María Corina asegura que la prioridad es liberar a 382 rehenes políticos del narcorégimen

Caracas. – La dirigente política María Corina Machado afirmó este jueves que la liberación de todos los rehenes políticos es la prioridad a nivel nacional en estos momentos, por lo que denunció que aún permanecen en manos del narcorégimen 382 víctimas, de las cuales 160 son militares.

A través de un mensaje difundido en sus redes sociales, Machado visibilizó la grave situación de los detenidos por motivos políticos en el país y posicionó su excarcelación como una exigencia central de la causa democrática.

“La liberación de cada uno de ellos es la prioridad de una nación que no dejará de luchar hasta que exista justicia, dignidad y Libertad”, aseveró la dirigente.

“El régimen mantiene a 382 presos políticos, 160 de ellos son ciudadanos militares. La liberación de cada uno de ellos es la prioridad de una nación que no dejará de luchar hasta que exista justicia, dignidad y Libertad”, indicó la publicación.

Asimismo, destacó la situación de los presos políticos como uno de los principales reclamos dentro de la lucha por el restablecimiento de los derechos y las libertades en Venezuela.

Su pronunciamiento ocurre al concluir el primer ciclo de conversaciones en Caracas entre la ilegítima AN de 2015, y el narcorégimen chavista interino, donde se anunciaron acuerdos preliminares en materia de reforma judicial.

Machado enfatizó a través de redes sociales que la excarcelación de todos los detenidos por motivos políticos es la prioridad fundamental, para una nación que no detendrá su lucha por la libertad y la justicia.

Narcorégimen interino firma contrato con argentina IMPSA para culminar construcción de Tocoma y Macagua

Caracas. – El narcorégimen chavista interino firmó este pasado miércoles, un addendum (apéndice) de contrato con la multinacional de origen argentino IMPSA para reactivar los trabajos de construcción de la central hidroeléctrica Tocoma, en el estado Bolívar, en medio de un llamado al ahorro energético y fallas constantes en el servicio.

En un insólito acercamiento a una empresa de un gobierno que calificaba como de «derecha» y «pro-imperialista» como el de Javier Milei, la encargada del narcorégimen, Delcy Rodríguez, aseguró ahora que esta alianza permitirá aumentar la capacidad de generación de energía del país, a través de la reactivación de las centrales hidroeléctricas Tocoma y Macagua.

«Hoy sabemos la afectación que tiene nuestro sistema eléctrico nacional y por eso trabajamos sin descanso en la recuperación», señaló Rodríguez, en el acto de firma transmitido por el canal chavista Venezolana de Televisión (VTV).

En la reunión participaron los ilegítimos ministros de finanzas del régimen interino Anabel Pereira Fernández; de Energía, Rolando Alcalá; el de Obras Públicas, Juan José Ramírez, y el presidente de CORPOELEC, Juan Crisóstomo Fernández. En el Palacio Miraflores firmaron el acuerdo final para emprender la obra.

Cabe recordar que la construcción de Tocoma comenzó en 2007, bajo el mandato de Hugo Chávez, y estaba previsto que concluyera en 2014. Pero no ocurrió.Ahora el contrato firmado contempla, en una primera etapa, la recuperación de 432 MW en Tocoma, mediante la rehabilitación de las Unidades 1 y 2, y de 240 MW en Macagua, a través de las Unidades 4, 5 y 6, generando un total de 672 MW en un plazo de 24 meses.

Por su parte, el presidente de IMPSA, Jorge Rafael Salcedo, agradeció al Departamento de Estado y de Energía de EE. UU. por el apoyo a este acuerdo que, sostuvo, contempla uno de los proyectos más importantes para el sector en Latinoamérica.

«Para nosotros es un voto de confianza muy importante que nos están dando y vamos a ejecutar este proyecto con la mayor eficiencia, con la mayor calidad y, sobre todo, con los más altos estándares de generación y tecnología que puede haber en el área hidroeléctrica», agregó Salcedo.En junio pasado, el interinato chavista firmó un memorando de entendimiento con IMPSA para reanudar las obras de Tocoma.

El objetivo, según explicó entonces el Ministerio de Comunicación, es incorporar 2.640 megavatios al sistema eléctrico nacional con el montaje de diez unidades generadoras.

Borrego de la semana 240: Juan Barreto, figura nefasta del chavismo

Esta semana se señala a Juan Barreto, extendiendo la responsabilidad a los sectores que han pretendido rehabilitarlo e impulsarlo en la esfera pública. La asignación responde a la reciente difusión de una serie de agresiones y descalificaciones de carácter vulgar emitidas por Barreto contra María Corina Machado, las cuales evidencian no solo una absoluta carencia de autoridad moral para hablar de liderazgo —que es lo que pretendía—, sino la ejecución de una estrategia comunicacional orientada a erosionar liderazgos legítimos.

Durante su alocución pública, Barreto arremetió contra Machado afirmando de manera soez que a la dirigente «se le acabó la pila al vibrador» para actuar por cuenta propia, alegando una supuesta degradación en su liderazgo y achacándole descompensaciones personales basadas en un presunto consumo excesivo de cigarrillo y alcohol. Todas esas declaraciones constituyen, definitivamente, asquerosidades verbales sin validez política que dejan al descubierto fijaciones y perturbaciones psicológicas de índole sexual en el discurso de Barreto, muy alejadas de un debate analítico serio.

Cabe se;alar que Barreto carece de toda relevancia política y peso en la toma de decisiones, puesto que ya fue excluido de las cúpulas del régimen chavista por choque de intereses, por tanto, tambi[en carece de cualquier tipo de representatividad dentro de la alternativa democrática.

La trayectoria de Juan Barreto se define como la de un actor nefasto y oportunista que ha buscado sacar provecho de las circunstancias desde la época democrática previa al chavismo —etapa en la que transitó por medios como El Nacional—, manteniendo una conducta histórica caracterizada por el servilismo y la incoherencia.

Sin embargo, esta semana la condición de «borrego» no se limita exclusivamente a su persona, sino que salpica directamente a aquellos factores de la llamada falsa oposición que, durante la coyuntura política de 2024, pretendieron blanquear su imagen argumentando que «hasta Juan Barreto o Arias Cárdenas» respaldaban ciertas posturas. Esta práctica de ensalzar a cualquier figura sin probidad abrió la puerta a camaleones políticos como el influencer conocido como «Kilómetro», quien tras migrar del chavismo hacia la campaña de Benjamín Rausseo, pasó a apoyar a María Corina Machado para terminar finalmente alineado con Dinora Figuera.

La reaparición de Barreto y el despliegue de estos personajes no responden a hechos aislados, sino a la búsqueda de generar matrices de opinión orientadas a dejar a liderazgos opositores fuera de la ecuación política y de las mesas de negociación impulsadas en la actualidad. Por ello, la designación como «Borrego de la Semana» expone con contundencia tanto la bajeza del discurso de Barreto como el fracaso de quienes han intentado instrumentalizar a figuras desacreditadas para moldear el panorama político nacional.

Programa 784: Colina y Esteban PELEAN por culpa de Juan Barreto, y Trump AVANZA con tutelaje

Esta semana, la noticia del día trata sobre la liberación plena de la jueza María Lourdes Afiuni, considerada una de las prisioneras políticas más emblemáticas del régimen venezolano. Esto constituye un acontecimiento de profunda repercusión institucional y humana que dice mucho de la situación institucional y humana actual en Venezuela.

Afiuni, cuya privación ilegítima de libertad se desencadenó en el año 2009 tras dictar una resolución ajustada a derecho en el caso del empresario Eligio Cedeño, permaneció durante casi 17 años sometida a continuos atropellos, privación en centros de reclusión y un prolongado régimen de casa por cárcel parcial.

Si bien, esta medida sobreviene tras diagnosticársele tres tumores que requieren atención médica urgente e impostergable, evaluándose la necesidad de que la magistrada deba viajar al exterior para someterse al tratamiento adecuado.

A lo largo de casi dos décadas, Afiuni se mantuvo como una figura civil de conciencia sistemáticamente excluida de amnistías, indultos o procesos de negociación política. Durante su permanencia en el Instituto Nacional de Orientación Femenina (INOF), fue víctima de severas torturas y vejaciones físicas y psicológicas, recordadas por amenazas directas de funcionarios carcelarios que llegaron a asegurarle que «iban a coletear el piso con su sangre».

Diversos análisis coinciden en inferir que esta liberación es producto de la sostenida presión e intervención ejercida por la administración de los EE. UU. Dentro de la estructura del Poder Judicial secuestrado, la jueza Afiuni fue instrumentalizada como un trofeo de amedrentamiento y un ejemplo aleccionador para disuadir a cualquier juez que intentara actuar con independencia, de forma similar al trato impartido a los prisioneros militares.

Su liberación plena representa una victoria en la causa por la justicia y reaviva la exigencia ineludible de libertad para la totalidad de los presos políticos, con especial énfasis en los prisioneros del sector militar.

Sumado a ello, y pasando por las secciones del Borrego de la Semana, la Polémica de la semana y Desmantelando a la Izquierda, la sección del Corrupto en la Mira desembocó en un intercambio sano entre los presentadores que gira en torno a la figura de Juan Barreto, exalcalde mayor de Caracas. Te invitamos a ver el programa para saber el motivo.

De la Espriella anuncia la muerte de un artificiero de las disidencias de las FARC durante un operativo

El presidente de Colombia, Aberlardo de la Espriella, ha informado de la muerte de Dubán Castillo Cortés, alias ‘Max Max’, artificiero del Bloque Occidental Jacobo Arenas de la disidencia del Estado Mayor Central (EMC) de las FARC, en una operación del Ejército en una área rural de Jamundí, oeste del país.

«Otro golpe contundente contra el narcoterrorismo», ha salido a celebrar el presidente en un mensaje en sus redes sociales. El «glorioso Ejército colombiano (…) ha dado de baja a un delincuente de la peor calaña», con cerca de una década de «trayectoria criminal», ha destacado De la Espriella.

La operación se ha desarrollado en la vereda La Cabaña, una zona rural del municipio de Jamundí, en Valle del Cauca. Castillo Cortés es responsable de varios atentados mortales ocurridos durante los últimos años en Cali, así como de la instrucción en explosivos dentro del grupo armado, ha explicado De la Espriella.

«Este bandido ‘Max Max’ no volverá a hacer daño, no volverá a atentar contra el pueblo colombiano. Ha llegado el momento de poner las cosas en orden y de darle a los bandidos el final que se merecen», ha subrayado.

«Este gobierno está comprometido y respaldando a nuestra fuerza pública para acabar con la criminalidad. Bandido que no se someta al imperio de la ley será dado de baja como en derecho corresponde», ha advertido el presidente colombiano.

El Parlamento de Suecia reduce a los 14 años la edad de responsabilidad penal

El Parlamento de Suecia ha aprobado este jueves reducir la edad de responsabilidad de los 15 actuales a los 14 años y aumentar la pena máxima que pueden recibir los menores de edad hasta los 18 años de cárcel.

La iniciativa, que ha salido adelante con 281 votos a favor —tanto del Ejecutivo como de la oposición socialdemócrata— y 66 en contra, rebaja en un año la edad de criminalidad «para los delitos graves por un período de cinco años».

Además, la medida incrementa en cuatro años la pena máxima para los delitos cometidos por menores de edad —18 años—, lo que implica que estos jóvenes que podían ser condenados con hasta 14 años de prisión, podrán recibir penas de hasta 18 años de cárcel.

El Riksdag ha aprobado así la propuesta del Gobierno sueco para «endurecer las normas para los delincuentes juveniles», reza la página web del Parlamento, que apunta a una «necesidad surgida ante el gran aumento de la delincuencia grave entre los jóvenes».

La medida entrará en vigor el próximo 10 de septiembre, apenas tres días antes de las elecciones legislativas previstas en el país nórdico.

El Ejecutivo actual, formado por una coalición de partidos de derecha y respaladado por el ultraderechista Demócratas de Suecia (SD), ha hecho de la lucha contra la delincuencia su prioridad desde que llegó al poder en 2022, llegando a plantear reducir la edad mínima de responsabilidad penal hasta los 13 años, una propuesta que retiró por falta de apoyos.

Los rebeldes hutíes reivindican un nuevo ataque contra una refinería en el suroeste de Arabia Saudí

Los rebeldes hutíes de Yemen han reivindicado este jueves un nuevo ataque contra una refinería de la empresa Saudi Aramco en Jizán, un puerto situado en el suroeste de Arabia Saudí, menos de una semana después de atacar este mismo lugar cercano a la frontera con Yemen y en medio del aumento de las hostilidades en la zona.

«Las Fuerzas Armadas Yemeníes atacaron una refinería de Aramco en la región de Jizan con dos drones, y el ataque fue preciso», ha señalado fuentes citadas por la agencia de noticias SABA, vinculada a la insurgencia hutí.

El ataque, ha precisado, responde a la «violación de la soberanía yemení» por parte de Riad en las gobernaciones de Sadá y Hajjah, en el noroeste del país.

Cabe señalar que el suceso se produce en medio de la escalada de las hostilidades dentro de Yemen, que las fuerzas del Gobierno reconocido internacionalmente –y respaldado por Arabia Saudí– atriubuyen a los hutíes y a sus aliados.

La UE destina USD$ 12.1 millones más en ayuda humanitaria a Birmania por el conflicto abierto tras el golpe militar

La Unión Europea (UE) ha anunciado este jueves otros USD$ 12,1 millones en ayuda humanitaria para atender a la población afectada por el conflicto en Birmania, lo que eleva a USD$ 56,7 millones el apoyo comunitario destinado al país en 2026, en un momento en el que más de 100.000 personas han perdido la vida desde el golpe militar de febrero de 2021.

Según explica la Comisión en un comunicado, los nuevos fondos permitirán proporcionar asistencia sanitaria de emergencia, alimentos, protección, refugio y acceso a agua y saneamiento a las personas afectadas por la violencia, los desplazamientos y los desastres naturales, incluidas las recientes inundaciones repentinas registradas en varias zonas del país.

El Ejecutivo comunitario advierte de que Birmania atraviesa una de las crisis humanitarias «más graves» del mundo, con 16,2 millones de personas que necesitan actualmente asistencia frente al alrededor de un millón que se encontraba en esta situación hace cinco años.

«La magnitud de la crisis humanitaria de Birmania ha cambiado hasta resultar irreconocible en los últimos cinco años», ha lamentado la comisaria europea de Igualdad, Preparación y Gestión de Crisis, Hadja Lahbib, quien ha alertado de que la población civil vive «con miedo diario por sus vidas» en un contexto marcado por «una economía en caída libre, un sistema de salud colapsado y una de las peores crisis de hambre del mundo».

Además, Bruselas ha señalado la contaminación por minas terrestres y restos explosivos de guerra como uno de los principales riesgos para los civiles, hasta el punto de que Birmania encabeza la lista mundial de víctimas causadas por este tipo de artefactos.

Cabe señalar que la ayuda adicional será canalizada a través de los socios humanitarios del bloque sobre el terreno y se suma a los fondos ya movilizados este año para responder a las necesidades provocadas por el conflicto y los desplazamientos de población.

Zelenski asegura que Ucrania no sobrevivirá al invierno si EE. UU. no les vende el 5% de sus misiles Patriot

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha asegurado que no serán capaces de sobrevivir a los ataques rusos durante el próximo invierno si EE. UU. no les vende al menos el 5% de sus misiles Patriot. «Yo tengo el 1%», ha dicho el mandatario, a medida que Moscú no deja de aumentar el número de misiles balísticos.

«Este año tenemos dos veces y medio menos interceptores que en 2025. Rusia lanza el doble de misiles balísticos cada mes. Hay bombardeos todas las noches, y cuatro o cinco veces al mes se producen ataques masivos. Son noches terribles», ha relatado el presidente ucraniano en una entrevista para CNN, publicada este jueves.

Este pasado julio ha sido el mes más mortífero para la población civil ucraniana desde abril de 2022, cuando apenas había arrancado la invasión rusa, según ha denunciado Naciones Unidas, con ataques a gran escala en Kiev, o Zaporiyia.

«Si nos venden el 10%, destruiremos todos los misiles balísticos rusos», ha afirmado Zelenski, que a pesar de los esfuerzos diarios no es capaz de llegar a estas cifras. «Me lleva meses, hago millones de llamadas. Intento intercambiar algo por misiles. Hago cosas de las que ni siquiera puedo hablar», ha dicho.

Unos esfuerzos que también se han visto mermados por la alta demanda de estos proyectiles en Oriente Próximo, a medida que continúa la guerra entre Estados Unidos e Irán, país que ha extendido el conflicto hacia los intereses e instalaciones que Washington cuentan en varios países de la región.

Zelenski también ha señalado que supone todo un «desafío» todavía saber cómo podrá poner en marcha el aparente visto bueno que el presidente estadounidense, Donald Trump, concedió dos meses en la cumbre de la OTAN en Ankara, para fabricar de manera independiente estos proyectiles Patriot en suelo ucraniano.

«Espero conseguirlo (…) representa para mí un gran desafío, uno de los más grandes que he tenido desde el comienzo de esta guerra», ha reconocido el presidente ucraniano, que ha aprovechado para reclamar todavía más implicación a Washington en la resolución del conflicto.

En ese sentido, ha vuelto a incidir en que solo Trump es capaz de presionar lo suficiente al presidente ruso, Vladimir Putin, para que cese los ataques. «No quiere detener esta guerra y no se le está presionando lo suficiente», ha advertido Zelenski, que no descarta que Moscú extienda el conflicto hacia la OTAN.

«No sabe cómo terminar esta guerra sin una gran ocupación o una gran victoria para su sociedad. Le resulta más sencillo encontrar un país más pequeño, no importará si ese país pertenece o no a la OTAN. Quiere una victoria rápida, con la certeza absoluta de que ganará, ocupará, destruirá o controlará», ha aseverado.

OVP denunció fallecimiento de tres presos en cárceles distintas y exigió explicaciones al narcorégimen

Caracas. – La ONG Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP) denunció este pasado miércoles la muerte de tres privados de libertad en distintos centros penitenciarios del país, por lo que exigió una rendición de cuentas por parte del narcorégimen interino acerca de estos hechos.

El OVP alertó que los decesos ocurrieron tras complicaciones graves de salud que no recibieron atención médica oportuna, evidenciando el deterioro de las condiciones sanitarias dentro de los penales y el incumplimiento del deber de custodia por parte del Estado.

Uno de los fallecidos fue Anthony José Portillo Gómez, recluido en el Centro Penitenciario de Carabobo, conocido como Tocuyito, quien murió el pasado 20 de julio en el Hospital Central Dr. Enrique Tejera tras presentar graves complicaciones de salud asociadas a un cuadro neurológico y enfermedad arterial hipertensiva.

El segundo caso corresponde a Víctor José Salgado, quien se encontraba recluido en el Internado Judicial Rodeo IV y falleció en el Hospital Dr. Domingo Luciani por razones de salud.

El tercer fallecido fue Adrián Felipe, privado de libertad en el Centro Penitenciario Fénix Lara. El OVP indicó que murió en el Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda tras presentar deshidratación severa, hipotensión arterial y síndrome diarreico agudo.

La ONG instó directamente a la Defensoría del Pueblo, al Ministerio Público y a los jueces de ejecución para que ejerzan las atribuciones constitucionales que les exigen supervisar los penales, y aplicar medidas humanitarias antes de que los reclusos lleguen a estados terminales.

Asimismo, la organización exigió la apertura formal de investigaciones para determinar si existieron omisiones, retrasos en la atención médica o negligencia administrativa por parte de las autoridades penitenciarias en estos tres nuevos casos.

Finalmente, el OVP exigió “respuestas, actuaciones verificables y responsabilidades”, porque proteger el derecho a la vida de las personas privadas de libertad “no es una concesión ni un acto de buena voluntad, sino una obligación del Estado”.