Caracas. – A pesar de hacer pública la agresión, las madres de los rehenes políticos del narcorégimen no pudieron denunciar el ataque que sufrieron a manos de colectivos chavistas, debido a que ni en el CICPC ni en el Ministerio Público quisieron atenderlas.
Así lo denunció la activista por los Derechos Humanos, Martha Lía Grajales, de la organización SurGente, quien dijo a los medios que, tanto en la policía científica como en la fiscalía chavista, se negaron a escucharlas.
Más de 50 damas fueron golpeadas y robadas cuando decidieron realizar una vigilia desde este pasado martes hasta el miércoles, frente a la sede del TSJ en Caracas. En horas de la noche, cuando el nutrido grupo se había instalado hasta en carpas, para amanecer en el lugar, a fin de que los magistrados del organismo escucharan sus exigencias, colectivos del chavismo se presentaron en el lugar y las atacaron cuando los organismos de seguridad del sitio (PNB y GNB) se marcharon.
Grajales contó a los medios que el mismo miércoles, después de la agresión, acudieron ante el CICPC para intentar exponer el hecho del cual habían sido víctimas. “Nos dijeron que no podían tomarnos la denuncia si no llevábamos la caja y la factura de los teléfonos robados”, dijo la activista.
Grajales relató que la agresión fue brutal, atacando incluso a una mujer que tenía una bebé en brazos y una embarazada. «Nos patearon, nos empujaron, nos tumbaron las carpas con niñas adentro. A una compañera le arrebataron su bebé de los brazos», explicó.
No obstante, la activista insistió en que en el TSJ debe haber pruebas de la embestida, la cual debió haber sido captada por las cámaras de seguridad que equipan a la instalación donde funciona ese ente.“Sabemos que en el TSJ hay cámaras de seguridad. Exigimos que se investigue”, exigió Grajales.
