Caracas. – Tres migrantes venezolanos ilegales en EE. UU., Yosguar Aponte Jiménez, José Triviño Cruz y Jesús Bellorín Guzmán, detenidos por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por un asesinato que cometieron el pasado 20 de junio, podrían ser deportados ahora.
El hecho ocurrió en un Motel 6 en Garland, Texas, cuando el trío abrió fuego contra el estadounidense Santiago López Morales, de 48 años, tras cometer un robo y una violación.
«Según informes locales, los investigadores vincularon el tiroteo con un robo con agravantes en el Deluxe Inn alrededor de las 2:00 a. m. del 20 de junio de 2025. Una mujer que se encontraba allí denunció que dos hombres hispanos irrumpieron en su habitación, la amenazaron con una pistola, la agredieron sexualmente y le robaron dinero en efectivo, joyas y su identificación antes de huir”, detalló el DHS.
Las autoridades informaron que los tres venezolanos admitieron haber atacado a prostitutas, mientras que uno de los acusados confesó más de 25 robos y otro admitió dos robos más ese día, según el comunicado de prensa.
Aponte Jiménez enfrenta cargos de homicidio capital, Trivino Cruz también enfrenta cargos de homicidio capital, robo con agravantes y agresión incidental, según las autoridades. Mientras, Bellorín Guzmán enfrenta cargos de homicidio capital y robo con agravantes.
El ICE presentó órdenes de detención ante las autoridades locales para garantizar que “estos delincuentes no vuelvan a ser liberados en las comunidades estadounidenses”. Es posible que sean remitidos a este organismo, y de allí ser enviados a un tercer país.
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, ha celebrado este martes el anuncio de Países Bajos para un paquete de USD$ 578 millones en compras militares a EE. UU. para suministrar posteriormente a Ucrania, incluyendo componentes de sistemas antiaéreos ‘Patriot’, instando a que más aliados de la OTAN se sumen a esta iniciativa.
Cabe señalar que esta medida se encuadra en el acuerdo entre EE. UU. y el resto de estados de la Alianza Atlántica (OTAN) para continuar el suministro de armamento a Ucrania a través de adquisiciones voluntarias que hagan los aliados europeos.
«Aplaudo el liderazgo de Países Bajos por convertir esta iniciativa en apoyo concreto sobre el terreno, basándonos en las medidas adoptadas la semana pasada por Alemania para suministrar más sistemas Patriot a Ucrania», ha asegurado Rutte en unas declaraciones difundidas por la organización militar.
Así, ha subrayado que la intención es aportar a Ucrania los equipos militares que necesita de forma urgente para defenderse de la agresión rusa, en un momento en el que Moscú ataca sistemáticamente ciudades e infraestructuras ucranianas.
«El objetivo de toda la ayuda aliada a Ucrania es poner fin a la guerra de forma justa y duradera, en apoyo a los esfuerzos de paz del presidente Trump», ha afirmado, asegurando que se ha puesto en contacto por escrito con «todos los aliados de la OTAN» para instarles a que contribuyan a esta iniciativa «de reparto de la carga».
«Espero que pronto haya más anuncios importantes por parte de otros aliados», ha indicado el ex primer ministro neerlandés sobre la iniciativa liderada por Berlín para adquirir armamento a Washington, incluyendo baterías antiaéreas ‘Patriot’ e interceptores, para suministrarlo posteriormente a Ucrania, una forma con la que la OTAN intenta salvar el recorte estadounidense en la ayuda militar a Ucrania.
Junto a Alemania, otros aliados como Reino Unido, Dinamarca, Noruega, Suecia, Canadá, Países Bajos y Finlandia expresaron su interés en participar en este plan, confirmó el propio Rutte en su viaje a EE. UU. de mediados de julio para reunirse con Donald Trump.
Además, la OTAN participará en el suministro de la ayuda militar a través de su nueva iniciativa sobre la Lista de Requisitos Prioritarios de Ucrania (PURL, en inglés), sirviendo tamién de plataforma para coordinar el suministro del armamento adquirido a EE. UU., que se entregará al Ejército ucraniano en el marco de la misión de asistencia y entrenamiento a Ucrania, NSATU.
La Comisión Europea trabaja con la Administración de EE. UU. para cerrar el acuerdo sobre aranceles que fijará un gravamen máximo del 15% a los productos europeos y dará este miercoles los pasos necesarios para suspender 6 meses las represalias diseñadas por si no se alcanzaba un pacto.
El acuerdo político alcanzado entre la presidente de la Comisión Europea, Von der Leyen, y el presidente de EE. UU., Donald Trump, el último domingo de julio se concretará en un comunicado conjunto de las dos partes que, en todo caso no será legalmente vinculante y se percibe como una hoja de ruta para la política comercial entre ambos bloques.
«La UE sigue trabajando con Estados Unidos para ultimar una declaración conjunta. Con estos objetivos en mente, la Comisión tomará las medidas necesarias para suspender durante seis meses las contramedidas de la UE contra los EE. UU., que debían entrar en vigor el 7 de agosto», ha indicado el portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill.
Para ello, el Ejecutivo europeo tomará este martes por trámite de urgencia las medidas necesarias para suspender las represalias. La UE puso a punto una respuesta que implicaba medidas sobre más de USD$ 107.600 millones en compras a EE. UU. con las que reaccionar si fracasaban las negociaciones sobre la guerra arancelaria.
En este marco, los planes de Bruselas pasaban por activar una primera tanda desde el 7 de agosto y dejar el grueso del recargo para su introducción en dos fases posteriores, en septiembre de este año y febrero de 2026.
En la capital comunitaria han defendido que el gravamen general del 15% es «aceptable», mientras este sea el límite, incluya todas las tasas comerciales y no se acumule a otros aranceles. Frente a las críticas, el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, subrayó que el acuerdo frena una guerra comercial de graves consecuencias y se refirió al pacto como el «mejor acuerdo» que se logró en unas circunstancias «muy difíciles».
A falta de un acuerdo concreto sobre algunos sectores que la UE busca que estén exentos de aranceles, como el vino y las bebidas espirituosas, en Bruselas entienden que se les aplicará un arancel del 15%, siguiendo el gravamen general, mientras continúen las negociaciones.
El gobernador de Texas, Greg Abbott, ha pedido este lunes al Departamento de Seguridad del Estado que arreste a los congresistas demócratas que abandonaron este territorio en la víspera para impedir el quórum necesario en una votación planeada los republicanos, que trata de modificar el mapa electoral en una iniciativa que les permitiría obtener cinco escaños adicionales en las elecciones legislativas de 2026.
Así lo ha anunciado en un comunicado en el que ha señalado que «los demócratas de la Cámara de Representantes de Texas abandonaron su deber para con los tejanos». «El incumplimiento del deber tiene consecuencias», ha añadido.
El gobernador ha considerado que la salida de estos congresistas frena la tramitación de una «legislación crítica para ayudar a las víctimas de las inundaciones y promover la desgravación del impuesto sobre la propiedad», omitiendo la alteración del mapa electoral entre los textos pendientes, cuya votación iba a celebrarse este lunes.
Ante esta situación, el presidente de la cámara, Dustin Burrows, ha convocado a los representantes y ha emitido órdenes judiciales para obligar a los miembros a regresar. En consecuencia, el gobernador ha afirmado haber «ordenado al Departamento de Seguridad Pública de Texas que localice, arreste y devuelva a la cámara de la Cámara de Representantes a cualquier miembro que haya abandonado su deber para con los tejanos».
«Esta orden permanecerá en vigor hasta que todos los miembros demócratas desaparecidos de la Cámara de Representantes sean localizados y llevados al Capitolio de Texas», ha concluido el gobernador tejano.
Cabe señalar que para llevar a cabo actividades oficiales, se requiere la presencia de al menos 100 de los 150 miembros de la Cámara de Representantes de Texas, de mayoría republicana. Los demócratas ocupan 62 de los escaños, de los que el portavoz del Caucus Demócrata de la Cámara tejana, Josh Rush Nisenson, cifró en 51 los que abandonarían el estado.
En principio, y según las leyes del estado, un congresista no puede ausentarse por motivos injustificados a acudir a una votación como la que, en principio, iba a ocurrir el lunes. Sin embargo, se trata de un delito civil de alcance menor, con lo cual podrían ser detenidos, pero no condenados a pena de cárcel.
El presidente de Argentina, Javier Milei, ha vetado por decreto en la madrugada de este lunes las tres leyes que daban beneficios a los jubilados aprobados por el Congreso el jueves 10 de julio, alegando «graves deficiencias técnicas» y «un afán de evitar que «el Gobierno caiga en viejas prácticas inconducentes».
«La sanción de los proyectos de ley en examen implica la aprobación de gastos exorbitantes sin su correspondiente partida presupuestaria, lo que conllevaría que, para su eventual cumplimiento, el Gobierno caiga en las viejas prácticas de la emisión monetaria sin respaldo, el aumento de impuestos o el endeudamiento, recetas que, luego de más de 100 años de historia, ya han sido probadas inconducentes», reza el decreto 534/2025 firmado por Milei y publicado en el Boletín Oficial.
Asimismo, el mandatario argentino ha alegado «graves vicios reglamentarios» en la aprobación de las leyes en el Senado y «graves deficiencias técnicas», así como una previsión de financiamiento «manifiestamente insuficiente».
De esta forma, ha impedido la aprobación de tres leyes que aumentaban las pensiones, reinstalaban la moratoria de la jubilación —que permitía a personas que alcanzaban la edad requerida, pero no contaban con 30 años de cotización acceder a una jubilación— y dotaban de nuevas pensiones no contributivas a personas con discapacidad.
Las normativas, de haber entrado en vigor y según el propio Milei, supondrían un gasto adicional de más de USD$ 5.17 millones en 2025 y más de USD$ 12.5 millones en 2026, suponiendo, respectivamente, el 0,9% y el 1,68% del PIB, así como un incremento del 6% sobre el gasto previsto.
Las fuerzas de EE. UU. y Armenia tienen previsto realizar una serie de maniobras militares conjuntas entre los días 12 y 20 de agosto, según ha informado este sábado el propio Ministerio de Defensa armenio.
Las actividades, que se desarrollarán en territorio armenio bajo el nombre ‘Eagle Partner 2025’, contarán con la participación de las Fuerzas Armadas de Armenia, el Ejército de EE. UU. en Europa y África y la Guardia Nacional de Kansas.
El objetivo de los mismos es «preparar y ejecutar las operaciones de mantenimiento de paz», además de realizar simulacros de evacuaciones médicas. También, permitirá mejorar la interoperabilidad de las unidades e intercambiar prácticas de control y comunicación táctica.
Cabe señalar que estas maniobras tendrán lugar a pesar de que Rusia es uno de los principales aliados de Armenia, unas relaciones que se han deteriorado durante los últimos años a medida que Ereván registra un acercamiento a países más occidentales.
El Gobierno de Costa Rica ha solicitado este sábado a la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, que ponga en pausa los aranceles anunciados este pasado jueves mientras continúan las conversaciones acerca de estos gravámenes, a fin de aliviar la preocupación de los exportadores costarricenses y de diseñar una estrategia que permita al país centroamericano hacer frente a este «reto».
«Costa Rica, al igual que otras 184 naciones del mundo, se ve afectada por la reciente decisión del Gobierno de EE. UU. de imponer aranceles a los bienes exportados a ese mercado. Si bien el arancel del 10% correspondiente a nuestras exportaciones es el mínimo, somos conscientes de las preocupaciones que le genera a nuestro sector exportador», ha expresado el ministro de Comercio Exterior del país, Manuel Tovar, en un comunicado en el que ha apelado a «la confianza y la serenidad» de sus «socios» norteamericanos «durante este espacio de diálogo positivo».
Así las cosas, desde Comercio Exterior han solicitado a las autoridades estadounidenses «una pausa en la implementación del incremento arancelario mientras continúan las negociaciones correspondientes», de tal forma que el equipo ministerial pueda trasladar a los representantes del sector productivo y exportador toda la información relativa al «alcance y origen de la medida adoptada por EE. UU.».
Entretanto, el Ejecutivo de Costa Rica ha asegurado que continuará trabajando en la defensa de los intereses del país, la mitigación de los efectos de esta decisión y la protección de la competitividad de las exportaciones nacionales.
En la misma línea, Tovar ha señalado que —en respuesta a una petición de Presidencia— su equipo está trabajando ya en el análisis del contenido y alcance de la resolución adoptada por Trump, así como en la coordinación de «una estrategia para atender este reto y procurar restablecer las condiciones de mercado previas» a la misma.
A este fin, Costa Rica ha emprendido hasta la fecha «acciones puntuales» como la creación de un equipo interinstitucional de alto nivel, la apertura de canales de diálogo con el sector exportador, la intensificación —«de manera muy constructiva»— de las conversaciones con EE. UU., o la diversificación de mercados «con el fin de promover una mayor inserción de nuestra economía en el mundo».
«Tal es el caso de los acuerdos con Ecuador, los Emiratos Árabes Unidos, las negociaciones en curso con Israel, así como las discusiones para sumarnos al acuerdo transpacífico CPTPP, por citar algunos», ha ejemplificado el ministro.
Cabe señalar que este reclamo llega después de que Donald Trump anunciase este jueves la imposición de nuevos aranceles a decenas de socios comerciales que incluyen un mínimo global del 10% y gravámenes a partir del 15% para aquellos países que tengan superávit comercial con el país norteamericano.
Así lo declaró en una orden ejecutiva que mantiene sin apenas cambios las tasas básicas para muchos de los socios comerciales.
El texto, difundido por la Casa Blanca, incluye una lista de casi 70 países, además de la Unión Europea, a los que se aplicarán aranceles específicos que oscilan entre el mínimo de 10% y el 41%, como es el caso de Siria.
Aquellos estados que no figuren en el listado tendrán un gravamen predeterminado del 10% y todos entrarán en vigor —salvo excepciones— el próximo 7 de agosto, según se lee en el decreto firmado por Trump pocas horas antes de la fecha límite original del 1 de agosto.
El senado de EE. UU. ha aprobado este sábado el nombramiento de la exjuez y expresentadora de Fox News, Jeanine Pirro, como fiscal del distrito de Columbia en Washington D. C., lo que la convierte en la principal fiscal federal de la capital estadounidense.
Pirro, que ya desempeñaba el cargo de manera interina desde principios de mayo, ha salido refrendada por 50 votos a favor y 45 en contra, en el marco de las múltiples votaciones que tendrán lugar este fin de semana en la Cámara Alta para la aprobación de cargos de la Administración Trump.
Cabe señalar que la expresentadora llegó al cargo tras el reemplazo de Ed Martin, quien perdió el apoyo de los republicanos, lo que supuso no poder ser designado en el Senado. Trump alabó ya en mayo su currículum profesional y su trayectoria televisiva.
«Jeanine fue fiscal adjunta del condado de Westchester, Nueva York, y posteriormente se desempeñó como jueza del condado y fiscal de distrito, donde fue la primera mujer elegida para dichos cargos», mantuvo entonces el mandatario norteamericano.
Igualmente, sostuvo que ha sido «una firme defensora de las víctimas», como demuestra su «pionera» oficina contra la violencia doméstica en su fiscalía.
Trump destacó también la carrera de Pirro ante las cámaras de Fox News, en donde ha presentado su propio programa durante diez años —Justicia con la juez Jeanine— y, hasta su nombramiento, el programa de ‘The Five’, «uno de los programas de mayor audiencia de la televisión».
Las condiciones de tortura y malnutrición de los rehenes israelíes a manos de Hamás empeoran, mientras Trump busca terminar con la guerra y jura venganza al grupo terrorista.
En un espeluznante video de propaganda publicado este viernes que provocó indignación en todo el mundo, el grupo terrorista Hamás obligó a un rehén israelí desnutrido que está al borde de la muerte a cavar su propia tumba.
Se trata del rehén Eviatar David, de 24 años, quien fue secuestrado por el grupo terrorista durante los atentados del 7 de octubre de 2023. En el video se ve al mismo en un estado de desnutrición severa, siendo torturado al ser obligado a tachar fechas en un calendario y a cavar su propia tumba en un túnel de Gaza.
«No he comido durante varios días seguidos», confiesa David en la grabación. A la mitad del video, el terrorista que lo graba le entrega una lata de legumbres que será su comida para los próximos dos días. «Esta es la tumba en la que creo que me van a enterrar. Se acaba el tiempo», se escucha decir al rehén.
Parte del video difundido por Hamás.
Estados Unidos y el mundo reacciona al video.
El video generó conmoción entre los líderes mundiales, incluso entre aquellos que han jugado a favor de Hamás reconociéndole a estos terroristas un estado palestino y han presionado a Israel para que abandone la guerra, como Canadá, Reino Unido y Francia.
Así, el ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Noel Barrot, calificó las imágenes como “viles” e “insoportables”, días después de que su jefe, el presidente Emmanuel Macron, haya anunciado que planea reconocer un estado palestino ante la Asamblea de la ONU en septiembre.
En Estados Unidos la condena fue unánime por parte de todo el arco político. Representantes republicanos como Rick Scott y Mike Lawler, como así también políticos demócratas como John Fetterman y Ritchie Torres, denunciaron la barbarie de un Hamás que continúa negándose a llegar a un acuerdo que libere a los más de 50 rehenes que se encuentran en su poder.
Parte del video difundido por Hamás donde se lo ve a David malnutrido.
Netanyahu y la familia de David también se pronuncian sobre el video.
La familia de David, que autorizó la publicación del video, dijo en un comunicado enviado al Foro de Familias de Rehenes que están presenciando cómo su hijo y hermano está siendo deliberadamente y cínicamente matado de hambre en los túneles de Hamás en Gaza.
Naftali Fürst, sobreviviente del Holocausto en los campos de Auschwitz y Buchenwald, dijo que vio las imágenes con el «corazón roto» y que dichas imágenes la han llevado de regreso a décadas oscuras para el pueblo judío.
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró por su parte que los terroristas de Hamás están matando de hambre a los rehenes, documentándolos «de manera cínica, humillante y maliciosa».
Familiares del rehén piden por su liberación.
Trump quiere sacar a los rehenes de Gaza y luego buscar venganza.
Según NPR, fuentes con acceso a Trump comentaron que el jefe de Estado se conmovió hasta las lágrimas al ver el estado de salud del rehén israelí y las torturas que está padeciendo, urgiendo a sus allegados que hagan todo lo posible para asegurar la liberación de este y los otros secuestrados.
Ayer, Steve Witkoff, el enviado especial de Trump en Israel, visitó la franja de Gaza y también se reunió con los familiares de los rehenes, en un encuentro donde les aseguró que el fin de la guerra «está muy cerca».
La Casa Blanca encara esta etapa de la guerra de una forma diferente. En lugar de buscar un acuerdo parcial, Trump quiere dar forma a un acuerdo que libere a todos los rehenes y de por terminado la guerra, con el requisito incondicional de que Hamás deponga sus armas y su liderazgo se exilie en otros países.
Una vez asegurada la vida de estos rehenes, Estados Unidos e Israel iniciarán una campaña dedicada exclusivamente a cazar a los líderes de Hamás exiliados, en busca de justicia por todas las atrocidades que el grupo terrorista cometió, como la que le están haciendo actualmente a David.
Jack Smith, fiscal especial del Departamento de Justicia, está siendo investigado por actuar con motivaciones políticas en el caso contra Donald Trump.
La Oficina del Asesor Especial ha iniciado una investigación formal contra Jack Smith, ex fiscal especial del Departamento de Justicia de Estados Unidos, en lo que constituye la primera pesquisa legal oficial sobre su conducta.
La investigación surge a raíz de acusaciones de que Smith habría actuado con motivaciones políticas durante su tiempo al frente de dos investigaciones penales contra el presidente Donald Trump.
Smith, nombrado por el fiscal general Merrick Garland durante la administración Biden,lideró dos casos armados por el gobierno demócrata contra Trump: uno relacionado con el manejo indebido de documentos clasificados y otro sobre su presunto intento de revertir los resultados de las elecciones presidenciales de 2020, a raíz de los hechos del 6 de enero de 2021. Ambos casos finalmente fueron desestimados.
La investigación actual está siendo conducida por la unidad del Acta Hatch (Hatch Act Unit) dentro de la OSC, una ley federal que prohíbe a los empleados del gobierno participar en actividades políticas partidistas mientras ejercen sus funciones públicas. Según un correo electrónico firmado por el abogado principal de la OSC, Charles Baldis, la investigación está en curso.
La apertura de la investigación se produjo después de que el senador Tom Cotton (republicano por Arkansas), presidente del Comité de Inteligencia del Senado, enviara una carta a la OSC esta semana en la que acusaba a Smith de haber actuado con la intención de perjudicar la candidatura de Trump en las elecciones presidenciales de 2024.
En declaraciones a los medios, Cotton celebró el inicio de la investigación: »Agradezco que la Oficina del Asesor Especial esté tomando esto en serio. Nadie está por encima de la ley».
Cotton sostiene que Smith utilizó el sistema legal como una herramienta política para favorecer al expresidente demócrata Biden y a la ex vicepresidente Kamala Harris, señalando que muchas de sus decisiones como fiscal especial no tenían otra justificación que la de influir en el resultado electoral.
Senador Tom Cotton
En particular, acusa a Smith de acelerar procesos judiciales para hacer coincidir fechas clave con eventos electorales importantes, como las primarias en Iowa, lo cual según Cotton, demuestra una intención clara de interferir políticamente.
»Estas acciones no fueron estándar, ni necesarias ni justificadas», afirmó Cotton. »Fueron las acciones de un actor político disfrazado de funcionario público».
La investigación de la OSC se centra en determinar si Smith violó la Ley Hatch al participar, directa o indirectamente, en actividades políticas mientras ejercía su función pública. Una infracción de esta ley podría tener consecuencias administrativas o legales, aunque todavía no se ha especificado el posible alcance de las sanciones.
Por su parte, Smith no ha respondido públicamente a las acusaciones de Cotton ni a la investigación iniciada. Durante su tiempo como fiscal especial, insistió en que sus investigaciones se llevaron a cabo de manera independiente y siguiendo estrictamente los procedimientos legales, sin injerencias políticas.
Smith renunció a su cargo en enero de 2025, tras la toma de posesión de Donald Trump como presidente. Desde entonces, las críticas republicanas a su desempeño se han intensificado, especialmente entre quienes consideran que sus investigaciones fueron un intento de »politizar» el sistema judicial y debilitar la candidatura republicana.
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