El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado este miércoles la ley que obliga al Departamento de Justicia para hacer públicos los archivos del fallecido empresario Jeffrey Epstein, condenado por dirigir una red de prostitución y acusado, antes de su muerte por suicidio, de tráfico de menores.
«Acabo de firmar el proyecto de ley para divulgar los archivos de Epstein», ha anunciado en una publicación en la red Truth Social en la que ha insistido en que el caso «les afecta» a los miembros del Partido Demócrata «mucho más que al Partido Republicano».
Trump ha tratado de equiparar la campaña en favor de la desclasificación de los archivos, liderada ahora por los demócratas, pero una de las grandes bazas electorales de Trump, con otras «cacerías de brujas y estafas» como las dos «farsas de destitución» en su contra —en referencia a los dos ‘impeachments’ que ha enfrentado, uno de ellos en su primer mandato—.
Para el mandatario republicano, éstas han sido estrategias destinadas a «confundir, desviar la atención y distraer del excelente trabajo» de su Administración.
El anuncio ha llegado un día después de que el Congreso de EE. UU. haya aprobado la desclasificación de los documentos del delincuente sexual convicto, tras el cambio de postura de Trump, que hasta la pasada semana se había opuesto a la propuesta.
Lourdes N. Romero L., líder y defensora de las libertades individuales, económicas y de los principios democráticos en Bolivia y Latinoamérica. Coordinadora local de SFL Bolivia, cofundadora de LOLA Bolivia y Líder Regional para LOLA LATAM. Licenciada en Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales, con formación especializada en democracia, liderazgo, libertad y comunicación política mediante programas acreditados por OEA, KAS y ACEP
“(…) Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.”
Lourdes N. Romero L.
I. Un acceso histórico a la presidencia y a un gabinete técnico
Rodrigo Paz tomó posesión de la presidencia el 8 de noviembre, en un acto caracterizado por la aparatosidad de la forma y por un mensaje claro de ruptura. Después de dos décadas de cuota sectorial y de repartición de ministerios, Paz presentó un gabinete «meritocrático», constituido por técnicos y exautoridades que se comprometieron a trabajar 24/7 para afrontar la gravísima crisis económica y recomponer un Estado debilitado y quebrado.
La invocación de la «capitalización humana» y el registro de la cuota sectorial lograron seducir, por un lado, a los sectores medios y empresariales, y, por otro lado, esa misma estrategia disparó la crítica entre movimientos sociales, evistas y masistas, que se sintieron apartados del poder y marginados en el nuevo esquema.
En sus primeras manifestaciones, Paz afirmó que la «descentralización de recursos» (modelo 50/50) sería la solución al problema de la desigualdad territorial. Señaló tres ejes en su arranque: (i) apertura internacional, (ii) capitalismo para todos y (iii) el fin del «Estado tranca», sistema que impidió el funcionamiento de la gestión pública durante años.
II. Crisis económica: urgencia y cautela
La herencia que le toca asumir es de alta complejidad: “una crisis muy profunda” según refiere el equipo que nuevos asumen el gobierno. La falta de combustibles, de dólares y de empleo son la norma casi diaria y la gente tiembla ante un ajuste similar al aplicado en Argentina. Paz, sin embargo, deja de lado los recortes drásticos del gasto y no aplica ajustes fiscales a corto plazo. El objetivo que sostiene su equipo es la de abastecer el mercado, estabilizar las variables básicas y recuperar la confianza social a través de una gestión eficaz y sin corrupción. La gran incógnita, sin embargo, será la capacidad del Gobierno para sacrificar hacia el Congreso unificado y sin mayoría propia, y adelantar las reformas de primera ayuda antes de los cambios estructurales de su programa liberal.
III. Reformas judiciales y convocatoria a Cumbre de Justicia.
Uno de los anuncios más importantes ha sido la futura realización de una “Cumbre de Justicia” en Sucre sobre la agenda de la independencia judicial y para acabar con la cooptación política del sistema judicial boliviano.
Paz dice que su gestión no interferirá en el trabajo de los jueces y fiscales y que buscará el respaldo internacional para hacer la igualdad ante la ley, y acabar con la impunidad, pero sin persecuciones políticas en contra de los adversarios. Es un primer gesto hacia una distancia con la judicialización del anterior y hacia la recomposición institucional a través de acentos derivados de amplios consensos sociales y políticos. Es decir, recomposición institucional a través de amplios consensos sociales y políticos.
IV. Primeras reacciones de los sectores sociales y primera prueba
Las satisfacciones que tiene el nuevo gabinete de Paz y la línea liberal de éste son mixtas. Las organizaciones tradicionales del MAS, una parte de las cuales son los grupos indígenas como los sindicatos u organizaciones de defensa de los derechos de las mujeres, han empezado a hacer protestas, reivindicando la participación, el respeto a las conquistas laborales incluso reclamando la transparencia de los contratos de litio y de energía.
Las redes sociales hacen crecer las expectativas por la apertura diplomática —EE. UU. anunció hace un par de días el regreso de su embajador tras 17 años de ruptura—, en tanto que continúan también los temores por los recortes y por la pérdida de derechos.
El vicepresidente Edman Lara, en esta composición, mantiene un perfil más bajo, mientras que su «agenda dura» en seguridad hace nacer los debates en los círculos progresistas y académicos.
V. Sociedad de la vigilancia: tensión entre esperanzas y prudencias
No obstante, aun habiendo empezado con un elevado nivel de aprobación de la población, lo destacable es que la dificultad del escenario requerirá una continua vigilancia de la ciudadanía. Los colectivos sociales y los medios de comunicación independientes constatan que el poder efectivamente no está sólo en el Gobierno, sino que se encuentra en la capacidad de la sociedad civil para controlar, exigir, pero también revertir retrocesos autoritarios, corrupciones, exclusiones.
La democracia boliviana es, si bien frágil, resiliente. Pero necesitará del compromiso cotidiano de la ciudadanía para que el nuevo ciclo no se traduzca en la reiteración de viejas decepciones.
VI. Conclusión
Bolivia atraviesa sin duda alguna el periodo más transformador de los últimos veinte años, si bien es preciso establecer que se enfrenta a retos y expectativas desmesurados. Las próximas semanas se dibujan de manera especial para calibrar la resistencia del nuevo ecosistema y la fuerza de las reformas que se deben llevar a cabo y la resistencia de la propia sociedad civil.
La independencia judicial, la efectiva descentralización y el capitalismo para todos son retos que requieren de la atención de los procesos políticos, que, por otro lado, constituyen compromisos.
La pregunta del importante boliviano vuelve a resonar: ¿Podremos esta vez seguir exigiendo y defendiendo la transparencia, la inclusividad y la libertad sin caer en el tedio o hacia el autoritarismo?
Gracias a la excelente relación entre Donald Trump y el presidente Javier Milei, Estados Unidos anunció oficialmente este jueves que alcanzó un acuerdo marco para un Tratado de Comercio e Inversión Recíprocos con la Argentina.
Según un comunicado difundido por la Casa Blanca, el entendimiento tiene como objetivo fomentar el crecimiento sostenido, ampliar las oportunidades bilaterales y promover un entorno comercial transparente, previsible y basado en reglas claras que favorezca la innovación.
El texto oficial señaló que ambos países acordaron avanzar en la apertura mutua de sus mercados para productos estratégicos. De esta manera, la Argentina obtendrá ventajas para sus principales exportaciones hacia Estados Unidos, especialmente en los sectores de recursos naturales, acero, aluminio y carne vacuna.
Por su parte, Argentina otorgará un acceso preferencial al mercado interno para las exportaciones estadounidenses, que abarcan medicamentos, productos químicos, maquinaria, equipos de tecnología de la información, dispositivos médicos, vehículos automotores y una amplia variedad de bienes agrícolas, según detalló el comunicado.
Asimismo, el documento destaca que, en reconocimiento a la ambiciosa agenda de reformas impulsada por el Gobierno de Milei y a su compromiso con las normas comerciales internacionales, y considerando su cumplimiento de los requisitos de seguridad económica y de cadena de suministro, Estados Unidos eliminará los aranceles recíprocos sobre determinados recursos naturales no disponibles y sobre insumos no patentados destinados al uso farmacéutico.
“Además, Estados Unidos podrá considerar positivamente el efecto que el Acuerdo tiene sobre la seguridad nacional, incluyendo la toma de en consideración del Acuerdo al adoptar medidas comerciales en virtud de la Sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de 1962, enmendada (19 USC 1862). Asimismo, los países se han comprometido a mejorar las condiciones de acceso bilateral recíproco al mercado para el comercio de carne de res”, señaló el comunicado.
Por otro lado, Argentina eliminará barreras no arancelarias y dejará de exigir trámites consulares para las importaciones provenientes de Estados Unidos, junto con el compromiso de suprimir el impuesto estadístico aplicado a dichos bienes.
Más detalles del acuerdo
El país autorizará el ingreso de productos que cumplan con las normas técnicas estadounidenses o internacionales en sectores clave, y permitirá la importación de vehículos fabricados en Estados Unidos conforme a los estándares federales vigentes. Además, el entendimiento contempla el reconocimiento de certificados y aprobaciones sanitarias y regulatorias emitidas por autoridades estadounidenses para fármacos y dispositivos médicos.
El texto también señala que Argentina continuará combatiendo los mercados regionales de falsificación y fortalecerá la protección de la propiedad intelectual, comprometiéndose a resolver problemas estructurales relacionados con patentes, demoras y denominaciones de origen. Asimismo, el país adoptará estándares internacionales en su legislación sobre propiedad intelectual.
En cuanto al sector agrícola, el acuerdo prevé la apertura del mercado argentino al ingreso de ganado, carnes y productos alimenticios estadounidenses, además de simplificar los registros de productos de origen animal y garantizar que no se impongan restricciones a bienes con denominaciones específicas. Ambas naciones cooperarán en la eliminación de trabas no arancelarias al comercio de alimentos y productos agrícolas.
En el ámbito laboral, Argentina se compromete a prohibir la importación de bienes producidos mediante trabajo forzoso o coercitivo y a reforzar la fiscalización del cumplimiento de los derechos laborales reconocidos internacionalmente. También se incluyen disposiciones ambientales, entre ellas la lucha contra la tala ilegal, el uso más eficiente de los recursos naturales y la implementación de compromisos asumidos ante la OMC en materia de subsidios pesqueros.
El documento además establece una cooperación ampliada en materia de seguridad económica y acciones conjuntas para prevenir prácticas comerciales desleales de terceros países, junto con la integración de herramientas para el control de exportaciones, inversiones y derechos aduaneros. Como parte del acuerdo, Argentina facilitará el comercio digital con Estados Unidos, reconociendo las firmas electrónicas estadounidenses y asegurando la libre transferencia internacional de datos sin discriminación.
Finalmente, ambos países trabajarán para concluir en breve el texto definitivo y avanzar en los trámites formales necesarios para la entrada en vigor del acuerdo. Su implementación y evolución serán monitoreadas periódicamente mediante mecanismos de evaluación y diálogo bilateral.
Caracas. – Una joven indígena embarazada y el bebé que llevaba en su vientre, fallecieron esta semana en el estado Bolívar, al no haber podido ser trasladada a tiempo por vía aérea, para afrontar un parto en condiciones difíciles.
El reporte fue realizado por el periodista Fritz Sánchez a través de su cuenta en la red X, donde informó que el caso ocurrió en Guyana. Mariani Pinto, una joven gestante indígena, permaneció seis días esperando un traslado aéreo, para recibir atención médica.
Según el reporte, el bebé había muerto dentro de ella días antes debido a que se encontraba en posición transversal, lo que impedía el parto natural. Finalmente, cuando la avioneta llegó, la joven también perdió la vida.
“Tras 6 días en espera de traslado aéreo, fallece la joven gestante Mariani Pinto, quien no podía dar a luz por tener el bebé en posición transversal. El bebé murió dentro de ella días atrás, y hoy finalmente fue trasladada pero tampoco logró sobrevivir”, escribió Sánchez en X.
Caracas. – Según reveló este jueves la cadena CBS News, altos mandos militares de Estados Unidos presentaron al presidente Donald Trump varias opciones, para llevar a cabo eventuales ataques en Venezuela, entre las que figuran acciones terrestres.
Según fuentes familiarizadas con las reuniones que tuvieron lugar en la Casa Blanca, fue el mismo secretario de Guerra, Pete Hegseth, quien, junto a otros altos funcionarios, incluido el jefe del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, informó a Donald Trump sobre las opciones militares.
Sin embargo, las fuentes precisaron a CBS News que aún no se ha tomado una decisión final sobre la ejecución de dichas opciones. Cabe destacar que en la reunión no estuvieron presentes figuras clave en la política exterior venezolana, como el secretario de Estado, Marco Rubio, ni la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, ambos fuera del país por compromisos internacionales.
«La directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, no asistió a las reuniones en la Casa Blanca porque regresaba de un viaje al extranjero. El secretario de Estado, Marco Rubio, se encontraba en Canadá participando en la cumbre del G7 de ministros de Asuntos Exteriores”, indicó CBS en su artículo.
La cadena estadounidense también añadió, que la Casa Blanca y el Pentágono decidieron no hacer comentarios públicos sobre las deliberaciones. Recordó además que el grupo de ataque del portaaviones USS Gerald Ford ingresó esta semana al área de responsabilidad del Comando Sur, sumándose a destructores, aeronaves de combate y unidades de operaciones especiales ya desplegadas como parte del incremento militar dispuesto por la administración Trump en la región.
La cadena finalmente señaló, que aunque se desconocen cuándo tendrían lugar dichos ataques, prevén que serán en los próximos días.
Caracas. – Dos destructores misilísticos estadounidenses, el USS Stockdale (DDG-106) y el crucero de misiles guiados USS Gettysburg (CG-64), fueron divisados este miércoles navegando a solo 50 millas de las costas del estado Falcón.
La navegación ocurrió en aguas internacionales pero dentro de la Zona Económica Exclusiva (ZEE) de Venezuela, en una maniobra que fue interpretada por analistas e internautas en general, como un desafío a la Narcotiranía de Nicolás Maduro.También, la maniobra ocurre mientras aumentan las fricciones entre Washington y Caracas, en medio de acusaciones de Estados Unidos sobre presuntos vínculos del régimen controlado por Nicolás Maduro, con el narcotráfico y la inestabilidad regional.
El destructor USS Stockdale, perteneciente a la clase Arleigh Burke, y el crucero USS Gettysburg, de la clase Ticonderoga, integran unidades equipadas con misiles guiados y sistemas de defensa avanzada, diseñadas para operaciones de disuasión y vigilancia en aguas estratégicas.
Aunque las naves permanecen en aguas internacionales, su cercanía a la península de Paraguaná ha generado expectación en Venezuela, donde la Armada mantiene “observación permanente” sobre los movimientos en la zona.
Además, la presencia simultánea de ambos buques ha sido interpretada como una nueva demostración de fuerza naval, en el marco del despliegue militar estadounidense en el Caribe iniciado en el mes de septiembre, para combatir redes narcoterroristas y desmantelar estructuras criminales como el «Cartel de los Soles» del chavismo.
Destructor clase Arleigh Burke USS Stockdale (DDG106) y el Crucero clase Ticonderoga USS Gettysburg (CG64) frente a las costas del Estado Falcón🇻🇪 en aguas internacionales pero dentro de la ZEE (Zona Económica Exclusiva) de Venezuela, en lo que parece una nueva demostración de… pic.twitter.com/keAGlRNNFW
Caracas. – Con tomar venganza contra quienes respalden la intervención militar estadounidense, dentro y fuera del país, volvió a amenazar este pasado miércoles Diosdado Cabello, al advertir que si Estados Unidos agrede a alguno de los integrantes de la cúpula chavista, habrá represalias.
Así lo advirtió durante su más reciente transmisión de «Con el Mazo Dando», en la cual denunció una supuesta campaña internacional que busca «cambiar el régimen» en el país, y lanzó nuevas advertencias a los sectores opositores.
Según el segundo al mando del «Cartel de los Soles», la narrativa en contra del narcorégimen chavista se ha centrado falsamente en atacar solo a figuras como Nicolás Maduro y él mismo, ignorando el apoyo popular, que según él, ambos aparentemente poseen.
«Ellos miden las encuestas, entonces cambian la narrativa. ¿Por qué es que ellos creen que el problema aquí es un hombre o una mujer? No, el problema es que este es un pueblo que decidió ser libres», dijo.
Sin embargo, en tono desafiante advirtió sobre las consecuencias de cualquier agresión hacia dirigentes oficialistas: “De hacerle algo a alguno de nosotros, lo que venga después… ¡Ay Dios querido! No digan que no se los dije. Porque es un pueblo. Como antes, Chávez dijo: Chávez no soy yo, Chávez es un pueblo”.
Igualmente, alertó que a los venezolanos de la diáspora también serán víctimas de la venganza de la Narcotiranía: “Uno ya tiene 26 años en guerra… y lo que se ve, se ve: las cosas a la oposición le van a ir peor. A la oposición de adentro y a la de afuera”, sentenció.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha firmado en las últimas horas de este jueves la ley de financiación que pone fin al cierre del Gobierno federal más largo de la historia del país con 43 días, tras la aprobación de un paquete de medidas el lunes en el Senado y este miércoles, poco antes de la rúbrica presidencial, en la Cámara de Representantes.
«Con mi firma, el Gobierno federal reanudará ahora sus operaciones normales y mi Administración, junto con nuestros socios en el Congreso, continuará trabajando para reducir el coste de la vida, restablecer la seguridad pública (…) y hacer a EE. UU. asequible de nuevo para todos los estadounidenses», ha declarado Trump en el acto de promulgación.
Trump se ha referido a las últimas seis semanas como «el cierre demócrata» y ha acusado a la oposición de haber «infligido un daño masivo» al país, citando, entre otros argumentos, «20.000 vuelos cancelados o retrasados», ante la carencia de controladores aéreos.
Además, ha lamentado que los demócratas «han privado a más de un millón de trabajadores gubernamentales de sus salarios y han cortado las ayudas alimentarias de millones y millones de estadounidenses necesitados», alegaciones que ha instado a la población a «no olvidar» de cara a las elecciones de mitad de mandato, previstas para noviembre de 2026.
Poco antes, la Cámara de Representantes de EE. UU. ha aprobado el paquete de medidas de financiación enviado por el Senado hace dos días para poner fin a un cierre de gobierno que ha provocado, entre otras cosas, la expiración de los fondos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP) al que ha aludido Trump y del que dependen más de 40 millones de estadounidenses.
La propuesta ha sido aprobada con 222 votos a favor —entre ellos, los de seis representantes demócratas— y 209 en contra, incluidos dos republicanos contrarios al gasto público que implica el texto, con la financiación de construcciones militares, proyectos relacionados con los veteranos y el Departamento de Defensa, el Departamento de Agricultura y el poder legislativo hasta el 30 de septiembre de 2026.
Además, incluye una medida para financiar el resto del Gobierno hasta el 30 de enero del próximo año y la reincorporación de los más de 4.000 empleados federales despedidos durante el cierre, según recoge el diario digital The Hill.
Por su parte, los demócratas que han votado a favor en la Cámara de Representantes han justificado su postura aludiendo a la importancia de reactivar la financiación federal, según ha recogido el portal de noticias The Hill, de forma similar a los ocho senadores demócratas que votaron el lunes, junto a los republicanos, por la aprobación del paquete en la Cámara Alta.
Con todo, la ley ha estado a punto de sufrir un revés después de que varios representantes republicanos se opusieran a una resolución incluida en el Senado que faculta a sus miembros de este partido a demandar al Gobierno federal por cientos de miles de dólares si sus registros telefónicos se encontraban entre los incautados en la investigación federal del asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021.
El presidente de la Cámara Baja, el republicano Mike Johnson, ha prometido tramitar de urgencia un proyecto de ley aparte para revocar esa cláusula, una votación que tendría lugar la próxima semana.
Cabe recordar que el Gobierno federal llevaba cerrado desde el 1 de octubre ante el estancamiento en el Senado de una propuesta de financiación provisional en la que la bancada demócrata reclamaba que se incluyera una prórroga al programa federal de subsidios para seguros médicos.
Un grupo de senadores demócratas acordó con los republicanos aprobar la iniciativa a cambio de una futura votación sobre la extensión de las ayudas sanitarias, en una decisión muy criticada por el partido que ha llevado a algunos de sus miembros a pedir la dimisión del líder de la bancada minoritaria en la Cámara Alta, Chuck Schumer, pese a que su par en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries, ha defendido su papel y su continuidad.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha dicho creer que tiene la «obligación» de demandar a la cadena de televisión británica BBC por «tergiversar» su discurso poco antes del asalto perpetrado por una turba contra el Capitolio estadounidense el 6 de enero de 2021. «Bueno, creo que tengo la obligación de hacerlo», ha dicho en referencia a una posible demanda durante una entrevista concedida a la cadena Fox News.
Cabe señalar que esta es la primera vez que Trump habla públicamente del asunto desde que su equipo legal notificó a la BBC de la existencia de una demanda por daños y perjuicios que asciende a cerca de USD$ 1.000 millones y con la que el magnate busca una disculpa y una compensación.
El presidente de la BBC, Samir Shah, ya ha pedido disculpas anteriormente por estos contenidos al considerar que se produjo un «error». Sin embargo, los abogados de Trump han dado hasta el viernes de plazo para lograr una «indemnización apropiada» por los «daños causados» por aquel reportaje.
Las disculpas de Shah estaban relacionadas con el hecho de que el reportaje apuntaba a una «culpabilidad directa» por parte de Trump a la hora de «instar a la acción violenta» en declaraciones realizadas justo antes del asalto.
Trump, sin embargo, ha defendido que la cadena «cambió el discurso», que «era bonito y calmado». «Hicieron que sonara radical», ha apuntado, al tiempo que ha tildado de «increíbles» estas acciones. «Tengo la obligación de demandar porque no hay que dejar que la gente haga esto», ha dicho.
El Tribunal Supremo de EE. UU. ha decidido extender hasta la última hora del jueves la suspensión «de emergencia» de la orden judicial que obligaba al Gobierno a cubrir los gastos del Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP, en inglés).
La corte ha fallado a favor de la Administración de Donald Trump, manteniendo en suspenso los cupones de alimentos de noviembre de los que dependen aproximadamente 42 millones de personas durante dos días más, mientras la Cámara de Representantes se prepara para votar en los próximos días el paquete de financiación recientemente aprobado por el Senado.
De obtener el apoyo, el paquete pondría fin al cierre gubernamental más largo de la historia de EE. UU. y restablecería el SNAP, resolviendo la batalla judicial sin necesidad de la intervención del Supremo, según recoge The Hill.
Cabe señalar que la corte ha tomado esta decisión pese a la oposición de la jueza Ketanji Brown Jackson, designada por el expresidente Joe Biden y quien recibió el recurso presentado por la Administración Trump. La magistrada disintió públicamente y votó a favor de la reanudación de pagos al SNAP, siendo un giro de postura, puesto que la semana pasada apoyó su interrupción temporal hasta este martes.
Un tribunal federal de Rhode Island había dictaminado que el Gobierno de Trump actuaba ilegalmente, por lo que le ordenó agotar un fondo de contingencia de USD$ 5.000 millones para el mencionado programa, si bien este monto es insuficiente para cubrir los pagos de noviembre que, según The Hill, se estiman en USD$ 9.000 millones.
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