Un tribunal federal de apelaciones de EE. UU. ha autorizado este lunes a la Administración de Donald Trump a proceder con la eliminación del Estatus de Protección Temporal (TPS, en inglés) que amparaba hasta ahora a más de 60.000 migrantes de Honduras, Nepal y Nicaragua de una posible deportación, unas protecciones que el Ejecutivo estadounidense ha buscado retirar a nacionales de múltiples países, incluidos Venezuela y Haití.
Un panel de tres jueces del Noveno Circuito, con sede en San Francisco (California), ha suspendido la orden de un tribunal inferior que anulaba la decisión de la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, de cancelar el TPS para migrantes procedentes de los tres citados países.
Según el fallo, los magistrados han alegado que el Gobierno podrá, «probablemente», demostrar argumentos como que el tribunal de distrito que detuvo la medida de Noem «carecía de jurisdicción», o que ésta «presentó razones aparentemente legítimas de por qué estaba justificado cancelar el TPS para cada país».
El panel; compuesto por los jueces Michael Hawkins, designado por el demócrata Bill Clinton; Consuelo Callahan, designada por el republicano George W. Bush, y Eric Miller, nombrado por el actual mandatario estadounidense; ha reconocido haberse visto influenciado por instancias precedentes en las que el Tribunal Supremo suspendió órdenes de órganos judiciales inferiores que impedían a la cartera de Noem la cancelación del TPS para nacionales de Venezuela.
«El Gobierno afirma que, de no obtener una suspensión, sufrirá perjuicios al no poder implementar su política migratoria preferida (…). Por otro lado, los demandantes afirman que la terminación de su estatus podría exponerlos al riesgo de deportación, pérdida de empleo o beneficios médicos, y separación familiar», han descrito los magistrados.
En esta situación, han indicado que tendrían «que evaluar y sopesar» el citado «posible perjuicio» que alega la Administración. Con todo, han defendido que las dos ocasiones en las que el Supremo suspendió órdenes de tribunales de distrito que bloqueaban la anulación del TPS para Venezuela por parte de la secretaria de Seguridad Nacional, incluían «alegaciones similares de perjuicio por parte de ambas partes», aun reconociendo que las decisiones «no contenían ningún razonamiento, por lo que no informan (su) análisis de las cuestiones jurídicas de este caso, y las cuestiones, en cualquier caso, no son idénticas».
«Por las razones expuestas, la orden del tribunal de distrito que anula el fin del TPS para Nepal, Honduras y Nicaragua queda suspendida en espera de la apelación», ha dictaminado el tribunal.
De este modo, los magistrados han inclinado la balanza en favor de la Administración Trump, que persigue el objetivo de retirar las protecciones a cerca de 50.000 hondureños, 7.000 nepalíes y 3.000 nicaragüenses y abrir así la puerta a nuevas deportaciones masivas.
El fallo supone un avance más en la agenda de Donald Trump tras su segunda llegada a la Casa Blanca, desde donde ha tomado medidas para excluir a más de un millón de personas de ocho países de un programa con décadas de antigüedad que ha permitido vivir y trabajar temporalmente en EE. UU. a centenares de miles de personas que habían hecho frente a conflictos armados, desastres naturales y otras catástrofes. Ante la continuidad de buena parte de este tipo de situaciones, las protecciones a estas personas habían sido renovadas durante años.
