Por Leroy Garrett (@lerogarrett).
La historia política de Venezuela no ha sido un relato de evolución hacia el equilibrio institucional ni hacia la alternancia real en la detentación del poder, ha sido, más bien, una cadena de hegemonías sucesivas del control absoluto del Estado —y de sus instituciones—. Esa es la constante. Y donde las constituciones han operado, no como expresión orgánica de las aspiraciones sociales, sino como instrumentos de mera formalidad al servicio de quienes detentan el mando en cada etapa. Cada régimen ha reescrito las reglas para perpetuarse o para facilitar su relevo controlado, mientras la oposición externa, fragmentada y carente de recursos reales de poder, ha terminado condenada a la denuncia desde el exilio o a la irrelevancia.
Tras la independencia y las guerras civiles del siglo XIX, se consolidó la oligarquía conservadora encarnada en José Antonio Páez, Carlos Soublette y la dinastía de los Monagas. Este orden, sustentado en el caudillismo personalista y en alianzas con sectores terratenientes y comerciales, cerró espacios a las aspiraciones liberales. La Guerra Federal (1859-1863) estalló precisamente como explosión de esa frustración liberal ante la imposibilidad de acceder al poder central, agravada por la estrangulación económica de campesinos y pequeños dueños de fundos bajo el peso de la Ley de Espera y Quita. Esa legislación, presentada como mecanismo de alivio para deudores, en la práctica favoreció la usura, protegió a los grandes acreedores y profundizó la ruina de los sectores populares del campo, la semilla fermentada hacia la guerra total.
La consigna final ante las mayores bajas por hambruna y paludismo fue ¡Muera el ganado!
Superada esa contienda, el guzmancismo de Antonio Guzmán Blanco —el “Ilustre Americano”— logró lo que los conservadores no pudieron: acabar con los caudillos regionales de viejo cuño. Pero lo hizo creando nuevos centros de poder personalista y consolidando el liberalismo amarillo como una hegemonía centralizada, modernizadora en apariencia (ferrocarriles, inmigración, obras públicas), pero profundamente autoritaria en su ejercicio. El poder siguió siendo botín de facciones que se renovaban por la fuerza o por o por el pacto, nunca por mecanismos institucionales estables de alternancia.
A comienzos del siglo XX, la invasión andina de Cipriano Castro y Juan Vicente Gómez —el Señor de la Mulera— reprodujo el mismo patrón con mayor crudeza. Castro fue eventualmente expulsado por indeseable, pero Gómez erigió sobre el incipiente boom petrolero el primer petroestado venezolano: un aparato de represión moderna, espionaje y lealtades compradas con el nuevo oro negro. Sus opositores históricos —Arévalo Cedeño con sus rebeliones armadas, Román Delgado Chalbaud con la expedición del Falke en 1929, Rufino Blanco Fombona desde el exilio europeo denunciando la tiranía, y tantos otros militares, intelectuales y civiles— fracasaron una y otra vez. Ninguno logró desplazar al régimen desde fuera. Cuando Gómez murió en 1935, la transición no vino de la oposición externa, sino desde dentro del gomecismo: Eleazar López Contreras, su ministro de Guerra y Marina, asumió el poder y gestionó una apertura gradual que evitó el colapso pero preservó la lógica hegemónica.
La alternancia democrática que nace en 1958 con el derrocamiento de Marcos Pérez Jiménez fue posible gracias al Pacto de Punto Fijo, un acuerdo – siempre un acuerdo- entre las principales facciones políticas (Acción Democrática, COPEI y URD) que se prometieron mutua convivencia y, sobre todo, la exclusión de otras fuerzas. Lejos de surgir de un reconocimiento consciente y amplio de la población, la Constitución de 1961 se convirtió en factor perturbador de las potencialidades nacionales al suspender garantías económicas durante su vigencia. Su viabilidad práctica descansó en un esquema de populismo petrolero basado en subsidios masivos y reparto clientelar. Cuando Carlos Andrés Pérez, en su segundo mandato, y sus “científicos” intentaron cambiar las reglas del juego económico —liberalizando precios, desregulando y abriendo espacios al mercado, sin
Liberar las garantías económicas como factor de inclusión pro libre empresa—, hirieron de muerte aquel arreglo puntofijista. Rompieron la hegemonía bipartidista que había durado cerca de cuatro décadas y abrieron las compuertas a nuevas fuerzas antisistémicas.
De ese quiebre surgió la hegemonía chavista, cuyo partero político fue Rafael Caldera al conceder el indulto a Hugo Chávez tras el intento de golpe de 1992. Este nuevo dominio ha llevado ya medio cupón de poder y más de un cuarto de los cuarenta años promedio disfrutados por las otras permanencias políticas del pasado. En proporción y en duración efectiva, ha igualado o superado al ciclo gomecista y se acerca peligrosamente al del pacto de Punto Fijo, demostrando una capacidad de adaptación y resiliencia que pocos anticiparon.
Hoy, la oposición venezolana —salvo contadas excepciones como algunos guerrilleros de los años sesenta rehabilitados luego por Caldera y por el propio chavismo— parece condenada a repetir el rol de aquellos opositores gomecistas: hacer tarimas por todo el orbe, ahora etiquetadas despectivamente como “a la venezolana”. Mientras tanto, otros han regresado a hacer lo más condenable: servir de sustento de legalidad y legitimidad a un chavismo que posee la versatilidad camaleónica de mudar súbitamente del disfraz de zorra al de ovejita. Esa cualidad de sobrevivir, de adaptarse, de cambiar de piel según las circunstancias internacionales o internas, es la que hoy preocupa —y debe preocupar— profundamente a todos los venezolanos.
La lección que se repite es incómoda, pero clara: mientras la oposición no logre construir una alternativa real de poder —institucional, económica y social— más allá de la denuncia y de los pactos tácticos que terminan reforzando el ciclo, la historia seguirá escribiéndose con los mismos trazos. Las constituciones seguirán siendo instrumentos de los mandamases de turno, y la alternancia seguirá siendo una promesa incumplida. El verdadero quiebre no vendrá de una nueva tarima ni de un nuevo pacto, sino de la capacidad de romper, de una vez por todas, la lógica hegemónica que tan perniciosamente ha definido nuestra trayectoria republicana desde el siglo XIX hasta nuestros días.
