El líder de Tisza y próximo primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha prometido este jueves que el Ejecutivo que lidere a partir de mayo sacará a la luz archivos de los servicios de Inteligencia de la época comunista, al tiempo que ha indicado que sus diputados no tendrán las oficinas en dependencias que usó la Policía secreta de la Hungría comunista y el gobernante Partido Obrero Socialista Húngaro.
«El próximo Gobierno de Tisza abrirá los archivos de los servicios de Inteligencia interior de la época comunista», ha indicado en un mensaje en redes sociales en el que hace un guiño a desterrar definitivamente esa etapa.
Con otro gesto en esta línea, Magyar, que se hizo con una victoria arrolladora sobre el primer ministro Viktor Orbán en los comicios del pasado 12 de abril, ha señalado que los diputados de Tisza no se trasladarán al edificio de la oficina de la Asamblea Nacional, «que anteriormente sirvió como sede de la policía secreta y del Partido Obrero Socialista Húngaro durante ese periodo».
El dirigente, que se ha propuesto abrir una nueva era y dejar atrás la etapa de Orbán, marcada por continuos choques con la Unión Europea (UE), ha vuelto a mandar un mensaje sobre sus intenciones de cortar con el Fidesz, partido hegemónico que ha liderado Hungría casi dos décadas.
«Están ansiosos por negociar y enviar mensajes, les respondo con las propias palabras de Orbán: ‘Nada será olvidado. Todo ha sido anotado. De todo se rendirán cuentas'», ha subrayado en otro apunte en sus redes sociales.
En su intento de romper con la era de Orbán, el próximo líder húngaro se ha marcado el próximo 31 de mayo como fecha máxima para que dimitan cargos públicos como el presidente húngaro, Tamás Sulyok, al que ha metido en el saco de lo que considera «títeres de Orbán».
Otros cargos en la diana son el presidente del Tribunal Constitucional y el de la Curia. En el caso del presidente, en Hungría el cargo es elegido por voto secreto de la Asamblea Nacional por lo que Magyar ha avisado que iniciará el proceso para usar su mayoría para destituirle si no cesa antes.
El presidente de EE. UU., Donald Trump, ha amenazado este miércoles con incumplir los términos del acuerdo comercial con Reino Unido y ha vuelto a quejarse de las políticas domésticas británicas y de la postura de su primer ministro, Keir Starmer, en lo referente a la ofensiva contra Irán.
«Tenemos un buen acuerdo comercial, mejor de lo esperado, pero eso siempre puede cambiar», ha afirmado Trump en una breve entrevista con la cadena de televisión británica Sky News, donde ha abordado este pacto, alcanzado en 2025 y que limita los aranceles estadounidenses al 10%.
A medida que la relación entre ambos países parece deteriorarse, Trump se burla de Starmer por querer consultar con su equipo las peticiones militares de Washington y ha acusado a Londres de negarse a explotar sus recursos petrolíferos en el mar del Norte, en medio de la crisis energética provocada por la guerra en Irán.
Por su parte, el primer ministro británico ha respondido a estas declaraciones desde su tribuna de la Cámara de los Comunes, donde ha declarado que la postura de su Gobierno sobre la guerra en Irán «ha sido clara desde el principio».
«No nos vamos a ver arrastrados a esta guerra. No es nuestra guerra. (…) No voy a cambiar de opinión. No voy a ceder», ha remarcado Starmer, quien ha añadido que ha estado recibiendo «mucha presión» para adoptar otro papel en el conflicto.
«No nos conviene, como nación, unirnos a esta guerra, y no lo haremos. Sé cuál es mi postura», ha respondido Starmer cuando la oposición le ha preguntado acerca de estas declaraciones y sobre la posibilidad de cancelar la próxima visita de Estado de los reyes de Inglaterra a EE. UU., prevista para finales de mes.
Starmer ha descartado cancelar esta visita de cuatro días de los reyes Carlos III y Camila a pesar de que las relaciones entre ambos gobiernos no pasen por su mejor momento y ha recordado que ese encuentro tiene con finalidad conmemorar el 250 aniversario de las relaciones y la independencia de EE. UU.
«La monarquía es un importante recordatorio de los lazos de larga data y la relación perdurable entre nuestros dos países, que son mucho más importantes que cualquier persona que ocupe un cargo en un momento dado», ha explicado, según recoge la prensa británica.
El año pasado, Trump y Starmer acordaron implementar un pacto comercial favorable en comparación con los acuerdos alcanzados con muchos otros aliados de EE. UU., comprometiéndose a reducir los aranceles sobre exportaciones británicas clave y aumentar las cuotas de Reino Unido sobre ciertos productos agrícolas estadounidenses.
En declaraciones al diario ‘The Guardian’, un portavoz de Downing Street ha insistido en el «acuerdo preferencial» pactado el pasado año entre las Administraciones británica y estadounidense y ha señalado que los equipos británicos «siguen colaborando con la Administración estadounidense a todos los niveles mientras desarrollan su estrategia comercial global». «Esas conversaciones siguen en curso», ha subrayado.
Cabe señalar que las declaraciones de Starmer se producen en medio de un acalorado intercambio entre los líderes de ambos países sobre la reticencia de Reino Unido a involucrarse en mayor medida en la ofensiva lanzada por EE. UU. e Israel contra Irán. Para Trump, las relaciones se atraviesan un momento que ha descrito como «triste».
Así, ha dicho sentir aprecio por Starmer, pero ha lamentado que haya cometido «errores trágicos, como limitar la perforación petrolífera en el mar del Norte». «Amo su país y me encantaría verlo prosperar, pero si tienen malas políticas de inmigración y malas políticas energéticas, tienen lo peor de ambos mundos. No pueden tener éxito, es imposible», ha zanjado Trump.
La candidata de Fuerza Popular (FP), Keiko Fujimori, se consolida como vencedora de las primera vuelta de las elecciones generales de Perú rozando el 17% del voto y con más del 73% del escrutinio completado, mientras Rafael López Aliaga y Jorge Nieto se disputan una segunda plaza aún muy abierta que les dará un hueco en la ronda final en junio.
Con estos resultados, Fujimori conseguirá por tercera ocasión llegar a la segunda vuelta de las elecciones, de las cuatro veces que lo ha intentado. En las citas de 2016 y 2021 apenas un exiguo margen impidió que la hija del expresidente Alberto Fujimori siguiera sus pasos tras lo que denunció ser víctima de fraude.
Por el momento, cuenta con el 16,9% de los votos, lo que significa 2,1 millones de todas las papeletas que se depositaron este domingo y de manera excepcional el lunes, después de que más de 63.000 electores no pudieran hacerlo la jornada prevista por falta de material electoral en sus colegios.
Unas irregularidades que, no solo han levantado las primeras sospechas de posible fraude electoral, sino que además han motivado la denuncia del Jurado Nacional de Elecciones al jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Piero Corvetto, y a otros tres funcionarios del organismo.
Si la presencia de Fujimori en la segunda vuelta prevista para el 7 de junio parece ya confirmada, no así la de quien será su contrincante. La segunda plaza sigue muy abierta. Apenas poco más de 120.000 votos separan a López Aliaga y Nieto. Una disputa que dirime en medio una abstención del 45%.
López Aliaga, del partido conservador Renovación Popular, cuenta por el momento con el 12,9% de los votos, mientras que Nieto, del centrista Partido del Buen Gobierno, alcanza el 11,9% de los apoyos, según cifras del ONPE.
Además de la Presidencia, más de 27 millones de peruanos han tenido este domingo la misión también de renovar a sus representantes al Congreso, que vuelve a ser bicameral, entre una ristra de más de 10.000 aspirantes. A los 130 de la Cámara de Diputados y los 60 del Senado, se les suma otros cinco para el Parlamento Andino.
En cuanto a la Cámara de Diputados, solo seis partidos han logrado superar el umbral del 5%, entre ellos Renovación Popular, de López Aliaga, que se erige como principal fuerza, seguida del Partido del Buen Gobierno, de Nieto, y Fuerza Popular, que lidera Fujimori. La formación de centroizquierda Ahora Nación, así como el conservador antifujimorista Partido Cívico Obras y al conservador País para Todos, que tendrían representación en el arco parlamentario.
En el Senado, se repiten los mismos partidos, con Renovación Popular a la cabeza, más Juntos por el Perú.
En los últimos años, el Congreso ha proclamado y hecho caer a tantos presidentes como ha querido, provocando una importante inestabilidad que ha impedido, entre otras cosas, hacer frente a una de sus mayores crisis de seguridad de los últimos años, mientras crece el rechazo de la ciudadanía a las instituciones.
La Fiscalía de Perú ha puesto en marcha este viernes una macroperación que se ha saldado con el registro de hasta 27 inmuebles e incautación de bienes en relación a una trama de irregularidades en la concesión de contratos públicos durante el corto mandato del expresidente José Jerí.
El operativo se ha desarrollado en Lima, Callao y Huánuco y está relacionado con los contratos con distintas entidades públicas que un grupo de mujeres obtuvo después de visitar a Jerí en Palacio de Gobierno, según informa la prensa peruana.
Las mujeres implicadas en esta supuesta trama se habrían beneficiado con contratos que en algunos casos podían alcanzar los USD$ 3000 en instituciones como en los ministerios de Educación, de Ambiente, en el instituto de seguridad social EsSalud y en el propio Despacho Presidencial.
En total, son 22 las personas que están siendo investigadas, entre ellas las cuatro mujeres que se habrían beneficiado de este supuesto trato de favor, cuyos domicilios han sido parte de los registros que se han producido desde bien entrada la madrugada de este viernes y antiguos funcionarios.
Cabe señalar que Jerí fue destituido apenas cuatro meses tras asumir el cargo después de que el Congreso cesara a la muy denostada Dina Boluarte, convirtiéndose así en el séptimo presidente de Perú en apenas diez años. Desde el principio fue cuestionado y pronto salieron a relucir episodios machistas.
En esos cuatro meses le dio tiempo a verse involucrado en una serie de reuniones secretas con empresarios chinos con asuntos pendientes en la Justicia peruana, así como este nuevo escándalo relacionado con un supuesto trato de favor a mujeres que visitaron Palacio de Gobierno a altas horas de la noche.
Caracas. – Fuerzas represivas del narcorégimen chavista atacaron este jueves, a la marcha de trabajadores, jubilados y gremios en Caracas, cuando la movilización intentaba llegar al Palacio de Miraflores, para salarios dignos y pensiones justas ante la crisis económica.
La manifestación fue disuelta con gas pimienta, empujones y golpes por parte de funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB), a aproximadamente un kilómetro de la sede del poder Ejecutivo.
Al menos tres piquetes que impedían el paso de los manifestantes fue burlado por los ciudadanos, quienes buscando vías alternas lograron avanzar más de lo que se les había autorizado.
Desde temprano, gremios, trabajadores y ciudadanía en general se concentraron en Plaza Venezuela para exigir a Delcy Rodríguez un ajuste del salario mínimo conforme a lo establecido en las leyes del país. Con consignas como «salario digno», la movilización intentó avanzar pese a los obstáculos.
Durante los intentos de avance, funcionarios comenzaron a lanzar potes de agua, rociar gas pimienta directamente en el rostro de las personas e incluso se observaron potes de basura volando por los aires.
Finalmente, quienes exigían el merecido ajuste salarial fueron replegados y perseguidos.Igualmente, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció una serie de agresiones contra periodistas durante la cobertura de la marcha. La organización señaló que la violencia contra la prensa ocurrió cuando funcionarios de la PNB impedían el avance de la manifestación.
“Hasta ahora, el #SNTP ha documentado los casos de 10 colegas (sabemos que no son los únicos) que fueron afectados de distintas maneras: golpeados con los escudos antimotín, les destruyeron sus equipos para la cobertura –como teléfonos y micrófonos –, les partieron lentes de visión y les robaron algunas de sus pertenencias”, señaló el gremio en una publicación en sus redes sociales.
Las escenas de agresión por parte de funcionarios policiales estuvieron presentes durante toda la jornada, pese a que, tras la captura de Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores, manifestaciones previas —incluida la que llegó a la Asamblea Nacional— habían transcurrido sin inconvenientes.
Caracas. – El ilegítimo parlamento chavista designó este jueves, a Larry Devoe como fiscal general y a Eglée González Lobato como defensora del pueblo, ambos cargos vinculados a la gestión interina, que por ahora, controla Delcy Rodríguez.
Devoe, quien venía desempeñándose como fiscal general encargado, fue ratificado oficialmente en el cargo, consolidando así su continuidad al frente del Ministerio Público. Mientras, González Lobato, fue nombrada en el cargo tras una decisión adoptada durante sesión ordinaria la ilegal AN del narcorégimen.
Ambos abogados asumen sus cargos en sustitución de Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, respectivamente, quienes renunciaron a sus funciones el pasado febrero en el marco de la implementación de la ley de amnistía.
En 2019 el gobierno canadiense sancionó a Devoe y otros 42 personas consideradas «miembros del régimen de Maduro».Devoe estuvo al frente del estatal Consejo Nacional de Derechos Humanos, instancia que se encarga de coordinar y apoyar las políticas públicas en la materia.
Por su parte, González Lobato es doctora en Ciencias, especialista en Derecho Administrativo y profesora universitaria. Cuenta con más de 25 años de trayectoria en áreas como el derecho público, la gobernanza democrática, los procesos electorales y el fortalecimiento institucional, perfil que ya la había posicionado entre los aspirantes al cargo en semanas recientes.
El narcorégimen pretende dar por finalizado el proceso para cubrir ambas vacantes, tras la fuerte pugna dentro de las filas de la narcorevolución que se dio, luego que Estados Unidos exigiera nombras nuevos representantes en los distintos organismos del sistema criminal chavista.
Caracas. – Las falles eléctricas que constantemente se producen en el estado Lara, se han tornado insoportables para la población, llegando a afectar en estos momentos a 26 sectores en cuatro municipios, así como a causar pérdidas a más de 100 comerciantes en esa entidad.
Los municipios Iribarren, Palavecino, Jiménez y Torres son los más afectados, con interrupciones que superan las seis horas en varias zonas, con cortes diarios y fluctuaciones constantes, además de fallas en transformadores.
El más reciente balance del observatorio ciudadano «Activos por la Luz» correspondiente al pasado 6 de abril, se registraron un total de 24 cortes de energía que afectaron a 23 sectores de la entidad. Esta cifra refleja la magnitud de una crisis que mantiene en vilo a las comunidades larenses, donde las interrupciones se han vuelto una constante diaria.
El municipio Iribarren concentró la mayor presión con 16 de estos cortes, mientras que en Palavecino se reportaron otros 7 y uno adicional en Andrés Eloy Blanco.
El impacto acumulado de estas 24 interrupciones sumó un total de 85 horas con 13 minutos de oscuridad para los habitantes de los sectores afectados. Con una duración promedio de tres horas y 42 minutos por cada bajón, la jornada resultó extenuante para el comercio y las labores del hogar.
De hecho, más de 100 comerciantes de la carrera 28, en el centro de Barquisimeto, denunciaron pérdidas por las graves fallas en el suministro eléctrico tras la avería de los transformadores que surten a la zona, exigiendo a Corpoelec una solución al problema que se ha extendido durante un mes.
La interrupción del servicio afecta la actividad y genera pérdidas económicas de varios centros comerciales y locales independientes, indicaron los vendedores de la zona.
Los comerciantes aseguraron que la situación le ha generado gastos extras porque los que cuentan con plantas eléctricas deben destinar cerca de 10 dólares diarios para comprar el combustible que requiere para su funcionamiento.
Caracas. – El Consejo Nacional Electoral (CNE) del narcorégimen, se negó este pasado miércoles, a recibir una misiva en la cual se solicita la renuncia de la directiva de ese ente, a fin de facilitar un proceso que lleve a unos nuevos comicios generales.
La carta fue enviada por el Movimiento Democracia e Inclusión (MDI), cuyo vocero principal, el exchavista Nicmer Evans, explicó que intentaron entregar la carta al CNE con esta y otras peticiones, pero se negaron a recibirla.
“El cronograma que estamos proponiendo incluye el hecho de la fase inicial, de la necesidad de la sustitución de los miembros del Consejo Nacional Electoral, a partir de un proceso transparente”, dijo Evans.
Otro de los puntos, prosiguió, es una propuesta de un cronograma electoral que puede desarrollarse “en no menos de 10 meses”.
También, Saverio Vivas, portavoz del grupo, relató que la experiencia estuvo marcada por la incertidumbre y la falta de respuestas claras. Según explicó, lo habitual en cualquier organismo público es recibir comunicaciones oficiales, independientemente de su contenido, para luego evaluarlas internamente. En este caso, la negativa fue directa.
«Me parece totalmente irracional; si cualquiera de nosotros dirige una correspondencia a una institución, lo lógico es recibirla y sellarla, pero pretendieron lavarse las manos», criticó.
La iniciativa busca facilitar un proceso que genere confianza y contribuya a una transición política. El documento incluía un informe técnico con recomendaciones para organizar los comicios en condiciones adecuadas.
Por su parte, Evans indicó que, aunque los ciudadanos desean elecciones inmediatas, las condiciones actuales no permiten un proceso a corto plazo. A su juicio, un evento con garantías podría desarrollarse hacia finales de 2026 o el primer trimestre de 2027.
Caracas. – Delcy Rodríguez, encargada del narcorégimen chavista, anunció este pasado miércoles un «aumento responsable» de los salarios de los trabajadores a partir del próximo 1 de mayo, alocución en la que también admitió los «errores» y «engaños» de los ilegítimos gobiernos chavistas que la preceden.
Destacó que sería el primer paso de un camino de recuperación que definió como «sostenido, prudente y responsable». No obstante, Rodríguez no precisó las cifras ni las modalidades bajo las cuales se ejecutará el aumento.
«Los avances que tenemos que dar para proteger a los más vulnerables, los avances que tenemos para acompañar a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras debe ser responsable y sostenible», comentó.
«Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento. Y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable…en el futuro próximo, conforme tengamos y Venezuela goce de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino», agregó.
El salario mínimo base en Venezuela se sitúa en 130 bolívares mensuales desde marzo de 2022, lo que equivale a apenas unos centavos de dólar, aunque muchos empleados públicos ganan más a través de bonificaciones y otros pagos que pueden elevar sus ingresos mensuales hasta unos 120 dólares.
Igualmente, en su mensaje pidió que se corrijan los errores del pasado. «Los reconocemos, los corregimos y pido no repetir. Y por eso yo primero que nada quiero dirigir este mensaje hacia el futuro. Hacia una Venezuela que debe estar definitivamente libre de bloqueos, libre de sanciones», aseveró.
También, reiteró su llamado a levantar las sanciones estadounidenses contra Venezuela, cuyas relaciones con Washington se han estrechado desde el operativo que depuso a Maduro. Desde entonces, Rodríguez ha colaborado con Washington y ha buscado expandir la presencia privada en los sectores petrolero y minero de Venezuela.
En este sentido, aseguró que la recuperación de los activos y recursos bloqueados en el extranjero «que son del pueblo de Venezuela se destinarán inmediatamente a impulso productivo de la industria de los hidrocarburos y la minería que permita y garantice dar incremento de salario a nuestros trabajadores y a nuestras trabajadoras».
Andrea Peña, politóloga egresada de la Universidad de Carabobo (UC) con un diplomado en Gobernabilidad e Innovación Pública de la UCAB. Además, posee conocimiento de primera instancia con proyectos sociales en comunidades vulnerables.
“Con el pasar de los años, Venezuela ha transitado de una confrontación ideológica a una geopolítica de necesidad.”
Andrea Peña
Con el pasar de los años, Venezuela ha transitado de una confrontación ideológica a una geopolítica de necesidad, operando hoy bajo un esquema donde su motor económico —petróleo— está anclado a la seguridad energética de Occidente, mientras su brújula política intenta mantener el rumbo hacia los BRICS+.
Por esta razón, la política exterior de Venezuela ha entrado en una fase que desafía las etiquetas tradicionales del siglo XX. Ya no estamos ante el choque de bloques ideológicos, sino ante lo que el boletín especializado «Warrior Diplomacy» describió el pasado 22 de marzo como «el fin de la inocencia multilateral». En este nuevo orden fracturado, Venezuela ha dejado de buscar la «independencia» retórica para abrazar una soberanía híbrida, negociada barril a barril entre Washington y las aspiraciones del Sur Global.
El andamiaje legal de una nueva era
La columna vertebral de este cambio no es un discurso, sino un documento técnico: la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.978, publicada el 29 de enero de 2026. Al reformar la Ley Orgánica de Hidrocarburos, el Estado venezolano ejecutó una maniobra de realismo puro. Al permitir que empresas privadas asuman el control operativo total (Art. 1) y comercialicen directamente el crudo (Art. 40), Venezuela no solo busca capital; está cediendo parcelas de gestión a cambio de estabilidad.
La base de esta transformación es la Gaceta Oficial Extraordinaria Nº 6.978, publicada el 29 de enero de 2026. Esta reforma a la Ley Orgánica de Hidrocarburos desmonta el modelo de control estatal vigente desde 2001. Los puntos clave de la nueva ley permiten:
Gestión Privada: Las transnacionales ahora pueden ejercer el control técnico y operativo total de los campos petroleros (Artículo 1).
Comercialización Directa: Los socios privados tienen derecho a vender su producción directamente en el mercado internacional (Artículo 40).
Seguridad Jurídica: Se autoriza el uso de tribunales y arbitrajes extranjeros para dirimir conflictos, una concesión histórica a los mercados de capitales occidentales.
Esta «soberanía bajo administración» se complementa con la aceptación de arbitrajes internacionales, una concesión que el modelo de 2001 habría considerado una contradicción, el fin del monopolio estatal, pero que en 2026 es el único lenguaje que entienden los mercados de capitales.
La paradoja del flujo: Entre el Golfo de México y los BRICS
Los datos de JP Morgan de enero de 2026 son contundentes y exponen la «paradoja de alineación múltiple» que define al país. Mientras la narrativa oficial apunta hacia los BRICS+, la logística petrolera ha girado 180 grados de regreso a Occidente.
Con 286.000 barriles por día (bpd) enviados a EE. UU. En enero, frente a una caída de las exportaciones a China a solo 156.000 bpd, Venezuela se ha convertido en el «estabilizador necesario» de un mercado occidental sacudido por la crisis en el Estrecho de Ormuz. Sin embargo, este retorno al mercado estadounidense viene con un «cordón sanitario» legal: la Licencia General 52 (GL52) emitida por la OFAC el 18 de marzo. Este documento es el ejemplo perfecto del pragmatismo actual: permite la entrada de dólares y tecnología estadounidense, pero veta explícitamente cualquier cooperación con socios de los BRICS (China, Rusia o Irán) dentro de esos proyectos. Venezuela opera, literalmente, en un sector energético segregado por licencias extranjeras.
¿No alineación o necesidad extrema?
¿Es esto una claudicación o una estrategia maestra? El CEBRI Journal, en su análisis sobre la «No Alineación Activa» (ANA), ofrece una interpretación más matizada. Venezuela parece estar utilizando su renovada relevancia energética para Occidente como un escudo que le permita, simultáneamente, negociar su entrada a los BRICS+.
La apuesta es clara: usar el petróleo para pacificar la relación con Washington mientras se busca en los BRICS un contrapeso en inversión de infraestructura y tecnología que no esté sujeta a los dictámenes del Tesoro de EE. UU. Es un juego de equilibrio sobre una cuerda floja financiera.
Venezuela en 2026 no es un puente por elección, sino por necesidad. La soberanía ya no se mide en términos de control absoluto, sino en la capacidad de gestionar dependencias mutuas. El país ha entendido que, en un mundo en guerra por los recursos, ser un «proveedor confiable» para Occidente es la única vía pertenecer al nuevo orden del Sur Global.
Referencias Bibliográficas:
Gaceta Oficial 6.978 (Reforma de Hidrocarburos, 29/01/2026).
JP Morgan Oil Report (Flujos de exportación, 01/2026).
OFAC License GL52 (Departamento del Tesoro EE. UU., 18/03/2026).
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