Caracas. – Familiares de rehenes políticos del narcorégimen chavista protestaron este jueves, ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario en Caracas, con el objetivo de exigir el cese de las «torturas» a las que son sometidos sus parientes en las cárceles, principalmente por funcionarios de la DGCIM, según lo atestiguado por los manifestantes.

A través de denuncias difundidas en redes sociales, los familiares señalaron que en centros como El Rodeo I y el Fuerte Guaicapuro son obligados a ingresar encapuchados al momento de realizar las visitas a sus seres queridos, una práctica que, afirman, no solo incrementa el sufrimiento, sino que constituye una forma de tortura psicológica.

Andreina Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), denunció que la cartera de Estado ha sido «cómplice» de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.

«Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas», señaló Baduel.

Mientras, Margaret Baduel, hermana del rehén político Josnar Adolfo Baduel, y también integrante de CLIPPVE, explicó que uno de los objetivos de la movilización, es exigir al ente ministerial una respuesta directa a la nula voluntad  política, para mejorar las condiciones de vida dentro de las prisiones.

La activista enfatizó que la falta de respuestas institucionales solo confirma que el sistema actual no busca la justicia, sino el quebrantamiento de la dignidad de quienes se encuentran tras las rejas por motivos políticos.

Igualmente, los familiares insistieron en que estas condiciones vulneran la dignidad tanto de los privados de libertad como de sus allegados, quienes deben someterse a procedimientos degradantes para poder verlos, muchas veces por lapsos muy limitados.

Caracas. – En una decisión que conmociona tanto a los expertos en leyes, como a los defensores de Derechos Humanos en el país, la Sala de Casación Penal del ilegítimo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) del chavismo, dictaminó que el delito de incitación al odio no prescribe con el paso del tiempo.

Así lo señaló el organismo a favor del narcorégimen, mediante la sentencia n.º 67 del 26 de febrero, medida que toma a pesar de la vigencia que tiene la recién aprobada ley de amnistía.

En esta ley, , el ente irregular estableció que la acción penal por este delito no se extingue, otorgándole un carácter de permanencia jurídica que usualmente se reserva para los crímenes más atroces de la humanidad.

La Sala fundamenta su decisión en el artículo 25 de la polémica Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia. Según el TSJ, debido a que dicha norma califica estos hechos como violaciones graves de derechos humanos, se les debe aplicar el principio de imprescriptibilidad.

Por su parte, la ONG Acceso a la Justicia posteó un mensaje en su cuenta en X en el que explica que la Sala estableció que el delito de “incitación al odio” tiene carácter imprescriptible debido a que los hechos previstos en esa norma constituyen violaciones graves de derechos humanos.“Este criterio resulta preocupante.

Las llamadas leyes contra el odio suelen utilizarse para criminalizar el disenso y sancionar opiniones críticas, especialmente cuando estas cuestionan al poder político o a quienes lo ejercen”, señaló la ONG.

Acceso a la Justicia argumentó que las verdaderas violaciones de derechos humanos son aquellas cometidas por el Estado, como lo son la persecución política, la represión o la censura, que es lo que promueve la Ley Constitucional contra el Odio por la Convivencia Pacífica y la Tolerancia.