Caracas. – En la tercera jornada de negociaciones de este sábado 8 de agosto en el Hotel Meliá Caracas, las delegaciones de la ilegítima Asamblea Nacional (AN) de 2015 y del narcorégimen interino, centraron su agenda en tres puntos clave: la estructuración del Consejo Nacional Electoral (CNE), la reinstitucionalización del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y la respuesta a los daños provocados por los sismos.

La mesa de trabajo entre representantes continuó en el Hotel Meliá Caracas, donde también se desarrollaron las reuniones durante la jornada del pasado viernes.

Según las discusiones preliminares, se ha puesto sobre la mesa un cronograma que contempla la designación de un nuevo Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para el mes de noviembre y la conformación de un nuevo Consejo Nacional Electoral (CNE) para el mes de diciembre.

Este planteamiento sugiere una hoja de ruta que, de concretarse, situaría la realización de posibles elecciones nacionales para el año 2027. No obstante, diversas voces y organizaciones de la sociedad civil han señalado que estos plazos contrastan con los tiempos establecidos en la legislación venezolana, tales como la Ley Orgánica del Poder Electoral (LOPE), la cual, bajo una aplicación estricta, permitiría completar los procedimientos necesarios en un lapso mucho menor, situando el posible arbitraje electoral incluso para el mes de octubre.

El tercer punto buscó abordar la respuesta a una tragedia que todavía mantiene a miles de familias afectadas. Los daños causados por el doblete sísmico del pasado 24 de junio causaron gran impacto en el país, principalmente en el estado Vargas, entidad más golpeada, y donde miles de familias quedaron nuevamente sin hogar, tal como ocurrió durante el deslave de 1999.

Este pasado viernes, las discusiones se centraron directamente en el terreno de la reinstitucionalización del país, y la búsqueda de mecanismos para retomar la democracia en Venezuela.

Caracas. – Varias organizaciones de la sociedad civil venezolana denunciaron el pasado jueves, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en Venezuela continúan vigentes estructuras del narcochavismo vinculadas a la represión y la impunidad, pese a los aparentes cambios que se anuncian a través de los medios.

Esta denuncia se realizó en el marco del 196.° Período de Sesiones de la CIDH, acto en el cual estuvieron presentes representantes de ONG como Acceso a la Justicia, Aula Abierta, Caleidoscopio Humano, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello, el Centro de Justicia y Paz (Cepaz), Civilis, Ideas por la Democracia, Justicia Encuentro y Perdón, Lateral, el Observatorio Global de Comunicación y Democracia, Provea y Voto Joven, entre otros.

La comisionada Gloria De Mees, relatora para Venezuela, abrió la sesión destacando la ausencia del Estado y advirtió que, aunque en la prensa se reportan reformas y diálogos, la información aportada por las organizaciones “sugiere que muchas de las estructuras subyacentes de represión siguen intactas” y que “los derechos humanos no pueden medirse por anuncios sino por resultados”.

Uno de los puntos centrales fue la presentación del Termómetro de Justicia y Verdad, herramienta elaborada por consenso de 20 organizaciones venezolanas. Beatriz Borges, directora de Cepaz, explicó que el instrumento se basa en “el seguimiento de recomendaciones de organismos internacionales y en el monitoreo constante de la situación después del 3 de enero de 2026. Está integrado por cuatro pilares temáticos, quince indicadores y diez recomendaciones orientadas a evaluar el avance hacia la recuperación del Estado de derecho”.

“La apertura todavía es frágil y no puede confundirse con una transformación institucional. El aparato represivo permanece intacto. Ninguna de las leyes utilizadas para perseguir y cerrar el espacio cívico ha sido derogada”, señaló Borges.

Las organizaciones enfatizaron la situación de las personas privadas de libertad por motivos políticos. Martha Tineo, de Justicia Encuentro y Perdón, señaló que este grupo “atraviesa todos los estratos sociales e incluye mujeres separadas de sus hijos, funcionarios, sindicalistas, ciudadanos comunes, extranjeros y venezolanos con doble nacionalidad”. También denunció la impunidad en casos como el de Fernando Albán, con al menos 18 personas fallecidas bajo custodia estatal.

También, en la sesión participaron familiares de víctimas de la represión, así como de los rehenes políticos que están aún en manos de la Narcotiranía chavista. Estos brindaron sus testimonios, para exigir ante la CIDH que se haga justicia en los casos, como ocurrió con el exconcejal Fernando Albán, asesinado al ser lanzado desde la sede del SEBIN, y cuya viuda, Meudy Osio, denunció que hasta la fecha no existe una investigación independiente que esclarezca lo ocurrido.

Igualmente, los allegados de los rehenes políticos elevaron su voz, para expresar que existen personas con enfermedades graves, adultos mayores y ciudadanos que enfrentan consecuencias físicas y psicológicas derivadas de las condiciones de reclusión.