El Frente Institucional Militar pide la restitución de la constitución nacional

El Frente Institucional Militar, una asociación civil legalmente constituida según las leyes de Venezuela, a través de un comunicado ha exigido respeto a la soberanía popular expresada el 28 de julio del 2024, donde el país rechazó el mandato del chavismo que encabezaba Nicolás Maduro. Con ello, pide el respeto a la constitución venezolana.

El comunicado en concreto expresa:

«Nosotros, oficiales retirados de la Fuerza Armada Nacional e integrantes del Frente Institucional Militar (FIM), en ejercicio del deber ciudadano consagrado en la Constitución de la República de Venezuela, como ciudadanos militares formados bajo el amparo de las leyes de la República, invocando la autoridad moral que confiere el cumplimiento del deber ciudadano y el respeto absoluto a la voluntad popular, fijamos una posición histórica e irreversible frente a la crisis de legitimidad que fractura nuestra nación.

La soberanía reside intransferiblemente en el pueblo (Art. 5). El 28 de julio de 2024, esa soberanía se manifestó de forma inequívoca en las mesas electorales de cada rincón del país. Este mandato no es una sugerencia política, es una orden constitucional. Ya hemos avanzado significativamente en la consecución de esa victoria gracias a la inapreciable ayuda proporcionada por la actual administración de los Estados Unidos de América, pero debemos consolidarla. En las horas más oscuras de nuestra historia republicana, la verdad no puede ser objeto de transacción ni la soberanía materia de negociación.

Cualquier arquitectura de poder, sea mediante la usurpación fáctica consolidada el 10 de enero de 2025, o mediante la ficción de interinatos designados sin base electoral directa, constituye una violación al hilo constitucional. La soberanía no se delega en despachos ni se hereda por nombramientos; se ejerce en las urnas y se defiende en las instituciones.

Reivindicamos la figura de los Militares presos de Conciencia, hoy secuestrados y torturados por el aparato de inteligencia. Su actuación no es un acto de rebeldía, sino de obediencia superior en cumplimiento de los Artículos 333 y 350, el militar no es un verdugo de la Constitución, sino su primer custodio. Quienes hoy están cautivos lo están por negarse a ser cómplices de la ruptura del orden democrático. Rechazamos categóricamente cualquier «Ley de Amnistía» que pretenda ser impuesta como una concesión graciosa de la usurpación. La amnistía implica el olvido de un delito; pero defender la Constitución y la voluntad popular no es un delito, es un honor. Exigimos la Libertad Inmediata por Restitución de Justicia, no por olvido político.

Los eventos del 3 de enero, cuando una proporción alarmante, dos terceras partes de las bajas en defensa del régimen, fueron efectivos extranjeros, demuestran que la usurpación ya no cuenta con el respaldo de las armas de la República, sino con el auxilio de fuerzas mercenarias e ideológicas externas. Un Estado que requiere de botas extranjeras para someter a su pueblo ha dejado de ser un Estado soberano para convertirse en un territorio de ocupación, demostración palpable de que la soberanía nacional ha sido mancillada.

No habrá paz mientras se pretenda sustituir la realidad de las actas por la ficción de la fuerza. El camino a la estabilidad nacional solo tiene una vía:

Reconocimiento de los elegidos: El llamado inmediato a quienes recibieron el mandato popular el 28J para que asuman sus obligaciones de gobierno

Cese de la Tortura, la Represión y el Secuestro: Liberación inmediata de civiles y militares procesados por defender el orden constitucional.

Garantía incondicional para el regreso de los exiliados: Apertura de fronteras para permitir su reinserción como ciudadanos con todos sus derechos.

LA REPÚBLICA NO SE NEGOCIA; LA CONSTITUCIÓN SE RESTITUYE

Escasez de agua genera batallas campales entre vecinos en Cumaná

Caracas. – La situación con la escasez de agua en Cumaná (Sucre), que ya alcanza los 20 días, ha afectado enormemente a los habitantes de varias comunidades al punto de desatar riñas colectivas, en plena calle, entre los propios vecinos.

Es el caso de lo ocurrido en el sector Antillano de Miramar, donde se registró una pelea entre vecinos este pasado martes, motivada por la distribución del preciado líquido en medio de la escasez que afecta a la ciudad desde hace varios días.

Según reportes de la propia comunidad, la discusión se originó cuando una líder chavista, con el rango de «jefa de calle», intentó acaparar agua para uso propio, lo que generó molestia entre otros residentes del sector terminando en una confrontación.

Los testimonios indicaron, que cuando llegó la cisterna, la líder de calle intentó tomar el control de la distribución, dándose prioridad a ella y a su familia, por lo cual fue acusada de acaparamiento en plena situación de crisis.

Desde hace días los vecinos vienen denunciando el actuar de algunos líderes y jefes de consejos comunales, que tratan de mala manera a los vecinos. Exigen a las autoridades regionales y nacionales meter la lupa en el actuar de estos supuestos líderes.

De acuerdo con información oficial, la falla en el suministro se debe al derrumbe registrado en un túnel que afectó la tubería principal que conecta el embalse Turimiquire con el sistema de distribución hídrica del estado Sucre, interrumpiendo el flujo hacia la capital sucrense.

Pese a que la ilegítima gobernación chavista de esa entidad ordenó llevar a cabo las reparaciones, no se ven los resultados ni mucho menos las medidas, para tratar de paliar la escasez que sufren los habitantes.

Las protestas continuaron este jueves, cuando residentes de la comunidad Nuevo Mundo decidieron trancar la vía principal, reclamando por ser abastecidos lo más pronto posible.

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Adultos mayores rompieron cerco policial durante marcha para exigir aumento de salarios

Caracas. – Un enfrentamiento, entre uniformados y un nutrido grupo de adultos mayores, quienes este jueves lograron romper el cerco policial, fue lo que marcó la protesta que este 12 de marzo se llevó a cabo en Caracas, para exigir al narcorégimen en manos de Delcy Rodríguez, aumento de salarios y pensiones.

Lo que comenzó como una movilización de protesta desde la avenida Universidad y en las calles de Caracas escaló en intensidad hace pocos minutos.

Un grupo de trabajadores, representantes de diferentes sindicatos y movimientos estudiantiles, logró romper el cerco de seguridad establecido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) en las inmediaciones del Palacio Federal Legislativo.

«No estamos pidiendo bonos, exigimos salarios que cubran la canasta básica», fue una de las consignas más escuchadas durante la ruptura del piquete policial que intentó frenar el avance.

La movilización, considerada por algunos como un hecho poco visto en los últimos años, avanzó hasta las inmediaciones de la Asamblea Nacional de Venezuela.

Los manifestantes mantienen su exigencia de un aumento inmediato de salarios y pensiones, congelados desde hace varios años y cuyo poder adquisitivo se ha deteriorado fuertemente, lo que ha impulsado nuevas protestas laborales en el país.

Una comisión parlamentaria recibió a los gremiosTras el ingreso de los manifestantes al área perimetral del palacio, la situación derivó en la apertura de un canal de diálogo.

La comisión designada de la Asamblea Nacional salió al encuentro de los líderes sindicales, para escuchar de primera mano los planteamientos y el pliego de peticiones que motivó la marcha.

Un venezolano está en la lista de los 10 fugitivos más buscados por el FBI

Caracas. – Un venezolano figura en la lista de los 10 fugitivos más buscados del mundo del FBI. Se trata de  Aníbal Alexander Canelón Aguirre, apodado «el ingeniero», y quien está sindicado de liderar una banda, de al menos 50 sospechosos  venezolanos, acusados por estafar más de 5,4 millones de dólares pirateando cajeros automáticos en diversas entidades de Estados Unidos.

A Canelón lo señalan de emplear malware para robar millones de dólares de cajeros automáticos en Estados Unidos, dinero ilícito con el cual presuntamente respaldaría con las ganancias a la organización terrorista transnacional del chavismo «Tren de Aragua».

El FBI ofrece una recompensa de hasta un millón de dólares por información que conduzca directamente a su arresto. También conocido con el alias de «Prometeo», se le ha identificado con los nombres de Aníbal Alexander Aguirre, Aníbal A. Canelón-Aguirre y Aníbal Alexander Canelón.

«Desde al menos enero de 2024, Canelón Aguirre y otros miembros de la conspiración presuntamente se han enriquecido ilícitamente mediante la comisión de jackpotting en cajeros automáticos, un esquema en el que se instala malware en los cajeros automáticos para forzar la retirada no autorizada de efectivo, tras lo cual el dinero robado fluye a través de una compleja red de lavado de dinero. El 9 de diciembre de 2025, se emitió una orden de arresto federal contra Canelón Aguirre en el Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito de Nebraska, Omaha, Nebraska, tras ser acusado de conspiración para cometer fraude bancario; conspiración para cometer robo bancario y dañar intencionalmente un sistema informático protegido; conspiración para cometer lavado de dinero; y conspiración para brindar apoyo material a terroristas», detalla la acusación formal publicada por el FBI en su web.

El caso está siendo investigado como parte de la Fuerza de Tarea Conjunta Vulcan en conjunto con la Sección de Delitos Informáticos y Propiedad Intelectual del Departamento de Justicia.Canelón Aguirre tiene vínculos con Venezuela y México y se sabe que habla español, dijeron las autoridades.

La descripción del FBI lo identifica como ciudadano venezolano, nacido el 15 de mayo de 1976 en Venezuela, con cabello negro y canoso y ojos marrones. Se le describe como de 1,65 a 1,70 metros de altura y con un peso aproximado de 86 kilos.

Con gritos desesperados y aislado totalmente, transcurren los días de Maduro tras las rejas

Caracas. – En un aislamiento total y con gritos frenéticos a medianoche, transcurren los días de Nicolás Maduro tras los barrotes de la diminuta celda, que ocupa en el Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn (Nueva York), y desde entonces, poca información ha trascendido sobre su estado de salud o las condiciones a las que está sometido en dicho centro carcelario. 

Tras varios meses encarcelado, se han dado a conocer gracias al diario español ABC las condiciones en las cuales estaría viviendo el depuesto tirano que lideraba el «Cartel de los Soles» en Venezuela.

El narcotirano ha tenido un cambio drástico en su estilo de vida, pasando de tener el poder absoluto en su país a estar en una celda de 3×2 metros.

Según el citado medio, Maduro se encuentra confinado en la Unidad de Alojamiento Especial (SHU), destinada al aislamiento solitario.

Apenas puede salir de su celda. Solo puede hacerlo tres veces por semana, con grilletes y durante un máximo de una hora. Un tiempo que puede emplear en el patio, en ducharse, o en hablar por teléfono.

De su residencia enorme en Caracas, pasó a estar recluido en una celda de tres metros de largo por dos de ancho con un ventanuco donde entra una escasa luz natural y una cama metálica pegada a la pared. Para su aseo, un pequeño lavabo y un retrete.A

llí repite de forma constante una frase: “¡Yo soy el presidente!», tal como lo revela ABC en su trabajo periodístico, basado en testimonios de reos y abogados.

Durante la noche, el exlíder narcoterrorista grita desde la celda y sostiene que Estados Unidos lo ha “secuestrado”.Han pasado más de dos meses desde su captura, ocurrida el 3 de enero durante una operación de una flota militar de Estados Unidos en Caracas.

De acuerdo con la acusación presentada por la justicia estadounidense, Maduro enfrenta cuatro cargos: tres por conspiración para cometer narcoterrorismo, importar cocaína y poseer ametralladoras y artefactos destructivos, además de un cuarto delito por la posesión directa de esas armas. 

Exhumaron los restos del periodista Walter Jaimes en Mérida este #6Mar

Caracas. – Las autoridades forenses del estado Mérida, procedieron este viernes a la exhumación de los restos del periodista de esa entidad, Walter Jaimes, en el cementerio de Ejido, municipio Campo Elías, con la finalidad de esclarecer su muerte.

El procedimiento se realiza apenas días después de que su cadáver fuera localizado en estado de descomposición el pasado martes 3 de marzo.

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP), indicó a través de su cuenta en la red X, que al cuerpo de Jaimes había sido enterrado en una fosa común, en el cementerio de Campo Elías.

​El operativo de exhumación, custodiado por diversos cuerpos de seguridad, contó con la presencia de familiares, amigos y colegas del gremio periodístico, quienes se concentraron en las inmediaciones para vigilar el proceso y reiterar que la muerte de Jaimes no debe quedar impune.

El SNTP también indicó que, tras la exhumación, sus restos son trasladados al municipio Tovar, donde familiares y allegados podrán darle cristiana sepultura.

El gremio periodístico reafirma la exigencia de una investigación que permita esclarecer este crimen.​Walter Jaimes había sido reportado como desaparecido días antes de su trágico hallazgo. Tras el descubrimiento de sus restos, las sospechas de un homicidio cobraron fuerza, motivando a las autoridades a profundizar en las experticias científicas para determinar la causa exacta del deceso y cronología de los hechos. 

TSJ chavista declara que delito de «incitación al odio» no prescribe

Caracas. – En una decisión que conmociona tanto a los expertos en leyes, como a los defensores de Derechos Humanos en el país, la Sala de Casación Penal del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del chavismo, dictaminó que el delito de incitación al odio no prescribe con el paso del tiempo.

Así lo señaló el organismo a favor del narcorégimen, mediante la sentencia n.º 67 del 26 de febrero, medida que toma a pesar de la vigencia que tiene la recién aprobada ley de amnistía.

En esta ley, , el ente irregular estableció que la acción penal por este delito no se extingue, otorgándole un carácter de permanencia jurídica que usualmente se reserva para los crímenes más atroces de la humanidad.

La Sala fundamenta su decisión en el artículo 25 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Según el TSJ, debido a que dicha norma califica estos hechos como violaciones graves de derechos humanos, se les debe aplicar el principio de imprescriptibilidad.

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia posteó un mensaje en su cuenta en X en el que explica que la Sala estableció que el delito de “incitación al odio” tiene carácter imprescriptible debido a que los hechos previstos en esa norma constituyen violaciones graves de derechos humanos.“Este criterio resulta preocupante.

Las llamadas leyes contra el odio suelen utilizarse para criminalizar el disenso y sancionar opiniones críticas, especialmente cuando estas cuestionan al poder político o a quienes lo ejercen”, señaló la ONG.

Acceso a la Justicia argumentó que las verdaderas violaciones de derechos humanos son aquellas cometidas por el Estado, como lo son la persecución política, la represión o la censura, que es lo que promueve la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.

Confirman dos muertes en Lara a causa de la fiebre amarilla

Caracas. – Las ilegítimas autoridades chavistas del estado Lara confirmaron este pasado jueves, el fallecimiento de dos ciudadanos en esa entidad, tras haber contraído la fiebre amarilla.

El supuesto gobernador de la entidad, Luis Reyes Reyes, ratificó los lamentables sucesos ante medios locales y nacionales.Durante una jornada social en la parroquia Unión, Reyes instó a la ciudadanía a acudir a los centros de salud para inmunizarse: «Hay que vacunarse contra la fiebre amarilla, ya hemos tenido dos muertes», sentenció, sin profundizar en detalles técnicos sobre el brote.

También, el dirigente chavista informó que el plan inicial de inmunizar solo el foco donde ocurrió el caso quedó descartado en favor de una vacunación generalizada. El objetivo principal consistió en establecer un cerco epidemiológico robusto que lograra proteger a la mayor cantidad de habitantes posible y frenara la propagación del virus.

De cara al próximo asueto de Semana Santa, las medidas de control se intensificaron no solo en Lara, sino también en estados vecinos como Barinas, Aragua y Portuguesa. Los viajeros que transiten por estas zonas deberán presentar obligatoriamente su certificado de vacunación, el cual debe acreditar que recibieron la dosis al menos diez días antes del traslado para garantizar la inmunidad.

Fuentes consultadas en la zona identificaron a una de las víctimas como una adulta mayor residente en la parroquia Gustavo Vegas León, ubicada en el municipio Simón Planas (Sarare), lo que ha encendido las alarmas en esa jurisdicción.

Ante la confirmación de los decesos, el gobierno regional activó de inmediato un bloqueo sanitario en los sectores donde habitaban las víctimas. La medida busca contener la propagación del mosquito transmisor del virus y evitar que el brote se extienda a otras comunidades.

Estados Unidos y gestión interina del narcorégimen reanudan relaciones diplomáticas

Caracas. – Estados Unidos y la gestión encargada del narcorégimen chavista “han acordado reanudar las relaciones diplomáticas y consulares”, según lo anunció este jueves el Departamento de Estado de Estados Unidos, un paso significativo que llega apenas dos meses después de que Estados Unidos capturara al narcotirano Nicolás Maduro.

«El Gobierno Bolivariano reafirma su disposición de avanzar en una nueva etapa de diálogo constructivo, basada en el respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre nuestros pueblos», afirmó el gobierno en un comunicado difundido por el ilegítimo canciller chavista, Yván Gil, en su cuenta de Telegram.

Mientras, un comunicado del Departamento de Estado estadounidense informó lo siguiente: «Estados Unidos y las autoridades interinas de Venezuela acordaron restablecer relaciones diplomáticas y consulares. Este paso facilitará nuestros esfuerzos conjuntos para promover la estabilidad, apoyar la recuperación económica y avanzar en la reconciliación política en Venezuela».

«Nuestra colaboración se centra en ayudar al pueblo venezolano a avanzar mediante un proceso gradual que cree las condiciones para una transición pacífica hacia un gobierno elegido democráticamente», agrega el texto.

Caracas y Washington rompieron relaciones en febrero de 2019 por decisión de Maduro y cerraron sus embajadas luego de que Trump, en su primer mandato, apoyó al líder opositor Juan Guaidó, entonces titular de la Asamblea Nacional, quien en enero de ese año se declaró presidente interino de Venezuela.

Ahora, tras la captura de Maduro, y el nombramiento de Delcy Rodríguez como la encargada de coordinar al resto de la Narcotiranía chavista, se han dado ciertos pasos que han conducido al restablecimiento de los contactos diplomáticos, así como la construcción de convenios en distintas áreas económicas.

México bajo ataque

Por María José Salinas

Bloqueos, incendios y ciudades paralizadas dejaron al descubierto la fragilidad de la seguridad y recordaron a millones de ciudadanos que, en cuestión de horas, el miedo puede imponerse sobre la normalidad.

El domingo 22 de febrero de 2026 comenzó como cualquier otro día en México. Familias saliendo a desayunar, personas tomando la carretera, negocios abriendo sus puertas. Nada parecía fuera de lugar. Pero alrededor de las 10 de la mañana, comenzaron a aparecer las primeras señales de que algo no estaba bien.

En Jalisco, vehículos incendiados bloqueaban carreteras. Tráilers atravesados impedían el paso. Automovilistas eran obligados a descender de sus unidades mientras estas eran utilizadas para cerrar vialidades estratégicas. Al principio, muchos pensaron que se trataba de un incidente aislado.

No lo era.

En cuestión de horas, el humo comenzó a elevarse también desde las ciudades. Puerto Vallarta, uno de los destinos turísticos más importantes del país, se convirtió en una de las imágenes más impactantes del día. Desde distintos puntos podían verse columnas de humo elevándose sobre el paisaje costero. Vehículos incendiados, vialidades bloqueadas y zonas paralizadas transformaron la rutina en incertidumbre.

Tiendas OXXO fueron incendiadas, como ha ocurrido en otros episodios similares, afectando directamente a trabajadores y ciudadanos que dependen de estos establecimientos en su vida diaria. Esta vez, también fueron atacadas sucursales del Banco del Bienestar, la institución financiera creada por el gobierno para distribuir apoyos sociales. Su destrucción no tenía un valor tácito evidente, pero sí un peso simbólico claro: demostrar que ni siquiera las estructuras visibles del Estado están fuera de alcance.

Horas antes, fuerzas federales habían logrado la captura de uno de los líderes criminales más poderosos del mundo, en un operativo que posteriormente se informó que había sido realizado en coordinación con agencias del gobierno de Estados Unidos. La reacción fue inmediata y dejó claro el nivel de alcance, coordinación y capacidad de respuesta de estas organizaciones.

Pero para los ciudadanos, el significado no estaba en los detalles del operativo. Estaba en el miedo.

Durante horas, millones de personas hicieron lo único que podían hacer: quedarse en casa, cancelar planes, escribir a sus familiares para asegurarse de que estaban bien, evitar salir. Las calles se vaciaron. La normalidad se suspendió.

Vivir en México implica, muchas veces, vivir en estado de alerta. No como un acto consciente, sino como una adaptación. Es aprender a observar el entorno, a tomar precauciones, a modificar hábitos. Es entender que la seguridad no siempre es una garantía, sino algo que puede cambiar en cualquier momento.

Pero lo ocurrido ese domingo fue distinto.

No fue un hecho aislado en una región específica. Fue una demostración que alcanzó ciudades, carreteras y comunidades al mismo Ɵempo. Fue la sensación compartida de que, sin importar dónde estuvieras, la estabilidad podía romperse en cuestión de horas.

El monopolio legítimo de la fuerza es uno de los pilares fundamentales de cualquier Estado. Su propósito es garantizar que los ciudadanos puedan vivir con seguridad, que la ley prevalezca y que nadie pueda imponer el miedo como forma de control.

Cuando ese principio se debilita, lo que se pierde no es solo el control territorial.

Se pierde la certeza.

El costo de esta violencia no se mide únicamente en infraestructura destruida. Se mide en vidas interrumpidas. En personas que pierden sus herramientas de trabajo. En negocios que no vuelven a abrir. En ciudadanos que aprenden a vivir con una sensación permanente de vulnerabilidad.

También lo pagan quienes enfrentan directamente estos escenarios. Elementos del Ejército, la Guardia Nacional y otras fuerzas de seguridad han perdido la vida en operativos y enfrentamientos. El secretario de la Defensa Nacional, el General Ricardo Trevilla Trejo, habló públicamente sobre estas pérdidas con la voz entrecortada y conteniendo las lágrimas, recordando que detrás de cada uniforme hay una familia, una historia, una vida.

Nada de esto es abstracto.

Es la realidad de millones de mexicanos.

Pero México es mucho más que esto.

México es un país de personas trabajadoras que todos los días construyen, emprenden y avanzan a pesar de las dificultades. Es un país con una riqueza cultural extraordinaria, con paisajes únicos, con ciudades vibrantes y una identidad que ha trascendido fronteras.

México merece vivir sin miedo.

Merece instituciones que funcionen. Merece un Estado de derecho que se cumpla. Merece que la seguridad no sea una aspiración, sino una garanơa.

Pero ese cambio no va a comenzar desde el poder. Va a comenzar desde la sociedad. Va a comenzar cuando los ciudadanos dejen de normalizar el miedo. Cuando empiecen a informarse, a cuestionar y, sobre todo, a exigir resultados. Cuando entiendan que el poder público no es una figura infalible, sino una responsabilidad delegada.

Porque en una sociedad libre, al poder no se le aplaude, al poder se le vigila. Se le limita. Y, cuando falla, se le exigen cuentas.