Un tribunal federal de apelaciones en EE. UU. ha respaldado la decisión tomada por la Administración de Donald Trump de finalizar el estatus legal temporal de cientos de miles de migrantes procedentes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, desestimando así un recurso presentado por organizaciones pro derechos de los inmigrantes.
El Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito ha anulado así una resolución previa de la jueza de distrito Indira Talwani, que había cuestionado la autoridad de la actual secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, para revocar la llamada «libertad condicional» migratoria que permitía la estancia temporal en el país de unos 430.000 extranjeros.
Talwani había sostenido que Noem actuó fuera de sus competencias, pero el panel de tres jueces del circuito —todos designados por presidentes demócratas— concluyó que los demandantes no lograron probar que la secretaria carecía de facultades legales bajo la Ley de Inmigración y Nacionalidad para eliminar de forma generalizada dichos permisos.
En su opinión, el magistrado Gustavo Gelpí reconoció que la revocación de esta figura migratoria coloca a los afectados ante un difícil escenario, al tener que decidir entre regresar a países con altos niveles de inseguridad o permanecer en EE. UU. en situación irregular, expuestos a detenciones y deportaciones. Sin embargo, subrayó que este impacto no invalida la autoridad legal de la secretaria para tomar dicha decisión.
Asimismo, ha descartado el argumento presentado por Talwani sobre que la medida de Noem fue adoptada de forma «arbitraria y caprichosa». «No estamos de acuerdo. Determinamos que los demandantes no han presentado pruebas firmes sobre que puedan tener éxito a la hora de demostrar que la acción de la secretaria fuera arbitraria y caprichosa, ya que dio una explicación razonada», ha dicho.
«Por las citadas razones, damos carpetazo a la orden del tribunal de distrito y remitimos el caso para que se realicen más procedimientos de conformidad con esta opinión. Así se ordena», zanja el documento publicado por el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, con sede en la ciudad de Boston.










