Caracas. – El gobierno colombiano insistió este martes, nuevamente, en exigir al narcorégimen de Nicolás Maduro que presente las actas electorales, que supuestamente lo darían como ganador de las elecciones presidenciales celebradas en julio.

Así lo hizo saber el canciller neogranadino, Luis Gilberto Murillo, quien, en el marco de la cumbre de la COP16 que se lleva a cabo en Cali, sostuvo que la posición del presidente Gustavo Petro se mantiene en exigir a Maduro la presentación de la data desagregada de las elecciones presidenciales de julio, para poder corroborar los resultados emitidos por el Consejo Nacional Electoral chavista.

“Mantenemos la misma posición. Planteamos con Brasil y México que sería importante que se presenten las actas en el proceso constitucional que tiene Venezuela dentro de su autonomía. No nos hemos movido de ahí, es una posición muy clara”, indicó Murillo desde el evento internacional.

No obstante, la declaración de Murillo se da luego que el canciller chavista, Yván Gil, con quien se reunió en la capital del Valle, desestimara la postura de Colombia, y señalara que el único reconocimiento que necesitan es el del pueblo de Venezuela, que, según él, habría elegido al narcotirano nuevamente.

“El único que puede reconocer las elecciones es el pueblo de Venezuela, que ya lo hizo”, dijo Gil, aunque el narcorégimen al cual representa no ha mostrado ni una sola de las actas, mientras que la «oposición» si publicó la data y hasta la llevó a la OEA para demostrar la victoria de Edmundo González.

Sin embargo, la postura revelada por Murillo entra en contradicción con el manifestado recientemente por María Corina Machado, principal artífice de la campaña que catapultó a Edmundo González en la contienda electoral, quien sostiene que ya es inútil continuar exigiéndole las actas a Maduro y su tiranía.

«No hay nada más que esperar, han pasado tres meses. Es absurdo seguir pidiéndole al régimen que entregue unas actas que no va a entregar», reveló Machado, justamente la semana pasada a un medio colombiano.

Caracas. – Un integrante del Comando Con Venezuela en el estado Apure, el abogado Marcos Castillo, fue secuestrado este martes arbitrariamente por funcionarios del SEBIN, sin que se conozcan aún las razones de esa medida.

Según denuncias difundidas por las redes sociales, Castillo, especialista en Derecho Penal, es conocido por haber organizado, en el marco de la campaña electoral de las pasadas elecciones presidenciales, la reunión que sostuvo María Corina Machado con varios partidos políticos en el estado llanero.

El encuentro se llevó justamente en casa de Castillo, y se presume que esa sería el motivo principal por el cual llevan a cabo su aprehensión. Fue sacado a la fuerza de los tribunales de esa entidad por una comisión policial. Al parecer, lo tendrían detenido en el Circuito Judicial Penal de Apure, pero aún no informan a sus familiares las razones de su repentino rapto.

«Otro preso político. El SEBIN estuvo acosando al abogado Marcos Castillo. Hoy la PNB se lo llevó detenido sin causa justificada, solo porque en su casa se realizó una reunión política durante la visita de MCM durante campaña», publicó la periodista Sebastiana Barráez, una de las primeras fuentes en denunciar el hecho.

Cabe recordar que, el pasado viernes, fue hallado el cadáver del coordinador político de Voluntad Popular en ese mismo estado, Edwin Santos, luego que fuera secuestrado dos días antes —el pasado miércoles— por esbirros de la DGCIM, ante la presencia de testigos.

Al parecer, intentaron convencer a Santos de declarar que las actas electorales presentadas por el Comando Con Venezuela eran falsas. Al no lograrlo, comenzaron a torturarlo al punto de segarle la vida. Luego, el CICPC aseguró que Santos había perdido la vida en un accidente vial.

Caracas. – Quince expertos de la ONU alertaron este pasado lunes sobre las graves violaciones de derechos humanos ocurridas en el contexto de las protestas en Venezuela luego de las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio.

Los relatores de las Naciones Unidas explicaron, en un comunicado en el cual recopilaron las arbitrariedades cometidas por el narcorégimen de Nicolás Maduro, que en el proceso electoral se produjeron detenciones arbitrarias generalizadas, uso excesivo de la fuerza contra manifestantes, desapariciones forzadas y muertes ilícitas por parte de agentes del orden y de grupos civiles.

Advirtieron, además, sobre información recibida en relación con “hostigamiento, persecución y judicialización de activistas, personas defensoras de derechos humanos, periodistas, abogados/as, miembros de partidos políticos de oposición y personas percibidas como opositoras y en general ciudadanos/as en ejercicio de sus derechos a la libertad de reunión pacífica o de expresión».

También denunciaron las «violaciones al debido proceso y cancelación de pasaportes; alegaciones que afectan a un gran número de personas, incluyendo niñas, niños y adolescentes, personas mayores, personas con discapacidad, mujeres, personas LGBTIQ+ e Indígenas”.

«La situación refleja un patrón sistemático de violaciones, que socava los derechos fundamentales de la población venezolana y obstaculiza el ejercicio pleno de la democracia», mencionan los relatores en el texto, subrayando además la falta de respuesta del gobierno venezolano a anteriores comunicaciones enviadas por estas mismas instancias de la ONU.