Las sombras de octubre

Por Javier Cardozo

El 22 de octubre de 2023 es la fecha que se tiene designada para el proceso de primarias de la oposición venezolana, donde se buscara elegir al candidato unitario que enfrente a Nicolás Maduro en las presidenciales de 2024. Este proceso a fechas de escribirse este articulo va a ser completamente auto gestionado, es decir, no se va a contar con el apoyo del CNE en ningún área. Todo lo va a organizar la comisión nacional y las comisiones regionales de primarias. Algún lector extranjero pensara que con lo anteriormente dicho el proceso electoral va muy bien encaminado, que solo es cuestión de que los 14 candidatos inscritos hagan su campaña y que llegue octubre pero la realidad está lejos de eso.

A día de hoy, las primarias son más una incertidumbre que una realidad, se puede saber el día y tener la lista de candidatos pero una elección abarca más que eso. Hay que ser muy claros y decir que más allá de que si el CNE tiene legitimidad o imparcialidad no contar con su ayuda es una afrenta logística muy grande, si este proceso electoral fuese uno pequeño, hecho en un solo estado o la consulta interna de algún partido como lo hizo Primero de Justicia para elegir su candidato el tema logístico sería fácil, pero una elección que busca llegar a todos los estados del país consiste en un gran dificultad a tener en cuenta.

Algunas voces decían que en las negociaciones con el CNE se hablaba de habilitar 5 mil centros de votación, sin este organismo la Comisión Nacional en conjunto con las regionales tiene que encontrar la sede física para realizar el  proceso electoral, pero allí no acaba todo, suponiéndose que las tienen queda preguntarse ¿existe una estructura organizada y articulada de miembros de mesa listos para ese día? , la respuesta es que no. Si se habilitan 5 mil centros de votación en todo el país se va a necesitar varias decenas de miles de miembros de mesa, nada más en el estado Táchira que no es el más poblado del país se necesitarían casi 3 mil miembros, el problema se agranda cuando se toma en cuenta que en la parte de los testigos los partidos tampoco tienen su situación bien cubierta.

Este artículo no busca “lavarle la cara”, ni hacer un llamado a correr despavoridos a los brazos del CNE, sino que busca realmente encarar cual es el problema que se tiene, porque si se busca ocultarlo, o dejarlo para más tarde como usualmente se hace, la primaria puede llegar a no darse o a hacerlo de forma tal que devenga en una oposición debilitada de cara a 2024 . Un reto logístico equivale en la práctica a un reto monetario, para un proceso electoral de esta envergadura se necesitan millones de dólares, que como ya podrán suponer no están. La honestidad nos debe impulsar a decir que para comienzos de julio de 2023 el proceso de elección primaria se encuentra sin dinero y sin gente.

Hay otro tema importante que es los candidatos. Hace poco se dio a conocer que María Corina Machado quien es según diversas encuestas la principal candidata de la oposición de cara a primaria seguirá inhabilitada para ejercer un cargo público por 15 años, ella ha establecido que igualmente participará en este proceso, pero ¿que pasará entonces en 2024 cuando no la dejen competir en las presidenciales?, ¿se llamará a la calle como tantas veces se ha hecho? o ¿qué estrategia tiene la oposición para sortear la inhabilitación?, no está demás decir que Henrique Capriles Radonski, quien puede decirse va de segundo en la carrera electoral, también está inhabilitado; es sumamente preocupante que los dos principales contendientes a las primarias estén inhabilitados y que no se tiene solución para ello , parece que la oposición quiere seguir la famosa frase que lamentablemente define el pensamiento y el actuar del venezolano “como vaya viniendo vamos viendo”.

Hay una opción que sería que de quedar en las primarias como primero y segundo estos dos personajes, que están inhabilitados, se escojan como candidato al  que quede de tercero, pero esto presenta ciertos problemas. Primero, tanto Capriles como María Corina, a pesar de la inhabilitación, pueden mostrar resistencia a que esto suceda, es difícil pensar que si ganan las primarias se van a quedar viendo como un tercero va a disputarse las presidenciales , más cuando posiblemente estos dos queden considerablemente alejados en votos de los demás. Segundo, de quedar  como ese tercero presidenciable Freddy Superlano, Delsa Solórzano o José Hernández, la población opositora difícilmente se sentiría lo suficientemente animada a ir a las elecciones de 2024. No se trata de desconocer el trabajo político que estos 3 o alguno de los otros candidatos haya podido hacer sino que realísticamente habría que preguntarse ¿estos candidatos podrían movilizar a la sociedad civil a una victoria electoral contra el gobierno? Sí, es cierto que Nicolás Maduro no es apoyado por la gran mayoría del pueblo venezolano pero ese aproximadamente 20 % que esta dispuesto a votar por él es más que lo que mueven la gran mayoría de candidatos  de oposición.

Es nuestro deseo que las primarias de octubre se puedan realizar, que el elegido pueda batirse contra Maduro en 2024  y conduzca a una transición política pero sería una ingenuidad decir que esto es lo que a 4 meses de la realización de las elecciones es el escenario más plausible. El 22 de octubre se presenta como una sombra, donde puede esperar la gracia de la transición o las sombras ya sea de la no realización de las primarias, la elección de un candidato que no pueda sortear la inhabilitación o de alguno que no este inhabilitado pero que no sea competencia contra Maduro.

Llamar a la elecciones de 2024 la última elección es más propio de medios amarillistas, sin embargo muchas personas ven esa contienda como su último esfuerzo en su lucha por la democracia venezolana. Si en  el 2024 se pierde Maduro quedara legitimado ante la comunidad internacional, extenderá su periodo por 6 años más, para 2030 muchos de los actuales activistas por la democracia acompañaran el proceso desde la distancia de la migración

Israel: miles de manifestantes irrumpen en el aeropuerto de Tel Aviv

Este lunes, miles de manifestantes han irrumpido en el Aeropuerto Internacional Ben Gurion, a las afueras de Tel Aviv, en una nueva jornada de protestas contra la reforma judicial que impulsa el Gobierno del primer ministro Benjamin Netanyahu.

Con esto, los protestantes cumplen la amenaza de tomar el establecimiento, que habían prometido hacer hace una semana.

La jornada de protestas comenzó con un el bloqueo del acceso al puerto de Haifa, el más importante del país, por parte de cientos de activistas. Respondiendo aa Policía por su parte con cargas para dispersar a los manifestantes que se negaron a disolverse.

«El bloqueo del puerto de Haifa es solo una de las decenas de acciones de resistencia para parar al Gobierno de la destrucción e impedir que se apruebe ninguna ley dictatorial», han explicado los convocantes.

Ya por la tarde la acción se trasladó al aeropuerto Ben Gurion, donde la Policía detuvo al menos a 37 personas por desórdenes públicos, tras lograr superar las barricadas, cortar los accesos y entrar en la Terminal 3 del aeropuerto.

Cabe mencionar que la Comisión de Constitución, Leyes y Justicia del Parlamento israelí ya ha comenzado ya a deliberar para aprobar una reforma «razonable» con la intención de aprobarla antes de que termine este mes.

La semana pasada los manifestantes propusieron aplazar las protestas convocadas para este lunes si se aplazaba también la sesión de la Comisión prevista para esta jornada, pero ésta ha tenido finalmente lugar según lo previsto.

Con esto, se cumplen 26 semanas de manifestaciones en el país, com vista a continúar tras los fallidos intentos de negociación entre el Gobierno y la oposición para intentar lograr un texto de consenso.

Las autoridades iraníes han ejecutado a más de 350 personas en lo que va de año, según una ONG

Las autoridades iraníes han ejecutado más de 350 sentencias de muerte en los seis primeros meses del año, en su mayoría por cargos relacionados con las drogas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.

El grupo ha resaltado en un informe que «al menos 354 personas, incluidas seis mujeres, han sido ejecutadas en los seis primeros meses de 2023», subrayando que 206 de estas ejecuciones tienen que ver con delitos de drogas —representando un incremento del 126% con respecto al mismo periodo del año pasado—.

Sim embargo, la ONG denuncia que las autoridades solo han informado de 43 ejecuciones del total, y que hasta 71 personas de las ejecutadas pertenecían a la minoría baluche, una etnia mayoritariamente suní que reside principalmente en la provincia de Baluchistán, cerca de la frontera con Pakistán.

Cabe destacar que esta provincia fue objeto de intensas operaciones de la Guardia Revolucionaria durante la dura represión de las protestas de septiembre del año pasado, donde murierom cientos de baluches.

Además, tambien resalta el hechi de que el año pasado fueron ejecutadas al menos 576 personas, muy por encima de los 314 ejecutados en 2021. Mientras que para este año Amnistía Internacional ya ha contabilizado 282 ejecuciones, según su propio recuento.

«La pena de muerte se utiliza para generar miedo social y evitar más protestas», se ha lamentado el director de Iran Human Rights, Mahmud Amiri-Moghaddem.

«La mayoría de los muertos son víctimas low-cost para la máquina de matar: acusados por drogas de las comunidades más marginadas», ha añadido. Amnistía calificó abiertamente estas ejecuciones de «guerra a los pobres».

Trama de corrupción, caso: PdvsaCripto, más de 16.000 millones malversados

Hace poco se hizo público el caso de corrupción donde supuestamente solo se perdieron tres mil millones de dólares —3.000mll $— en criptomonedas, sorprendiendo a todo el país por la cantidad de dinero perdido que pudo haber solucionado varios problemas de infraestructura del país en cuanto al sistema educativo o a sistema de salud se refiere, por solo citar dos ejemplos. No obstante, la cifra malversada en realidad asciende a más de cinco veces la cifra que impactó a Venezuela; en concreto, a más de dieciséis mil millones de dólares —16.000mll $—.

En este artículo, fundamentado en datos totales y parciales de la investigación realizada por Transparencia Venezuela sobre el caso, se expondrá brevemente la trama de corrupción que giró en torno a este hecho en específico.

Todo comenzó con el comunicado de la policía anticorrupción el viernes 17 de marzo de 2023, cuando la policía anticorrupción informa oficialmente otro caso de corrupción que tiene como protagonista a Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA), donde buques cargados con millones de barriles de petróleo salieron de los muelles de las refinerías venezolanas sin que el pago por esos cargamentos entrara a las arcas de la petrolera estatal.

Desde entonces, Tarek William Saab ha dado declaraciones en los medios asomando parte del modus operandi, mencionando que entre octubre y noviembre de 2022 comenzó a ser investigada una red de altos funcionarios de Pdvsa y la Superintendencia Nacional de Criptoactivos (Sunacrip), “quienes se valieron de sus cargos para ejecutar operaciones de compra-venta de petróleo, paralelas a Pdvsa”. Para ese entonces, se anunció la detención de 21 personas, y Tarek El Aissami emitió un comunicado donde abandonaba su cargo en PDVSA.

Saab reconstruye los hechos diciendo que se asignaron cargas de crudo a la SUNACRIP y a particulares, “incumpliendo normativas de contratación, sin ningún control administrativo, ni garantías”. Una vez realizada la transacción, los pagos correspondientes nunca llegaron a la petrolera, valiéndose del uso de criptomonedas para lavar el dinero y de un conglomerado de sociedades mercantiles para legitimar el capital obtenido de las ventas, adquiriendo con los activos digitales bienes muebles e inmuebles e inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario. Si bien, no revelan más detalles al respecto, pues, hasta el momento solo se sabe que supuestamente se han emitido más de 50 órdenes de aprehensión y siquiera se sabe dónde se encuentra El Aissami, desaparecido de la vida pública desde su última publicación en twitter.

Para comprender mejor el asunto hay que recordar que, después de las sanciones contra PDVSA por parte de Control de Activos en el Extranjero del Departamento del Tesoro de Estados Unidos (OFAC, en inglés), el gobierno buscó la manera de eludir las mismas. Para ello, las operaciones comenzaron a ser menos transparentes y riesgosas de lo habitual.  Algo que, por cierto, varios organismos internacionales venían denunciando desde hace un tiempo.

El informe de Transparencia Venezuela destaca que “las sanciones internacionales incentivaron las prácticas de corrupción en la exportación de crudo, generando oportunidades de participación para empresas comercializadoras (traders) dispuestas a asumir el riesgo de ser sancionadas, transando el crudo venezolano con descuentos de 30% y más en el mercado asiático. Una de las principales estrategias seguidas por el gobierno venezolano fue acudir a sus aliados Rusia e Irán, también sancionados, para aprender sobre las rutas usadas por estos para evadir las medidas norteamericanas. Incluso, para apoyarse en ellos con el objeto de vender y cobrar su petróleo.”

Tan solo en el año 2019, PDVSA transportó millones de barriles de petróleo gracias a negocios con las empresas rusas Rosneft Trading SA y TNK Trading International S.A. Además, comenzó a hacer más uso del “sistema financiero ruso como una vía para evadir los bancos occidentales”. Según medios internacionales, desde Rusia se enviaban a Venezuela aviones con “millones de dolares y euros en efectivo como pago por petróleo y otros conceptos”. Desde entonces cobrando en efectivo y abriendo las puertas para comenzar a cobrar en criptomonedas.

Sin embargo, en 2020 las empresas rusas son sancionadas, viéndose obligadas a separarse de los chanchullos con Venezuela, siendo necesario para PDVSA a partir de allí “acudir a nuevos clientes para seguir exportando el petróleo. Aunque con algunos de esos nuevos clientes había comenzado a operar desde 2019, desde 2020 la relación con ellos se incrementó.”

Este mismo año, el narco-dictador Nicolás Maduro declara “emergencia energética” y crea la “Comisión Presidencial para la Defensa, Reestructuración y Reorganización de la Industria Petrolera Nacional Alí Rodríguez Araque”, que aunque tenía como objetivo impulsar la comercialización de la industria petrolera, con Tarek El Aissami a la cabeza, solo sirvió como medio para seguir oscureciendo las actividades, siendo caldo de cultivo para auspiciar aún más el desfalco de los activos de la nación.

El Aissami fue “uno de los principales artífices de la estrategia de vender petróleo venezolano incrementando el uso de una red de traders o intermediarios” y, por si fuera poco, desde entonces cobró mayor fuerza el que Pdvsa acudiera a un centenar de intermediarios recién registrados, dirigidas por personas “afines al chavismo” y con “jurisdicciones opacas como las de Hong Kong, Panamá, Belice o Emiratos Árabes Unidos”, por lo que “no contaban con experiencia en el negocio energético”. En toda esta trama se encuentran involucradas personas y empresas mexicanas, colombianas, árabes, rusas, chinas, españoles, entre otros.

Con todo este entramado, el petróleo venezolano se vendía por dos esquemas, por concesión —petróleo a cambio de bienes o servicios— o por consignación —se daba petróleo a crédito—. Pero en buena parte de los casos nunca llegaban los bienes, servicios, o el dinero de las cuentas por cobrar.

Un caso conocido es el de Alex Saab, actualmente preso en EE. UU., quien para el año 2020, junto al mexicano Joaquín Leal Jiménez “idearon un programa de venta de “petróleo por alimentos” que nunca resultó en entregas de alimentos a Venezuela. Saab y Leal, en colaboración con las empresas mexicanas Libre Abordo y Schlager Business Group, negociaron la reventa de más de 30 millones de barriles de petróleo crudo en nombre de Pdvsa, aproximadamente 40% de las exportaciones de petróleo de Pdvsa.”

Además, en suma, y según la cita del informe al medio de investigación Armando.info, que “accedió a un informe confidencial del 11 de octubre de 2022, elaborado por el entonces vicepresidente de Comercio y Suministro de Pdvsa, el coronel Antonio Pérez Suárez”, la empresa petrolera icono de Venezuela “traspasó al Estado facturas sin cobrar de despachos de petróleo entre 2019 y 2022 por 13.338 millones de dólares, de modo de “cerrar contablemente las cuentas por cobrar en el sistema informático SAP”, es decir, que nunca entraron a las arcas venezolanas y se pedía borrar dichas transacciones de los asientos contables de PDVSA. A estos miles de millones se le suman otros 3.600 millones de dólares que son potencialmente incobrables, según fuentes internas de la industria.

Teniendo en cuenta que entre 2020 y los primeros meses de 2023 PDVSA generó aproximadamente unos 27.650 millones de dólares —considerando que se aplicaban descuentos de entre el 25% y el 40%—, esto implicaría que 16.600 millones de dólares permanecen impagos —cerca del 60%—. Para tener una idea de lo que esto representa, tenga en cuenta que el total operativo de las reservas internacionales de Venezuela ascendía para el 31 de enero de 2023 a 5.066 millones de dólares —el BCV dice que 9.977 millones, pero esta cifra incluye los derechos especiales de giro del FMI, a los cuales no tiene acceso—, es decir, que la cantidad perdida en el entramado de corrupción es más de tres veces las reservas internacionales actuales, sin tener en cuenta los descuentos —si tenemos en cuenta un descuento general de entre el 25% y 40%, estamos hablando que debieron entrar a las arcas venezolanas aproximadamente entre 37.000 y 46.000 millones de dólares, haciendo que la cantidad perdida en realidad ascienda a entre 25.950 y 35.000 millones, es decir, más de 5 o 7 veces las reservas internacionales—. Para cereza del pastel, hay que recordar que en el año 1998 las reservas internacionales ascendían a 14.848 millones de dólares, por lo que la cantidad perdida es muchísimo más que incluso uno de los picos de reservas del país en su historia.

Sin embargo, a pesar de la magnitud del caso, a tres meses después de iniciadas las detenciones y presentaciones ante los tribunales, solo se conoce la identidad de algunos implicados mencionados por el fiscal Tarek William Saab, “no hay detalles sobre el papel en el esquema de los señalados, ni en qué consistió el mecanismo exactamente ni mucho menos hay certeza de los montos involucrados. El procesamiento judicial también es un secreto bien guardado.” En los medios del Estado solo se ha desplegado imágenes donde se muestra a los detenidos con “bragas naranjas”, algo que es poco usual en el país y que sirve como distracción de circo para hacer creer que se “lucha contra la corrupción”, cuando muy probablemente las acciones tomadas responde más a diferencias internas que a motivos honestos. De hecho, “el silencio se acentuó, incluso en los portales cercanos a la línea gubernamental que filtraban información desde el mismo gobierno dejaron de informar.”

Si realmente se lucha contra la corrupción, todo el proceso de transacciones realizaras por PDVSA fuesen públicos, como deben ser por ley. Empero, hasta ahora no se ha perseguido a la alta directiva de la empresa estatal —que, por cierto, siquiera se sabe quiénes son en su totalidad—, ni se han revelado datos relevantes de todo el entramado de corrupción.

Para terminar, cabe destacar que estos datos solo son una punta del iceberg de todo el festín que se ha dado el gobierno del PSUV, con total o parcial impunidad, a costa de la nación y la integridad de sus habitantes.

Rusia asegura haber destruido casi todos los tanques Leopard suministrados a Ucrania

El ministro de Defensa de Rusia, Serguéi Shoigú, ha declarado este lunes en una reunión con oficiales que las Fuerzas Armadas rusas destruyeron 16 tanques Leopard.

De ser ciertas las declaraciones, la cifra representa «casi el 100 %» de los blindados de este tipo suministrados a Ucrania por Polonia y Portugal.

Además, Shoigú señaló que desde el pasado 4 de junio las fuerzas de Kiev han perdido 920 blindados de diferentes tipos, 15 aviones y tres helicópteros.

En este contexto, apegandonos a los datos del funcionario, cabe destacar que las fuerzas rusas lograron destruir unas 2.500 unidades de armamento de diferentes tipos desde el 4 de junio.

Asimismo, el ministro destacó que a lo largo del mes unidades de defensa antiaérea interceptaron 158 proyectiles lanzados desde sistemas HIMARS, así como 25 misiles de crucero Storm Shadow y 386 drones.

Francia llega a los 3.200 arrestos durante los disturbios de estos días, al nivel de las protestas de 2005

El Ministerio del Interior francés tiene ya registrados 3.200 arrestos durante las protestas desatadas el pasado martes a raíz de la muerte de un adolescente en un control policial.

Este dato alcanza el de las masivas protestas de 2005, también a raíz de la muerte de dos jóvenes, con la diferencia de que ahora se ha llegado a esta cifra en apenas seis días en lugar de en tres semanas.

La muerte del joven ha generado disturbios diarios en distintas ciudades. Y aunque la noche del domingo ha sido relativamente más tranquila, con poco mas de 150 detenciones, el ministro del Interior, Gérald Darmanin, ha confirmado que se ha llegado ya a un nivel de arrestos «sin precedentes».

Cabe mencionar que, de las 3.200 personas detenidas, un 60% no tienen antecedentes policiales «y no han sido nunca objeto de ningún control».

Además, la edad media de los detenidos ronda los 17 años, con casos incluso de menores de doce o trece años vinculados a incendios, ataques contra las fuerzas de seguridad o contra las instituciones públicas.

En las cinco noches de protestas, el Gobierno ha contabilizado 5.000 vehículos y 10.000 papeleras incendiados, 1.000 inmuebles dañados, 250 ataques contra comisarías y más de 700 policías o gendarmes heridos —de 45.000 desplegados—.

Rafael Ramírez: inhabilitación a María Corina revela lo débil que está Maduro

Caracas. – Para el exministro chavista y zar del petróleo en Venezuela, Rafael Ramírez, la inhabilitación ordenada por Nicolás Maduro para María Corina Machado, solo revela lo débil que realmente se encuentra el tirano.

En la columna semanal que suele publicar en su web personal, asevera que «el madurismo sabe que no está en condiciones de ganar ninguna elección popular, por ello, actúan como una vulgar dictadura».

«El gobierno trata de cerrar la vía electoral, de mantener desmovilizado al pueblo, que éste se resigne a la «normalidad» del madurismo o que se vaya del país.

El gobierno seguirá interviniendo y violando la ley, hasta garantizar que las elecciones estén hechas a su medida, es decir, hacer unas elecciones amañadas, sólo con los candidatos ‘que maduro diga'», indica Ramírez.

Igualmente, recordó que las acciones aplicadas de manera sistemática, desde sus organismos de represión y justicia, buscan precisamente «intervenir judicialmente a los partidos políticos, mover y nombrar a los autoridades del CNE a su antojo, hasta inhabilitar o golpear cualquier candidato, que presuponga un peligro a su precario gobierno».

A su juicio, el miedo y la represión que la Narcotiranía impone busca no solo amedrentar a la población, sino también «cerrar la vía electoral», un mecanismo que depende de la soberanía popular.

También, asegura que, debido a la falta de apoyo popular, cualquier alternativa democrática representa un peligro para el madurismo, tal como ocurrió en Barinas.

De allí, que la inhabilitación a la candidata a las primarias, demuestra -según Ramírez- lo frágil que se encuentra el narco régimen y su imposibilidad de hacer frente a un liderazgo creciente.

Desde robar un avión hasta provocar migración de venezolanos figuran en cargos contra María Corina

Caracas. – Desde el presunto robo de un avión, pasando por la entrega de Monómeros, y hasta por supuestamente provocar la migración de cientos de venezolanos, figuran en los cargos por los cuales la Contraloría General de la República (CGR) inhabilitó a María Corina Machado.

Las acusaciones figuran en la lista de por lo menos nueve delitos, que fueron detallados en el comunicado leído el pasado viernes, por el diputado «alacrán» José Brito.

«Le fue impuesta una sanción de inhabilitación para el ejercicio de cualquier cargo público mediante resolución 01-00-000398 del 13 de junio del año 2015 por el período máximo previsto en el numeral 2 del artículo 39 del decreto con rango, valor y fuerza de ley contra la corrupción», indicó Brito al leer el comunicado de la CGR.

Según el organismo del narco régimen, en el caso de la dirigente política se determinaron errores de sobrestimaciones y subestimaciones, así como «omisiones en las declaraciones juradas de patrimonio evaluadas en el marco de la auditoría patrimonial seguida» a Machado.

También se le atribuye la administración de fondos cuya procedencia se desconoce. La lista de delitos son los siguientes:

  • «Una trama” encabezada por Juan Guaidó a través de “hechos públicos, notorios y comunicacionales» que propició el bloqueo criminal a la República Bolivariana de Venezuela”.
  • «El despojo descarado de las empresas y riquezas del pueblo venezolano en el extranjero”.
  • El robo de un avión.
  • El secuestro de 4000 millones de dólares en cuentas bancarias extranjeras.
  • El bloqueo de 10 millones de dólares que impidieron la llegada de vacunas a Venezuela a través del mecanismo Covax.
  • El supuesto robo de ayuda humanitaria valorada en 99 millardos de dólares durante “El Cucutazo”.
  • La solicitud de sanciones y “bloqueo económico al país”.
  • La entrega de Monómeros a autoridades no legítimas.
  • A través del “bloqueo” causar la migración de cientos de venezolanos producto de la crisis generada por las sanciones.

A dos años de la detención de Javier Tarazona ONG venezolanas exigen su liberación

Caracas. – Este 02 de julio se cumplen ya dos años, de la detención injusta y arbitraria que sufrió el director de Fundaredes, Javier Tarazona, lo cual provocó que varias ONG venezolanas clamaran este domingo por su liberación.

El activista fue detenido el 2 de julio de 2021 por agentes del Servicio Bolivariano de Inteligencia (SEBIN) en la ciudad de Coro, estado Falcón, y fue acusado de “instigación al odio, terrorismo y traición a la patria”, por el Tribunal contra el Terrorismo del narco régimen.

Leonor Acosta, directora de la Coalición por los Derechos Humanos y la Democracia, fue una de las primeras activistas en pronunciarse cuando se cumplen dos años del injusto encarcelamiento de Tarazona.

«Los defensores de derechos humanos en el mundo no podemos ser criminalizados (…) nosotros defendemos los derechos de todos los venezolanos y como tal debemos ser respetados», dijo en un video difundido en redes sociales.

También, la organización Centro de Justicia y Paz (Cepaz), publicó el siguiente mensaje en sus redes sociales: «Lamentablemente, llegamos a los dos años, dos años de arbitrariedades, dos años de torturas, tratos crueles e inhumanos para Javier, su familia y el equipo de Fundaredes».

Igualmente, la organización Caleidoscopio Humano señaló que la salud de Tarazona se ha visto afectada durante estos dos años de detención.

Antes de su detención, Tarazona estuvo denunciando la presencia de grupos irregulares y guerrillas colombianas en el territorio venezolano.

En uno de sus reclamos, difundió imágenes del exministro de interior y justicia del régimen, Ramón Rodríguez Chacín, reunido con miembros del ELN. Se cree que esto pudo ser el detonante de su detención.

Encuesta refleja fuerte apoyo hacia María Corina tras la inhabilitación

Caracas. – Una reciente encuesta de la empresa consultora Poder y Estrategia, muestra como María Corina Machado, tras su inhabilitación, continúa siendo la primera opción entre quienes votarían en unas elecciones presidenciales.

Según la información difundida por Ricardo Ríos, presidente de la firma, en las redes sociales, este estudio fue elaborado en junio, y mide a los posibles candidatos que participarían en unas elecciones para 2024.

La encuesta muestra a Machado en el primer lugar, con un 28% de apoyo, mientras quien la secunda es Benjamín Rausseo con un 20% de respaldo.

La opción «otro candidato», ocupó el tercer puesto con un 18%, y la cuarta opción fue «por el ganador de las primarias», con un 13%.

Nicolás Maduro se sitúa en el quinto lugar con 10% de apoyo, superando a Manuel Rosales, Henrique Capriles y Freddy Superlano, quienes registraron 5%, 4% y 2% respectivamente.

Ríos explica en su hilo, que la inhabilitación hacia la dirigente de Vente Venezuela se construyó muy rápidamente, y ha disparado los apoyos en su favor.

También, señala que este mecanismo demuestra la necesidad que tiene la coalición que acompaña a Maduro, por detener el constante crecimiento de Machado.