El Fondo de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) ha alertado este jueves del aumento de las tasas de reclutamiento en Colombia y en Haití, con unos datos que se han triplicado durante los últimos cinco y el último año, respectivamente, en el marco de la inseguridad en ambos países, unos datos publicados coincidiendo con el Día Internacional contra el uso de Niñas y Niños Soldado.
El organismo ha destacado que, según los datos verificados por la ONU, el número de niños y niñas reclutados y utilizados por grupos armados en Colombia se ha disparado en un 300% a lo largo de los últimos cinco años, en medio del peligro para la infancia a causa de la expansión de la violencia. Así, según datos de 2024, una media de un niño o niña es reclutado y utilizado cada 20 horas por grupos armados en el país sudamericano.
«Los niños y niñas de Colombia no solo quedan atrapados en el fuego cruzado, sino que llevan años siendo reclutados o utilizados por grupos armados. Las consecuencias que esto tiene para ellos y sus familias son devastadoras», ha afirmado la representante de UNICEF en Colombia, Tanya Chapuisat.
«Es urgente tomar medidas para proteger a la infancia frente al reclutamiento y el uso por parte de grupos armados, así como de la violencia sexual y otras violaciones graves. Los efectos de estas traumáticas experiencias pueden perseguirles toda la vida, y es nuestro deber evitar que se produzcan», ha manifestado.
UNICEF ha recordado además que el reclutamiento de niños supone una grave violación de sus derechos y es un acto prohibido por el Derecho Internacional, antes de subrayar que el aumento de estas prácticas en Colombia es resultado de factores como «el aumento de la violencia, la pobreza generalizada, la falta de educación y la disponibilidad limitada de servicios sociales e infraestructuras críticas en algunas regiones, especialmente en las zonas rurales».
Así, ha destacado que los niños se ven «a menudo» obligados a alistarse para «ayudar a sus familias» o para «escapar de la violencia en su hogar», mientras que otros lo hacen «tras recibir amenazas contra su seguridad». Además, apunta a que muchos «son reclutados y utilizados por estos grupos tras haber sido separados de sus cuidadores, desprovistos de protección y sin más alternativas de supervivencia».
«Los grupos armados recurren cada vez con más frecuencia a las redes sociales para reclutar y utilizar niños y niñas, en muchos casos mediante la falsa promesa de un empleo y una vida mejor. Una vez dentro de los grupos, no se les permite abandonar», ha puntualizado UNICEF, que ha esgrimido que trabaja para evitar estas acciones a través de un enfoque que prioriza el acceso a los servicios esenciales en sus familias y comunidades.
Joanna Guerra, abogada por la Universidad del Valle de México y filosofa por la Universidad Nacioanal Autónoma de México, con maestrías en Educación y en Arte por la Universidad Privad de Irapuato y por la Royal London University, doctora en Educación por el IEXPRO, con estudios en Cienias de la Complejidad en el Centro de Ciencias de la Complejidad de la UNAM y otros complementarios en la Universidad de Harvard y el Dartmouth College en EE. UU.
“(…) Cuando un país no crece, quien paga el costo no son los polìticos, sino las personas que no encuentran empleos bien remunerados, que migran por falta de oportunidades y los inversionistas o emprendedores que prefieren llevar su capital a otros mercados.”
Joanna Guerra
La madre de todos los acuerdos es un tratado de libre comercio entre la India y la Unión Europea, que desde ya exalta el poder transformador del libre comercio. Mientras tanto, de este lado del mundo, México decrece de manera constante y, peor aún, la incertidumbre en torno a la revisión del T-MEC incrementa la volatilidad y aprieta el cinturón de una economía atrapada en el modelo estatista de la Cuarta Transformación.
¿Qué es la Madre de Todos los Acuerdos? Es un tratado que, despuès de dos décadas de negociación, logró que la India y la Unión Europea acordaran reducir aranceles en más del 96 % del comercio bilateral. El sector automovilístico es uno de los más relevantes: los aranceles se reducirán del 110 % al 10 % y, en cinco años, desaparecerán los gravámenes sobre componentes, beneficiando tanto a productores como a consumidores en ambos paìses.
En alimentos, vinos, aceite de oliva y productos procesados se contemplan reducciones drásticas, mientras que algunos sectores sensibles —como la carne y el azúcar— permanecen protegidos. Por su parte, la India obtiene la eliminación inmediata de aranceles en el 70 % de las líneas que representan el 90.7 % de sus exportaciones, especialmente textiles, calzado, joyería y juguetes.
Los acuerdos comerciales, ya sea entre personas o entre naciones, se basan en la confianza, la buena fe y el Estado de derecho. En términos simples: reglas claras, árbitros confiables y certidumbre para todos los jugadores. La Madre de Todos los Acuerdos beneficiará a más de dos mil millones de personas porque existe la voluntad de generar prosperidad, mejorar su calidad de vida, crear empleos y fortalecer la competitividad.
Justo al otro lado del mundo, México no comparte ni el dinamismo ni la certeza jurídica que hoy exhiben la India y la Unión Europea. El crecimiento anual del país fue de apenas 0.7 %, el peor resultado desde la pandemia. El Banco de México y diversos analistas proyectan que la economía solo crecerá entre 0.3 % y 1.3 % en 2026, muy por debajo del promedio histórico cercano al 2 % previo a 2019. La pregunta es inevitable: ¿por qué otros países sí logran crecer con reglas claras y nosotros no?
Desde 2018, el gobierno de la 4T adoptó un modelo que privilegia la centralización del poder y la intervención estatal. Se cancelaron proyectos particualres relacionados con energías limpias, se reforzaron las empresas estatales y monopolicas de Pemex y la CFE, se recortó el presupuesto de reguladores autónomos… y todas estas acciones envian señales de incertidumbre para la inversión privada. Todo ello mientras se construyeron obras faraónicas de dudosa calidad: un aeropuerto internacional con nula conectividad; trenes sobre suelo blando que se descarrilan y enfrentan fallas operativas y refinerías que no alcanzan los mìnimos prometidos.
A esto se suman reformas judiciales y electorales que permiten favoritismos y sentencias tendenciosas. El mensaje està claro y es alarmante: en México las reglas pueden cambiar según la voluntad política del momento. Lo cual crea un entorno que frena la innovación, anula la competencia y reduce la productividad.
El problema no es solo económico, es humano. Cuando un país no crece, quien paga el costo no son los polìticos, sino las personas que no encuentran empleos bien remunerados, que migran por falta de oportunidades y los inversionistas o emprendedores que prefieren llevar su capital a otros mercados. Entonces, el estancamiento no es una abstracción, es una condena silenciosa a la mediocridad.
Mientras México se repliega en un supeestado, la India diversifica socios y entiende que el comercio no es una amenaza, sino una herramienta de desarrollo. El acuerdo con la Unión Europea no solo amplía mercados, más bien envía una señal contundente de estabilidad, previsibilidad y apertura al mundo.
México, por el contrario, parece conformarse con su dependencia casi absoluta del mercado estadounidense, justo cuando ese vínculo enfrenta tensiones, revisiones y riesgos políticos. Apostar todo a un solo socio comercial, mientras se deteriora el Estado de derecho interno, es una estrategia frágil y peligrosa. El crecimiento sostenido requiere instituciones fuertes, reglas estables, competencia abierta y respeto a la propiedad privada. El desarrollo no se decreta desde Palacio Nacional ni se construye a base de compadrazgos.
Fortalecer el Estado de derecho, abrir el sector energético a la inversión privada, reducir la carga regulatoria, respetar los contratos y comprometerse con acuerdos comerciales ambiciosos no es “entregar la soberanía”, es ejercerla de manera inteligente. La verdadera soberanía no consiste en mencionarla, sino en ofrecer prosperidad a los ciudadanos.
La política no debería ser un obstáculo para el desarrollo y debemos recordar que los países que abrazan el comercio, respetan a sus ciudadanos, polìticos e inversionistas son los que prosperan Mientras las dos mayores democracias del mundo —India y la Unión Europea— apuestan por el comercio y la apertura, México corre el riesgo de quedarse atrapado en una narrativa ideológica que no genera crecimiento ni bienestar.
Caracas. – Al menos seis aerolíneas internacionales reanudarán sus vuelos a Venezuela entre este mes de febrero y marzo, según informó este pasado viernes la presidente de la Asociación Venezolana de Agencias de Viajes y Turismo (Avavit), Vicky Herrera.
TAP, Turkish Airlines, LATAM, Avianca, GOL y Plus Ultra, son las líneas aéreas que ya confirmaron la reanudación de sus operaciones desde y hacia el país, cuya conectividad se vio afectada desde noviembre, cuando EE. UU. pidió extremar precauciones al sobrevolar Venezuela ante lo que consideró como «una situación potencialmente peligrosa», en medio de su despliegue militar en el mar Caribe.
Además, Laser Airlines, de Venezuela, anunció que reactivará sus vuelos directos a Madrid el 18 de febrero en alianza con su socia Hifly, mientras que la aerolínea colombiana Wingo, que reanudó vuelos desde Bogotá a Caracas el 16 de enero, también retomará rutas desde Medellín a partir del 1 de marzo con tres frecuencias semanales.
La reapertura gradual de estas rutas representa un paso importante tras las numerosas suspensiones que afectaron a las conexiones internacionales con Venezuela en los últimos meses, muchas de ellas relacionadas con advertencias de seguridad aérea emitidas por autoridades internacionales y la consecuente reducción de vuelos en la región.
Herrera calificó estas reanudaciones como una “noticia sumamente positiva” para el sector turístico y para el país, destacando que una mayor conectividad no solo facilita el flujo de pasajeros, sino que también impacta positivamente en áreas como la salud, el comercio, los negocios y los reencuentros familiares.
El Gobierno de Colombia ha anunciado este martes un nuevo arancel del 30% a productos ecuatorianos que no estaban incluidos en los más de 50 gravados con la equivalente tarifa anunciada la pasada semana, en medio de la guerra arancelaria librada entre Bogotá y Quito desde que el Ejecutivo de Daniel Noboa diera el primer golpe aludiendo a una supuesta «falta de reciprocidad y acciones firmes» de Colombia ante el narcotráfico.
«Hoy estamos contemplando otro decreto que va a contemplar otro tipo de productos provenientes del Ecuador, también la imposición del 30% de aranceles, de tal manera que busquemos ese equilibrio comercial», ha manifestado en rueda de prensa la ministra de Comercio colombiana, Diana Morales, según ha recogido Caracol Radio.
Morales ha defendido así la imposición de un segundo arancel, alegando que Colombia se ha visto obligada «como Estado» a «generar condiciones de equilibrio en la relación comercial con Ecuador».
Cabe señalar que la medida llega después de que Quito, que también anunció a su vez otro gravamen del 30%, haya decidido incrementar en más de un 900% la tarifa de transporte de petróleo colombiano a través del Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), al pasar de un coste de USD$ 2,5 por barril a más de 30 dólares por barril para usuarios extranjeros, una medida rechazada por Bogotá, que la ha tachado de «desproporcionada».
La Fiscalía de Ecuador ha informado este miércoles de un operativo contra el lavado de dinero que ha incluido el allanamiento de varios domicilios, entre ellos el de la excandidata de Revolución Ciudadana (RC) Luisa González, de quien se sospecha habría recibido dinero de Venezuela para financiar su campaña de 2023.
La operación por el conocido como caso ‘Caja Chica’ también se ha desarrollado con el allanamiento en los domicilios del diputado de RC Patricio Chávez y de Andrés Aráuz, compañero de fórmula de González para las elecciones de 2023 y antiguo jefe del partido además candidato presidencial en las de 2021.
En total son ocho personas las investigadas por esta —aparente— financiación irregular de la campaña para las elecciones de 2023, en las que González perdió en segunda vuelta con el ahora presidente, Daniel Noboa, entre ellas el expresidente Rafael Correa, que ha publicado en sus redes la nota de la Fiscalía.
En caso de ser declarada culpable como autora del delito de delincuencia organizada para blanquear dinero, se verá ante la posibildiad de pagar con hasta 30 años de cárcel.
Cabe señalar que este se trata del segundo caso que se le abre a la campaña de González, quien dejó de ser secretaria general del partido el 18 de enero. Ese mismo día, recibió una notificación del Tribunal Contencioso Electoral (TCE) por unas presuntas infracciones en la financiación y los gastos electorales durante la campaña.
El Gobierno de Colombia ha respondido este jueves a los aranceles contra sus exportaciones anunciados en la víspera por el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, imponiendo a una veintena de productos ecuatorianos tasas también del 30% y suspendiendo de manera temporal las ventas de electricidad al país vecino.
El Ministerio de Minas y Energía de Colombia ha anunciado que la decisión de suspender la venta de energía busca garantizar el abastecimiento interno debido a la «variabilidad climática» y las alertas provocadas por la posibilidad de que este 2026 vuelva a aparecer el fenómeno climático conocido como El Niño.
«El deber del Estado es garantizar, ante todo, que los hogares, la industria y los servicios esenciales de Colombia cuenten con energía segura y confiable. Esta es una decisión responsable, preventiva y soberana», ha afirmado el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea, según recoge un comunicado.
Egea ha señalado que si bien Colombia sigue apostando por la «integración energética y el diálogo entre pueblos hermanos», las condiciones actuales no hacen posible este intercambio sin poner en riesgo el abastecimiento interno.
«Cuando se restablezcan las condiciones de seguridad energética y se reconstruya un marco de confianza y buena fe entre ambos países, Colombia estará dispuesta a retomar los intercambios eléctricos», ha remarcado el ministro.
Por su parte, el Ministerio de Comercio ha anunciado aranceles de hasta el 30% a una veintena de productos ecuatorianos, que podría aplicarse a otras exportaciones, en respuesta a los gravámenes de ese mismo porcentaje que el presidente Noboa notificó en la víspera ante la supuesta «falta de reciprocidad» de las autoridades colombianas en la lucha contra el narcotráfico.
«Este gravamen no constituye una sanción ni una medida de confrontación, sino una acción correctiva orientada a restablecer el equilibrio del intercambio y a proteger el aparato productivo nacional frente a distorsiones externas», ha explicado la ministra de Comercio, Diana Morales Rojas.
La ministra ha defendido que cuando las buenas relaciones comerciales entre ambos países se ven interrumpidas por el Gobierno ecuatoriano «de manera unilateral», Colombia «tiene la obligación de actuar para corregir la alteración y proteger su aparato productivo», recoge un comunicado de la cartera de Comercio.
Cabe señalar que las medidas del Gobierno colombiano llegan pocas horas después de que el presidente guerrillero Gustavo Petro anunciara que respondería con «reciprocidad» a las decisiones de su homólogo ecuatoriano, al mismo tiempo que puso en valor la lucha que viene llevando acabo el Estado colombiano contra el narcotráfico.
El Gobierno chileno ha confirmado este domingo que la ola de más de 20 focos activos de incendios que se está cebando con el centro y el sur del país con las regiones de Ñuble, la Araucanía y, especialmente Biobío, ha dejado ya 18 muertos y provocado la evacuación de más de 50.000 personas. Las autoridades han decretado ya el Estado de Catástrofe para regiones del Biobío y Ñuble.
«Tenemos un número hoy día confirmado de 18 personas fallecidas, pero tenemos la certeza desgraciadamente de que ese número va a aumentar», ha explicado el presidente chileno, Gabriel Boric, en rueda de prensa desde la propia región de Biobío.
Además, Boric ha informado de «un conteo preliminar de 300 viviendas destruidas en la región del Biobío, pero eso se queda muy corto». «De seguro van a ser más de mil», ha apuntado. Y en Ñuble, «en zonas rurales tenemos también cerca de 50 viviendas afectadas». «En ambas regiones hemos dispuesto albergues, a los que han llegado más de 800 personas», ha explicado.
El mandatario ha encargado a la ministra de Agricultura, Ignacia Fernández, y al subsecretario de Defensa, Ricardo Montero, ser «enlace permanente del Gobierno» para la región de Ñuble. Para Biobío serán la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y el subsecretario del Interior, Víctor Ramos.
«El objetivo es que estén en permanente comunicación con los alcaldes, gobernadores y autoridades de la zona para tener una información fidedigna de primera fuente y poder acelerar al máximo todo lo que sea necesario para poder enfrentar esta grave emergencia», ha expresado.
Boric ha anunciado por otra parte su intención de reunirse con el presidente electo del país, José Antonio Kast, porque «esto lo vamos a tener que afrontar en conjunto». «Conversé con el Presidente electo José Antonio Kast para darle la última información que tuvimos disponible. Él también va a tener una conversación con las autoridades de la zona más tarde», ha apuntado.
El propio Kast ha indicado en un mensaje en redes sociales que «hoy el foco debe ser combatir los incendios, ir en auxilio de las personas afectadas y apoyar a las autoridades para enfrentar esta emergencia». «No hay espacio para la política en este momento crítico de la emergencia», ha resaltado.
Cabe señalar que más de 18.000 hectáreas han sido consumidas por incendios en la región del Biobío, según el director de Corporación Nacional Forestal (CONAF), Esteban Krause. Hay 16.000 hectáreas afectadas en Concepción y 2.500 en Bío Bío, según esta fuente.
Los servicios de emergencia han desplegado equipos terrestres, aviones y maquinaria para combatir el fuego. Un avión cisterna tiene previsto sumarse a las labores de extinción. Además, las autoridades han decretado toque de queda como medida de seguridad para las comunas de Lirquén, Penco, Nacimiento y Laja, en la región del Biobío.
El presidente de Chile, Gabriel Boric, ha declarado este domingo el estado de catástrofe por los incendios que están arrasando parte de las regiones de Ñuble y Bío-Bío, en el centro y el sur del país.
«Todos los recursos están disponibles», ha anunciado Boric en redes sociales en plena movilización para combatir los 20 focos activos, especialmente en Bío-Bío.
Allí, la directora nacional del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), Alicia Cebrián ha confirmado que 20.000 personas han tenido que ser evacuadas en la comunidad de Penco Lirquén cuyo alcalde, Rodrigo Vera, ha declarado a Meganoticias que la situación directamente «escapa a toda lógica humana».
El hospital de Lirquén ha tenido que ser completamente evacuado de médicos y pacientes y la provincia entera de Concepción, una de las tres que conforman Bío-Bío, se encuentra bajo estado de alerta roja. Casi una decena de sus sectores, según ha informado el Senapred en sus últimas actualizaciones en redes sociales, están bajo orden de evacuación.
El Gobierno de Argentina ha incluido este sábado a la Fuerza Quds de Irán y a trece personas vinculadas a este grupo militar iraní en el ‘Registro público de personas y entidades vinculadas a actos de terrorismo y su financiamiento’ (RePET), apenas un par de días después de hacer lo mismo con las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano siguiendo los pasos de Estados Unidos.
«Esta decisión (…) implica que los miembros de la Fuerza Quds y sus aliados quedan sujetos a la aplicación de sanciones financieras y restricciones operativas destinadas a limitar su capacidad de acción, además de proteger al sistema financiero argentino de ser utilizado para apoyar económicamente sus actividades», ha explicado en un comunicado el presidente del país andino, Javier Milei.
El mandatario ha argumentado que esta brigada —división de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraní— está «especializada en el entrenamiento para la realización de ataques terroristas en otros países» y ha recordado que la propia Argentina «fue víctima de sus operaciones en la década de 1990», en episodios como los atentados contra la Embajada de Israel en Buenos Aires (1992) y contra la AMIA —Asociación Mutual Israelita Argentina— (1994).
«El presidente de la Nación mantiene el compromiso inquebrantable de reconocer a los terroristas por lo que son, como ya lo hizo con Hamás, con el Cártel de los Soles y, más recientemente, con los capítulos de Líbano, Egipto y Jordania de la Hermandad Musulmana», ha concluido Milei, reiterando su alineamiento «con la civilización occidental, respetuosa de los derechos individuales y de sus instituciones» y su condena a «quienes buscan destruirla».
Tras conocerse la noticia, el Departamento de Estado estadounidense ha aplaudido la decisión del Ejecutivo argentino de designar a la Fuerza Quds como grupo terrorista, al considerarla un «brazo clave» de la Guardia Revolucionaria iraní que «ha alimentado la violencia en Oriente Medio y otros lugares, al tiempo que reprime a su propio pueblo en el país».
«Este importante paso fortalece el esfuerzo global para combatir el terrorismo respaldado por Irán y apoyar al pueblo iraní», ha apostillado el Departamento en una publicación en redes sociales.
Cabe señalar que el anuncio de la Presidencia argentina llega después de que el mismo Javiel Milei notificase la inclusión de las ramas de la organización islamista Hermanos Musulmanes en Egipto, Jordania y Líbano como «organizaciones terroristas (…) en el marco de los compromisos internacionales asumidos por (el país latinoamericano) en materia de lucha contra el terrorismo y su financiamiento».
«Con esta medida, se fortalecen los mecanismos de prevención, detección temprana y sanción del terrorismo y de quienes lo financian», esgrimió la oficina de Milei, haciendo hincapié en que los «miembros» de Hermanos Musulmanes y «sus aliados» no podrán «actuar con libertad», y que la medida permite además «reforzar la cooperación internacional con otros países que designaron a esta agrupación como organización terrorista, como EE. UU., Israel, Paraguay, EAU, y Egipto, donde nació este grupo, entre otros».
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) ha anunciado este martes un nuevo paquete de ayuda financiera para Bolivia valorada en USD$ 4.500 millones, casi seis veces más que las cantidades recibidas por el Ejecutivo boliviano en los últimos tres años.
«Venimos con un mensaje claro: el BID está aquí para demostrar la confianza en este momento de decisión. Nuestra presencia es una señal clara de esta confianza. Estamos construyendo un paquete de hasta USD$ 4.500 millones para el periodo 2026-2028», ha declarado el su presidente, Ilan Goldfajn, en una rueda de prensa recogida por el diario ‘El Deber’ en la que ha subrayado que este monto «es casi seis veces» mayor que el del período anterior.
Goldfajn ha hecho esta comparecencia en La Paz, en la que ha sido la primera visita de un representante del BID al país sudamericano en los últimos 15 años. Allí ha mantenido un encuentro con el presidente boliviano, Rodrigo Paz, en lo que ha descrito como «momento histórico».
«El BID está aquí para ser el puente que ayuda a que Bolivia vaya al mundo y que el mundo llegue a Bolivia. Un programa que genere confianza, atraiga inversión y mejore la vida de los bolivianos», ha defendido sobre un plan a llevar a cabo en coordinación con el Ejecutivo para facilitar la inversión, citando, como ejemplo, la digitalización de pagos.
Cabe señalar que los fondos, ha indicado, se asignarán a sectores como la energía, la minería, el medio ambiente y el turismo, así como al fortalecimiento de las condiciones propicias para la seguridad jurídica en el país.
El mandatario boliviano, por su parte, ha asegurado que su gabinete gestionará los recursos «de manera transparente». «El BID va a ir de la mano con cada inversión que se haga en la patria, por lo tanto, cada dólar y esfuerzo irá transparentado», ha señalado en la comparecencia junto a Goldfajn.
«Que lo sepa Bolivia, los 4.500 millones no son para que el Gobierno disponga. Estos serán para la producción, para el gremial, para el cuentapropista, para el transportista, para el artesano, para el campesino, para el intercultural, para el emprendedor. Estos recursos son para todos los bolivianos», ha declarado.
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