Por Diego Mendoza, coordinador local de EsLibertad Venezuela y editor del medio La Ventana Rota.
He decidido escribir este artículo luego de percatarme que en diferentes redes sociales y círculos de amigos ha surgido una interesante y esperanzadora discusión en torno a la situación de la educación en nuestro país, Venezuela.
Actualmente las instituciones educativas estatales, que son las predominantes en número y tamaño, se encuentran cerradas en todos sus niveles: inicial, básica, media, técnica y diversificada, y superior. Debido a la destrucción del poder adquisitivo de la moneda (Bs.) a partir de su grotesca emisión, y de la quiebra del monopolio estatal PDVSA, los presupuestos para el sostenimiento de la educación pasaron a un infra-plano. Ahora mismo, las casas de estudio yacen en su mayoría cerradas y abandonadas a su suerte, por lo que suelen ser objetivo recurrente de destrozos más que de robos, pues desde hace unos cuantos años atrás hay muy poco mobiliario llamativo para extraer. De hecho, en el estado donde habito, a uno de los edificios de la Universidad de Los Andes (ULA) le fue hace años arrancado gran parte de su cableado eléctrico interno, sin poder ser repuesto.
Para añadir complicaciones a este triste panorama, el establecimiento de la cuarentena en marzo de 2020, terminó de apresurar la muerte de la educación estatal, pues al permanecer cerradas las instituciones su deterioro ha sido mayor. El ya escaso personal que hacía vida en estas casas de estudio, se dedicó a otras actividades dentro o fuera del país.
La queja en mayor grado por lo que he podido evidenciar, proviene de los estudiantes universitarios que ya estaban a mitad de sus carreras o habían superado ese punto, los cuales piden un retorno a las actividades, e incluso algunos dicen estar dispuestos a pagar directamente con otra moneda el sueldo de sus profesores, pero llegar a una resolución del problema se ha hecho difícil, pues no depende únicamente de los profesores el regreso a clases, como ya se mencionó, la infraestructura de las instituciones está considerablemente deteriorada, y sumado a ello, no se puede pasar desapercibido que las mismas son propiedad del Estado venezolano, por lo que sus dirigentes pueden decidir entre aceptar un sistema de pago directo, o sencillamente optar por mantener el cierre total.
Una vez expuesta la situación, puedo proceder a desarrollar mi punto, pues considero que nos encontramos en el momento más propicio para cambiar de ideas respecto a la educación estatal, es decir, cuando hemos chocado con la cruda realidad.
Si algo debería a toda costa mantenerse fuera de la tutela del Estado es precisamente la educación; pues si la naturaleza del primero es la rigidez y la coerción, el segundo es su antónimo, necesitando del cambio permanente y la tolerancia.
La educación estatal logra eufóricos apoyos por el sembrado pretexto de que dejándole en libertad, solamente una minoría de la población podría acceder a las instituciones educativas, mientras que la inmensa mayoría nunca podría asistir a una. Este argumento de que en el libre mercado unos pocos se quedarán con todo, mientras que la mayoría se queda sin nada, es por cierto una especie de plantilla que repiten muchos políticos cada vez que desean que los electores les den luz verde para intervenir algún sector del mercado.
Pero se desmonta rápidamente esta afirmación cuando evidenciamos que han existido y siguen existiendo en el país múltiples instituciones privadas en todos los niveles, cuyos precios de matrícula son bastante accesibles, situación que además tenderá a ser mucho más ventajosa para el consumidor si se generase una apertura real de mercado, pues la acción competitiva inducirá entre otras cosas a la baja de los precios.
Aun así, partiendo de dicha excusa, varios políticos han creado otra idea absurda como lo es darle a la educación el grado de “derecho positivo”, lo que conlleva a que otros tengan el deber de brindar este servicio, en este caso, el Estado a través del dinero que obtiene de los contribuyentes, o del monopolio que sostiene sobre cierta actividad. Por cualquiera de las dos vías se está cometiendo una arbitrariedad, si se acude al cobro de impuestos, se le está extrayendo dinero al individuo que bien éste hubiese preferido tener para gastar en alguna otra apetencia. Y si se acude al monopolio sobre una actividad económica, en nuestro caso venezolano la explotación del subsuelo, se está reduciendo el campo de acción del individuo.
Y nuevamente los hechos comprueban que las personas están dispuestas a pagar voluntariamente por educación en cualquier nivel, incluso por formación específica, de aquí que haya academias de futbol, beisbol, tenis, gastronomía, modelaje, idiomas, primeros auxilios, entre otras. Como lo plasma Murray Rothbard en su ensayo, Educación Libre y Obligatoria:
“La ventaja de un desarrollo ilimitado de las escuelas privadas es que en el mercado libre tenderá a desarrollarse un tipo distinto de escuela para cada tipo de demanda.”
Pero siempre hay cabida para otra tesis, y ella es que para poder vivir organizados en un Estado moderno esencial es formar ciudadanos, es decir, individuos que conozcan y respeten las leyes e instituciones. Lo curioso de sugerir esto es que el sistema de Estado moderno fue concebido antes de la instauración de la educación estatal, y en ciertos países como en Inglaterra esta condición se mantuvo durante largos años. No obstante a ello, surgiría la duda de ¿quién decide qué es un buen ciudadano? Si se deja en manos de las autoridades del Estado tal elección, no sería extraño esperar que algún día llegue un mandatario que disponga que un buen ciudadano es aquél que no contradice al Estado, sino que lo defiende en todo momento, y en este sentido exige dirigir la educación estatal, y ya que se le concedió tal poder, no se podría decir que está cometiendo una falta.
También hay quienes dicen que la educación estatal es una forma de brindar las mismas herramientas a todos los individuos para que logren progresar. Pero esta premisa carece de validez ya que en tal caso, el Estado también debería proveer alimentación, vestido, vivienda, transporte, útiles escolares, tecnología, y cuantas cosas el individuo considere necesarias para progresar. En definitiva, una inmensa cantidad de productos y servicios, por lo que los individuos trabajarían día y noche para mantener a otros, todo administrado y dirigido por un Estado omnímodo, donde quien ocupe los altos cargos tendría poder para hacer cuanto desee.
Así mismo, el negocio del servicio educativo en manos del Estado, como cualquier otro, se torna inviable a mediano y largo plazo, por la sencilla razón que el Estado no ejecuta la función empresarial, es decir, su negocio no se basa en saber cubrir las necesidades del consumidor, sino que el dinero es concebido como ya se mencionó, a través de impuestos o la monopolización de algún sector del mercado. De allí que, los costes y la calidad sean dos características pasadas por alto. Lo que comúnmente hace una empresa de educación privada que percibe una reducción de beneficios es replantear el negocio o cerrarlo, pero el Estado no puede actuar de dicha manera porque si decide cerrar una casa de estudio, miembros de la comunidad –por muy pocos que sean- podrían alegar que se le está quitando el “derecho a la educación”, que los mismos políticos constituyeron, por lo que su reclamo tendría procedencia legal. Lo que quiere decir además, que es una medida sumamente impopular, por lo que las autoridades de turno corren el riesgo de no volver a ser elegidos para ocupar un cargo; por esto es que su respuesta es seguir destinando dinero a un saco sin fondo, dinero que en manos de los individuos podría ser de mayor provecho.
Posteriormente, también se ha replicado que una educación estatal sería el camino para consolidar la tan anhelada entelequia de la “igualdad social”. Temo que aquí se comete un grave error, ya que si algo se ha podido demostrar es que las personas mientras más se ilustran, menos parecidas son sus ideas; con total razón, pues al no existir por naturaleza la homogeneidad del pensamiento, el conocer sobre un tema hace que cada quien le analice desde su particular punto de vista. En cambio, dos personas que no saben de algo no tienen más opción que decir: “no sé.” Por tanto, buscar igualar a los individuos a través de la educación sólo podría derivar en un daño, ya que dicha igualación únicamente sería probable hacia la ignorancia.
En este mismo sentido Murray Rothbard en su ensayo Educación Libre y Obligatoria, escribe:
“Como habilidades e intereses son naturalmente diversos, una deriva hacia hacer igual a la gente en todos o la mayoría de los aspectos es necesariamente una nivelación a la baja. Es una deriva contra el desarrollo del talento, el genio, la variedad y el poder de razonar.”
Aún a sabiendas de esto, se aplica la idea, y algo todavía más asombroso es darle el carácter de obligatoriedad, es decir que no llanamente se está forzando al individuo a poner dinero para el sostenimiento de la empresa, sino que a su vez se le está obligando a recibir el servicio. Esto representa una soez violación a la libertad individual. Muchos consideran que al no hacerla obligatoria, la mayoría de las personas optarán por no educarse; gran desliz, pues nuevamente la evidencia histórica da al traste con esta opinión, demostrando que por naturaleza evolutiva el ser humano ha descubierto las inigualables ventajas del saber. Como bien lo argumenta Carl Sagan en su obra Cosmos:
“La evolución nos ha hecho de modo tal que el hecho de comprender nos da placer porque quien comprende tiene posibilidades mayores de sobrevivir.”
También hay quienes dicen que los padres ya no enviarán a sus hijos a las escuelas, otra bárbara mentira, pues darles educación universitaria no es una obligación de los padres, y aun así, la mayor cantidad de ellos corren con todos o parte de los gastos de este nivel educativo, con la intención de que sus hijos se especialicen en alguna ciencia, especulando que los beneficios futuros que se podrán cosechar sobrepasará los costes asumidos en el presente.
La repercusión de hacer de la educación escolar una obligatoriedad para los niños de cierta edad, es que los padres que no puedan o deseen enviar a sus hijos a las escuelas, deberán enfrentar problemas legales como multas o incluso ir a la cárcel. Por lo que en cierta forma se le estaría dando al Estado derecho de propiedad sobre los menores y la conducta de los padres.
Unos padres podrían no estar mandando a su hijo a la escuela por circunstancias económicas o geográficas. Y si al conocer la historia le representa a alguien un disgusto, la solución es sencilla, con su propio dinero puede ofrecer pagar la matrícula del niño, o correr con los gastos de establecer una escuela en la lejana zona donde este reside. Pero lo que esa persona no tiene el derecho de hacer es obligar a otros a pagar su obra de caridad, que es exactamente lo que hace el Estado.
Otros, tomarían la decisión de no enviar a sus hijos a la escuela porque consideran que pueden ellos mismos cumplir con la función pedagógica. ¿Hay acaso algo malo con ello?
Pero aquí en Venezuela, al igual que en muchos otros países, la intervención en materia educativa va más allá, imponiendo un control sobre las materias y los contenidos temáticos que se deben impartir tanto en las instituciones estatales como en las privadas. Hay quienes pueden argumentar que de esta manera se cuidan los contenidos impartidos, y se pasa por una especie de verificación de los mismos. Pero considero que se comete nuevamente un error al quitarle a los padres la autoridad de decidir lo que se le enseña en la escuela a sus hijos, para conferírsela al Estado. Esto significa inexorablemente que las materias y su contenido a impartir dependerán de la subjetividad de los burócratas de turno.
En un sistema de libre empresa habría diferentes pensum, métodos de enseñanza, sistemas de evaluación, horarios, e incluso quedaría a libertad la exigencia o no de un uniforme. Todo ello se les presentaría a los padres, quienes tras analizar la oferta decidirán dónde inscribir a sus hijos. Y si en un momento determinado en la carrera escolar el padre decide que no le convencen los temas, los métodos de enseñanza, o cualquier otra cosa, entonces tiene la posibilidad de optar por una opción distinta.
Actualmente esto resulta imposible, no hay más opción que recibir la educación que determina el Estado, gustenos o no. Se podría cambiar al niño o joven de institución, pero seguiría viendo las mismas materias que hoy son obligatorias, y dentro de ellas se tratarán los mismos temas. Lo único que podría variar sería el método de enseñanza del docente, y esto hasta cierto punto, pues sigue maniatado por los plazos y el sistema de evaluación.
Cabe considerar que al dar al Estado el poder de dictar las materias y los contenidos, no nos podríamos luego quejar si estos no van acorde a nuestras ideas. Si quienes hoy dirigen el Ministerio de Educación piensan que se debe enseñar una cátedra llamada Socialismo de Siglo del Siglo XXI, para glorificar por medio de la misma las opiniones de Hugo Chávez Frías, está legalmente en toda la potestad de hacerlo. E inversamente, si en algún momento llegasen a ser autoridades quienes consideran que debe existir una cátedra llamada Nuevo Ideal Nacional para así promover las ideas de Marcos Pérez Jiménez, también tendrían el derecho. Por consiguiente, la educación estatal siempre tiende al adoctrinamiento en función de los intereses de las autoridades de turno, sin poderse contar con una alternativa.
Abordando desde otro flanco a las universidades estatales, se suscita la problemática del gasto despreocupado de los siempre escasos recursos en el sostenimiento de carreras con baja demanda puesto que, el mercado laboral para los formados profesionales es muy reducido o inexistente. Pero un político podría perfectamente utilizar la apertura de estas carreras para ganarse adeptos, a fin de cuentas, los costes en los que se incurren no los cancela él.
Es por ello que no era extraño para nosotros encontrar a un licenciado en Artes Visuales egresado de la Universidad de Los Andes, manejando un taxi, pues su profesión no contaba con una demanda real en el mercado. Aun así, él habría estado 5 años – puede que incluso más tiempo – recibiendo todas las ventajas que otorga esa universidad estatal: educación, comedor, transporte, beca, residencia. Sin por ello tener ninguna preocupación, pues en definitiva él no era quien pagaba la factura. Si en caso contrario, la universidad fuese privada, la apertura de las carreras obedecerá a una demanda capaz de generar beneficios.
Esta es en parte la razón por la cual las universidades estatales manejan costes superiores a las privadas.
Una vez expuesto todo este análisis, dejo claro mi compromiso en defensa de una educación privada y no obligatoria, es decir, una educación realmente libre, donde los individuos puedan optar entre palmares de sistemas educativos y contenidos, siendo este panorama campo propicio para que surjan verdaderos debates donde diferentes ideas se comunican y llevan a reflexionar. Tengamos claro que el respeto a la libertad del individuo empieza por su educación.
¡Piénsenlo![*]
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