sexual y extorsión.
Según las autoridades chilenas, los integrantes de la banda “recibieron instrucciones de la cúpula, a cambio de una suma considerable de dinero, para secuestrar y posteriormente matar al exteniente, ciudadano refugiado venezolano”.
De hecho, el presidente chileno, Gabriel Boric, apuntó al régimen de Nicolás Maduro como los cabecillas del asesinato del teniente opositor Ronald Ojeda en Chile, quien fue Ojeda fue secuestrado en su casa por personas vestidas como policías chilenos y asesinado, siendo su cuerpo fue encontrado nueve días después.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó este jueves que su administración planea ampliar las operaciones militares contra el narcotráfico, pasando de los ataques marítimos a acciones en tierra, y aseguró que »Estados Unidos matará a quienes traen drogas al país».
Durante una mesa redonda en la Casa Blanca sobre seguridad interna, en la que participó el secretario de Guerra Pete Hegseth, el mandatario adelantó que informará al Congreso sobre las nuevas operaciones, aunque descartó solicitar una declaración formal de guerra contra los cárteles de la droga, a los que su gobierno ya ha designado como organizaciones terroristas extranjeras.
»No creo que vayamos a pedir una declaración de guerra. Creo que simplemente vamos a matar a la gente que trae drogas a nuestro país. Vamos a matarlos. Van a estar, digamos, muertos», dijo Trump con tono tajante ante reporteros.
El presidente destacó los recientes ataques de Estados Unidos contra embarcaciones sospechosas de traficar drogas en el Caribe y el Pacífico, calificándolos como »un éxito masivo».
Pete Hegseth participó en la reunión en la cual Trump advirtió al narcotráfico
Según datos proporcionados por funcionarios estadounidenses, esas operaciones, iniciadas a comienzos de septiembre, han dejado cerca de 40 muertos. Aunque el Pentágono ha entregado poca información sobre los objetivos, se ha confirmado que varios de los ataques ocurrieron en aguas cercanas a Venezuela.
Trump justificó el cambio de estrategia señalando que, ante la presión en el mar, los narcotraficantes han comenzado a trasladar sus operaciones a tierra. »Ahora están entrando por tierra… la tierra será la siguiente», advirtió.
El mandatario no especificó en qué lugares se realizarían estas acciones, pero criticó directamente a Colombia y México, acusándolos de no hacer lo suficiente para detener el flujo de drogas hacia territorio estadounidense.
Durante el evento, el presidente instruyó a Hegseth a presentar la nueva estrategia ante el Congreso, afirmando que no esperaba resistencia. »Pete, vas al Congreso y les cuentas. ¿Qué van a decir? ¿’Oh, no queremos detener las drogas que entran’? No puedo imaginarme que haya problema alguno», afirmó.
Posteriormente añadió que no veía »ninguna pérdida» en acudir al Legislativo: »Siempre se quejan de que no fuimos, así que iremos. No hay razón para no hacerlo».
El presidente defendió las operaciones previas en el mar, asegurando que el refuerzo militar estadounidense en el Caribe ha sido clave para frenar el tráfico de drogas. En los últimos meses, el Pentágono ha desplegado destructores con misiles guiados, cazas F-35, un submarino nuclear y miles de tropas en la región, intensificando la vigilancia en zonas cercanas a Sudamérica.
En Caracas, el dictador Nicolás Maduro respondió duramente a las declaraciones de Trump, advirtiendo que »si Estados Unidos interviniera en Venezuela, la clase trabajadora se levantaría en una insurrección general». Maduro añadió que »millones de hombres y mujeres con rifles marcharían por el país hasta recuperar el poder».
El tema cobró fuerza tras revelarse la semana pasada que dos narcotraficantes sobrevivieron a un ataque estadounidense en el Caribe. Ambos fueron rescatados por la Marina de los Estados Unidos y luego repatriados a Colombia y Ecuador.
El secretario de Guerra, Pete Hegseth, defendió esa decisión, señalando que era consistente con los procedimientos militares aplicados en Irak y Afganistán. ‘En esos conflictos capturamos a miles en el campo de batalla y entregamos el 99 % a las autoridades locales. ¿Nos gustó siempre el resultado? No, pero era el estándar y lo mismo aplica aquí», explicó.
Con sus declaraciones, Trump refuerza una postura de tolerancia cero contra el narcotráfico, mientras promete llevar la ofensiva a nuevos escenarios. La Casa Blanca no aclaró si el mandatario solicitará al Congreso una autorización específica para el uso de la fuerza militar (AUMF), aunque funcionarios no descartan esa posibilidad.
De concretarse, sería la primera vez en décadas que Estados Unidos contempla operaciones letales directas en tierra contra grupos del narcotráfico en el hemisferio occidental, una medida que promete atacar de forma directa el problema del narcoterrorismo en la región.
Caracas. – Diosdado Cabello lanzó una grave amenaza este pasado miércoles, contra los opositores venezolanos que se encuentren en Colombia, Panamá y España, advirtiendo que podrían ser víctimas de posibles atentados en los próximos días.
Así lo advirtió en su más reciente transmisión de «Con el mazo dando», en el cual afirmó que, si ocurren atentados contra venezolanos en el extranjero, sería “culpa” de la principal líder de la «oposición», María Corina Machado.
Según dejó saber en su amenaza, aparentemente habría una lista de «sacrificables».
Comunicadores, analistas y figuras del sector político «opositor» venezolano han considerado que sus aseveraciones son, en realidad, amenazas, porque basa sus informaciones en un supuesto informante anónimo al cual denomina «patriota cooperante».
Alertan, que tal como ha ocurrido en numerosas ocasiones, el segundo al mando del narcorégimen anuncia acciones supuestamente dateadas por sus informantes anónimos, y resulta que estas son ejecutadas por el mismo narcorégimen, para luego atribuir la culpa a quienes los adversan.
En este caso, Cabello señala que, de ocurrir los atentados, la responsabilidad de los mismos debería ser achacada a Machado.
En un documento que supuestamente le envió el citado cooperante, dijo: “Según información del patriota cooperante ‘El Cachaco’, ‘La Sayo’ (como despectivamente llama a Machado) aprovechará la matriz de que el gobierno atenta contra opositores en Colombia, Panamá y España para culpar al gobierno ‘Súper Bigote’”.
También se refirió al atentado en Bogotá contra los opositores Luis Peche y Yendri Velázquez, al que calificó con ironía de “tema pasional”. En líneas generales, sus declaraciones fueron interpretadas como una amenaza velada a dirigentes y comunicadores en el exilio.
🇻🇪🇨🇴🇵🇦🇪🇸 URGENTE — ALERTA A LAS AUTORIDADES.
Diosdado Cabello acaba de amenazar con atentados a opositores en Colombia, Panamá y España para los próximos días.
Incluso dice que podrían atentar contra @OrlvndoA en Colombia. Esto es gravísimo.
Caracas. – Reconocer al «Cartel de los Soles» como una amenaza transnacional para la seguridad de Colombia, fue la solicitud que hizo el Congreso colombiano al presidente Gustavo Petro este pasado martes, tras aprobar la propuesta que reconoce el peligro, que representa la organización narcoterrorista creada por el chavismo en Venezuela.
La Cámara de Representantes aprobó con 76 votos a favor y 21 en contra la propuesta, desplazando a otras dos proposiciones dirigidas también a Petro.
Los congresistas decidieron apoyar el exhorto en contra del cartel del narcotráfico dirigido por Nicolás Maduro, al considerar que constituye una amenaza directa a la seguridad nacional, la estabilidad regional y los derechos fundamentales de los colombianos.
La iniciativa, de carácter político y no vinculante, busca alinear al Estado en una respuesta coordinada, diplomática y contundente.
La decisión adoptada por la Cámara de Representantes insta al Gobierno nacional a reconocer oficialmente la existencia del cartel de los Soles y a coordinar acciones diplomáticas, jurídicas y de seguridad para enfrentar lo que los congresistas califican como una estructura criminal con alcance internacional.
Sin embargo, Petro optó por molestarse con la Cámara de Representantes tras enterarse de la exigencia que le estaban pidiendo. Desde la Casa de Nariño realizó acusaciones contra los congresistas: “Tal la corrupción que hay en la Policía, pero también en la Fiscalía, pero también entre los jueces, pero también entre el Congreso. Y los responsables de esos envíos son el cartel de Bogotá, o leámoslo bien para no macartizar Bogotá, la junta del narcotráfico, la que me quiere asesinar”, dijo.
También, expresó que los representantes que votaron para declarar al «Cartel de los Soles» como un grupo terrorista y narcotraficante incurrieron en un abuso de funciones.
“Es la que puede llevar la cocaína de Valle del Cauca hasta Bogotá. Es el que puede llevar cocaína incluso del nordeste o de esta cercanía que hay en el Caquetá hasta Bogotá y es el que puede llevar de Bogotá hasta Venezuela; el Cartel de los Soles es el cartel de Bogotá”, subrayó Petro.
El Tribunal Superior de Bogotá ha absuelto este martes al expresidente colombiano Álvaro Uribe de los delitos de soborno de testigos y fraude procesal, tumbando así la condena a doce años de arresto domiciliario impuesta hace menos de tres meses en primera instancia, en el marco de un caso que se remonta a 2012.
El juez Manuel Antonio Merchán ha declarado inocente a Uribe y ha cargado contra el primer fallo, alegando que presentaba deficiencias estructurales en la valoración de las pruebas, así como errores metodológicos y falta de rigor lógico en el análisis de testimonios y documentos.
Según ha considerado, la jueza Sandra Heredia —que condenó en Uribe— basó su decisión en apreciaciones subjetivas y evidenció el «sesgo» contra el expresidente. Así, ha subrayado que la decisión de primera instancia utilizó premisas vagas, genéricas y sesgadas.
Primero, Merchán ha afirmado que «no se acreditó» que Uribe «hubiera instigado el delito de soborno en actuación penal», por lo que ha anunciado que la sala revocaba la condena impuesta y le absolvía del delito de soborno. Posteriormente, ha concluido que la condena por fraude procesal carecía de sustento probatorio y jurídico, absolviéndole también de este cargo.
No obstante, el asunto está lejos de quedar cerrado. Las partes pueden todavía presentar alegaciones al Tribunal Supremo, que contará con cinco años de plazo para decidir el futuro del caso.
Los expresidentes de Colombia, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana han emitido este lunes una declaración conjunta instando al actual mandatario, Gustavo Petro, a dar una «definición clara» de su relación con el genocida dictador de Venezuela, Nicolás Maduro.
«Demandamos del señor presidente Petro la definición clara de su relación con el jefe del Cartel de Los Soles, Nicolás Maduro Moros, así como una explicación del llamado Pacto de La Picota y la consecuente coincidencia de las posteriores conversaciones llamadas Paz Total con grupos de las organizaciones criminales del narcotráfico disfrazadas con estatus político», reza la misiva.
Los exdirigentes han aludido así al nombre de un centro penitenciario de Bogotá, La Picota, en el que el ex alto comisionado para la Paz Danilo Rueda y el hermano menor de Petro, Juan Fernando Petro Urrego, se vieron con varios presos, coincidiendo con el período de campaña electoral.
Asimismo, han vinculado esos encuentros con la denominada ley de ‘paz total’ que ha permitido al Gobierno colombiano dialogar con grupos armados desde finales de 2022.
Pastrana y Uribe han justificado su declaración alegando un «sentido patriótico y profunda preocupación» en plena crisis diplomática entre Colombia y EE. UU., vinculando la petición de explicaciones a Petro detallada en el texto con la acusación planteada por el inquilino de la Casa Blanca, Donald Trump, quien ha definido al mandatario colombiano como «líder del narcotráfico».
Cabe señalar que la declaración de los dos exgobernantes ha llegado en el marco de la suspensión de la ayuda a Colombia decretada por Trump este domingo, una asistencia que ha tachado de «estafa a largo plazo» en unas declaraciones en las que ha llegado a amenazar incluso con una intervención directa si Petro no cierra de inmediato las zonas de producción de droga en el país latinoamericano.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha anunciado este domingo la suspensión inmediata la ayuda de su país a Colombia tras acusar a su homólogo colombiano, Gustavo Petro, de ser un «líder del narcotráfico»
En un mensaje publicado en su plataforma Truth Social, Trump denuncia que «la producción masiva de drogas se ha convertido, con diferencia, en el mayor negocio de Colombia, y Petro no hace nada para detenerlo».
Trump ha manifestado que la ayuda que EE. UU. está prestando al país se ha convertido en una «estafa a largo plazo» y ha anunciado que «a partir de hoy» quedará suspendida «cualquier forma de pago o subsidio a Colombia».
Además, Trump ha amenazado que si Petro, «un líder poco reconocido e impopular», no «cierra de inmediato los campos de exterminio» que representan las zonas de producción de droga en su país o, EE. UU. «los cerrará por él, y no será bonito».
Petro, por su parte, ha respondido que Trump vive engañado por «sus logias y sus asesores» antes de asegurar a Washington que él —supuestamente— es el principal enemigo de los «narcos» del país.
Caracas. – Ender Alexis Rojas Montán (31), uno de los jefes del «Tren de Aragua» en Chile, fue identificado como el sujeto que falleció al caer desde un conjunto residencial ubicado en el departamento de Antioquia, Medellín, Colombia, durante un operativo policial del cual intentó escapar.
Las acciones se produjeron el jueves de la semana pasada, aunque las autoridades colombianas difundieron las imágenes y grabaciones del procedimiento policial este pasado martes.
Las acciones tuvieron lugar en un edificio ubicado en el sector de Aves María, en la calle 72 sur con carrera 34 de Sabaneta, municipio del sur del área metropolitana de Medellín.
Según el video divulgado por la Policía Nacional, el venezolano intentó huir por el balcón del apartamento cuando los uniformados ingresaron al inmueble haciendo uso de la fuerza.
Se presume que Rojas buscaba descolgarse hasta el balcón del piso inferior para escapar, pero no logró sostenerse de la baranda y cayó al vacío, muriendo instantáneamente.
En el operativo también fueron capturados otros tres miembros del Tren de Aragua, identificados como Luis Cabeza, Daviannys del Jesús Moya y Samuel Urbina, todos de nacionalidad venezolana.
El procedimiento tenía como objetivo principal la captura del también venezolano Rojas, identificado como cabecilla de esta estructura en Chile y requerido mediante circular roja de Interpol por el delito de secuestro.
De acuerdo con las investigaciones, Rojas supuestamente llegó a Colombia en 2024, tras liderar facciones del Tren de Aragua dedicadas a la extorsión, el secuestro y el tráfico de drogas sintéticas en Chile y Perú, buscando expandir el alcance de la organización desde el territorio colombiano.
Se conoció un video del operativo realizado la semana anterior en Sabaneta, Antioquia, en el que falleció Ender Alexis Rojas, uno de los cabecillas del Tren de Aragua. pic.twitter.com/vvQQuC1gB8
Caracas. – Dos activistas por los Derechos Humanos y opositores al narcorégimen chavista, Yendri Velásquez y Luis Peche Arteaga, fueron víctimas de un atentado al ser atacados a tiros este pasado lunes, en el norte de Bogotá (Colombia).
Velásquez es un defensor de Derechos Humanos, activista LGBTIQ+ y solicitante de refugio en Colombia; mientras, Peche es analista político.
Los primeros informes de las autoridades señalan que los dos ciudadanos salían de su residencia, en el barrio Cedritos, de la localidad de Usaquén, rumbo a tomar un servicio de transporte público, cuando unos sujetos les dispararon en plena vía pública.
Un video extraído del circuito de cámaras de seguridad del barrio Cedritos fue filtrado a las redes sociales, ya que captó el momento del atentado. En las imágenes, de las 12:16 horas, se observa a los sujetos bajando de un vehículo para luego atacar a los venezolanos con armas de fuego.
Ambos activistas resultaron heridos y fueron trasladados a una clínica de Bogotá, donde permanecen estables. Los sicarios se acercaron al antejardín de la residencia, dispararon y luego corrieron para subirse de nuevo al carro que los estaba transportando, dejando a los dos hombres heridos en el lugar.
Minutos después, sobre las 12:18 horas, fueron captados por las cámaras de seguridad en cuadras más concurridas, al frente de una estación de gasolina del sector, en su intento por escapar.
Aunque los médicos que los atendieron reportaron que ambos estaban fuera de peligro, luego indicaron que Velásquez fue sometido a cirugía y que su condición era un poco más crítica.
El hecho fue repudiado por ONGs y movimientos vinculados a la defensa de los DD. HH. y políticos en el país. Se espera que las autoridades policiales colombianas den con el paradero de los autores de este atentado y esclarezcan las causas del mismo.
Caracas. – Familiares de ciudadanos colombianos secuestrados por el narcorégimen chavista en Venezuela, llevaron a cabo una protesta en el Puente Internacional Simón Bolívar este sábado para exigir la libertad inmediata para sus allegados.
La protesta, realizada en el tramo que conecta a Cúcuta (Colombia) con la localidad venezolana de San Antonio del Táchira, se hizo bajo el lema «¡Libérenlos!». Madres, padres, esposas e hijos se reunieron en la mitad del paso fronterizo con pancartas, fotografías y banderas de Colombia para exigir la libertad de al menos 40 ciudadanos colombianos que, según denuncian, fueron detenidos de forma arbitraria por las autoridades venezolanas.
Exigieron información sobre las personas presas, muchas de ellas con más de un año tras las rejas, y pidieron su libertad inmediata.Muchas madres, hermanas y esposas ofrecieron testimonios a los medios sobre sus parientes, a quienes no han podido ver ni constatar sus estados de salud ni las condiciones en las cuales se encuentran.
El clamor se intensificó cuando los manifestantes llegaron hasta donde se encontraba la Guardia Nacional venezolana. Allí, varias madres se arrodillaron y suplicaron por la libertad de sus hijos.
Efectivos militares venezolanos optaron por instalar una valla en el pase fronterizo para evitar el acceso de los colombianos. Algunos de los manifestantes confesaron a los medios haber estado secuestrados por la tiranía chavista, como fue el caso del cucuteño Jaime Alexander Peña Mendoza, de 27 años, quien contó haber sido detenido el 29 de agosto en una alcabala, y permaneció 37 días en prisión antes de ser liberado tras demostrar su inocencia.
De acuerdo al balance presentado por la organización Foro Penal el pasado 18 de septiembre, la mayoría de los presos políticos extranjeros en Venezuela son de Colombia. En dicho reporte, con datos hasta el 15 de septiembre, la ONG contabilizó a 21 ciudadanos colombianos apresados de forma arbitraria por la administración de Maduro.
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