Las autoridades iraníes han ejecutado más de 350 sentencias de muerte en los seis primeros meses del año, en su mayoría por cargos relacionados con las drogas, según la ONG Iran Human Rights, con sede en Noruega.
El grupo ha resaltado en un informe que «al menos 354 personas, incluidas seis mujeres, han sido ejecutadas en los seis primeros meses de 2023», subrayando que 206 de estas ejecuciones tienen que ver con delitos de drogas —representando un incremento del 126% con respecto al mismo periodo del año pasado—.
Sim embargo, la ONG denuncia que las autoridades solo han informado de 43 ejecuciones del total, y que hasta 71 personas de las ejecutadas pertenecían a la minoría baluche, una etnia mayoritariamente suní que reside principalmente en la provincia de Baluchistán, cerca de la frontera con Pakistán.
Cabe destacar que esta provincia fue objeto de intensas operaciones de la Guardia Revolucionaria durante la dura represión de las protestas de septiembre del año pasado, donde murierom cientos de baluches.
Además, tambien resalta el hechi de que el año pasado fueron ejecutadas al menos 576 personas, muy por encima de los 314 ejecutados en 2021. Mientras que para este año Amnistía Internacional ya ha contabilizado 282 ejecuciones, según su propio recuento.
«La pena de muerte se utiliza para generar miedo social y evitar más protestas», se ha lamentado el director de Iran Human Rights, Mahmud Amiri-Moghaddem.
«La mayoría de los muertos son víctimas low-cost para la máquina de matar: acusados por drogas de las comunidades más marginadas», ha añadido. Amnistía calificó abiertamente estas ejecuciones de «guerra a los pobres».
