La acusación popular ha mostrado su «oposición definitiva y total» a que el juez Juan Carlos Peinado, que ha enviado a juicio a Begoña Gómez, esposa del presidente socialista del Gobierno, Pedro Sánchez, pueda autorizarle salir de España, como ella le ha solicitado, porque consideran que existe un «fundado riesgo de fuga».

Así lo han comunicado las acusación popular unificada, liderada por Hazte Oír, en un escrito en el que piden a Peinado que rechace la solicitud de Gómez de permitirle desplazarse a Ankara (Turquía) y Londres (Reino Unido).

A ojos de la acusación popular, la «concatenación de desplazamientos no hace sino ampliar el período de exposición al riesgo de sustracción a la acción de la justicia, dificultando extraordinariamente cualquier mecanismo de supervisión».

Ante ello, recuerda que el magistrado acordó el pasado 20 de junio la retirada del pasaporte de Gómez en el marco de su investigación contra ella. Tras ello, la esposa del presidente solicitó que a Peinado que le deje viajar a una cumbre de la OTAN en Ankara y a Londres para la graduación de su hija.

«Tales medidas obedecen a la existencia de indicios racionales de criminalidad y a un fundado riesgo de fuga, de suerte que lo ahora pretendido de contrario no es sino el alzamiento parcial y temporal de una medida cautelar vigente, lo que reclama un escrutinio especialmente riguroso», señala, en referencia a la retirada de su pasaporte.

En este sentido, incide en que el destino elegido, esto es, la República de Turquía, «agrava de manera particular ese riesgo», al ser «un Estado ajeno a la Unión Europea, no vinculado por el sistema de la orden europea de detención y entrega y respecto del cual los mecanismos de extradición resultan notoriamente más lentos, inciertos y sujetos a condicionamientos de oportunidad política».

Y añade: «La eventual sustracción de la investigada en tal territorio situaría su recuperación para el proceso en una situación de grave dificultad, cuando no de práctica imposibilidad».

Con respecto a la autorización para acudir a la graduación de su hija en Londres, la acusación afirma que dicho evento, «por íntimo que sea, no constituye necesidad de tal entidad cuando la investigada se halla formalmente procesada y pendiente de enjuiciamiento».

Asimismo, remarca que la cooperación internacional entre España y Reino Unido tras el ‘Brexit’ «ha experimentado una merma significativa respecto al régimen anterior de la euroorden».

Y enfatiza que Gómez se enfrenta a hasta 24 años de prisión por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. «A mayor gravedad de la condena potencial, mayor es el incentivo para la huida, y mayor el daño irreparable para el proceso penal en caso de que esta se produzca», razona.

Y por último, la acusación popular arguye que «no consta en el escrito presentado por la representación de la investigada acreditación documental alguna de que el acto de graduación invocado vaya efectivamente a celebrarse en Londres en las fechas indicadas».

A su juicio, «la mera afirmación de la parte no constituye, por sí sola, acreditación suficiente a los efectos de justificar el alzamiento, siquiera temporal, de una medida cautelar de la gravedad de la prohibición de salida del territorio nacional».

«En consecuencia, la solicitud carece, en este punto, de la mínima base documental exigible, lo que constituye un motivo autónomo y adicional para su desestimación», concluye.

Para el caso de autorizarse, la acusación popular solicita subsidiariamente que «se supedite al cumplimiento de las condiciones informativas y de reintegro del pasaporte», documentándose los datos del viaje «en pieza separada de carácter reservado durante el desarrollo del desplazamiento, con su ulterior incorporación a la causa una vez producido el regreso».

El PP, que lidera la acusación popular en el ‘caso Leire Díez’, ha solicitado al juez de la Audiencia Nacional que investiga la causa que llame como imputada a la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González.

Así consta en un escrito en el que el partido de Alberto Núñez Feijóo realiza esa petición al juez Santiago Pedraz en nombre de las acusaciones populares del caso, en el que se investigan presuntas maniobras para intentar desestabilizar causas judiciales que afectan al Gobierno y al PSOE.

Los ‘populares’ también piden que cite como imputados al anterior director general, Leonardo Marcos, y al director adjunto operativo (DAO) del Instituto Armado, Manuel Llamas.

A su juicio, que los tres puedan ser llamados como testigos es «incompatible con el contenido material de los indicios que pesan» sobre los tres y supondría «un fraude procesal en perjuicio del derecho de defensa y del propio principio de igualdad de armas, en la medida en que les impone la obligación de declarar bajo juramento, con riesgo de incurrir en falso testimonio».

Y encajan los hechos de modo «indiciario» en presuntos delitos de prevaricación administrativa, obstrucción a la justicia y deslealtad profesional, revelación de secretos por funcionario público, y pertenencia o cooperación con organización criminal.

Esta petición se produce un día después de la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en la ‘comisión Koldo’ del Senado, donde defendió el «buen hacer» de Mercedes González y rechazó haber mentido o dado versiones contradictorias sobre los contactos entre Leire Díez y la jefa de la Guardia Civil.

El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha citado como investigada a la presidente de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, y a otras 24 personas en la pieza del ‘caso Leire Díez’ sobre presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos para el cobro de comisiones irregulares.

Así consta en una providencia en la que el magistrado citará próximamente como investigados a directivos de empresas y dirigentes de SEPI al hallar «indicios de criminalidad», tales como el expresidente de la empresa pública Enusa José Vicente Berlanga; el CEO de Tubos Reunidos, Carlos López de las Heras, y el fundador de Forestalia, Fernando Samper, entre otros.

De esta manera, Pedraz accede a la solicitud de la Fiscalía Anticorrupción de citar como investigadas a 25 personas, según un escrito del Ministerio Público al que ha tenido acceso esta agencia de noticias.

En dicho documento, las fiscales apuntan a que el expresidente de la SEPI Vicente Fernández —ya imputado— compartió en el grupo ‘Hirurok’ un archivo en el que «consta la cronología de la solicitud y los trámites seguidos» sobre el rescate de la empresa Tubos Reunidos, «haciéndose constar que la solicitud contaba con los informes favorables de las unidades del SEPI, de los asesores externos y del Ministerio de Industria».

Además, señala que también constaba «el compromiso» de Gualda con Francisco Irazusta, el entonces CEO de Tubos Reunidos, empresa vasca de la que se investigan presuntas irregularidades en el rescate de 112,8 millones de euros que recibió.

Según el relato del Ministerio Público, el directivo de la SEPI Miguel Ángel Figueroa informó a Vicente Fernández de que «BG —siglas utilizadas para referirse a la presidenta Belén Gualda— tenía la intención de ‘sacar’ operaciones», como la «correspondiente a Tubos Reunidos».

Y añaden que Figueroa, que también ha sido citado como investigado, mandó un documento que «contemplaba la estimación de la solicitud de apoyo financiero público temporal presentada por Tubos Reunidos» y que contaba con «la aprobación» de Gualda.

Asimismo, exponen que, según consta en la documentación aportada por la SEPI, Gualda «firmó la elevación al Consejo Gestor del FASEE —Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, vinculado a la SEPI y orientado a ayudas durante la Covid-19— de la propuesta relativa al expediente» de Tubos Reunidos.