Caracas. – Momentos de angustia vivieron familiares de reclusos este pasado lunes,  en las afueras del centro penitenciario Rodeo I (Miranda), tras el intento de suicidio por parte de uno de los rehenes políticos allí recluido, así como por los traslados, sin previo aviso, de un número de internos hacia otro retén.

Según relataron los familiares que hacen vigilia en la citada cárcel, el rehén que intentó quitarse la vida fue identificado como José Daniel García Contreras, quien se cortó las venas de los brazos, pero afortunadamente recibió atención médica oportuna, lo cual impidió que se desangrara.

La ONG Justicia, Encuentro y Perdón (JEP) fue una de las primeras en denunciar esta situación, por lo cual solicitó atención médica urgente y evaluaciones psiquiátricas para presos políticos en El Rodeo I, tras alertar sobre este intento de suicidio.

En este contexto, la ONG indicó que este hecho es “una alerta roja sobre la vulnerabilidad extrema y el deterioro de la salud mental” en estos centros. También mencionó que ignorar esta situación es “una omisión gravísima” que podría considerarse “trato cruel, inhumano y degradante”.

Los presos hicieron llegar la información a través de un portavoz con quien se comunican mediante gritos que van desde el lugar de reclusión hasta donde permanecen familiares en manifestación en las inmediaciones del penal. Sin embargo, fueron pocos los detalles que pudieron aportar.

El portavoz de los reclusos denunció, una vez más, que durante los últimos días han sido víctimas de tortura. Por ello hacen un llamado a las autoridades de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela con el fin de que se acerquen al Rodeo I para constatar las condiciones en las que se encuentran.

Además, las familias presentes en el penal detectaron un movimiento inusual, para trasladar a los internos hacia otro centro de detención y torturas.

Las mujeres que permanecen en vigilia a las afueras del penal relataron que, tras notar movimiento de autobuses pasadas las 8:30 de la noche, intentaron detener su salida atravesándose en la vía. Sin embargo, algunos vehículos salieron aparentemente vacíos, lo que aumentó la incertidumbre.

Posteriormente, se filtró una lista con los nombres de los reclusos trasladados, en un intento por ayudar a sus familiares a conocer su paradero ante el hermetismo de las autoridades.

Caracas. – Familiares de rehenes políticos del narcorégimen chavista protestaron este jueves, ante el Ministerio para el Servicio Penitenciario en Caracas, con el objetivo de exigir el cese de las «torturas» a las que son sometidos sus parientes en las cárceles, principalmente por funcionarios de la DGCIM, según lo atestiguado por los manifestantes.

A través de denuncias difundidas en redes sociales, los familiares señalaron que en centros como El Rodeo I y el Fuerte Guaicapuro son obligados a ingresar encapuchados al momento de realizar las visitas a sus seres queridos, una práctica que, afirman, no solo incrementa el sufrimiento, sino que constituye una forma de tortura psicológica.

Andreina Baduel, miembro de la ONG Comité por la Libertad de los Presos Políticos (CLIPPVE), denunció que la cartera de Estado ha sido «cómplice» de las torturas a través del grupo SESMA, una unidad de seguridad adscrita a la DGCIM que opera dentro del sistema penitenciario.

«Semanalmente vienen (al Ministerio para el Servicio Penitenciario) los familiares a denunciar que pare el trato cruel hacia los presos políticos y no les ha dado la gana de hacer las cosas distintas», señaló Baduel.

Mientras, Margaret Baduel, hermana del rehén político Josnar Adolfo Baduel, y también integrante de CLIPPVE, explicó que uno de los objetivos de la movilización, es exigir al ente ministerial una respuesta directa a la nula voluntad  política, para mejorar las condiciones de vida dentro de las prisiones.

La activista enfatizó que la falta de respuestas institucionales solo confirma que el sistema actual no busca la justicia, sino el quebrantamiento de la dignidad de quienes se encuentran tras las rejas por motivos políticos.

Igualmente, los familiares insistieron en que estas condiciones vulneran la dignidad tanto de los privados de libertad como de sus allegados, quienes deben someterse a procedimientos degradantes para poder verlos, muchas veces por lapsos muy limitados.