Caracas. – El activista por los Derechos Humanos Óscar Morales López fue secuestrado este sábado por esbirros del narcorégimen chavista interino y luego liberado al cabo de unas horas, una vez que distintas ONG y sus familiares denunciaran la arbitrariedad en redes y medios informativos.

El rapto de Morales ocurrió en la parroquia La Candelaria de Caracas, donde testigos aseguran que funcionarios sin identificar lo abordaron y lo llevaron en un Toyota Machito blanco sin placa a las 9:00 am.

La alarma se encendió tras la participación de Morales en la “Ruta de las respuestas pendientes”, una serie de manifestaciones organizadas por el Comité por la Libertad de los Presos Políticos (Clippve).

No obstante, al cabo de unas horas la ONG Alianza por la Libertad de los Presos Políticos confirmó la liberación, e informó que Morales López ya se encuentra en su vivienda junto a sus familiares.

De acuerdo con la organización, su esposa, el abogado Eduardo Torres y la representante de la Alianza, Mayra Morales, acudieron hasta el lugar donde se encontraba detenido, en Maripérez. Tras esperar durante un período de tiempo, los funcionarios recibieron la orden de ponerlo en libertad.

“Ya se encuentra en su casa, su esposa, el abogado Eduardo Torres y la representante de la Alianza Mayra Morales acudieron hasta Maripérez donde estaba detenido. Después de esperar un tiempo, los funcionarios recibieron la orden de liberarlo”, precisó en su cuenta de X la ONG a las 3:00 pm.

El activista había participado el viernes 11 de septiembre en una manifestación de familiares de presos políticos que se dirigió hacia el Palacio de Miraflores para exigir respuestas sobre las personas privadas de libertad.

Según las denuncias difundidas por organizaciones de derechos humanos, durante esa protesta Morales López escribió consignas en el pavimento y portó carteles con mensajes críticos contra funcionarios venezolanos y el presidente de EE. UU., Donald Trump.

Tras conocerse la detención, Clippve exigió información sobre su paradero y una prueba de vida, al considerar que el procedimiento denunciado podía constituir una actuación al margen de la ley.

Caracas. – Los abogados de Tareck El Aissami, exministro chavista de Petróleo, denunciaron su desaparición forzada. Por medio de un video publicado en redes sociales, Mercedes Berthé, abogada del jerarca chavista, afirmó que desconocen su paradero desde el pasado 29 de agosto, cuando su esposa fue a visitarlo en El Rodeo I (Miranda), y le informaron que tenía la visita suspendida, sin ofrecerle «mayores explicaciones” al respecto.

“Sus abogados nos activamos e hicimos un recorrido por varios sitios de reclusión, tomando en consideración que han salido varios traslados desde el Rodeo. Estuvimos en el Simón Bolívar, ubicado en El Paraíso, en el Fuerte Guaicaipuro y en la Policía Militar en el Fuerte Tiuna. En todos esos lugares, los funcionarios que nos han atendido coinciden en no darnos información y recomendar asistir al Ministerio de Servicios Penitenciarios para que sea allí donde se nos informe”, detalló Berthé, quien aparece en el video acompañada de su colega Jesús Calma.

Indicó que en el Ministerio de Servicios Penitenciarios consignaron dos escritos, uno el 31 de agosto y el 9 de septiembre, y no hemos obtenido respuesta alguna con relación a la ubicación física y su estado de El Aissami.

La abogada en leyes dijo temer por la vida del exfuncionario y agregó que este necesita tratamientos médicos especializados “motivados a que su estado de salud se ha deteriorado notablemente estando en reclusión”.

Los abogados dicen temer por la vida de El Aissami; señalan que su estado de salud es grave y “amerita tratamientos especializados”, y exigen que se le restablezcan los derechos humanos que, aseguran, han sido vulnerados. Hasta el momento, aseguran que no han recibido respuesta oficial de las autoridades sobre su ubicación.

También se conoció que, mientras El Aissami permanece en Venezuela bajo proceso judicial, reportes periodísticos indican que su esposa, Riada Rudy Aamer, y sus hijos se instalaron en una zona exclusiva de Madrid, España. La familia ya contaba con vínculos previos en la capital española: la cuñada de El Aissami, Randa Aamer Maaz, había trabajado en la filial española de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG) hasta ser apartada en 2020.

Cane señalar que el traslado de la familia coincide con el avance del juicio en Caracas por la desaparición de miles de millones de dólares provenientes de ventas petroleras, según las investigaciones del caso PDVSA-Cripto.

Caracas. – Familiares de los funcionarios del CICPC que fueron secuestrados en enero de este año, luego que se negaran a alterar las escenas donde Nicolás Maduro y Cilia Flores fueron capturados por fuerzas estadounidenses, denuncian que se encuentran desaparecidos además de ser sometidos a torturas.

Los investigadores fueron citados a una reunión con Douglas Rico, en la sede del CICPC en San Agustín el pasado 23 de enero, desde donde los trasladaron a recintos militares. Según sus allegados, los primeros días de desaparición ocurrieron en una instalación de la DGCIM en La Carlota, un lugar acondicionado para el castigo corporal sistemático.

Luego, a finales de enero fueron llevados al internado judicial El Rodeo I bajo violencia penitenciaria y, posteriormente, el 3 de septiembre, ejecutaron un traslado sorpresivo hacia Yare II sin informar a sus defensores públicos y demás familiares.

Los expertos, entre quienes figura un militar, se negaron —luego de los sucesos del 3 de enero— a modificar las evidencias sobre las capturas de Maduro y su esposa. Ello les valió para ser falsamente acusados de conspiración y traición a la patria.

Por ello, se encuentran bajo rapto —y ahora desaparecidos— el teniente coronel (Ej.) Manuel Alejandro Osorio Arteaga, Carlos Ulises Hernández Rojas, Jesús Leonardo Gómez Brito, David Figueredo Sandoval, Héctor José Martínez Yanez, Joharlinn Enrique Luzardo Noria, Álvaro Roger Valladares Eslava y José Gregorio Rivas Sifontes.

Una reseña elaborada por el portal noticioso Efecto Cocuyo, indica que ocho meses después de las detenciones, ejecutadas entre el 21 y el 26 de enero, el Tribunal Segundo de Control de Terrorismo mantiene paralizadas las audiencias preliminares de los presos del “nuevo momento político”.

Los allegados de estos funcionarios denunciaron tratos crueles, incluyendo aislamiento en espacios reducidos, suspensiones prolongadas, uso de descargas eléctricas y agresiones físicas que dejaron graves secuelas de salud en los detenidos.

Uno de los ejemplos sobre las afectaciones en la salud de los detenidos, lo constituye el caso del comisario jubilado José Gregorio Rivas Sifontes. Su esposa, Marli Morillo, contó al citado medio, que se trata de un paciente con antecedentes de COVID, hipertensión y fibrosis pulmonar, sufrió un colapso respiratorio tras una arremetida con gas lacrimógeno y gas pimienta.

«A raíz del estrés y el calor empezó a sufrir crisis hipertensivas diarias y le tuvieron que añadir otra pastilla más, una para la mañana y otra para la noche”, relató la mujer, quien también denunció, que “juegan con el agotamiento físico, mental y la parte económica, porque si no hubiésemos tenido recursos, tendrían que haber dormido en el piso”.