El hermano de Pedro Sánchez pasará a juicio por tráfico de influencias

La jueza instructora Beatriz Biedma decidió este jueves pasar a juicio a David Sánchez, hermano del presidente socialista del Gobierno de España, Pedro Sánchez, por su presunta contratación irregular.

Según la prensa local, Biedma dictó un auto en el que afirma que «no procede» el sobreseimiento de la causa, como había solicitado la defensa del investigado, por lo que resolvió que el caso pase a fase de juicio.

Cabe recordar que la contratación del hermano del presidente de Gobierno en la Diputación de Badajoz está desde hace meses en el ojo de la justicia, ya que se presume que detrás de ella habría delitos de prevaricación administrativa y tráfico de influencias.

De momento, solo resta la resolución de un recurso de apelación que introdujo la Fiscalía local de Badajoz para solicitar el archivo del caso, al considerar que no existen «auténticos indicios racionales de criminalidad», sino solo «conjeturas e hipótesis».

Además de David Sánchez, la jueza abrirá el juicio oral contra el presidente de la Diputación de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo; y otras nueve personas, a las que vincula con la creación de una plaza de empleo público —supuestamente— diseñada para el hermano del presidente de Gobierno. 

Pillan a Iroshima Bravo, exministra chavista, en Orlando

Caracas. – La exministra y exdiputada chavista, Iroshima Jennifer Bravo, fue detectada nuevamente en EE. UU., según una denuncia que publicó en sus redes sociales el influencer Jonathan Palacios.

De acuerdo con las informaciones publicadas por Palacios este pasado martes, Bravo fue vista por venezolanos en la ciudad de Orlando, Florida, donde la increparon, y la exfuncionaria roja habría contestado «yo sí soy chavista ¿Y qué?».

Según el testimonio de quienes la «pillaron» en Orlando, junto a su familia, Bravo lucía una costosa cartera valorada en más de 2 mil dólares. También, este reencuentro dio pie a que se iniciaran averiguaciones sobre sus andanzas y, tal como lo indicó Palacios, se le han descubierto varias propiedades lujosas en el citado estado al sur de EE. UU.

Pero, además, habrían descubierto que su hermano y principal testaferro, Alexis Bravo Quevedo, compró hace más de un año una casa en Los Ángeles (California), valorada en más de 600 mil dólares.

Tras ejercer cargos en el ministerio chavista de turismo, y en el ilegítimo parlamento de la Narcotiranía hasta 2013-2014, Bravo salió de Venezuela cuando apenas comenzaba la terrible crisis económica que azotó en esos años.

En 2016 fue detectada inaugurando un spa en la ciudad de Doral, también en Florida. Fue sometida a escraches y denunciada públicamente, lo cual la obligó a cambiar el nombre del negocio. No obstante, las críticas continuaron y se vio obligada a cerrarlo.

Ahora, reapareció nuevamente, dejando en evidencia que nunca abandonó el suelo estadounidense. Algunas fuentes en redes sociales indicaron que —aparentemente— Bravo ha colocado en sus redes sociales ser una perseguida de Nicolás Maduro.

Tal como ha ocurrido en otras denuncias sobre funcionarios del narcochavismo que se encuentran en ese país, los internautas solicitaron denunciarla ante el ICE y las autoridades de inmigración para que sea investigada y deportada.

Armando.info revela la faceta como empresario del torturador Granko Arteaga

Caracas. – Alexander Granko Arteaga, conocido por los alias de «el Torturador» o «el Carnicero de Maduro», posee también una faceta empresarial, con la cual lava las prebendas que le paga el narcorégimen chavista, y con la que también pretende limpiar su imagen.

Se trata de una cuantiosa inversión empresarial en un complejo deportivo, que forma parte de la lista de negocios que este máximo represor de la Narcotiranía ha desarrollado, y que el portal informativo Armando.Info denunció en uno de sus más recientes trabajos.

Según el portal, «Como ya se ha revelado en otras historias de la presente serie, a pesar de ser un oficial activo de la Fuerza Armada y, por lo tanto, funcionario público, Granko viene levantando una estructura empresarial cuya propiedad delega sobre el papel a personas de su confianza, como su esposa, su suegra y su cuñada, pero que él detenta en los hechos.»

En este sentido, señalan: «Aunque se deje ver con frecuencia en el complejo deportivo, Granko Arteaga no es el signatario de los documentos mercantiles de FutSal Park, sino un joven de 34 años, Juan Manuel Useche Oropeza. Las fuentes consultadas describen la relación de Useche Oropeza con Granko Arteaga como muy cercana, aunque no logran precisar si esa proximidad viene de algún parentesco.»

El Senado de Argentina rechaza ley que impide postulación de Cristina Kirchner

El Senado de Argentina rechazó este miércoles con 36 votos a favor y 35 en contra la ley de «ficha limpia» que fue impulsada por el presidente Javier Milei y que tiene el objetivo de impedir que personas condenadas en segunda instancia ocupen o se postulen a cargos públicos.

Para recibir el aval del Parlamento, el proyecto necesitaba 37 votos favorables, por lo que quedó descartado por una unidad. 

«Están proscribiendo a una persona inocente, esta ley es inconstitucional y vulnera tratados internacionales. Están claudicando definitivamente el poder político a manos del Poder Judicial», dijo durante el debate la senadora Juliana Di Tullio. 

Para el oficialismo, que confiaba en la aprobación de ‘Ficha limpia’ para dejar fuera de carrera política a  Cristina Fernández de Kirchner, el resultado de la votación fue «Lamentable», expresó el presidente Milei desde su cuenta de X.

Cabe recordar que Cristina Fernández de Kirchner ha sido condenada en segunda instancia por delitos de corrupción, por lo que le afecta directamente la ley.

La ley de «ficha limpia» fue aprobada en febrero pasado en la Cámara de Diputados, pero desde entonces su paso por el Senado fue accidentado, con resistencias de varios bloques, incluido el oficialista debido a la fuerte controversia que acarrea y a que en el futuro puede afectar a políticos de todos los partidos que sean condenados judicialmente.

Descubren a un exfuncionario del régimen chavista dándose la «buena vida» en Florida

Caracas. – Otro exfuncionario del chavismo fue descubierto viviendo en Florida-Estados Unidos. Es el caso del exprefecto de San Cristóbal (Táchira), Luis «lalo» Osorio, a quien encontraron disfrutando en la ciudad de Miami, tras haber salido de Venezuela hace tiempo.

A Osorio se le vincula con un grupo que trabajó junto a Vielma Mora, y fue muy conocido en San Cristóbal por su insistencia en la recolección de impuestos. De hecho, los datos manejados en redes sociales indican que su familia está muy vinculada al jerarca del narcorégimen y es partícipe de los muchos hechos de corrupción que son responsabilidad de este en esa entidad.

Informaciones difundidas en las plataformas digitales indican que Osorio, tras dejar el cargo entre 2022 y 2023, salió del país, y uno de sus primeros destinos fue Francia. En ese momento lograron captar imágenes del funcionario chavista posando y vistiendo lujosas prendas en diferentes parajes de la capital francesa.

Ahora, la cuenta de un influencer en Instagram (@joseperezv24) reveló que Osorio se encuentra en Miami, EE. UU., llevando a que los internautas exigieran la difusión inmediata de la información a las autoridades estadounidenses para que procedan a su deportación, preferiblemente enviándolo al CECOT en El Salvador.

https://twitter.com/pampanocarvajal/status/1919455469434753512

Un nuevo caso de corrupción militar sacude al gobierno de Ucrania

El Servicio de Seguridad de Ucrania (SBU, en ucraniano) arrestó a varios oficiales del Ejército —supuestamente— involucrados en una trama de corrupción que resultó en el envío de decenas de miles de rondas de mortero defectuosas al frente, comprometiendo las operaciones militares.

Cabe señalar que el nuevo caso de corrupción se produce en un momento en que son habituales los reportes de una —aparente— crisis de producción de municiones, según informa Financial Times.

Los sospechosos fueron acusados de «reducir el costo de producción para obtener mayores ganancias del pedido estatal», según ha comunicado el SBU.

En detalle, los detenidos son el director general de una planta de defensa en la región de Dnepropetrovsk, su adjunto y dos oficiales militares responsables de recibir los proyectiles y supervisar la producción, que «ignoraron deliberadamente» la munición defectuosa y falsificaron registros para encubrir el plan, por lo que ahora se enfrentan a 15 años de prisión.

El ente informó que la fábrica, cuyo nombre no se revela, firmó un contrato con la Agencia de Adquisiciones de Defensa de Ucrania para producir 120.000 proyectiles de mortero. Sin embargo, en algunos casos la planta no respetó los mínimos de calidad.

«Para la producción en masa, los sospechosos utilizaron materiales de baja calidad y realizaron trabajos defectuosos, lo que provocó la falla del cebador de la carga principal y el rendimiento inestable de toda la carga propulsora», se señala.

Cabe señalar que los arrestos podrían estar relacionados con el retiro de decenas de miles de unidades de este tipo de munición a finales de diciembre del año pasado, según recogen medios locales.

En aquel momento los errores notificados incluían espoletas defectuosas, percutores de baja calidad, propulsor débil, explosivos de baja calidad y materiales de embalaje baratos que dejaban entrar la humedad.

En este marco, destaca el hecho de que el —aparentes— desenfreno de la corrupción es uno de los problemas que azotan a Ucrania, especialmente agravado en los últimos años con los grandes pedidos de adquisición militar a raíz de la escalada del conflicto.

A principios de marzo, el asesor especial de la Casa Blanca, David Sacks, instó a que se lleve a cabo una auditoría de toda la ayuda asignada a Ucrania. «Sin duda, ha habido funcionarios ucranianos que han sido descubiertos saliendo del país con maletas llenas de dinero en efectivo», señaló en una entrevista a Fox News.

Juzgado colombiano ordenó un embargo millonario contra Alex Saab, principal testaferro del narcorégimen

Caracas. – Un juzgado civil de Barranquilla ordenó un embargo millonario en contra del principal testaferro del narcorégimen chavista, Álex Saab, medida que afectará a varias de sus empresas con operaciones en Colombia.

El embargo alcanza a una cifra que ronda los 831 millones de pesos colombianos. También afecta a las sociedades Shatex y Jacadi de Colombia, así como a la empresaria venezolana Cynthia Eugenia Certain Ospina, exesposa de Saab, quien figuraba como subgerente en una de las firmas embargadas.

El fallo dictado por el juzgado civil del circuito de ejecución de sentencias, indica en el primer punto: “Decretar el embargo y secuestro de las sumas de dinero que tengan o llegaren a tener los demandados Shatex, Jacadi de Colombia, Álex Naim Saab Moran y Cynthia Eugenia Certain Ospina”.

Cabe señalar que esto se trata de una medida cautelar, según estableció el juzgado de Barranquilla, en la que precisa la suma correspondiente al valor de la liquidación del crédito, entre otras condiciones.

En un segundo punto, el fallo señala que los millones retenidos a Saab debe ser consignados «en la cuenta de Depósitos Judiciales del Banco Agrario de Colombia, a órdenes de la Oficina de Ejecuciones Civil del Circuito».

Hay que recordar que Saab fue acusado en 2019 por presuntas maniobras financieras ilícitas,con las que habría causado pérdidas millonarias al Estado colombiano y aumentado su fortuna personal.

La Fiscalía señaló entonces que el testaferro de Maduro como representante legal, miembro de junta directiva y accionista de la empresa Shatex S.A., habría acudido a múltiples maniobras para evadir responsabilidades tributarias y aduaneras, y dar apariencia de legalidad a un esquema irregular de exportaciones e importaciones.

En consecuencia, Shetex S.A. fue acusada de servir como plataforma principal, para todos los manejos ilícitos que efectuó el barranquillero.

Condenado a quince años de prisión el expresidente de Perú Ollanta Humala por blanqueo de capitales procedente de Venezuela

La Justicia de Perú ha condenado este martes a quince años de prisión al expresidente Ollanta Humala (2011-2016) y a su mujer Nadine Heredia por blanqueo de capitales en agravio del Estado en el caso de financiación ilegal del Partido Nacionalista Peruano durante las campañas electorales de 2006 y 2011.

Así lo ha dictado la magistrada Nayko Coronado, del Tribunal Supremo, con lo que ahora está previsto que Humala sea trasladado a la cárcel de Barbadillo, ubicada en Lima, y donde cumple condena el expresidente Alejandro Toledo y el exmandatario Pedro Castillo, quien se encuentra interno de forma preventiva a la espera de juicio.

Durante la lectura de la sentencia, la jueza Coronado ha precisado que la pareja cometió delito de blanqueo de capitales agravado por el aporte irregular de fondos por parte del régimen del difunto Hugo Chávez. Por su parte, el hermano de Heredia, que se encuentra en paradero desconocido, ha sido condenado a 12 años.

A todas las condenas se les deberá restar el tiempo que los ahora declarados culpables permanecieron en prisión de forma preventiva. En el caso de Humala y Heredia este periodo fue de apenas nueve meses, por lo que deberán cumplir condena hasta finales de julio del año 2039, según recoge la emisora peruana RPP.

En la causa también han sido condenados otros cuatro implicados a los que se les han impuesto penas de entre cuatro y ocho años de prisión. Entre ellos se encuentra la madre de la ex-primera dama, Antonia Alarcón, y una amiga, quienes recibieron en sus cuentas dinero procedente de Venezuela para la campaña electoral.

Además, el tribunal ha impuesto una multa de unos 53.500 soles —más de USD$ 14300— al Partido Nacionalista Peruano por «haber sido instrumentalizado», mientras que la pareja deberá realizar un pago conjunto de reparación civil de unos diez millones de soles —más de USD$ 2,67 millones— en favor del Estado peruano.

La Fiscalía había pedido penas de 20 y más de 26 años de prisión para Humala y su esposa, respectivamente, por blanqueo de capitales y no declarar los más de USD$ 3 millones que recibió de la constructora Odebrecht para la campaña electoral de 2011 en la que se hizo con la Presidencia peruana.

Cabe recordar que el caso Odebrecht es la principal causa derivada de la mediática operación ‘Lava Jato’, que estalló en brasil y que posteriormente implicó a la constructora en una red internacional con la que había instaurado la corrupción a nivel institucional en una decena de países de la región.

Narcorégimen detuvo a alcaldesa chavista de la Guajira

Caracas. – La alcaldesa chavista del municipio La Guajira (Zulia), Indira Fernández, fue detenida este pasado miércoles por funcionarios del SEBIN, en el marco de una nueva guerra interna desatada en el narcorégimen.

Fernández fue sorprendida por los esbirros en Caracas, mientras otro grupo allanaba su vivienda en Sinamaica. Pero, también se conoció, que fueron detenidos tres directores del organismo que dirigía. Se trata del comisario general Alexander Beltrán (director municipal de la Policía Nacional Bolivariana); Alí Fernández (director general de la alcaldía) y Caterina González Mapari (directora del peaje sobre el puente del río Limón).

Fuentes del chavismo indicaron, que la burgomaestre es investigada por presuntos hechos de corrupción, relacionados con el manejo de los recursos provenientes de los peajes y otros instrumentos generadores de ingresos.

Pero también se investiga la presunta vinculación de Fernández con la red de narcoalcaldes comprometidos con el tráfico de drogas proveniente de Colombia, cargamentos que posteriormente son enviados a Estados Unidos.

Las fuentes señalaron, que el Sebin también estaría tras la pista de su esposo, Ronni Yancen, propietario de una cooperativa de transporte en la frontera colombo-venezolana.Trascendió que se han realizado varios operativos en busca de otros implicados en los hechos.

La Justicia francesa declara culpable a Marine Le Pen por malversación de fondos

Un tribunal de París ha declarado culpable a la líder de Agrupación Nacional (AN), Marine Le Pen, y a otros ocho antiguos eurodiputados de su partido, por malversación, en el caso de falsos asistentes parlamentarios a través del cual desviaron fondos de la UE por valor de más de USD$ 3.1 millones, lo que implica su inhabilitación para ostentar cargos públicos.

Le Pen ha sido condenada este lunes además a cuatro años de prisión, dos de ellos en firme y a cumplir bajo libertad vigilada, a pagar una multa de USD$ 109.000, y a cinco años de inhabilitación, penas similares a las que han recibido los otros ocho cargos electos condenados.

Una medida «necesaria», ha defendido la presidente del tribunal, Bénédicte de Perthuis, que se aplicará de manera inmediata en el caso de Le Pen, que ha dejado la sala antes de que finalizara la lectura de su sentencia.

Otro de los implicados, el alcalde de Perpiñán y vicepresidente de Agrupación Nacional, Louis Aliot, ha sido condenado a seis meses de prisión, a pagar una multa de casi USD$ 19.500 y a una inhabilitación de tres años, aunque no se aplicará de manera inmediata a fin de «preservar la libertad de los electores» que le votaron.

Asimismo, los doce asistentes juzgados han sido declarados culpables por haber recibido estos fondos a través de «contratos ficticios». De Perthuis ha detallado que dicha malversación se llevó a cabo durante «más de once años» con el fin de «reducir la carga del partido».

«Se ha comprobado que todas estas personas trabajaban en realidad para el partido» y que «los diputados no les habían encomendado ninguna tarea», ha explicado la juez, que ha descartado motivaciones políticas en la sentencia, según el periódico ‘Le Monde’.

«Nadie está siendo juzgado por involucrarse en política, esa no es la cuestión. La pregunta era si los contratos se cumplieron o no», ha señalado, dejando como probada la existencia de un «sistema» dentro del partido que Le Pen había «adoptado con autoridad y determinación» tras la muerte de su padre, Jean-Marie Le Pen.

Según la acusación, Agrupación Nacional habría creado una trama, dirigida por Le Pen, para utilizar las dietas abonadas a los eurodiputados entre 2004 y 2016 destinadas a remunerar a sus asistentes parlamentarios para el pago de los salarios de trabajadores de partido y «aliviar» así sus finanzas.

Además de las sanciones económicas impuestas a los condenados, Agrupación Nacional también ha sido castigada a pagar un millón de euros, que se suma al decomiso de otro millón de euros incautado durante la investigación.

En resumen, han sido veintitrés las personas que han sido condenadas a penas de entre seis meses y cuatro años de cárcel, como es el caso de Le Pen, que ha recibido el castigo más duro, acompañadas de multas e inhabilitación, si bien en algunos casos ha quedado en suspenso. Sólo un acusado ha sido absuelto.